Luis Rosero M.
En la coyuntura actual, el país enfrenta una crisis institucional, reflejada en las decisiones inadecuadas de algunas funciones del estado e injerencia entre éstas; por otro lado, la inseguridad ciudadana continua y todavía sigue la ineficacia en la política social que incide en la calidad de vida de la población. Todo este conjunto de acciones e inacciones generan incertidumbre sobre el accionar del gobierno y rumbo del país.
En cuanto a la política social, terminó la segunda emergencia en el Ministerio de Salud sin resolver completamente el problema del desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos, que resulta particularmente grave cuando no hay insumos para los que sufren de diabetes, los que requieren diálisis y los que sufren de enfermedades catastróficas, más aún cuando se está agravando el contagio por la fiebre del mono; por otro lado, los sindicatos programan una movilización por la deuda del estado con el IESS. El gobierno firmó un acuerdo de pago, por un bajo monto, con este organismo y Solca anunció que no recibiría a nuevos pacientes por el no pago de la deuda del IESS. Además, los maestros jubilados realizaron un cacerolazo en Guayaquil por la no cancelación de la compensación jubilar, que revela el no cumplimiento del gobierno con sus proveedores y ex empleados públicos ya que aún tiene una deuda (atrasos) por 1600 millones de dólares.
Por otro lado, en el último reporte de Clik Report la población califica como mala la gestión: en un 74.1% la de Lasso, mientras que el 87.8% da el mismo calificativo a la Función Judicial y el 91.3% a la Asamblea Nacional (AN). ¿Por qué esta calificación? En el caso de esta última, por la falta de aprobación de leyes, el acuerdo de G. LLori con el gobierno por llegar a la Presidencia de la AN, su pobre accionar, etc. Mientras que, en lo relacionado a la Función Judicial, las decisiones controvertidas de los jueces abusando del habeas corpus y otros mecanismos que permitieron salir de la cárcel a ex funcionarios del Función Ejecutiva y delincuentes, además negar la posesión del Superintendente legalmente nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, etc. y, en lo que respecta al Ejecutivo, por su pobre y débil gestión, en su primer año de gobierno, reflejada en la ineficacia en la política social y de seguridad ciudadana, no atender a tiempo pedido de pequeños bananeros, productores de leche y otros grupos, no responder, a tiempo a demandas sociales, que llevó al paro indígena, etc. A eso se suma, el accionar del principal consejero presidencial, que ha sido acusado por la dra. Elena Nájera, del consejo directivo del CNE, de tratar de imponerles un instructivo para elegir a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y por lo que tiene una denuncia por presunto tráfico de influencias. Además, se reveló un audio en que él amenaza al Superintendente de Bancos nombrado por el CPC para que renuncie y, que la prensa, lo ha tildado de ministro de Gobierno paralelo. Aún más, la Asamblea posesionó al Superintendente de Bancos, sin embargo el gobierno lo desconoció e impidió, con la fuerza pública, su ingreso a las oficinas de este organismo de control. La pregunta clave, ante estos hechos, es: ¿Estas acciones reflejarían que habría injerencia de la Función Ejecutiva en la Función Electoral, Legislativa y la del CPC así como el poder actúa tras bambalinas? Pero es la Corte Constitucional y de Justicia la que debe dar la repuesta. Pero aún más, es sorpresivo que el Presidente pidió archivar su denuncia contra 5 asambleístas de PK por concusión. Estos declararon que el retiro de esta denuncia es ajeno a la decisión de votar en contra del juicio político al Consejo de la Judicatura. Al buen entendedor, pocas palabras. La revelación de estas negociaciones llevó, entre otros intereses, a que la AN diera paso dicho juicio.
Para complicar el panorama político del gobierno, el periodista Anderson Boscan denuncia que Fabian Pozo, Secretario Jurídico de la Presidencia, sugiere a Carola Ríos como Directora de la Aduana, ex empleada del grupo Eljuri y, señala además que sr. Gotifredi, experto aduanero, es socio de Pozo, en un estudio jurídico que asesora en temas aduaneros, y participó en una reunión con la Embajada de EE. UU. sin tener la categoría de funcionario público. Boscán señala que hay un claro conflicto de intereses y que habría una estructura delictiva en la SENAE- Más aún, la AN llama a declarar a Fabian Pozo por el nombramiento de Ríos.
Estos hechos muestran la debilidad y baja calidad de la democracia ecuatoriana. Reflejaría cómo actúa el poder ejecutivo mientras declara que respeta la independencia de las funciones del estado y lucha contra la corrupción. En consecuencia, hay incertidumbre sobre la legalidad sobre las actuaciones del Ejecutivo en relación a las otras funciones. Es fundamental para una mayor la democracia respetar la independencia de las funciones del Estado, el ejecutivo debe realizar una coordinación con las otras funciones, mejorar la gestión pública, sobre todo en lo social, para que los recursos públicos mejoren la calidad de vida de la población, etc. Un paso adelante en la coordinación de funciones la dio la AN al solicitar al Ejecutivo, reuniones de coordinación entre dichas funciones.
En cuanto al sistema aduanero y financiero, es clave, para su buen funcionamiento respetar el principio de la debida diligencia y conflicto de intereses. El Gerente del Banco del Pacifico anunció hace poco que está lista la venta de dicha institución financiera. La Superintendencia de Bancos es el organismo que supervisa y controla a los intermediarios financieros -bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito- y, la Superintendencia de Compañias, a la que se nombró a su Superintendente, controla las compañías de seguros y el mercado de valores -en la que actúan casas de valores y otros actores bancarios y no bancarios. Sin duda, el conflicto de intereses es un tema fundamental en el sistema financiero que incluye a intermediarios bancarios, aseguradoras y los actores en el mercado de valores.
Pensamiento y comportamiento 