Luis Rosero M.

La destitución de Pedro Castillo, ex presidente de Perú, desencadenó una fuerte reacción social con violencia que tiene semiparalizado al país y puede desencadenar en una fuerte explosión social para lo cual se ha aplicado una fuerte represión. La inestabilidad política de dicho país no es nueva y está relacionada con su clase política corrupta y mediocre que busca sus propios intereses, no del país, así como por la compleja situación social.

En los últimos cuatro años, el país andino ha tenido cinco presidentes. En 2018, Kuczynshi renunció por corrupción, lo reemplazó Martín Vizcarra, en Marzo de 2018, que fue destituido por el Congreso por incapacidad moral, en noviembre 9 de 2020. Fue sustituido por Manuel Merino que estuvo en el poder hasta Noviembre 15 de dicho año, que renunció por las protestas sociales, siendo reemplazado por Francisco Sagasti, Presidente del Congreso, que estuvo hasta Julio 28 de 2021 y, en este último año, la elección presidencial la ganó Pedro Castillo.

Después de poco tiempo en el poder, Castillo renuncia a su partido que lo llevó al poder: Perú Libre, de extrema izquierda. En su mandato fue cuestionado por nombrar gabinetes con políticos que tenian intereses políticos propios, o corruptos, o con antecedentes judiciales. Fue sometido a 5 investigaciones por el Congreso, lideradas por la derecha, con el fin de destituirlo. Finalmente, logran sacarlo del poder por el intento de disolución del Congreso y tratar de establecer un gobierno de excepción. Fue reemplazado, por su vicepresidenta, Dina Boluarte, que anunció que estaría en el poder el fin del período presidencial en 2026.

Las protestas, se iniciaron casi de inmediato, sobre todo en el sur del país. Son lideradas por grupos de pobres, indígenas, agricultores, confederación de trabajadores y población en general. La violencia ha escalado con el cierre carreteras, toma de aeropuertos y no operación de terminales terrestres. La demanda principal de los manifestantes es la libertad de Castillo, adelanto de las elecciones y Asamblea Constituyente. La represión no se hizo esperar, a tal punto que se  registraron 26 muertos, 200 detenidos y cientos de heridos, hasta el 20 de diciembre, por la intervención del ejército y la policía sobre todo en el sur. Ante esta carnicería, renunciaron el ministro de educación y el de cultura. Después, la Presidente destituye al primer ministro a quien atribuye tanta represión.  Se buscaba acallar las protestas a sangre y fuego. Así, en Ayacucho hay 3 muertos, en Arequipa, se cerró el terminal terrestre y se bloquearon carreteras al igual que en Puno y en Cusco se cerró el aeropuerto, que son los sectores que votaron mayoritamente por Castillo. Además, se inició la persecución a los partidarios de Castillo. Las protestas han escalado tanto que la Presidenta anunció el traslado de las elecciones para 2024 y declaró el estado de emergencia en todo el país. Presionada por la expresión social, aseguró que adelantaría las elecciones para 2023 y declaró toque de queda, por 5 días, en 15 provincias de 8 departamentos, entre ellos los que mencionamos. El Congreso finalmente, presionada por las protestas, aprobó elecciones presidenciales para Abril de 2024. Las protestas populares demuestran el hartazgo de la población por la aplicación de un modelo neoliberal y la presencia de una clase política corrupta y con intereses propios. Mientras que la Justicia dictaminó prisión preventiva por 18 meses a Castillo acusándolo de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.

La clase política peruana, dominada por la derecha, busca mantener el poder o a través de un representante, para asegurar la continuidad del statu quo y alcanzar su propio interés particular  buscando réditos económicos en el ejercicio de funciones públicas. Además, es una clase corrupta como lo muestra que varios presidentes han sido destituidos por esta causa o se han visto obligados a renunciar por este motivo. Por otro lado, las negociaciones políticas en el Congreso son de toma y daca. Castillo había ofrecido aplicar un plan anticorrupción, una política social para reducir la inequidad y la pobreza, etc.

Además de la clase política que busca su propio interés y no del país, la crítica situación laboral y social explica las virulentas protestas. Según la información oficial, en el II trimestre de 2022, la tasa de empleo adecuado fue 33.8% de la PEA, mientras que la tasa de desempleo alcanzó 4%, pero el subempleo subió a 23%, sin embargo, el sector informal urbano alcanzó 70.6% y en lo rural llegó 95.3%. Estas cifras muestran claramente el deterioro del mercado de trabajo y uno de sus problemas estructurales. Así, solo 3 personas de 10 están empleadas en el sector formal y 7 en el informal en el que se refugian los subempleados y los que dependen del ingreso diario por un trabajo precario. En el Panorama Social de A. Latina 2022, la Cepal recoge una serie estadística que refleja la situación social del país.  el índice de Gini, indicador de la redistribución del ingreso, llegó en 2018 a 0,439 y en 2021 alcanzó 0,426, una leve reducción pero que indica el alto grado de desigualdad en la distribución del ingreso (menor desigualdad cuando el índice se acerca a cero).  En tanto, en 2021, la pobreza total alcanzó 25.9% y la pobreza extrema 4.1%. Mientras que gasto social del gobierno central, sólo representó el 12% del PIB. De este, solo 3.8% fue para educación, lo que explica que, en 2020, el quintil I, la más pobre, el 23% alcanzó a terminar la educación superior en tanto que en el quintil V, más rico, lo logró el 49%. El gasto en salud alcanzó 6.6% del PIB.

