Luis Rosero M.

En la Asamblea, por acuerdo con el Ejecutivo, está analizando un anteproyecto de ley de inversiones que tiene dos componentes: una, de la economía digital y, la otra, de nuevas inversiones, para lo cual propone la reforma a varias leyes. Sería enviado con el carácter de económico urgente.

Recordemos que, el año pasado, el gobierno envío un megaproyecto de ley que incluía la reforma tributaria, cambios en la economía digital e inversiones, el que fue rechazado por la Asamblea por tratarse de varias materias. El gobierno optó por dividirlo y enviarlo por parte. Logró que se aprobará la reforma tributaria y en el anteproyecto se busca una transformación digital y atracción de nuevas inversiones.

En el anteproyecto, se establece que la rectoría de la transformación digital y del gobierno digital será el Ministerio de Telecomunicaciones (MT). Buscará la modernización y simplificación de trámites en el sector público, el uso eficiente de las plataformas, servicios y tecnología digital. El MT dictará la política pública en este ámbito y buscará que la modernización digital se aplique no solo al sector público, sino además al sector privado y toda la sociedad. Plantea una serie de reformas a varias leyes. Tratará de incentivar las inversiones del sector privado para ejecutar la transformación digital. Además, se incluye al sector audiovisual y se aplicarán incentivos tributarios (aranceles, ISD, Impuesto a la Renta e IVA) para la importación de bienes de capital que necesiten la producción de obras audiovisuales. En el manejo de la información, las entidades del sector público podrán contratar servicios tecnológicos con empresas que observen normas de seguridad y apliquen estándares internacionales. Se exoneran de tarifas por asignación y uso del espectro radioléctrico a los sectores comunitarios.

En el mercado de valores, se plantean reformas para incentivar el uso de títulos de valor electrónicos. Así mismo la cesión, endoso, trasmisión de derechos de documentos, notificación o entrega de títulos electrónicos se podrá utilizar medios electrónicos, telemáticos y firmas manuscritas y electrónicas. En este ámbito, la advertencia es la prevención de posibles delitos como ocurrió con los títulos de valor del ISSPOL.

En cuanto a los servicios notariales, se reforma la ley para que además de que puedan ser prestados de manera física se hagan también de forma telemática. En los documentos electrónicos, las notarías validaran las firmas electrónicas. En el Código General de Procesos se faculta el uso de documentos electrónicos o desmaterializados. En la ley de Registro de Propiedad, Mercantil y otros se establece la transformación digital de registros, certificados, inventarios y demás actos que genere el Registro. Los libros de este podrán llevarse de manera electrónica o automatizada.

Como se observa, en el fondo lo que se está planteando es que a los trámites que requieran documentación física también tendrán la misma validez los documentos electrónicos, y se pueden realizar los trámites y transacciones con éstos manteniendo la legalidad de los mismos al igual que los físicos.

En síntesis, se trata de modernizar los trámites para que puedan realizarse con documentos electrónicos, tengan validez las firmas electrónicas e incluso en los procesos judiciales se podrá usar los medios telemáticos y electrónicos, los que tendrán la misma validez que los físicos.

El gobierno busca agilizar de esta forma la realización de trámites y transacciones con el uso de medios electrónicos y telemáticas que permitirá ahorro de tiempo y costos para los usuarios y garantizando la validez de los mismos que si fueran físicos.

Luis Rosero M.

Después de enfrentar un paro indígena, en Junio de 2022, con el incremento de la violencia en los siguientes meses y con negociaciones con la Asamblea, el gobierno vuelve la mirada a su agenda económica para tratar de implementar algunos de sus componentes claves.

En “Política Económica: reformas estructurales y el FMI en el Ecuador (2017 – 2021)”,  charla dictada a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Financieras de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), en Enero 31 de 2022, explique los 5 componentes de la agenda económica del gobierno de Lasso, que se inscribe en una reforma económica, en línea con su tendencia neoliberal, que son las reformas: monetaria y financiera, tributaria, laboral, del estado y comercial.

La primera, aprobada por el gobierno de Lenín Moreno que, entre otras modificaciones, realizó cambios institucionales devolviéndole la autonomía al Banco Central y creó la Junta Monetaria y la Junta Financiera, organismos de regulación en el ámbito monetario y financiero. El gobierno de Lasso aplicó dicha reforma y nombró los directivos de ambas juntas. La Financiera se encargó, como una de sus primeras regulaciones, de modificar la metodología para el calculo de las tasas de interés. Todo esto se dio en el marco de una contrarreforma monetaria-financiera (La reforma y contrarreforma monetaria financiera, Rev. Ecuador Debate No.114, Diciembre de 2021, Centro Andino de Acción Popular. Ver https://drive.google.com/file/d/19kXPqYFHbErtLRagQBvWkPAbhSCtIthE/view)

La reforma tributaria, se aprobó a fines de 2021, entró en vigencia en 2022, y creó una contribución temporal a las empresas y redujo las deducciones del impuesto a la renta de los empleados y trabajadores que terminaron pagando, de manera permanente, un mayor impuesto a la renta, por lo que resultó una reforma inequitativa e injusta.

En la reforma comercial, el gobierno buscó afanosamente entrar a la Alianza del Pacifico, para lo cual requería celebrar un acuerdo comercial con México, que sería el boleto de entrada a los mercados de éste país, Chile, Perú. Sin embargo, si bien avanzaron las negociaciones en diversos temas, el acuerdo esta paralizado ya que México defiende a los sectores acuícola, pesca y banano, impidiendo o restringiendo la entrada de los productos ecuatorianos en estos sectores y sobre todo del camarón. En consecuencia, el gobierno optó avanzar en negociaciones comerciales con otros países alcanzando acuerdos con Chile y Guatemala y negocia otros acuerdos con Costa Rica, Corea del Sur, China, y otros países.

