LA CALIDAD DE VIDA Y DE LA GESTION PÚBLICA 

Luis Rosero M.

La calidad de la gestión pública es un importante indicador para medir la eficacia y capacidad de un gobierno para obtener los objetivos trazados en su plan de gobierno, a través de políticas públicas, e influye directamente en la calidad de vida de la población y, en consecuencia, en el bienestar general.

La calidad de vida de la población tiene varias dimensiones, entre ellas, la económica (empleo, ingresos, acceso a la canasta familiar, etc.), social (satisfacción de las necesidades básicas -salud, educación, vivienda-, cultura, entretenimiento, la seguridad, respeto a los derechos humanos, y tranquilidad ciudadana) y la dimensión ambiental (sanidad, calidad del medio ambiente, etc.).

Desde inicios de 2020, el mundo y nuestro país sufrieron los efectos del covid en la salud, economía, en lo social, etc. dejando una secuela de aumento del desempleo, subempleo, pobreza, hambre, etc. Ahora en 2022 no vemos inmerso en la invasión rusa a Ucrania que trajo efectos económicos (menor crecimiento e inflación) y sociales; ahora, desde la mitad del año, estamos con la epidemia de la viruela del mono. Todos estos fenómenos han deteriorado la calidad de vida de la población ecuatoriana.

Como consecuencia de dicha invasión, en 2022, se proyecta un menor crecimiento económico del país con sus efectos de desempleo, subempleo y aumento del sector informal y, por otro lado, una mayor tasa de inflación, a nivel mundial, que ha deteriorado la calidad de vida de la población. El Banco Central sigue manteniendo una proyección de crecimiento económico de 2.8%, pero laa Cepal lo sitúa por debajo de esa cifra; a Junio la tasa de desempleo fue de 4% pero el subempleo alcanzó 23.6% y el sector informal ya llega a 5 millones de personas. Si bien a Julio bajó la tasa de inflación anual a 3.8%, la canasta familiar básica aumentó a $ 754 dólares lo que implica encarecimiento del costo de vida y, en consecuencia, menor acceso a ella. El indicador que muestra como se deteriora el nivel de vida es el de pobreza que, a Diciembre de 2021, alcanzó 39.2% y la pobreza por ingreso, a Junio de 2022, llegó a 25%, o sea una cuarta parte de la población. La Cepal proyecta que, en 2022, ésta llegaría a 29.7%. Aún más, según el Programa Mundial de la ONU, 2.5 millones de ecuatorianos no comen o lo hacen solo una vez al día.

A más de eso, en lo que va del mes de Agosto, los problemas de seguridad ciudadana continúan. Las explosiones registradas en viviendas del Cristo del Consuelo y la Floresta, en Guayaquil, al parecer por ataques de traficantes, que se suman el aumento de los sicariatos generan -sobre todo en la zona 8: Guayaquil, Samborondón y Durán, más zozobra e incertidumbre en la seguridad ciudadana, a pesar de haber declarado estado de excepción en dicha zona. Es un reflejo de la ineficacia de la política de seguridad aplicada por el gobierno y que los expertos la califican como falta de voluntad política.

Por otro lado, si bien el gobierno ha iniciado una estrategia para abastecer de medicinas a los hospitales púbicos -como la externalización de la provisión de éstas en farmacias privadas-, La Hora  reportó que continúa la escasez de medicamentos. Lo más paradójico, es con el IESS que, a pesar de que los afiliados realizan sus aportes, tienen que comprar medicamentos debido a que sus hospitales están desabastecidos de éstos. El Comercio informó, además, que los jubilados del IESS acaban su pensión en tratamientos médicos. Más aún, el Ministerio de Finanza todavía acumula 1600 millones de dólares en atrasos. Ha firmado acuerdos de pago con los GADs por 132 millones, con el Ministerio de Salud se definió deuda de 100 millones y con el IESS se han transferido 140 millones con los cuales dicha institución ha cancelado deudas parciales con Solca e instituciones médicas. Todo lo anterior es un reflejo del deterioro de los servicios públicos Se reitera nuevamente que las prioridades en la política públicas no están precisamente en lo social, tal como lo prometió el nuevo ministro de Finanzas, a pesar de lo acordado con el movimiento indígena después del paro.

En síntesis, a más del deterioro de la calidad de vida de la población, por factores económicos, se suma lo social en lo referente a la seguridad ciudadana que, por la ineficacia de la estrategia de ésta, la sociedad está sumida en un estado de temor por los hechos de violencia -por narcotráfico o delincuencia común- e intranquilidad ciudadana que se siente indefensa y en estado de zozobra que ya está afectando su movilidad y salud mental.

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