Luis Rosero M.

Los recientes hechos de violencia muestran el aumento de la inseguridad ciudadana, con una situación social en declive y continuo deterioro del mercado de trabajo reflejado en un subempleo alto y crecimiento del sector informal. Es un escenario permanente de más temor de la población por la inseguridad a lo que se unen los problemas de subsistencia de una parte importante de la población y deterioro del mercado de trabajo por la no generación de empleo suficiente que absorba la creciente oferta de trabajo.

Hubo un segundo ataque armado en hospitales en una institución de salud privada de Guayaquil y el asesinato de un dirigente de una ciudadela con lo cual aumentó a 60 los muertos, en esta ciudad, por violencia criminal en tan solo 14 días de lo que va del año. La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador en un comunicado señaló que “lamenta la situación de inseguridad que vive el país y rechaza en forma contundente las acciones de violencia que se han venido presentando en las instituciones de salud desde tiempo atrás y han alcanzado niveles alarmantes.” En los hospitales públicos ya se han dado varios casos de asesinatos de pacientes, por parte de elementos armados. A eso se agregan los cometidos a familias enteras en Guayaquil y partes de cuerpos humanos que los delincuentes arrojan a las calles. Sigue creciendo el estado de inseguridad y la población continúa con zozobra, temor e incertidumbre que afecta su movilidad, la actividad comercial y turística. Esto es un reflejo de lo que sucede en el país y, sobre todo, en las provincias de la costa. El Gobierno, de acuerdo a los datos estadísticos, no puede controlar la situación o no tiene una estrategia de seguridad o ésta es ineficaz.

El deterioro del mercado de trabajo continúa por la desaceleración de la economía. En el último trimestre del año, por las festividades, aumenta temporalmente el nivel de actividad económica lo que incide en la evolución del mercado de trabajo. Si bien aumentó la tasa de empleo adecuado, disminuyó el desempleo y subempleo, en noviembre de 2022, sin embargo, este último es alto y se ubicó 22.9% y el sector informal sigue creciendo y alcanza a 5 millones de personas. Por otro lado, la tasa de inflación anual, a diciembre, llegó a 3.7%, mientras que, en 2021, sólo representaba 1.9%. O sea, el año pasado, casi se duplica la inflación anual. Esto además de encarecer el costo de la canasta básica implica que muchas familias no pueden acceder al consumo total de la canasta básico. Si analizamos los indicadores de pobreza por ingreso, tenemos que, a Junio de 2022, la pobreza nacional fue 25% y la pobreza extrema 10.7%, o sea más de un tercio de la población tiene dificultades para acceder a la canasta básica. Si le agregamos los indicadores del hambre la situación es aún más crítica.

En consecuencia, el deterioro del mercado de trabajo y de la situación social, reflejada por los índices de pobreza, lleva a los que se encuentran en esta situación crítica a buscar formas de enfrentar la subsistencia por la vida a lo que se suma los factores de inseguridad. Hasta setiembre de 2022, fueron detenidos 22780 migrantes ecuatorianos en la frontera entre México y EE.UU. mientras que en octubre  llegó a 7097 y noviembre 11949, o sea que, hasta en este último sumaban, en total, 41826, lo  que podría llevar, en 2022, a alcanzar más de 50000 compatriotas detenidos, sin contar con la migración legal e ilegal a otras regiones del mundo. La situación es desesperante, a tal punto, que la Oficina de Migraciones de Panamá informó que los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que más atraviesa por el Darién (frontera entre Colombia y Panamá) de forma irregular y calcula que, al menos, 29356 cruzaron esta selva durante 2022. Lo paradójico es que, en el III trimestre de 2022, aumentó el nivel de remesas de los migrantes ecuatorianos, que explicaría cómo, pese a la situación de pobreza y hambre, ese tercio de la población afectado por el deterioro social pueda seguir subsistiendo.

En síntesis, el deterioro del mercado de trabajo, de la situación social y la inseguridad ciudadana, además de provocar temor y pobreza entre los residentes en el país, están empujando a que miles de ecuatorianos migren irregularmente hacia EE.UU. como forma de encontrar una fuente de ingresos que posibiliten la subsistencia de ellos y de sus familias. Esta anunciado por los organismos internacionales que, en 2023, habría una desaceleración de la economía mundial y un tercio de ésta entraría en recesión, lo que llevaría en el país a un menor crecimiento y, en consecuencia, más desempleo y subempleo, empeoramiento de la situación social y mayor migración.

Luis Rosero M.

Con acciones, sin precedentes, parecida a la toma del Capitolio, Lula está enfrentando el intento de golpe de estado que muestra el arraigamiento del autoritarismo institucional y de lo que es capaz la corriente ultraderechista para mantenerse en el poder. Sus seguidores tomaron los edificios de las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial símbolos de la democracia. Es el reflejo de la antidemocracia, actitud dictatorial e imposición de la fuerza para controlar la sociedad. El triunfo de Lula, por escaso margen, revela la polaridad de la sociedad brasileña, como la ideología extrema puede afectar a un país y el resurgimiento de las vertientes autoritarias, en el poder, que marcaron un camino peligroso contra la democracia. Con el nuevo Presidente, renace la esperanza de la reducción de la desigualdad y un camino para mayor bienestar social. A nivel de la región, retomaría el liderazgo en América Latina y es un aliento para la integración latinoamericana.

Bolsonaro, de extrema derecha y seguidor de Trump, siguió una política social y económica que afectó a la sociedad brasileña. Como negacionista del covid llegó al extremo de esconder las vacunas y tardar en su aplicación causando miles de muertes que se pudieron evitar; marcó un record histórico en la deforestación de la amazonia y negaba el cambio climático; aumentó la pobreza y el hambre y, solo, al fin de su mandato, utilizó la política social para tratar de reelegirse pero ya la desigualdad había aumentado a niveles sin precedentes; con su estilo autoritario utilizó el poder para imponer muchas decisiones por la fuerza; además de misógeno es racista, homofóbico, etc.. Mostró ser antidemocrático al tratar de impedir la investidura de Lula y volvió a realizarlo ayer, cuando sus seguidores, insistieron en que Lula deje el poder. Lo anterior, solo en sus 4 años de mandato, causó un grave daño al país.

Esta situación, el aumento de la desigualdad y pobreza, la alianza del Partido de los Trabajadores con partidos de varias tendencias, incluida la derecha, pesaron mucho más, en la elección presidencial, que las acusaciones de corrupción contra él y su gobierno. Sin embargo, Bolsonaro, apoyado en la extrema derecha y los evangélicos, lograron imponer valores y una cultura conservadora que casi le permiten la reelección. Después de los 2 gobiernos de Lula y Dilma, ha habido un gran cambio económico en el país con la desindustrialización, reprimarización de la economía y más concentración del ingreso y de la riqueza.

