Luis Rosero M.
En los dos primeros artículos, sobre este tema, tratamos el aspecto económico, en el presente analizaré lo social. La coyuntura que vivió el país, por el paro indígena, provocó una serie de cambios en el accionar del gobierno que solo fueron posible por la protesta social en las calles, la cual logró que se cumplan algunas de las demandas del movimiento indígena y necesarias para mantener la gobernabilidad.
La política social, principalmente salud y educación, fue muy pobre en el primer año de Lasso. En este período, dio más importancia al aspecto económico relegando la política social. El ex Ministro de Finanzas, Cueva, privilegió equilibrar las indicadores macroeconómicos, en especial el déficit fiscal. Tuvo éxito en alcanzar ese objetivo, basada en una reforma tributaria regresiva y aumento del precio del petróleo a más de la donación de 1000 millones en DEG por parte del FMI, pero el costo fue la protesta social que, liderada por el movimiento indígena, obligó al gobierno a sentarse a negociar las diez demandas de la CONAIE.
La prensa y los organismos internacionales reportan los problemas de la política de salud. El Universo publicó la declaración de un familiar de un usuario de un hospital público“Como juegan con la salud de un pobre, en más de dos años no conseguimos cita centro de salud para mi hermano que una sonda para orinar”, La Hora reporta que los ecuatorianos gastan más de 132 millones al año y Unicef informa que en Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 3 niños menores de 2 años, si a eso le agregamos el desabastecimiento en hospitales públicos y del IEES, tenemos una idea de la gravedad de la política de salud. Ha pasado mas de un año para que el gobierno inicie la externalización de la provisión de medicinas en farmacias privadas de forma gratuita y recién el 21 de Julio el Ministerio de Salud suscribió 125 contratos para adquirir medicamentos en el marco de la declaración de emergencia del sector salud. Además, el IESS firmó un convenio con el Ministerio de Finanzas para la entrega de 140 millones, lo cual sirvió para que el IESS le transfiera 22 millones a Solca. Esto muestra que solo la presión de la protesta social logró resultados. Si bien lo mejor que ha hecho este gobierno, en salud, es el plan de vacunación masiva anticovid, sin embargo hubo períodos en que se registró falta de vacunas infantiles para la prevención de la salud de los niños y la exMinistra de Salud enfrentaría una solicitud de juicio político en la que se alega la provisión de medicamentos con una empresa privada a la que ARCSA ha suspendido temporalmente los Certificados de Buena Práctica de Manufactura a dos establecimientos de dicha empresa y no se realizaron los contratos de limpieza de hospitales públicos con las entidades de la economía popular y solidaria después de la pandemia. Aún más, hubieron algunas críticas, de parte de gremios profesionales, por el nombramiento del nuevo ministro de Salud, que fue del entorno de la ex Ministra.
Por otro lado, en la costa, se iniciaron las clases pero muchas escuelas y colegios públicos tenían problemas de infraestructura y de refacción de ésta y el gobierno sigue dando largas a la establecido en las reformas a la ley de Educación Intercultural sobre la equiparación salarial y la Corte Constitucional denegó los pedidos, según reporta El Comercio, “de aclaración, ampliación y modulación presentados por la Procuraduría y la Presidencia respecto del dictamen 2-22-OP/22. Con lo que ratifica una vez más la ejecución de la equiparación salarial docente en un plazo de 90 días.”
La protesta social ha permitido que hasta el momento a más de declarar la emergencia en el sector salud, se rebaje 5% más el precio de la gasolina extra y eco a lo establecido por el gobierno, se dio un subsidio de 50% a la urea, etc. Y en las mesas de dialogo indígenas-gobierno ha logrado, hasta el momento, y que cuenta con la resolución de Junta Financiera, la refinanciación o restructuración de crédito en segmentos microcrédito, productivo pymes y educativo, y, por otro lado, se logró la condonación de crédito de hasta 3000 dólares y, en otra mesa de diálogo, se avanza en la focalización del subsidio a los combustibles.
El aspecto fundamental, en la política pública, es definir prioridades. La política social debe hacer cumplir los derechos fundamentales de los ciudadanos como son el derecho a la salud y la educación, entre otros. De que vale que mejoren los indicadores macroeconómicos, lo cual es adecuado pero no afectando el nivel de vida de la población, cuyo deterioro social se refleja en la elevación del costo de la canasta básica y en el subempleo, sector informal, pobreza, hambre y miseria. Lo que en la práctica funciona para los movimientos sociales para exigir una buena de política pública, en lo social, es la protesta social, lo cual demuestra que, una vez más, es el único lenguaje que entienden los gobiernos para cambiar de rumbo en la política pública, como ha sido en el caso de Chile, Colombia, Panamá, etc.
Pensamiento y comportamiento 