En cuanto a la reforma del estado, había decidido la privatización y concesión de empresas públicas. La oposición a la primera, por parte de movimientos sociales, hizo desistir al gobierno de seguir con esa vía de reducción del tamaño del estado. Sin embargo, en actividades que le interesan avanza con la privatización del Banco del Pacifico que estaría lista para la venta en este año. Por ello, optó por la concesión de servicios públicos y ha comenzado con las carreteras y se alista para realizar mas concesiones en otras áreas.

En la actual coyuntura, en una situación de nuevas masacres carcelarias, aumento de la inseguridad ciudadana, una desaceleración de la economía y a las puertas de la recesión mundial en 2023, el gobierno apunta ahora, dentro del marco de la reforma del estado, a una ley de inversiones y un cambio digital en trámites en el sector público y privado. El gobierno basa su ley de inversiones en la maquila utilizando las zonas francas para atraer capital extranjero y reexportar bienes y servicios que se ensamblen o readecuen en dichas zonas. Para ello, establece incentivos de reducción de impuestos y además la posibilidad de una reforma laboral que reduzca el costo laboral.

En síntesis, el gobierno agobiado por la coyuntura actual que además del crecimiento de la inseguridad ciudadana, aumento del temor de la ciudadanía por más violencia, baja de credibilidad y popularidad, cumplir con sus promesas de campaña de crear empleo, hay desempleo, mayor subempleo y crecimiento del sector informal, etc. opta por incentivar inversiones y, por ello, envío a la Asamblea el anteproyecto de Ley para la atracción de inversiones, que esta siendo negociada con la Asamblea. Con ello, completaría la reforma económica de su agenda que están en línea con los lineamientos de los organismos internacionales.

Luis Rosero M.

Los últimos hechos de violencia han aumentado la inseguridad ciudadana; en lo social, continúan los problemas en los hospitales públicos y prestadores externos de servicios de salud; en lo político se toman decisiones erráticas y, en lo económico, se anunció una drástica caída del crecimiento económico en el II trimestre de este año y el riesgo país se ha elevado fuertemente. Todos estos eventos configuran una coyuntura que muestran, al parecer, un panorama de un país sin rumbo, con un gobierno que tarda o es ineficaz en enfrentar los problemas que agobian a la sociedad ecuatoriana.

El crimen de la Abog. Ma. Belén Bernal, el asesinato de un fiscal en pleno centro de Guayaquil, la captura de policías activos cometiendo delitos, los crímenes diarios de los sicarios -sobre todo en la zona 8-, el cobro de vacunas(cobro por protección) a transportistas y negocios, etc. muestran una tendencia de como la violencia sigue imparable y, al parecer, no existen estrategias para contenerlas. Por otro lado, la huida del principal sospechoso de dicho femicidio en una academia policial y la colaboración que, según informan los medios de comunicación, recibió de dos generales de policía revelaron el poder y cómo se maneja la cúpula policial. El crimen aumento el fervor de los colectivos de mujeres y movimientos feministas que reclaman justicia para el femicidio. El impacto en la sociedad ecuatoriana del aumento de la violencia es el temor colectivo y, a nivel de cada ciudadano, el miedo a salir a las calles para resguardarse de la violencia, lo que limita su movilidad afectando su bienestar social. Ya no hay paz ciudadana ni protección efectiva de la fuerza pública que la garantice. En estos momentos de gran violencia, valoramos muchos ese bien público: la seguridad ciudadana. La población realiza marchas contra la inseguridad para pedir protección.

Las decisiones del gobierno ante el femicidio de descabezar la cúpula policial, dar plazo para la captura del principal sospechoso del femicidio y pedir la renuncia al Ministro del Interior y nombrar a otro policía en su reemplazo, no parece ser lo más adecuado y suficiente para enfrentar la ola de violencia. Es muy importante que dicho ministerio este manejado por un civil y, por otro lado, es fundamental una estrategia para enfrentar a las bandas criminales para el control de la violencia. Aún con emergencia de seguridad y, el ejército en las calles, sigue imparable la violencia -sobre todo en la zona 8. Hace poco el Presidente viajó a Israel por temas de seguridad, ha cambiado a varios ministros del Interior y director de cárceles pero hasta ahora tenemos resultados eficaces en el control de la violencia.

En lo social, a pesar de que el gobierno ha implementado planes de provisión de medicinas en los hospitales públicos sigue el desabastecimiento, los pacientes salen a protestar por las deudas del Ministerio de salud con los prestadores externos ya que éstos no los atienden, hospitales y clínicas privadas solicitan dialogo con el gobierno para el pago de sus servicios, el Ministerio de Finanzas llega un acuerdo con el IESS para pagarle 300 millones, cuando la deuda del Ministerio con éste es de mas de 8 mil millones de dólares, el aumento de sueldo a los maestros no puede efectivarse porque el gobierno alega que no hay dinero, etc. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno en lo social? ¿No se atienden a tiempo estos problemas por ineficacia de la gestión pública o por contener el déficit fiscal? Después del paro de los indígenas, en Junio, el Ministro de Finanzas señaló que la prioridad sería el gasto social ¿al parecer otras son las prioridades?

Para complicar el panorama, en lo económico, el Banco Central anunció que el II trimestre, de este año, la economía creció 1.7%, respecto al mismo periodo del año anterior, y solo 0.1% respecto al I trimestre de este año y su argumento para esta baja fue el impacto del paro indígena de Junio. Un funcionario de Citi Research -no del Citibank como erróneamente había señalado- señaló que el crecimiento en 2022 sería solo 1.8% y que el 2023 apenas llegaría a 1.5%. Por otro lado, el riesgo país llegó a 1726 puntos que representa mas del doble de los 714 puntos con que se inició el gobierno. Estos se explicarían, a más de las condiciones económicas adversas, por las exigencias del paro indígena, precio del petróleo, escasa preferencias de los inversionistas y la falta de gobernabilidad. Esto significa que, en este año, continuará con problemas de desempleo y subempleo alto, que se agravarían en 2023. El gobierno insiste en su estrategia económica de apertura comercial, reforma laboral, reforma de inversiones, etc. pero, ya a un año medio de gestión, no logra concretar éstas. Aún más, sigue apostando a la política económica recomendada por el FMI, pues el Presidente anunció que buscaran un nuevo convenio con este organismo.