Lula deberá enfrentar, en lo político, la polarización del país con una extrema derecha que mantiene, además del poder económico, el control del Congreso, la mayoría de gobernadores del país bolsonaristas y  la corriente autoritaria institucional. En lo social, su principal reto es frenar el aumento de la pobreza y el hambre de 30 millones de brasileños; en lo económico, tendrá que gestionar la reactivación económica así como el déficit fiscal y, en lo ambiental, detener la deforestación de la amazonia.

En lo social, en 2021, la pobreza representó el 29.4% de la población (62.5 millones), un aumento de 22.7% en solo un año, mientras que la extrema pobreza alcanzó 8.4%, en tanto que, en las regiones mas pobres, noreste saltó a 48.7% y en la Amazonia 44.9%, que son justamente las que fueron decisivas para el triunfo de Lula. En sus dos primeros gobiernos pudo sacar de la pobreza a 30 millones y ahora debe hacerlo nuevamente pero se topa con las restricciones presupuestarias, sobre todo, para el programa Bolsa Familia y el gasto social. Sin embargo, a fines de diciembre de 2022, el Congreso aprobó la propuesta del incremento del gasto social propuesto por el presidente electo, lo que le posibilita ampliar el subsidio a los más pobres.

En lo económico, el escenario es complejo ya que China, EE.UU. y la UE desaceleraran sus economías en 2023 y el FMI anunció que, además, una tercera parte de la economía mundial entrará en recesión. Si China desacelera su economía importará menos productos agropecuarios de Brasil, lo que tendrá un efecto sobre su crecimiento y, con lo cual, se complica el cumplimiento de sus promesas de campaña.

En lo ambiental, su reto será parar la deforestación de la amazonia. Así, en el gobierno de Bolsonaro, ésta se incrementó en un 60% al permitir la explotación de recursos naturales y pone en peligro al pulmón del mundo. La Ministra de Ambiente, Marina Silva, que ocupó esa cartera, en los gobiernos anteriores de Lula, declaró que la gestión de Bolsonaro “fue escenario de actos contra la propia democracia, la ciencia, la salud, el medio ambiente y a propia vida ” y que establecerá un plan de acción para prevenir y controlar la deforestación de la amazonia, señaló además que los pueblos indígenas y defensores del medio ambiente sufrieron por la violencia y del desmantelamiento de los organismos de protección ambiental.

En síntesis, Lula enfrentará el reto de cumplir con sus promesas electorales. La ventaja que es un político pragmático que deberá negociar con las fuerzas políticas para lograrlo. Lo cierto es que puede poner freno a la irracionalidad del bolsonarismo que, a más del daño ambiental, aumento de la pobreza, etc., generó un estilo autoritario para imponer, apoyado en la extrema derecha y utilización de la iglesia evangélica, sus decisiones que es realmente un peligro para la sociedad y la democracia de su país. Concluimos este artículo, en la noche de ayer, esperando que las fuerzas democráticas se impongan y se establezca un acuerdo de unidad nacional para impedir el avance del autoritarismo y que la élite entienda que son los problemas estructurales que hay que atacar reduciendo la desigualdad, pobreza y hambre, generando desarrollo económico para generar empleo, crecer y competir en la globalización a fin de mantener la paz social y mejorar el bienestar de la población.

Luis Rosero M.

El balance económico preliminar de la CEPAL de A. Latina estima, para el Ecuador, una tasa de crecimiento de 2022 menor a la proyectada por el Banco Central y una más baja para 2023 confirmando la tendencia a la desaceleración económica; por otro lado, el gobierno no llega a completar su proyecto económico ya que éste se basa en un proceso de apertura económica que no se concreta aún.

La CEPAL plantea una serie de tendencias económicas en 2022 como una desaceleración económica a partir del III Trimestre en todos los países de la región con una reducción de todos los componentes de la demanda agregada, también se registraría una reducción de la inflación. Los necesidades serían expandir el espacio fiscal para dar sostenibilidad a mayores demandas de social e inversión pública y evitar ajustes fiscales prematuras. Además, considera que tendría algunos desafíos como dinamizar el crecimiento, generar empleo de calidad, reducir la pobreza y la desigualdad y elevar la inversión. Estima que, en A. Latina, el crecimiento en 2022 sería de 3.6% y en 2023 sólo de 1.2%. Para el Ecuador proyecta, para este año, solo de 2.7%. En tanto que, el FMI, estima una desaceleración simultánea en EE.UU., la UE y China, con una recesión de una tercera parte de la economía mundial en 2023.

El Banco Central había estimado, para 2022, un crecimiento de 3.1%. Según las Cuentas Nacionales Trimestrales, de este año, en el I Trimestre el país creció 3.8% y, en el segundo, sólo 1.7% que, el gobierno, lo atribuye a los efectos del paro indígena de Junio. Entre los dos períodos, se registra un menor dinamismo en el consumo de los hogares, consumo final del gobierno y de la FBKF. Según el Índice de Actividad Económica Coyuntural, en enero, el índice fue 12.7  y septiembre de sólo 4.8, mostrando una tendencia a la desaceleración económica. Las estimaciones de la CEPAL señalan que, en el III Trimestre de 2022, se habría registrado un menor aumento en todos los componentes de la demanda agregada, lo que implicaría un menor crecimiento económico para este año. Lo más crítico es que en 2023, la Cepal proyecta sólo un crecimiento de 2% lo que confirmaría la tendencia a la desaceleración de la economía ecuatoriana.

El gobierno está tratando de iniciar un proceso de apertura económica más agresivo a fin de atraer inversión extranjera que, a su criterio, permitiría dinamizar la economía. A mediados de Diciembre, de este año, se debía haber realizado, en Lima, una reunión de la Alianza del Pacifico. Sin embargo, por la destitución del presidente peruano no fue posible. AMLO, el presidente mexicano afirmó que, en la negociación del acuerdo comercial Ecuador-México habría una aceptación en cuanto a pesca pero no así en banano y camarón. Este era el boleto de entrada para que Ecuador ingrese a dicha Alianza. Las cámaras empresariales, de estos dos productos, consideran que no se firmaría este acuerdo y sugieren que se debe cerrar acuerdos con China y Corea del Sur. El gobierno anunció el cierre de un acuerdo comercial con Costa Rica. Sin embargo, se esperaba que se firme además con China en 2022. Al parecer, en 2023 se concretaría algunos de estos acuerdos. El interés del gobierno es atraer inversión extranjera, principalmente a través de maquila, incentivándola con exenciones tributarias y arancelarias. Hasta tanto, dicha inversión es exigua y el gobierno no puede cumplir con su oferta de generación de empleo, cuando ya lleva más de año y medio en el poder y con una crítica situación política y de inseguridad ciudadana.

