Luis Rosero M.
En el tercer artículo, sobre este tema, traté sobre el aspecto social. En éste me referiré a lo político y como esta variable influye en la gobernabilidad y en la percepción de la población sobre la capacidad y credibilidad, de la población, en el gobierno, y, cómo se ha complicado aún más la situación política que, en el contexto de la coyuntura económica internacional, ha derivado en complejizar el manejo de política económica.
El 13 de Junio de 2022 se inició el paro indígena que finalizó después de 18 días. En este período, el país estuvo semiparalizado y el gobierno se vio obligado a negociar las 10 demandas de la CONAIE para tratar de alcanzar cierto grado de gobernabilidad. Se llegó a un acuerdo, pero previamente el gobierno había bajado el precio de la gasolina extra, eco y diésel en 10%, declaró en emergencia al sector salud, decretó un subsidio a la urea de 50%, prometió la condonación de las deudas de hasta 3000 dólares, etc. Con el acuerdo, se redujó el precio de los tres combustibles en 15%, se suspendió el estado de excepción, etc. y establecieron mesas de negociación para condonar las deudas, restructuración y nuevos montos de crédito, la focalización de los combustibles, etc. Si bien, el paro dejó pérdidas de alrededor del 1% del PIB, vandalismo, represión expresada en 6 muertos y cientos de heridos, etc., el movimiento indígena logró lo que antes ninguna organización política había alcanzado y, sobre todo, obligó a ceder al gobierno para que atienda sus demandas. Para este movimiento es un éxito político y el gobierno sufrió un desgaste y caída en su credibilidad.
En las mesas de negociación, hasta el momento, se acordó y se cumplió con condonar deudas hasta 3000 dólares, restructuración y nuevos montos de crédito y se estableció la metodología para la focalización de los combustibles, que deberá entrar en vigencia en 90 días. A más de eso, la UNE, después de una protesta, con una resolución de la Corte Constitucional, logró que se ponga en vigencia la reforma a la Ley de Educación Bilingüe para la equiparación del sueldo de los maestros. Así, en la coyuntura, el gobierno debe cumplir con lo acordado con el movimiento indígena y maestros. Sin duda, esto significa asignar más recursos del presupuesto del estado para cumplir con estas demandas.
Ahora conocemos que, por mantener la austeridad fiscal, a toda costa, en un contexto de mayores ingresos públicos, y no considerar, en la política económica, los aspectos sociales y políticos, el Ministro de Finanzas, Cueva, se vio obligado a renunciar. El nuevo ministro, Arosemena, ofreció destinar recursos del presupuesto para cumplir con lo acordado con indígenas y, ahora tiene además la presión de los maestros. Esto obligará a una renegociación del acuerdo con el FMI.
Además, la coyuntura económica del país se complica por la tendencia, a nivel mundial, del aumento de la inflación e incremento de las tasas de interés, para frenarla, así como por la fortaleza del dólar y depreciación de las principales monedas latinoamericanas. En el país, en los dos últimos meses, la inflación ha aumentado, de manera importante, a lo que se agrega que se incluyó al país en una tendencia de mayor riesgo de pago de su deuda externa y, para complicar el panorama, los organismos internacionales prevén una contracción económica mundial en 2023, mientras que ya EE.UU. entró en una recesión técnica, en el segundo trimestre de 2022, además de que el propio FMI revisó a la baja la tasa de crecimiento de las principales economías industrializadas y de Latinoamérica.
La coyuntura política, dejó como resultado que el gobierno debe cumplir el acuerdo con el movimiento indígena y, ahora, con los maestros, que implica presión sobre el presupuesto del Estado. Más aún, con la nueva mayoría opositora en la Asamblea, se complica el aspecto político para el gobierno. La situación de la economía mundial complejiza el panorama y ahora se torna más difícil cumplir con las demandas sociales logradas por dichos grupos. Se avecina entonces, una desaceleración económica, en este año, mayor inflación, más desempleo, subempleo y crecimiento del sector informal que desembocaría en mayor pobreza, miseria y hambre. Le toca al gobierno, de manera inteligente, cumplir con dichas demandas -so pena de nuevas protestas- y tratar de atenuar los efectos sociales de la desaceleración económica con subsidios, lo cual complica aún más el manejo económico.
Pensamiento y comportamiento 