En síntesis, no hay certidumbre sobre la gestión pública en lo social, político, seguridad. No sabemos adonde va el gobierno y, aún más, en lo económico no se conoce que orientación tomará política económica y, en consecuencia, el rumbo económico del país. Con el anuncio de los organismos internacionales de una recesión mundial en 2023, el panorama económico se agravará en 2023 y esto llevará a un mayor deterioro del mercado de trabajo e incidirá en los niveles de pobreza, hambre e indigencia lo cual impactará en los niveles de violencia.  Sigue latente la hipótesis, la ineficacia de la gestión pública obedece a ¿no actuar a tiempo ante los problemas que enfrenta -que los agrava- o impera la disciplina fiscal que no permite acceder a los recursos a las instituciones para que actúen como sucedió con el primer ministro de Finanzas de este gobierno?

Luis Rosero M.

Los dos casos de asesinatos recientes han conmocionado al país, reflejando el nivel de violencia  a que hemos llegado elevando la inseguridad ciudadana, con una población que siente un mayor clima de temor y zozobra por su desprotección.

El primero fue el asesinato de la abogada María Belén Bernal que, al parecer, fue realizado presuntamente por Germán Cáceres, su esposo, teniente de policía, en una escuela policial. En varios medios de comunicación, como el programa A primera Hora, de Radio Sonorama, Fabricio Vela, entrevistó a varios expertos que dieron su opinión profesional sobre dicho caso; por otro lado A. Boscan hace una serie de revelaciones sobre la acción de dos generales de policía y la dra. DJ. Alma D. Blum plantea algunas denuncias. En resumen, de lo más relevante que se señaló por parte de estos voceros de opinión son las irregularidades en el proceso de investigación policial y de la demora de la Fiscalía en actuar, el que uno de los generales acompañó al teniente Cáceres a entrar a la habitación en que ocurrió el hecho sin que este presente un fiscal, que se presentó una denuncia en la DINASED, organismo de la policía, y no se llevó ésta a la Fiscalía. Además, el ministro Carrillo acusa al guardia que dejó entrar a M. Belén y se detuvo, por homicidio involuntario, a una cadete acusada en el caso. En síntesis, se trata de una serie de hechos para demorar y desvirtuar la investigación del caso. Pero además se revela como se manejan las altas esferas policiales. En el medio Región Network Ecuador se señaló que M. Belén llevaba causas de varios generales de Policía. Surgen muchas interrogantes, cuestionamientos y dudas en este caso. La madre de Ma. Belén ha calificado como crimen de estado y la reacción de los colectivos de mujeres y movimientos feministas fue la movilización y vigía reclamando por la desaparición y justicia en este caso a tal punto que frente a la Comandancia General de Policía protestaron y cantaron una canción alusiva al femicidio. Su grito Ni Una Menos ha retumbado en el país. La repuesta de Sergio Ordoñez, Secretario de Seguridad Pública, a la madre de Belén, fue “Las activistas que defienden la violencia, aquellos que quieren desestabilizar la institucionalidad de seguridad en el país ya encontraron aquí un motivo para crear un relato que pretende concluir que se trata de un acto institucional. Se trata de un acto de un mal policía y habrá que ver si hay más.”  Pero los hechos hablan por sí solos y revelan mucho más que eso. La repuesta del Presidente, al regresar del país, fue pedir la renuncia al ministro Carillo, estudiar la baja al mando policial, la desvinculación de dos generales de la Policía y pedir perdón a la madre de Ma. Belén.

El segundo asesinato, ocurrido el 19 de Septiembre, en pleno centro de Guayaquil, fue al fiscal Edgar Escobar, que estaba encargado de casos de  femicidio, narcotráfico y otros delitos. Sería el tercer fiscal asesinado, mostrando que no solo aumenta la inseguridad ciudadana sino además de los funcionarios judiciales. Se trata de formas de atemorizar e intimidar al personal de la Función Judicial para que algunos casos queden impunes o se alargue el proceso para diferir el caso. A pesar de que hay un mecanismo de protección para tales funcionarios, al parecer este no funciona. Dicho fiscal además estaba encargado del proceso judicial contra la estafa al ISSPOL, en el que participaba el Ministro Carrillo como acusador.

Estos dos hechos demuestran como, cada día, aumenta el nivel de inseguridad de la población pero en el que además resultan afectados los funcionarios judiciales, entre ellos jueces, encargados de llevar a juicio a estos casos y dictar sentencia condenatoria. En medio de la crisis institucional (de la Función Ejecutiva, Judicial, Asamblea Nacional), aumenta el grado de inseguridad que pone en jaque a la población que observa como las entidades encargadas de darle protección ciudadana cumplen cabalmente sus funciones o lo hacen de manera irregular. Lo revelado en el primer asesinato demuestran la urgente necesidad de una reforma profunda e integral a todos los organismos de seguridad del estado, incluida la organización y dirección de la policía, así como en la Función Judicial para que cumplan a cabalidad los establecido en las leyes y la Constitución. Estos son los problemas urgentes a los que hay darles solución. Si bien la mayoría estaría de acuerdo con la consulta popular, no hay que desviar la atención, por lo urgente de la coyuntura, en este momento a temas importantes pero no tan urgentes. Esperamos que se haga justicia, se reestructure totalmente la Policía y la Función Judicial por el bien del país, la sociedad ecuatoriana y la población que cada día se siente desprotegida por la inseguridad ciudadana.