En síntesis, al parecer habría un menor crecimiento en 2022 respecto a lo proyectado por el Banco Central y con la proyección de crecimiento de la CEPAL de 2% para 2023 se confirmaría la tendencia a la desaceleración económica (el Banco Central prevé 3.1%). En 2022, no se firmaría ningún acuerdo comercial. Esto limita al gobierno de cumplir con su oferta de generación de empleo. En cuanto, a las cuentas públicas, habría una reducción del déficit fiscal al 1.7% del PIB, según el gobierno, que es una tendencia positiva, pero con un ajuste que disminuyó fuertemente la inversión pública. A lo que se suma que el gobierno ha acudido a un fuerte endeudamiento externo, sobre todo con organismos multilaterales, lo que incide negativamente sobre el presupuesto del estado y  la balanza de pagos. Ésta, en el II trimestre de 2022, tuvo un saldo superavitario en cuenta corriente de 1366 y la cuenta de capital de 19 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, en el período Enero-Octubre de 2022, hay un aumento de 25% de las exportaciones totales, en cambio, las importaciones totales crecieron 31.5%, lo cual generó un déficit comercial de 541.8 millones de dólares, con lo que la balanza comercial petrolera como no la petrolera son deficitarias. La tendencia de la inflación anual casi se ha duplicado, llegando a Noviembre a 3.64, aunque es menor a la inflación de la mayoría de los países latinoamericanos. En cuanto al mercado laboral, a Noviembre, la tasa de empleo adecuado aumentó a 35.6% (lo que significa que sólo un poco más de un tercio de la PEA se encuentra en el sector formal) mientras que la tasa de desempleo disminuyó a 3.8% y la tasa de subempleo cayó a 22.9% (o sea un quinto de la PEA, en la que se encuentra el sector informal). Por otro lado, los bancos privados aumentaron en un 48% sus utilidades mientras que la población bajo la línea de pobreza, según el Banco Mundial, llegó a 33% en 2020. A junio de 2022, según INEC, la pobreza por ingresos, a nivel nacional, fue 25%, o sea un cuarto de la población del país. Estos últimos datos muestran el grado de desigualdad social. En cambio, el índice riesgo país, a diciembre 28, alcanzó 1246 puntos, reflejando la crítica situación económica.

Lo complejo de la coyuntura política del país, en el próximo año, es que el gobierno apuesta por una consulta popular que se puede convertir en una evaluación de la gestión del gobierno. Si no gana la consulta, la situación política se complejiza y el gobierno apuntaría, en el área económica, a la aprobación del proyecto de ley de inversiones para atraer sobre todo a la extranjera a fin de buscar cumplir con su oferta de creación de empleo y dinamizar la economía.

Luis Rosero M.

La destitución de Pedro Castillo, ex presidente de Perú, desencadenó una fuerte reacción social con violencia que tiene semiparalizado al país y puede desencadenar en una fuerte explosión social para lo cual se ha aplicado una fuerte represión. La inestabilidad política de dicho país no es nueva y está relacionada con su clase política corrupta y mediocre que busca sus propios intereses, no del país, así como por la compleja situación social.

En los últimos cuatro años, el país andino ha tenido cinco presidentes. En 2018, Kuczynshi renunció por corrupción, lo reemplazó Martín Vizcarra, en Marzo de 2018, que fue destituido por el Congreso por incapacidad moral, en noviembre 9 de 2020. Fue sustituido por Manuel Merino que estuvo en el poder hasta Noviembre 15 de dicho año, que renunció por las protestas sociales, siendo reemplazado por Francisco Sagasti, Presidente del Congreso, que estuvo hasta Julio 28 de 2021 y, en este último año, la elección presidencial la ganó Pedro Castillo.

Después de poco tiempo en el poder, Castillo renuncia a su partido que lo llevó al poder: Perú Libre, de extrema izquierda. En su mandato fue cuestionado por nombrar gabinetes con políticos que tenian intereses políticos propios, o corruptos, o con antecedentes judiciales. Fue sometido a 5 investigaciones por el Congreso, lideradas por la derecha, con el fin de destituirlo. Finalmente, logran sacarlo del poder por el intento de disolución del Congreso y tratar de establecer un gobierno de excepción. Fue reemplazado, por su vicepresidenta, Dina Boluarte, que anunció que estaría en el poder el fin del período presidencial en 2026.

Las protestas, se iniciaron casi de inmediato, sobre todo en el sur del país. Son lideradas por grupos de pobres, indígenas, agricultores, confederación de trabajadores y población en general. La violencia ha escalado con el cierre carreteras, toma de aeropuertos y no operación de terminales terrestres. La demanda principal de los manifestantes es la libertad de Castillo, adelanto de las elecciones y Asamblea Constituyente. La represión no se hizo esperar, a tal punto que se  registraron 26 muertos, 200 detenidos y cientos de heridos, hasta el 20 de diciembre, por la intervención del ejército y la policía sobre todo en el sur. Ante esta carnicería, renunciaron el ministro de educación y el de cultura. Después, la Presidente destituye al primer ministro a quien atribuye tanta represión.  Se buscaba acallar las protestas a sangre y fuego. Así, en Ayacucho hay 3 muertos, en Arequipa, se cerró el terminal terrestre y se bloquearon carreteras al igual que en Puno y en Cusco se cerró el aeropuerto, que son los sectores que votaron mayoritamente por Castillo. Además, se inició la persecución a los partidarios de Castillo. Las protestas han escalado tanto que la Presidenta anunció el traslado de las elecciones para 2024 y declaró el estado de emergencia en todo el país. Presionada por la expresión social, aseguró que adelantaría las elecciones para 2023 y declaró toque de queda, por 5 días, en 15 provincias de 8 departamentos, entre ellos los que mencionamos. El Congreso finalmente, presionada por las protestas, aprobó elecciones presidenciales para Abril de 2024. Las protestas populares demuestran el hartazgo de la población por la aplicación de un modelo neoliberal y la presencia de una clase política corrupta y con intereses propios. Mientras que la Justicia dictaminó prisión preventiva por 18 meses a Castillo acusándolo de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.

