Luis Rosero M.
Después de dos semanas de la protesta indígena, bloqueo de ciudades y carreteras, que ha agravado la crisis económica, social y política, se abrió la posibilidad de un diálogo indígenas-gobierno pero, para enturbiar más la coyuntura, UNES presentó, a la Asamblea, la petición de destitución del Presidente causando más inestabilidad política desembocando en una tensa calma hasta conocer la repuesta de la Asamblea y los resultados de una posible negociación entre el gobierno y los indígenas.
En la semana anterior, la violencia subió de tono de lado y lado. El gobierno aumentó el uso progresivo de la fuerza (más represión) que ha dejado ya 5 muertes y centenas de heridos. La protesta indígena elevó su tono con la muerte de un manifestante en el Puyo, el ataque a la Controlaría, la destrucción de camiones del ejército en San Antonio de Pichincha y la toma de dos gobernaciones en provincias de la Sierra. Marlon Santi, coordinador de Pachakutik acusó, por esta mayor violencia, a la infiltración de vándalos y la acción de grupos correistas. La apertura de las instalaciones de la Casa de la Cultura, el Jueves 23 de Junio, dio esperanza de un diálogo, pero después de estos hechos de violencia, el Viernes 24, el régimen acusó a Iza, líder de la protesta indígena y CONAIE, de golpista y aumentó la represión desalojando a los indígenas de la Casa de la Cultura y Parque del Arbolito. Santi fue más allá, declarando que si el gobierno no dialoga apoyaría la destitución del ejecutivo. Este día, el correísmo presentó, ante la Asamblea, aprovechando la coyuntura, un pedido de destitución del Presidente, que comenzó a tramitarse el Sábado 25. Al mediodía de éste hubo un encuentro entre dirigentes indígenas y representantes del gobierno para un posible diálogo. En la tarde, de ese día, el Presidente envío al asesor jurídico de Presidencia para que lo defienda y presentar descargos ante dicha petición, previamente el ejecutivo derogó el decreto de excepción en las 6 provincias para atenuar el pedido de destitución. En definitiva, el Presidente está en una encrucijada: la resolución de la Asamblea sobre su destitución o el cumplimiento total o parcial de las demandas indígenas que implicaría un diálogo y negociación.
El desabastecimiento de productos agrícolas de la sierra, el aumento de sus precios, la falta de combustibles en algunas provincias de la sierra, la pérdida de leche, muerte de pollos en granjas, la paralización de industrias, el cierre de carreteras que ha impedido la exportación de flores (sierra), banano y camarón (costa) y otros de la amazonia ha causado un fuerte impacto en la población y empresas reflejado en un mayor costo de la canasta básica y reducción de la actividad económica que implica pérdidas económicas y reducción del empleo. La situación económica, política y social es ya insostenible, no puede seguir la paralización del país, ni la débil política social y la inestabilidad política so pena de un caos generalizado. A nivel externo, el riesgo país sigue subiendo más allá de los mil puntos reflejando la gravedad de la coyuntura social y política.
El gobierno se verá obligado a negociar con los indígenas. Su repuesta inicial fue aumento del bono de desarrollo humano de $ 50 a 55, condonación de créditos vencidos hasta 3000 dólares en Banecuador, subsidio del 50% del costo de la urea y declaración en emergencia de la salud. Ya en Mayo la inflación se situó en 3.38% la que subiría a más del 4% por la protesta indígena. La CONAIE considera insuficiente esta propuesta e insiste en sus 10 demandas que, entre las principales, son reducción del precio de la gasolina super y ecopais, precios justos para productos del campo, aumentar el presupuesto para salud y educación, pago de la deuda al IESS, mejorar el empleo y no privatización. Posteriormente, el gobierno respondió con duplicar el presupuesto para la educación bilingüe y, después, ofreció con focalizar el subsidio de los combustibles a los sectores agrícolas. El domingo 26 de Junio, en cadena nacional, el Presidente anunció que bajaría en 10 centavos al galón de la gasolina extra, ecopais y diésel y más aún, como gesto para la negociación, que se compromete a cumplir con los 10 puntos de una manera realista. Lo cierto es que tendrá que ceder a algunas de estas demandas para lograr paz social y cierta estabilidad política.
¿Por qué hemos llegado a esta crítica coyuntura económica, social y política? Uno, en lo social, lo más visible ha sido por falta de atención en los hospitales públicos y desabastecimiento de medicinas, los problemas de falta de adecuación de la infraestructura en escuelas y colegios fiscales, el impago de la deuda al IESS (de la que pago una parte); en lo económico, la poca importancia dada a los paros de los pequeños productores bananeros y de leche, que reclamaban por no respeto del precio oficial y ofrecer una subvención a los primeros que no cumplió, la repuesta inoportuna la los pedidos de la CONAIE realizadas meses atrás, la falta de empleo, etc. y, en lo social, una débil política social que no alcanza a atender los graves problemas de desnutrición infantil, pobreza, miseria y hambre de una buena parte de la población. La interrogante clave ¿es por la ineficacia en la gestión gubernamental o por continuar con una austeridad que no asigna presupuesto para estas demandas? Lo más paradójico es que el alza de los precios del petróleo ha generado recursos que se estiman en 1000 millones y, por otro lado, la reforma tributaria ha aumentado los ingresos fiscales más allá de lo proyectado. A más de eso, hay 1000 millones adicionales que el FMI donó en DEG al país. En medio de las protestas, el FMI ha autorizado la entrega de 1000 millones por el crédito después de pasar la cuarta y quinta revisión del programa de Servicio Ampliado. Al parecer, las prioridades del Ministerio de Finanzas, son cumplir al pie de la letra los condicionamientos del FMI. Ha anunciado que se usaran los recursos del FMI para aumentar el gasto social y la inversión pública. Sin embargo, al mismo tiempo, establece seguir con la austeridad fiscal buscando reducir contratos en el sector públicos y otros gastos relacionados con la burocracia. El aspecto fundamental son las prioridades del gobierno. Al parecer por atender lo económico, no se ocupa de las necesidad e inequidad social. El régimen, en la crítica coyuntura económica, social y política, está en una disyuntiva ¿O cambia de rumbo en la política social-económica o continuará la protesta social por varias vías? Mientras tanto seguirá la encrucijada y la tensa calma hasta que la Asamblea resuelva el pedido de destitución del Presidente y el régimen inicie la negociación con la CONAIE.
Pensamiento y comportamiento 