Luis Rosero M.

Los recientes hechos delictivos muestran la tendencia al aumento de la inseguridad ciudadana que afecta al bienestar de la ciudadanía y, en esta coyuntura, se va configurando una tendencia al deterioro económico expresada por la evolución de algunos indicadores económicos.

Entre Agosto y Setiembre de 2022, han sucedido 4 graves actos de violencia. Primero, el lunes 19 mataron, en pleno centro de Guayaquil, a un fiscal, que estaba encargado de casos de femicidio, narcotráfico y otros delitos. Sería el tercer fiscal asesinado, mostrando que no solo aumenta la inseguridad ciudadana sino además de los funcionarios judiciales. Segundo, entre Enero y Septiembre 3 de este año se registraron 206 femicidios que es mas alta que en el mismo periodo de 2021, las estadísticas señalan que van 1247 casos desde 2014 cuando se estableció como delito. Tercero. Hace más de una semana, se dio la desaparición de María Belén Bernal, esposa de Germán Cáceres e instructor de una escuela policial en Quito. Lo grave de este delito es que sucedió al interior de dicha escuela y se acusa que se dejó escapar al esposo que es el principal sospechoso. Testigos señalan, según medios de comunicación, que vieron a Cáceres salir de la escuela con un bulto y se encontró manchas de sangre en su auto y habitación. Sin embargo, lo que es más grave aún, es que no hay registros de la entrada de Ma. Belén y salida de Cáceres de dicha escuela. Cuarto, hubo un secuestro en Guayaquil y los secuestradores entraron y salieron de una urbanización en que vive el Presidente de la República. El experto urbanismo y seguridad, Fernando Carrión, twiteo: “La desaparición de# MaríaBelenBernal se produjo en un recinto policial. Hubo un secuestro en la urbanización cerrada donde está la casa del presidente. big money muere luego de ir a ministerio de Defensa. Que pasa en este país”. Si a eso le agregamos las varias masacres carcelarias que dejaron cientos de muertos y además el aumento de los casos de desapariciones como el de los jóvenes que, desde 2018 no se encuentra a 2299 chicos. Los hechos hablan por sí solos muestran el cuadro de violencia e inseguridad ciudadana creciente que vive el país que afecta seriamente al bienestar social porque la gente tiene temor y restringe su movilidad y, por otro lado, está limitando la actividad económica en ciertos sectores.

Pero la pérdida de bienestar social no solo se produce por la violencia, sino que además que, a pesar, de haber establecido sistema de abastecimiento de medicinas en hospitales públicos, todavía hay escasez en algunos de estos; por otro lado, los centros médicos a los que acuden los pacientes que acuden con diálisis reclaman por pago al gobierno; a más, hace pocos días, Solca reclamaba el pago al gobierno de su deuda; a eso se suma que continua pendiente el pago de la alta deuda del gobierno al IESS, que limita la prestación de sus servicios. El Ministro de Finanzas declaraba que había celebrado un convenio para el pago por 300 millones al IESS cuando dicha deuda es de 8531 millones de dólares, según El Universo.

Para agravar la coyuntura que vive el país, en lo económico, hay indicadores preocupantes que mostrarían la tendencia de la situación económica. La inflación a Agosto de 2022 fue de 3.7% que, si bien hay una ligera baja respecto al mes anterior, el costo la canasta básica aumentó, dejando a algunos familias sin consumir parte de ésta. Por otro lado, la tasa de desempleo, en Julio, alcanzó 3.9% pero lo más crítico es la tasa de subempleo, aunque bajo, fue de 22%, y, la tasa de empleo adecuado bajó a 32.1%. Lo mas preocupante es la desaceleración de las exportaciones en Julio y la proyección de Citibank sobre la tasa de crecimiento de 2022 a solo 1.8% aunque el Banco Central la mantiene en 2.8%.

En síntesis, los hechos de violencia recientes muestran que hay un aumento creciente de la inseguridad ciudadana y problemas de abastecimiento de medicinas en hospitales públicos que afectan al bienestar social de la ciudadanía y, por otro lado, son preocupantes la evolución de los indicadores económicos que tenderían a una inflación mas alta, un aumento del costo de la canasta básica y posible reducción del ritmo de crecimiento económico en 2022. Si los organismos internacionales proyectan una posible recesión mundial en 2023, tendríamos un deterioro económico, en el país, no solo en 2022, sino además en 2023.

Luis Rosero M.

La opinión ciudadana, respecto a las funciones del estado, refleja el sentir de la población sobre la gestión pública y es un indicador de la esperanza o desaliento de la ciudadanía respecto al ejercicio del poder de dichas funciones e indicio la calidad de dicha gestión.

La encuestadora Click, en su informe de Agosto de 2022, revela datos sobre la opinión ciudadana respecto a lo que pasa en el país. En la pregunta ¿Cómo califica la situación del país? El 79.6 % de los encuestados responde muy mala; se le consulta además ¿El país esta mejor o peor que hace un mes?, el 70.9% indica que está peor. En cuanto a las funciones del Estado, se pregunta sobre la gestión del Presidente de la República y el 74.1% responde mala, mientras que la calificación para la Función Judicial, la mayoría responde (87.4%) mala y respecto a la Asamblea Nacional el 91.3 señaló que el 91.3% es mala. Respecto al principal problema del país la calificación fue: la delincuencia 32.8%, desempleo, 19.8%, crisis económica 19.5%, corrupción 10.9%. Son datos preocupantes y muestra la desesperanza de la población sobre la gestión de las funciones del estado y el estado calamitoso del país respecto a su situación.