La clase política peruana, dominada por la derecha, busca mantener el poder o a través de un representante, para asegurar la continuidad del statu quo y alcanzar su propio interés particular  buscando réditos económicos en el ejercicio de funciones públicas. Además, es una clase corrupta como lo muestra que varios presidentes han sido destituidos por esta causa o se han visto obligados a renunciar por este motivo. Por otro lado, las negociaciones políticas en el Congreso son de toma y daca. Castillo había ofrecido aplicar un plan anticorrupción, una política social para reducir la inequidad y la pobreza, etc.

Además de la clase política que busca su propio interés y no del país, la crítica situación laboral y social explica las virulentas protestas. Según la información oficial, en el II trimestre de 2022, la tasa de empleo adecuado fue 33.8% de la PEA, mientras que la tasa de desempleo alcanzó 4%, pero el subempleo subió a 23%, sin embargo, el sector informal urbano alcanzó 70.6% y en lo rural llegó 95.3%. Estas cifras muestran claramente el deterioro del mercado de trabajo y uno de sus problemas estructurales. Así, solo 3 personas de 10 están empleadas en el sector formal y 7 en el informal en el que se refugian los subempleados y los que dependen del ingreso diario por un trabajo precario. En el Panorama Social de A. Latina 2022, la Cepal recoge una serie estadística que refleja la situación social del país.  el índice de Gini, indicador de la redistribución del ingreso, llegó en 2018 a 0,439 y en 2021 alcanzó 0,426, una leve reducción pero que indica el alto grado de desigualdad en la distribución del ingreso (menor desigualdad cuando el índice se acerca a cero).  En tanto, en 2021, la pobreza total alcanzó 25.9% y la pobreza extrema 4.1%. Mientras que gasto social del gobierno central, sólo representó el 12% del PIB. De este, solo 3.8% fue para educación, lo que explica que, en 2020, el quintil I, la más pobre, el 23% alcanzó a terminar la educación superior en tanto que en el quintil V, más rico, lo logró el 49%. El gasto en salud alcanzó 6.6% del PIB.

En síntesis, la clase política mediocre, corrupta y que persigue su interés político y personal, ha sido el factor clave para mantener el statu quo y es un factor de la inestabilidad política y social del país. Como consecuencia, ha sido mercantilizado el poder y provocado la falta de gobernabilidad y de continuidad en la política social y económica que ha afectado a los sectores sociales más desvalidos de la sociedad. Por otro lado, el poder económico y financiero ha conducido a una concentración del ingreso y la riqueza llevando a más a la desigualdad que se expresa en el aumento de la pobreza, miseria y hambre que va creciendo cada vez más. Las manifestaciones muestran que en la calle se expresa el clamor y el descontento popular por la situación política, económica y social, a tal punto que ya se oyen voces de que se vayan todos, tal como ocurrió en Argentina, cuando fue obligado a renunciar, a fines de 2001, dos años antes de terminar su mandato, por llevar al desastre económico y social al país. También hay que recordar la explosión social en Chile que se tradujo en la implementación de una serie de demandas de carácter político y social. El riesgo es que ocurra una explosión social de magnitud para tratar de acabar con tanto descalabro social y económico.

Luis Rosero M.

Argentina se coronó campeón mundial de futbol, lo que llevó a una fiesta en dicho país que hizo olvidar momentáneamente, el día de ayer, su crítica realidad de su economía con graves desequilibrios macroeconómicos, un deterioro social y una situación política que, además de los casos de corrupción, destaca el avance de la extrema derecha por el desencanto de la población debido al pobre accionar del peronismo y la derecha.

Los argentinos tienen 3 pasiones: el tango, el asado y el futbol. Con esto, se consuelan. La celebración, en el ícono obelisco de Buenos Aires, se extendió a todo el país. Sin duda una gran celebración para los argentinos y la mayoría de los latinoamericanos pero esa pasión futbolera es un bálsamo, un placebo y una cortina de humo que hizo olvidar, por un momento, la crítica realidad.

Los desequilibrios económicos principales son la hiperinflación, el déficit fiscal, la iliquidez en divisas, la pesada carga de la deuda pública, un sistema múltiple de tipos de cambio y un mercado de trabajo deteriorado. La inflación mensual, en noviembre de este año, llegó a 4.9% pero la inflación nacional alcanzó 92.4% y se espera que, a fin de año, alcance más del 100%. Esto implica además que el salario real ha perdido fuertemente su poder de compra, un alza en el costo de la canasta básica que margina a buena parte de la población del consumo completo de la misma. La inflación esta influida por la creciente depreciación que alienta las expectativas inflacionarias y, por otro lado, el constante retiquetado de los bienes de esta canasta por una estructura oligopólica en dicho mercado dominado por grandes supermercados y distribuidores transnacionales. A eso se suma, el aumento de las tarifas de servicios básicos. La capacidad adquisitiva de los mas desvalidos de la sociedad se reduce, aun mas, por la reducción de los subsidios a la energía eléctrica y otros bienes y servicios de la canasta. Aun más, a pesar de que el gobierno estableció el programa de Precios Cuidados para congelar el precio de bienes de esta canasta sigue aumentando la pobreza.

Esta política de ajuste de las tarifas y menores subsidios es para reducir el gasto público y déficit fiscal exigido por el FMI, debido al préstamo que le otorgó. Pero, además, dicho organismo, impone la meta de aumentar la RMI. Esto es para que pueda pagar la deuda al FMI y a los acreedores internacionales. Los problemas de iliquidez en divisas, lleva a mantener ese sistema irracional de tipos de cambio que permite, por ejemplo, que el dólar para la soya, además de ser ajustado por la inflación, lleve a liquidar mas dólares por la exportación de este grano obteniendo el gobierno liquidez en dicha moneda.

La política antinflacionaria del Banco Central de Argentina ha sido aumentar la tasa de interés que afecta al costo del dinero limitando las posibilidades de inversión. Así, a pesar de que en el III Trimestre de este año, la economía creció 5.9%, sin embargo, a Septiembre el nivel de actividad se contrajo -0.27%. Esto a su vez impacta en el mercado de trabajo. En el II Trimestre, la tasa de desempleo alcanzó 6.9%, la tasa de desocupación el I Trimestre llegó al 10% y millones se encuentran en el sector informal urbano.