¿Por qué hemos llegado a esta situación? En gran medida es por la calidad de la gestión pública. En cuanto a las funciones del Estado refleja la mala calidad de su gestión y esto obedece, en gran medida, al no cumplimiento adecuado o irregular de sus tareas, que están señaladas en la Constitución. En cuanto a la función Ejecutiva, hay denuncias sobre la injerencia en otras funciones del Estado,  aumento de la inseguridad ciudadana, conflictos de interés en altos funcionarios públicos, fallas en el abastecimiento de medicinas en hospitales públicos, inseguridad, etc. A más de eso, el ejecutivo desconoce decisiones de la Asamblea Nacional (AN). En la Función Judicial, los fallos de los jueces, por ej. en el habeas corpus, que tienen sesgos marcados de irregularidades, por otro lado, liberar a delincuentes, con artimañas legales, antes de que cumplan su condena, a lo que se agrega decisiones judiciales que detienen decisiones de la AN, etc. La Asamblea Nacional, tiene baja calificación, entre otros aspectos, por no generar suficientes proyectos de ley y aprobarlos, dictar resoluciones que podrían ser irregulares o inconstitucionales, no respetar decisiones de otras funciones, etc. Esto revela una crisis institucional no solo de las funciones del Estado sino además en otras organizaciones como los movimientos políticos y el uso del poder económico y financiero para favorecer sus intereses.

En cuanto a los principales problemas del país, el que está en primer lugar es la inseguridad ciudadana y refleja la dificultad del gobierno para tratar de controlar a la delincuencia y a los grupos criminales y el sentir del malestar, miedo, zozobra, etc. del ciudadano común, que no solo es un temor generalizado sino también una reducción de su calidad de vida al tener restricciones en su movilidad y disfrute de vida. Los dos siguientes problemas que señalaron los encuestados son el desempleo y crisis económica, que están relacionados directamente con la economía del país. La disminución del nivel de actividad económica, en 2022, en parte por factores externos y por la gestión gubernamental, lleva a que continúen los problemas en el mercado de trabajo. Más aún, cuando el Citibank pronostica un crecimiento de 1.8% para este año.

Esta crisis política, social y también, en parte económica, se da cuando una parte importante de la población sigue batallando con pobreza, hambre y miseria resistiendo para vivir. En sí, lo que refleja la encuesta es el malestar, desencanto y desilusión respecto a la gestión de las funciones del Estado que, frente al deterioro de las condiciones sociales y económicas del país, no hacen el suficiente esfuerzo para enfrentar los problemas del país ni enderezan el rumbo de su gestión que evite el precipicio al que se dirige la nación. A eso se suma que, los grupos políticos están más preocupados por las elecciones secciones de 2023, a más de que pesan más sus intereses específicos que el bienestar común.  En Argentina, con la grave crisis de fines de los inicios del siglo XXI, retumbo el grito que se vayan todos por el mal accionar gubernamental y de los grupos políticos. Es hora de anteponer el interés del país al de los grupos políticos y económicos para salvar al país de un descalabro total. Si la situación se sigue deteriorando las protestas sociales pueden poner fin a esta situación y obligar a enfrentar la situación, enderezar el rumbo y apoyar la democracia  con justicia social.

Luis Rosero M.

La Argentina tiene una crisis económica agudizada por el deterioro social y agravada por el intento de asesinato a su Vicepresidenta que, en parte, obedece al discurso de odio de la oposición y el clima preelectoral. Lo crítico de la coyuntura es que estas crisis son recurrentes y de carácter estructural.

Reflejo de este tipo de crisis son los desequilibrios macroeconómicos, como es la escalada hiperinflacionaria qué a Julio su índice fue 7.4% y el interanual llegó a 71%. Parte de la fuente de inflación es su sistema cambiario que tiene 6 tipos de cambios diferentes que alimentan el alza de precios (el tipo de cambio mayorista alcanzó 139,01, el minorista 145,8 -el 1/09/2022- mientras que el blue – el del mercado negro marcó el viernes 2/09 $ 285 pesos por dólar). Además alimentan la inflación, las remarcaciones de precios de las empresas a pesar de que el gobierno mantiene el sistema de precios vigilados de la canasta básica. Para tratar de frenar la inflación, el Banco Central  aumentó la tasa de interés de referencia de 60 a 69.5% que a su vez conduce a restringir el nivel de actividad económica. Pero, además el país enfrenta una restricción financiera externa pues las divisas que ingresan no alcanzan para cubrir sus necesidades de pagos al exterior. A eso se suma, las pérdidas de RMI. El saldo comercial negativo en junio y julio redujeron el superávit que venía manteniendo la balanza comercial en los primeros cinco meses del año. A eso se suma, una deuda pública representa el 80.1% del PIB y la externa llega a 31.5% (pública y privada). Para ilustrar la situación social solo basta señalar que los hogares bajo la línea de pobreza llegaron a 27.9% y, si consideramos por persona, 37.3% respectivamente en el II Semestre de 2021.

El exministro de Economía, M. Guzmán, del gobierno de Fernández, renegoció el acuerdo con el FMI, que Macri firmó en 2018 con el que obtuvo un crédito de 57.000 millones de dólares que ahora debe continuar pagando. Por ello, el FMI exige una reducción del déficit fiscal para asegurar el pago de dicha deuda. Para ilustrar el peso de la deuda externa, solo el pago de interés y capital de la deuda externa privada representó el 63% del superávit de la balanza comercial entre enero de 2020  y junio de 2022. La restricción financiera externa genera escasez de dólares que limita a las importaciones de los sectores productivos y pago de las obligaciones externas del país. Dicha restricción es agravada por prácticas ilegales y nocivas como la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, el alargamiento de la liquidación de exportaciones pues mientras mas tiempo es este mayor será la obtención de pesos, a lo que hay que agregar la dolarización de algunos sectores de la economía que además de contribuir a la inflación aumenta la demanda de dólares. El gobierno tiene que negociar la liquidación, tal es así que proyecta crear el dólar soya, a un tipo de cambio conveniente para los exportadores, pues este producto es uno de los mayor exportación. Así mismo, también recorta el precio del biodiesel en gasoil. La necesidad de dólares obliga al gobierno a esta política pues requiere cumplir con las obligaciones externas y entregar divisas para las importaciones.

El nuevo ministro de Economía, Massa, anunció medidas económicas entre las que destaca la reducción del déficit fiscal. Para ello, ha reducido el subsidio de luz y gas y aumento de las tarifas de los servicios públicos como el del metro (subte); además se incrementan la carrera de taxis, los alquileres y pensiones de colegios. Además, el gobierno, reducirá el gasto público  y congelará contrataciones públicas por 128 mil millones de pesos. Todas estas medidas son para alcanzar la meta de reducción del déficit fiscal al 2.5% del PIB.

Por el lado social, la inflación y las medidas señaladas reducen el salario real y aumentan el costo de la canasta básica disminuyendo la calidad de vida de la población y aumentando la pobreza y el hambre.

En síntesis, hay una grave crisis económica y social. El gobierno apunta a reducir el déficit fiscal rebajando subsidios sociales y aumentando precio de servicios públicos, lo que reduce el nivel de vida de la población. Pero, por otro lado, se ve asfixiado por la restricción financiera externa que le obliga a negociar y ceder con los exportadores agropecuarios para obtener dólares que le permitan cumplir con las obligaciones externas. La encrucijada es reducir los desequilibrios macroeconómicos a costa del sacrificio de la población mas vulnerable. Si sigue ese camino corre el riesgo de la explosión social. El primer campanazo se dio con la protesta que expresaba el velorio del salario mínimo por parte de movimientos sociales y la gran marcha de trabajadores y desempleados que reclaman una lucha contra la inflación que los está empobreciendo cada vez más.

Luis Rosero M.

En la coyuntura actual, el país enfrenta una crisis institucional, reflejada en las decisiones inadecuadas de algunas funciones del estado e injerencia entre éstas; por otro lado, la inseguridad ciudadana continua y todavía sigue la ineficacia en la política social que incide en la calidad de vida de la población. Todo este conjunto de acciones e inacciones generan incertidumbre sobre el accionar del gobierno y rumbo del país.

En cuanto a la política social, terminó la segunda emergencia en el Ministerio de Salud sin resolver completamente el problema del desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos, que resulta particularmente grave cuando no hay insumos para los que sufren de diabetes, los que requieren diálisis  y los que sufren de enfermedades catastróficas, más aún cuando se está agravando el contagio por la fiebre del mono; por otro lado, los sindicatos programan una movilización por la deuda del estado con el IESS. El gobierno firmó un acuerdo de pago, por un bajo monto, con este organismo y Solca anunció que no recibiría a nuevos pacientes por el no pago de la deuda del IESS. Además, los maestros jubilados realizaron un cacerolazo en Guayaquil por la no cancelación de la compensación jubilar, que revela el no cumplimiento del gobierno con sus proveedores y ex empleados públicos ya que aún tiene una deuda (atrasos) por 1600 millones de dólares.

Por otro lado, en el último reporte de Clik Report la población califica como mala la gestión: en un 74.1% la de Lasso, mientras que el 87.8% da el mismo calificativo a la Función Judicial y el 91.3% a la Asamblea Nacional (AN). ¿Por qué esta calificación? En el caso de esta última, por la falta de aprobación de leyes, el acuerdo de G. LLori con el gobierno por llegar a la Presidencia de la AN, su pobre accionar, etc. Mientras que, en lo relacionado a la Función Judicial, las decisiones controvertidas de los jueces abusando del habeas corpus y otros mecanismos que permitieron salir de la cárcel a ex funcionarios del Función Ejecutiva y delincuentes, además negar la posesión del Superintendente legalmente nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, etc. y, en lo que respecta al Ejecutivo, por su pobre y débil gestión, en su primer año de gobierno, reflejada en la ineficacia en la política social y de seguridad ciudadana, no atender a tiempo pedido de pequeños bananeros, productores de leche y otros grupos, no responder, a tiempo a demandas sociales, que llevó al paro indígena,  etc. A eso se suma, el accionar del principal consejero presidencial, que ha sido acusado por la dra. Elena Nájera, del consejo directivo del CNE, de tratar de imponerles un instructivo para elegir  a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y por lo que tiene una denuncia por presunto tráfico de influencias. Además, se reveló un audio en que él amenaza al Superintendente de Bancos nombrado por el CPC para que renuncie y, que la prensa, lo ha tildado de ministro de Gobierno paralelo. Aún más, la Asamblea posesionó al Superintendente de Bancos, sin  embargo el gobierno lo desconoció e impidió, con la fuerza pública, su ingreso a las oficinas de este organismo de control. La pregunta clave, ante estos hechos, es: ¿Estas acciones reflejarían que habría injerencia de la Función Ejecutiva en la Función Electoral, Legislativa y la del CPC así como el poder actúa tras bambalinas? Pero es la Corte Constitucional y de Justicia la que debe dar la repuesta. Pero aún más, es sorpresivo que el Presidente pidió archivar su denuncia contra 5 asambleístas de PK por concusión. Estos declararon que el retiro de esta denuncia es ajeno a la decisión de votar en contra del juicio político al Consejo de la Judicatura. Al buen entendedor, pocas palabras. La revelación de estas negociaciones llevó, entre otros intereses,  a que la AN diera paso dicho juicio.