La evolución de la actividad económica, la inflación y la política de tarifas y subsidio en 2022 explican el comportamiento de la distribución del ingreso y pobreza. Así, el índice de Gini, en el II Trimestre se redujo, respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 0.414 aunque sigue siendo alto. Mientras que el costo de la canasta básica tipo II, a noviembre de 2022, fue de 139.783 pesos. El ingreso medio total familiar, para el decil 7, fue 127.106. Según, la encuesta de Hogares, a Septiembre de 2022, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó 27%, en ellos reside el 36.5% de personas. De estos, un 6.8% de hogares está por debajo de la línea de indigencia. Los pobladores que están por debajo de la LP incluyen a 10.6 millones de personas que de una población de 46.2 millones representan el 22.9%. En esta  se encuentran las villas miserias (barrios pobres), piqueteros (de zonas marginales) y zonas rurales. Un país rico en recursos naturales está en crisis continúa por mantener problemas estructurales que no son atendidos por una clase política paupérrima y corrupta así como una élite con poca visión del país, que no enfrenta los mismos en lo económico, social y político, que mantiene al país en constantes desequilibrios macroeconómicos, acudiendo al FMI y acreedores internacionales para endeudarse generando un circulo vicioso de concentración del ingreso, riqueza, corrupción en un polo de la sociedad mientras que en el otro polo hay pobreza e indigencia de manera permanente. El futbol, el tango y el asado, son un bálsamo para soportar tal estado de cosas. El descontento popular puede llevar a gran convulsión social para enfrentar la grave crisis o derivar en una opción de extrema derecha por el descontento popular de la acción del peronismo y derecha.

Luis Rosero M.

Las distintas funciones del estado tienen escasa aprobación por parte de la ciudadanía, además hay una serie de conflictos entre ellas a los que se agrega la ineficacia en la gestión del gobierno, la situación de inseguridad ciudadana, corrupción, la propuesta de una consulta popular y referéndum para cambiar la constitución y signos de una desaceleración de la economía así como un deterioro de la situación social. La esperanza de mejores días para el país es lejana. 

El ultimo informe de Análisis de Opinión, de Noviembre 2022, sobre la calidad de la gestión de las funciones del estado, revela que el índice de desaprobación del Presidente fue de 82.2%. El presentador de noticias, Alfonso Espinoza de los Monteros, declaró que el gobierno es ineficiente en su gestión. En las otras funciones del estado, la situación es similar. Así, la Asamblea Nacional (AN) es calificada con 89.2% de desaprobación y también, para la Corte de Justicia, los índices de mala gestión son muy altos. A eso se agrega, los conflictos entre las funciones del estado.

La más reciente es la disputa entre la AN y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Inicialmente la primera destituyó a 4 vocales del CPCCS. La AN buscó posesionar a sus suplentes pero uno solo asistió a la sesión virtual. Los 4 vocales sustituidos obtuvieron, de un juez, una medida cautelar, para su restitución. Sin embargo, la AN señala que no posesionará a dicho cuarteto y, aún más, el 9 de Diciembre, aprobó una resolución que ratifica la destitución de los 4 vocales y rechaza la intromisión de la justicia en la AN. En la semana anterior, Patricio Vela, del programa A Primera Hora, de radio Sonorama, entrevistó a un constitucionalista que señaló que la AN desconoció una decisión de la justicia, violando la ley y, a su criterio, la AN debió haber reconocido la decisión y posteriormente presentar un recurso de nulidad de lo actuado por el juez. A juicio de este jurista, la AN se arrogó funciones. Este conflicto genera problemas en la posesión de las autoridades de control. En efecto, en la sesión del CPCCS decidió nombrar, el 3 de diciembre, al Superintendente de Bancos, escogiendo al primero de la terna que envío el Presidente de la República. Sin embargo, este no se puede posesionar pues, según la ley, lo debe realizar la AN. O sea que no hay un titular de la máxima autoridad de la supervisión del sistema bancario.

Por otro lado, Byron Guillen, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuestionó a Iván Saquicela, presidente de la CNJ, por no socializar las ternas enviadas para presidir la Judicatura al CPCCS. Antes, en Mayo 20, Saquicela fue suspendido de sus funciones por presunta negligencia. Pero, a fines de Junio de este año, la CNJ resolvió que no hubo tal infracción y fue restituido como Presidente de la CNJ. Aunque éste ha enviado las ternas, el CPCCS las ha rechazado. Esto impide que se nombre al titula de la Judicatura. Hay un conflicto entre el CPCCS y la CNJ que afecta el funcionamiento normal de la justicia. Saquicela ha rechazado la intromisión de otras funciones del estado en la CNJ.

En este marco que genera inestabilidad e ingobernabilidad, el presidente de la República aprovechó la coyuntura para la consulta popular y referéndum para cambiar la constitución. La primera se refiere a temas contra la inseguridad, reorganización de la Asamblea, la fiscalía, partidos políticos, el CPCCS y protección de los recursos hídricos en la que la mayoría de ciudadanos estaría de acuerdo. Sin embargo, ésta se puede convertir en una evaluación de la gestión del gobierno, en la que hay opiniones mayoritarias de su ineficacia y además tiene mala aprobación de la ciudadanía. Por otro lado, el presidente de la República entregó a la AN una propuesta de reforma constitucional, vía referéndum, para que las FF. AA. cooperen con la Policía en la lucha contra el crimen organizado. Al parecer, la consulta del gobierno buscaría lavar la imagen del gobierno si consigue el apoyo de la ciudadanía. La aprobación del referéndum, oculta, sin embargo, la ineficacia en gestión del gobierno contra la inseguridad al carecer de una estrategia y política de inteligencia para la seguridad.

En síntesis, la crisis institucional agrava los problemas de estabilidad e ingobernabilidad. La Corte Constitucional es la autoridad que debe resolver los conflictos de incumplimiento de la carta magna. El gobierno con la consulta popular buscar lavar su imagen y con el referéndum buscaría camuflar la ineficacia de su gestión contra la inseguridad ciudadana. El escenario se completa con un deterioro social reflejado en los indicadores de empleo, pobreza y hambre que siguen creciendo. Más aún, la inflación de noviembre fue negativa que, si bien resulta positiva por limitar la inflación pero subió el costo de la vida, podría ser un indicio de la caída de la demanda, que conduciría a una desaceleración de la economía lo cual complicaría el escenario y situación del país. El gobierno cumple un año y medio en el poder sin repuestas efectivas para alcanzar a generar empleo. Para ello, insiste en su propuesta de apertura económica para atraer inversión extranjera. El panorama económico no es tan esperanzador pues el riesgo país a Diciembre 8 de 2022 alcanzó 1338 puntos reflejando los problemas económicos, la situación política y social del país que ahuyenta la inversión extranjera.

Luis Rosero M.