Para complicar el panorama político del gobierno, el periodista Anderson Boscan denuncia que Fabian Pozo, Secretario Jurídico de la Presidencia, sugiere a Carola Ríos como Directora de la Aduana, ex empleada del grupo Eljuri y, señala además que sr. Gotifredi, experto aduanero, es socio de Pozo, en un estudio jurídico que asesora en temas aduaneros, y participó en una reunión con la Embajada de EE. UU. sin tener la categoría de funcionario público. Boscán señala que hay un claro conflicto de intereses y que habría una estructura delictiva en la SENAE- Más aún, la AN llama a declarar a Fabian Pozo por el nombramiento de Ríos.

Estos hechos muestran la debilidad y baja calidad de la democracia ecuatoriana. Reflejaría cómo actúa el poder ejecutivo mientras declara que respeta la independencia de las funciones del estado y lucha contra la corrupción. En consecuencia, hay incertidumbre sobre la legalidad sobre las actuaciones del Ejecutivo en relación a las otras funciones. Es fundamental para una mayor la democracia respetar la independencia de las funciones del Estado, el ejecutivo debe realizar una coordinación con las otras funciones,  mejorar la gestión pública, sobre todo en lo social, para que los recursos públicos mejoren la calidad de vida de la población, etc. Un paso adelante en la coordinación de funciones la dio la AN al solicitar al Ejecutivo, reuniones de coordinación entre dichas funciones.

En cuanto al sistema aduanero y financiero, es clave, para su buen funcionamiento respetar el principio de la debida diligencia y conflicto de intereses. El Gerente del Banco del Pacifico anunció hace poco que está lista la venta de dicha institución financiera. La Superintendencia de Bancos es el organismo que supervisa y controla a los intermediarios financieros -bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito- y, la Superintendencia de Compañias, a la que se nombró a su Superintendente, controla las compañías de seguros y el mercado de valores -en la que actúan casas de valores y otros actores bancarios y no bancarios. Sin duda, el conflicto de intereses es un tema fundamental en el sistema financiero que incluye a intermediarios bancarios, aseguradoras y los actores en el mercado de valores.

Luis Rosero M.

La calidad de la gestión pública es un importante indicador para medir la eficacia y capacidad de un gobierno para obtener los objetivos trazados en su plan de gobierno, a través de políticas públicas, e influye directamente en la calidad de vida de la población y, en consecuencia, en el bienestar general.

La calidad de vida de la población tiene varias dimensiones, entre ellas, la económica (empleo, ingresos, acceso a la canasta familiar, etc.), social (satisfacción de las necesidades básicas -salud, educación, vivienda-, cultura, entretenimiento, la seguridad, respeto a los derechos humanos, y tranquilidad ciudadana) y la dimensión ambiental (sanidad, calidad del medio ambiente, etc.).

Desde inicios de 2020, el mundo y nuestro país sufrieron los efectos del covid en la salud, economía, en lo social, etc. dejando una secuela de aumento del desempleo, subempleo, pobreza, hambre, etc. Ahora en 2022 no vemos inmerso en la invasión rusa a Ucrania que trajo efectos económicos (menor crecimiento e inflación) y sociales; ahora, desde la mitad del año, estamos con la epidemia de la viruela del mono. Todos estos fenómenos han deteriorado la calidad de vida de la población ecuatoriana.

Como consecuencia de dicha invasión, en 2022, se proyecta un menor crecimiento económico del país con sus efectos de desempleo, subempleo y aumento del sector informal y, por otro lado, una mayor tasa de inflación, a nivel mundial, que ha deteriorado la calidad de vida de la población. El Banco Central sigue manteniendo una proyección de crecimiento económico de 2.8%, pero laa Cepal lo sitúa por debajo de esa cifra; a Junio la tasa de desempleo fue de 4% pero el subempleo alcanzó 23.6% y el sector informal ya llega a 5 millones de personas. Si bien a Julio bajó la tasa de inflación anual a 3.8%, la canasta familiar básica aumentó a $ 754 dólares lo que implica encarecimiento del costo de vida y, en consecuencia, menor acceso a ella. El indicador que muestra como se deteriora el nivel de vida es el de pobreza que, a Diciembre de 2021, alcanzó 39.2% y la pobreza por ingreso, a Junio de 2022, llegó a 25%, o sea una cuarta parte de la población. La Cepal proyecta que, en 2022, ésta llegaría a 29.7%. Aún más, según el Programa Mundial de la ONU, 2.5 millones de ecuatorianos no comen o lo hacen solo una vez al día.

A más de eso, en lo que va del mes de Agosto, los problemas de seguridad ciudadana continúan. Las explosiones registradas en viviendas del Cristo del Consuelo y la Floresta, en Guayaquil, al parecer por ataques de traficantes, que se suman el aumento de los sicariatos generan -sobre todo en la zona 8: Guayaquil, Samborondón y Durán, más zozobra e incertidumbre en la seguridad ciudadana, a pesar de haber declarado estado de excepción en dicha zona. Es un reflejo de la ineficacia de la política de seguridad aplicada por el gobierno y que los expertos la califican como falta de voluntad política.

Por otro lado, si bien el gobierno ha iniciado una estrategia para abastecer de medicinas a los hospitales púbicos -como la externalización de la provisión de éstas en farmacias privadas-, La Hora  reportó que continúa la escasez de medicamentos. Lo más paradójico, es con el IESS que, a pesar de que los afiliados realizan sus aportes, tienen que comprar medicamentos debido a que sus hospitales están desabastecidos de éstos. El Comercio informó, además, que los jubilados del IESS acaban su pensión en tratamientos médicos. Más aún, el Ministerio de Finanza todavía acumula 1600 millones de dólares en atrasos. Ha firmado acuerdos de pago con los GADs por 132 millones, con el Ministerio de Salud se definió deuda de 100 millones y con el IESS se han transferido 140 millones con los cuales dicha institución ha cancelado deudas parciales con Solca e instituciones médicas. Todo lo anterior es un reflejo del deterioro de los servicios públicos Se reitera nuevamente que las prioridades en la política públicas no están precisamente en lo social, tal como lo prometió el nuevo ministro de Finanzas, a pesar de lo acordado con el movimiento indígena después del paro.