El gobierno de Lasso tomó decisiones sobre el salario mínimo, eliminación del subsidio al diésel a grandes camaroneros, envío de proyecto de ley de economía digital y espera ingresar a la Alianza del Pacifico que le abre al país acceso al mercado, lo que abriría vía para la apertura comercial, con 4 países latinoamericanos, clave en su proyecto económico. Este escenario se completa con la ineficacia en la gestión del gobierno, inseguridad ciudadana, corrupción, problemática en el mercado de trabajo, desnutrición infantil, pobreza y hambre.

El gobierno decidió incremental el salario básico unificado (SBU) a 450 dólares, o sea un incremento de 5.88% que, frente a la inflación a Octubre de 4%, de este año, compensa parcialmente el deterioro del salario real. Este aumento beneficia a los trabajadores y empleados del sector formal, que se refleja en la tasa de empleo adecuado que sólo representó, en dicho mes, el 33.7% en dicho sector. Lasso cumple así con su promesa de campaña de incrementar 25 dólares cada año hasta llegar a un SBU de 500 dólares. La tasa de desempleo, en dicho mes, alcanzó 4.1%, una ligera reducción respecto al mes anterior. Sin embargo, la problemática del mercado de trabajo se centra en el subempleo que llegó 19.9%, la tasa de otro empleo no pleno registra 30.4% y el sector informal urbano. Las Cámaras empresariales se quejan por el aumento de los costos que significa para las empresas y arguyen que no resuelve la problemática del mercado de trabajo.

Otra decisión clave fue la eliminación del subsidio al diésel para las grandes camaroneras (mas de 30 has). Como habíamos comentado, en un artículo anterior, no cabe que este sector, que llevo al país a alcanzar como primer productor mundial y exportador del crustáceo, siga recibiendo subsidio a los combustibles y más aún tiene la alternativa, ofrecida por el gobierno, de tender redes  para poder sustituir el combustible con uso energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas de las camaroneras. Según la Cámara Nacional de Acuacultura esta decisión afecta al 82% del total de hectáreas y representaría un incremento de 0.16 centavos por libra. Según el SRI, la decisión llevaría a un aumento de costos de menos del 2%. Alegan que era justo seguir recibiendo el subsidio ya que los camaroneros les costaba, la inseguridad de toda la línea del sector,  80 millones. Se estima que las exportaciones del producto alcanzarían, en este año, 7000 millones de dólares. Deja entrever que los camaroneros grandes tienen competitividad en el mercado internacional, en base a tecnología y sistemas de producción adecuados que pueden asumir dicho costo, sin considerar el impacto ambiental. Esta medida del gobierno la tomó presionado por la negociación de la focalización del subsidio de combustibles con el movimiento indígena que demandaba la eliminación de éste a las grandes empresas y que este ahorro (de 160 millones de dólares) se destine a gastos sociales.

Por otro lado, el 23 de Noviembre de este año, el gobierno envío a la Asamblea, con el carácter de económico urgente, el proyecto de ley de Transformación digital que busca la exoneración tributaria para importación bienes de capital para producciones audiovisuales, por 10 años del Impuesto a la Renta a la generación de energías renovables e industrialización del gas natural, el uso de documentos electrónicos en el mercado de valores y comercio electrónico, servicios notariales prestados de forma telemática y uso de firma electrónica y en el Código de Procesos y Consejo de la Judicatura uso de formatos electrónicos. En resumen, se trata de modernizar a estos sectores para que puedan prestar servicios y realizar transacciones usando medios electrónicos como existe en otros países. El proyecto enviado formaba parte de la ley de inversiones que fue rechazada por la Asamblea por tener varios temas.

Finalmente, el Presidente de México, AMLO, declaró que, el 14 de Diciembre, se celebrará en Perú, la Cumbre de los miembros de la Alianza del Pacifico y dio a entender que, en esa reunión, podría Ecuador firmar un acuerdo con México lo cual le abre la puerta al mercado de México, Chile, Colombia y Perú e inauguraría la apertura comercial con lo que el gobierno espera atraer inversión extranjera de estos y otros países con una nueva ley de Inversiones, que sería el próximo proyecto de ley a enviar a la Asamblea con el carácter de urgente. La duda es si, en dicho acuerdo, si incluye o no al camarón y banano que México se ha negado a incorporar.

En síntesis, si bien el país continúa con su clima de inseguridad ciudadana, el gobierno toma decisiones económicas para tratar de llevar adelante su proyecto económico. El incremento de salarios y la eliminación del subsidio al diésel a las grandes camaroneras si bien son por presiones de centrales sindicales y de los indígenas respectivamente, constituyen elementos importantes para lavar la imagen del régimen en cuanto a su incapacidad de gestión, como lo declaró, Alfonso Espinoza de los Monteros, que se complementaría con lograr el apoyo ciudadano en la consulta popular para reformar la constitución. Mientras que, el proyecto de transformación digital lo que haría es modernizar los servicios y transacciones, en los sectores señalados, con el uso de instrumentos electrónicos, para ponernos a tono con el avance, en este campo, en otros países. La firma del convenio comercial con México, busca iniciar la apertura económica con los 4 países de la Alianza del Pacifico y atraer inversiones sobre todo extranjeras, con su ley respectiva, que según el gobierno sería la clave para dinamizar el crecimiento económico y generar el empleo prometido en campaña. Ya llevamos año y medio de gobierno y hasta ahora no se concreta esta oferta de campaña. Sobre todo en el tema de empleo que se refleja en el alto subempleo y crecimiento del sector informal urbano, la pobreza y el hambre a lo que se agrega la ineficacia de la gestión gubernamental, corrupción y desnutrición infantil.

Luis Rosero M.

Continúa agravándose la reciente crisis económica y social argentina, que se reflejan en los desequilibrios económicos y sociales. Estas son recurrentes y revelan los problemas estructurales y la lucha por la redistribución del ingreso para aliviar el deterioro social.

Los principales desequilibrios macroeconómicos son la alta inflación, la iliquidez en divisas, por la elevada deuda externa y el sistema múltiple de tipos cambios mientras que el deterioro se expresa a través del aumento del pobreza e indigencia.

El sistema de 6 tipos de cambios es complejo y, el último que se autorizó, es el tipo soya para liquidar las exportaciones de esta gramínea, a fin de obtener las divisas de lo exportado, fue un tipo mas alto que las autoridades ofrecieron para obtener liquidez en divisas. Los exportadores de soya demoraban la liquidación para obtener más moneda nacional por dólar, cuando se creo este tipo se liquidaron 7600 millones de dólares, aumentando la RMI. El tipo inicial fue de $200 en septiembre. Tal es el poder de estos exportadores que se ha creado un tipo soya ajustado por la inflación hasta fin de año.  La tendencia es una continua depreciación del peso. Así, el tipo de cambio mayorista fue 139,01 y el minorista 145,8 el 1/09 mientras que, al siguiente día, el tipo blue (mercado negro) alcanzó 285 pesos por dólar. Al 25/11, el tipo mayorista fue 165,59, el minorista 172,45 y el blue 329, o sea 98.6% más el primero, que es el oficial. La evolución de los tipos de cambios refleja el grado de depreciación del peso y como alimenta las expectativas de inflación.

La inflación anual, a Octubre de este año, alcanzó 88%. Este nivel refleja cómo se deteriora aceleradamente el poder adquisitivo de la población. Para frenar la inflación, el gobierno aumentó la tasa de interés y busca frenar la depreciación. Para paliar el deterioro del salario real, creo el programa de Precios Justos que fue negociado con los empresarios fijando precio para algunos productos de la canasta básica. Sin embargo, los supermercados y las grandes empresas distribuidoras de los bienes de dicha canasta continuamente reetiquetan estos, lo que aumenta la inflación por el lado de los costos. Lo crítico es que la inflación anual llegue a cerca del 100%.

El gobierno esta buscando cumplir con las metas del acuerdo con el FMI. Entre las principales están la reducción del déficit fiscal y el aumento de las RMI. Para la primero, reduciendo los subsidios a la energía y aumento de tarifas de servicios básico, lo que eleva el costo de la canasta básica y, por otro lado, hay un retraso, respecto a la inflación, del aumento salarial lo que deteriora el poder de compra. Además está el impuesto a las ganancias y la reducción de la evasión tributaria en los granos. El aumento de las RMI, es para poder atender el pago del servicio de la deuda externa incluida la del FMI. Este aumento de las RMI, lo ha llevado a crear el tipo soya, con lo que aumentó las liquidaciones en divisas y reduce la iliquidez en divisas que, además. es necesaria para financiar las importaciones. Masa, el superministro de economía, llegó hasta celebrar un swap (acuerdo financiero que permite divisas a cambio de un activo) con China para aumentar la RMI

En el mercado de trabajo, en el II trimestre, la tasa de desocupación abierta alcanzó 9.6%, subempleo 12.4% y millones en el sector informal. La inflación reduce el consumo masivo y van cayendo las ventas en los supermercados. En el I trimestre, la población bajo la línea de pobreza llegó a 36.5% y el Banco Mundial ya la sitúa en 42%. Pero además sigue aumentando la pobreza extrema. La Cepal proyecta para América Latina, en 2022, una tasa de pobreza de 32.1% y pobreza extrema 13.1%.

En síntesis, mientras la crisis económica avanza el deterioro social es cada vez mayor con el riesgo de un descalabro económico y explosión social. Este país lleva más de medio siglo sufriendo estas crisis y la tendencia es que explote en una grave crisis, similar a la que se generó cuando se eliminó la convertibilidad.

Luis Rosero M.

La Proforma 2023 genera más dudas que certezas por sus supuestos macroeconómicos, gastos e ingresos poco informados y el ajuste. Refleja el tipo de política fiscal que el gobierno aplicará y los efectos económicos y sociales de la misma.

El monto total de la proforma es de 31502 millones de dólares, un incremento de 6.5% respecto a la de 2022, pero solo de 3.4% en relación al Presupuesto del Estado Codificado del año anterior. Un aspecto relevante es la reducción del déficit fiscal, pues de 3783, en 2022, se espera que llegue a 2629 millones, en 2023, que representa una reducción significativa de 30%. La pregunta clave es ¿por donde se ajusta dicha variable?

En cuanto a los supuestos macroeconómicos, la proforma 2023 establece un crecimiento de 3.1%, basado en la proyección del Banco Central, lo que resulta muy discutible considerando que todas las proyecciones de los organismos financieros que estiman una posible recesión mundial para el próximo año o al menos una desaceleración económica. El FMI lo proyecta en 2.7% mientras que la CEPAL solo prevé 2%.  La OCDE pronóstica, para 2023, una desaceleración para las principales economías. Esta estimación es clave pues, si no produce ese crecimiento para el país, los ingresos presupuestarios pueden ser menores a los previstos. En el caso de la inflación acumulada, se estima que sería 2.5%, sin embargo la inflación anual a Octubre, de este año, fue de 4%. Dados que continúan los problemas logísticos y de abastecimiento en el mercado mundial, en parte por la invasión de Rusia a Ucrania, la tendencia es que siga en aumento esta variable si consideramos que, además, hay ajuste por parte de las empresas por variación de costos y reetiquetado de precios. Por el lado del precio del petróleo se incrementa, en la proforma 2023, de 59.2 a 64.8 dólares el barril o sea un incremento de sólo 0.16% que no es compatible con la proyección de la economía mundial en 2023. La clave está en qué, si el precio real del crudo supera el precio presupuestado, la diferencia va a un fondo de ahorro que puede ser utilizado para rubros sociales y obligaciones.

Por el lado de los gastos, hay una serie de rubros que no son muy conocidos y poco difundidos en la Proforma recursos. Así tenemos que para pagos de laudos arbitrales se proyecta, entre ellos la de la petrolera Perenco, 2478 millones de dólares. Además, se incluye 1008 millones por venta de activos (o dicho claramente privatización), como parte de los ingresos no permanentes. Entre ellos se menciona el Terminal Marítimo Monteverde y la eléctrica Sopladora. A lo que posiblemente habría que agregar la venta de las distribuidoras de combustibles de Petroecuador y otros bienes públicos. Ya se descartó la venta del Banco del Pacifico por haberse declarado desierto el concurso.

Por la parte de los ingresos, se confirma la tendencia de ir dependiendo cada vez menos del petróleo, que han seguido los últimos gobiernos incluidos el actual. Para ello, han utilizado las reformas tributarias. Así, el aporte del petróleo a la proforma de 2023 alcanza solo 3372 millones mientras que los impuestos 15145 millones. Sin embargo, resulta muy preocupante qué, para financiar el déficit fiscal, se acuda cada vez más a deuda pública. Pues, el financiamiento público, en la proforma 2023, alcanza 7577 millones, 6.1% del PIB, del cual el 49.2% corresponde a deuda externa y 50.7% a la interna. Si bien para 2023, baja el financiamiento externo se compensa con mayor deuda interna. Ya a Agosto de 2022, la deuda pública representaba 55% del PIB, siendo 40.7% el peso de la externa respecto al PIB. Con la proforma 2023 se agrega más deuda externa en relación al PIB con lo cual el peso de ésta sigue creciendo. El total de la deuda pública se convierte un peso cada vez mayor al presupuesto, lo que exige cada año, ir asignando, cada vez más recursos para el pago de la amortización de la deuda, dejando menos recursos para otros rubros. Esta tendencia se acentuó en los gobiernos de Moreno y Lasso y, en buena parte, con recursos de organismos financieros que han condicionado la política económica aplicada.