En síntesis, a más del deterioro de la calidad de vida de la población, por factores económicos, se suma lo social en lo referente a la seguridad ciudadana que, por la ineficacia de la estrategia de ésta, la sociedad está sumida en un estado de temor por los hechos de violencia -por narcotráfico o delincuencia común- e intranquilidad ciudadana que se siente indefensa y en estado de zozobra que ya está afectando su movilidad y salud mental.

Luis Rosero M.

La historia económica y social, en los últimos 55 años, de Argentina ha sido de recurrentes crisis que reflejan una lucha distributiva y una pobre clase política incapaz de generar estabilidad política y económica así como un modelo productivo, revelando sus profundos problemas estructurales, que conduzca al crecimiento económico sostenido y contribuya al bienestar de la población para reducir la pobreza y deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías.

En mi libro El fracaso de la convertibilidad y lecciones para la dolarización (U. de Guayaquil, segunda edición 2004) analizó como los gobiernos militares (1966-1981) aplicaron modelos neoliberales que fracasaron dejando graves desequilibrios macroeconómicos y mas pobreza; en el gobierno radical de Alfonsín (1983 – 07/1989) se desata la hiperinflación y la contracción económica mientras que el peronismo con Menen (07/1989 – 07/1999 ), con Cavallo, aplica la convertibilidad y logra controlar la hiperinflación y reactivar la economía pero el efecto tequila (1994) desequilibra la economía terminando su segundo período con una estanflación. Nuevamente el Radicalismo gana el poder (7/1999 -2001) que fracasa en lo económico y aplica el corralito en Diciembre de 2001 teniendo que renunciar por las protestas y cacerolazos. Hay un caos económico, en la que en una semana se nombran varios presidentes, para finalmente en Enero de 2002 se elige a Duhalde como Presidente que aplica varias medidas y elimina la convertibilidad. Retoma al poder el peronismo con el kirchnerismo (05/2003 -12/2015), la derecha alcanza el poder con Macri (2015/2019) que obtiene un crédito de 55000 millones de dólares y hubo un aumento de la pobreza al 33%. Finalmente, vuelve el peronismo, con A. Fernández (12/2019 – hasta la fecha).

A. Fernández llega al poder por C. Fernández (Vicepresidente), siendo un gobierno débil y toma decisiones tardíamente en lo económico y social. La disputa entre él y la Vicepresidente) debilita aún mas a su gobierno. Nombró a M. Guzmán como Ministro de Economía (12/2019 – 07/2022) que logró renegociar el acuerdo con el FMI firmado por Macri y aplicó varias medidas como un tipo de cambio múltiple, aumento de la RMI, incremento de tasas de interés para controlar la inflación, etc. Sin embargo, la economía, afectada por la pandemia del Covid de 2020-21, ya dese inicios de 2022 comenzó un periodo de depreciación cambiaria, presiones inflacionarias, salida de capitales, aumento de la pobreza, etc. Si bien se nombra a una Ministra de Economía pero renuncia y es reemplazada, en Agosto de 2022, por Sergio Mazza, un abogado dirigente de un partido minoritario de la coalición de gobierno, reestructurando el Ministerio de Economía, absorbiendo a varios ministerios entre ellos el de Energía y Agricultura, convirtiéndose en un Superministro.

El panorama económico, ya inicio del segundo semestre de 2022, muestra la gravedad de la crisis reflejado en una inflación anual, a Julio, de 71%, un dólar paralelo (blue) que alcanzó, el viernes 22 de Julio, 330 pesos, siendo el tipo de cambio oficial mayorista de 134 pesos (12/08/2022) mientras que el riesgo país llegó a 2935 puntos, la RMI solo estaban en 37000 millones de dólares, etc. A eso se suma, la deuda bruta tiene un nivel del 80.1% del PIB de la cual, la deuda externa pública representa el 31.5%,  y el desempleo 7% (IT 2022), el déficit fiscal primario fue, a Mayo de 2022, 162.411 millones de pesos,  hay dolarización en ciertos sectores de la economía, etc. En lo social, la crisis se refleja en la pobreza de 37.3% -16.8 millones bajo la línea de pobreza- (II semestre/2021) e indigencia 8.2%.

La depreciación constante del peso lleva al aumento de las expectativas de inflación y éstas a su vez conducen al aumento de precios de los productos de la canasta básica. Como consecuencia, crece el costo de ésta, a Junio de 2022, aumentó 4.6% o sea a 104.217 pesos (a tipo de cambio minorista 130.4) representa 799 dólares. Para poder ayudar a los mas pobres el gobierno otorga subsidios como a la energía (gas y electricidad), por cada hijo, etc.

En consecuencia, los principales problemas económicos que enfrentará el nuevo Ministro de Economía, son la depreciación, la inflación, el déficit fiscal y el pago de la deuda externa. Por lo que enfrentará los riesgos de un corrida cambiaria y financiera, la hiperinflación que deteriora el nivel de vida de la población, el pago de la deuda externa y reducir el desequilibrio fiscal. Por ello, buscaría asegurar el cumplimiento del convenio reformulado con el FMI que apunta a los dos últimos objetivos. Por lo tanto, sus primeras medidas, apuntan a reducir el déficit fiscal, entre ellas racionalización de subsidios -como lo exige el convenio con el FMI-, y aumentar las RMI para asegurar recursos para el pago de la deuda pública así como mantener la inclusión social para aplacar el descontento social que se expresan, ya desde el primer trimestre de 2022, en protestas de los movimientos sociales por el aumento de la inflación y el deterioro del nivel de vida.