En síntesis, la proforma 2023, reduce el déficit fiscal, lo cual para el equilibrio macroeconómico es saludable. Sin embargo, esconde que el ajuste viene de lado de la inversión pública, de solo 1871 millones, y no por el lado del gasto corriente. Aún más, resulta paradójica esta política, ya que no se registra nueva inversión privada y, por otro lado, Lasso continúa apostando a las maquilas para atraer inversión sobre todo extranjera, pero ya va año y medio de su gobierno y la inversión no crece ni llega. Por el lado del gasto, aumenta entre otros factores por el pago de laudos arbitrales. Por parte de los ingresos, habría una sobreestimación debido a un crecimiento estimado de 3.1% que, si no se cumple, reduciría los ingresos y aumentaría el déficit. Por el lado de los gastos, es preocupante el aumento de la deuda pública, sobre todo externa, siendo el financiamiento público 7576 millones representa el 24% y  el 14% la  deuda y la amortización de la proforma respectivamente, que cada año va dejando menos recursos para otros gastos y presiona para conseguir más financiamiento.

Luis Rosero M.

La Proforma del Estado 2023 refleja la política fiscal, tanto del lado de ingresos como de los gastos, y cuáles son las prioridades que el gobierno establece en su aplicación, la cual tiene efectos sobre la economía y la población en general.

En primer lugar, el documento establece para 2023 un déficit fiscal de 2629 millones de dólares, o sea 2.6% del PIB, que implica que tendrá que buscarse financiamiento tanto interno como externo para cubrir dicho déficit. La deuda pública si bien, temporalmente, contribuye a las necesidades de financiamiento, después, cuando se pagan las amortizaciones (capital e intereses), se vuelve una carga para el presupuesto. Así, a Agosto de 2022, el saldo de la deuda externa fue 46273.8 y la interna 14.295.1 millones de dólares respectivamente. Su total Representó el 55% del PIB, siendo 40.7% y 14.3% la externa e interna respectivamente. La amortización de la deuda pública total en la Proforma alcanza a 4424.8 millones de dólares.

De los ingresos hay una reducción notable de 17.3%. La mayor parte, de los ingresos permanentes, se genera por impuestos (84.2%). La proforma por grupos de ingresos, detallan un incremento de 6.8% en el monto. Los mayores generadores de estos son el IVA y I. Renta (en alrededor 30% c/u). Los dos se incrementan. El primero por la reforma tributaria que redujo las deducciones de gastos que aumentó la base imponible con lo que trabajadores y empleados terminan pagando más I. Renta. Y el segundo, porque es un impuesto indirecto que se cobra sin considerar el nivel de ingreso. Muestra una estructura impositiva regresiva y más I. Renta por estos dos últimos grupos de contribuyentes. Los créditos externos alcanzarían a 3732 millones de dólares, que también disminuyen (32.8%). Sin embargo, los créditos internos 3844 millones, tienen un incremento de 23.6%. El total del financiamiento requerido es de 7576 millones de dólares, o sea el 24% de los ingresos de la proforma que revelan el peso de la deuda por el lado de los ingresos pero que también muestran el efecto por el lado de gastos cuando se pague la amortización de la deuda.

Por el lado de los gastos, en millones: 9886 son en burocracia, los gastos financieros alcanzan 2405,(intereses), la amortización de la deuda 4424, que representa el 14% de los gastos totales, mostrando la fuerte presión que ejerce la deuda pública sobre el presupuesto del estado; las transferencias corrientes corresponden a bonos que se entregarían por 1306 y los institutos de seguridad social  5130 y solo el IESS recibiría 2354 (45.8%), pero a cambio, como hacen los gobiernos, tendrá que comprar bonos del estado, lo que aumenta la deuda del Estado con el IESS sigue siendo la caja chica del Estado.

Por el lado de la inversión pública, en infraestructura física, solo llega a 398 millones de dólares, que muestra que la austeridad fiscal, el ajuste viene dado en esta variable. En la Función Ejecutiva (ministerios y otras instituciones públicas), hay una reducción del gasto de 3896 millones de dólares. En Educación se asigna 5.583, que aumenta crece 12.1%, Salud 3601 (aumenta 13.3%), Bienestar Social 1686 (crece 1.9%) y a Defensa se le otorga 2666 millones de dólares. A pesar de estos incrementos, el monto asignado en los dos primeros sectores esta muy por debajo de lo estipulado en la Constitución de aumento del 0.5% anual del PIB. Es necesario subrayar que, dada la situación de inseguridad que vive el país, al gabinete de seguridad se le otorgado 3364 millones de dólares, un aumento de 3.3%. Mientras que en el plan de Inversiones Totales se asigna 1871 millones, una reducción de 7.3%.

En síntesis, la proforma 2023 refleja un déficit reducido en un 1% del PIB, baja inversión pública y presión de deuda pública. Hay una reducción del crédito externo pero es una estrategia para que el siguiente año se pueda incrementarlo para cubrir un aumento de amortizaciones por compromisos contraídos en gobiernos anteriores. Otra novedad es que al declararse desierta la venta del Banco del Pacifico, según el Ministro de Finanzas, restaría 200 millones de ingresos que puede ser compensada con venta de otros activos, como es el caso de la venta de las gasolineras de Petroecuador. La proforma ha sido calculada con un crecimiento de 3.1%, variable clave para proyectar los ingresos públicos, aunque la mayoría de las organismos internacionales señalan que habría una recesión mundial. El incremento del gasto en educación incluye aumento de sueldo de maestros, que el gobierno objeto por ser inconstitucional pero la Corte Constitucional no le dio la razón y el Ejecutivo se vio obligado a incluir el aumento en la proforma establecida por la ley de educación intercultural. Por otro lado, el gobierno después de los 90 días, de las mesas de dialogo con indígenas, aún no define la focalización del subsidio a combustibles. La CONAIE exige que se focalice, lo que afectaría a ciertos sectores productivos que usan combustible subsidiado, y al reducirse o eliminarse éste se lograría un ahorro que, según la organización indígena, se lo debe trasladar a salud y educación. Se ve claramente que el ajuste del gobierno es por el lado de la inversión pública, que es insignificante y sigue aumentando la presión de la deuda pública ya que, al crecer ésta, se incrementa el pago de la amortización: intereses y comisiones. Ambos factores, con la posible recesión generaran más efecto recesivo en la economía.