En síntesis, la clase política mediocre, corrupta y que persigue su interés político y personal, ha sido el factor clave para mantener el statu quo y es un factor de la inestabilidad política y social del país. Como consecuencia, ha sido mercantilizado el poder y provocado la falta de gobernabilidad y de continuidad en la política social y económica que ha afectado a los sectores sociales más desvalidos de la sociedad. Por otro lado, el poder económico y financiero ha conducido a una concentración del ingreso y la riqueza llevando a más a la desigualdad que se expresa en el aumento de la pobreza, miseria y hambre que va creciendo cada vez más. Las manifestaciones muestran que en la calle se expresa el clamor y el descontento popular por la situación política, económica y social, a tal punto que ya se oyen voces de que se vayan todos, tal como ocurrió en Argentina, cuando fue obligado a renunciar, a fines de 2001, dos años antes de terminar su mandato, por llevar al desastre económico y social al país. También hay que recordar la explosión social en Chile que se tradujo en la implementación de una serie de demandas de carácter político y social. El riesgo es que ocurra una explosión social de magnitud para tratar de acabar con tanto descalabro social y económico.

Luis Rosero M.

Argentina se coronó campeón mundial de futbol, lo que llevó a una fiesta en dicho país que hizo olvidar momentáneamente, el día de ayer, su crítica realidad de su economía con graves desequilibrios macroeconómicos, un deterioro social y una situación política que, además de los casos de corrupción, destaca el avance de la extrema derecha por el desencanto de la población debido al pobre accionar del peronismo y la derecha.

Los argentinos tienen 3 pasiones: el tango, el asado y el futbol. Con esto, se consuelan. La celebración, en el ícono obelisco de Buenos Aires, se extendió a todo el país. Sin duda una gran celebración para los argentinos y la mayoría de los latinoamericanos pero esa pasión futbolera es un bálsamo, un placebo y una cortina de humo que hizo olvidar, por un momento, la crítica realidad.

Los desequilibrios económicos principales son la hiperinflación, el déficit fiscal, la iliquidez en divisas, la pesada carga de la deuda pública, un sistema múltiple de tipos de cambio y un mercado de trabajo deteriorado. La inflación mensual, en noviembre de este año, llegó a 4.9% pero la inflación nacional alcanzó 92.4% y se espera que, a fin de año, alcance más del 100%. Esto implica además que el salario real ha perdido fuertemente su poder de compra, un alza en el costo de la canasta básica que margina a buena parte de la población del consumo completo de la misma. La inflación esta influida por la creciente depreciación que alienta las expectativas inflacionarias y, por otro lado, el constante retiquetado de los bienes de esta canasta por una estructura oligopólica en dicho mercado dominado por grandes supermercados y distribuidores transnacionales. A eso se suma, el aumento de las tarifas de servicios básicos. La capacidad adquisitiva de los mas desvalidos de la sociedad se reduce, aun mas, por la reducción de los subsidios a la energía eléctrica y otros bienes y servicios de la canasta. Aun más, a pesar de que el gobierno estableció el programa de Precios Cuidados para congelar el precio de bienes de esta canasta sigue aumentando la pobreza.

Esta política de ajuste de las tarifas y menores subsidios es para reducir el gasto público y déficit fiscal exigido por el FMI, debido al préstamo que le otorgó. Pero, además, dicho organismo, impone la meta de aumentar la RMI. Esto es para que pueda pagar la deuda al FMI y a los acreedores internacionales. Los problemas de iliquidez en divisas, lleva a mantener ese sistema irracional de tipos de cambio que permite, por ejemplo, que el dólar para la soya, además de ser ajustado por la inflación, lleve a liquidar mas dólares por la exportación de este grano obteniendo el gobierno liquidez en dicha moneda.

La política antinflacionaria del Banco Central de Argentina ha sido aumentar la tasa de interés que afecta al costo del dinero limitando las posibilidades de inversión. Así, a pesar de que en el III Trimestre de este año, la economía creció 5.9%, sin embargo, a Septiembre el nivel de actividad se contrajo -0.27%. Esto a su vez impacta en el mercado de trabajo. En el II Trimestre, la tasa de desempleo alcanzó 6.9%, la tasa de desocupación el I Trimestre llegó al 10% y millones se encuentran en el sector informal urbano.

La evolución de la actividad económica, la inflación y la política de tarifas y subsidio en 2022 explican el comportamiento de la distribución del ingreso y pobreza. Así, el índice de Gini, en el II Trimestre se redujo, respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 0.414 aunque sigue siendo alto. Mientras que el costo de la canasta básica tipo II, a noviembre de 2022, fue de 139.783 pesos. El ingreso medio total familiar, para el decil 7, fue 127.106. Según, la encuesta de Hogares, a Septiembre de 2022, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó 27%, en ellos reside el 36.5% de personas. De estos, un 6.8% de hogares está por debajo de la línea de indigencia. Los pobladores que están por debajo de la LP incluyen a 10.6 millones de personas que de una población de 46.2 millones representan el 22.9%. En esta  se encuentran las villas miserias (barrios pobres), piqueteros (de zonas marginales) y zonas rurales. Un país rico en recursos naturales está en crisis continúa por mantener problemas estructurales que no son atendidos por una clase política paupérrima y corrupta así como una élite con poca visión del país, que no enfrenta los mismos en lo económico, social y político, que mantiene al país en constantes desequilibrios macroeconómicos, acudiendo al FMI y acreedores internacionales para endeudarse generando un circulo vicioso de concentración del ingreso, riqueza, corrupción en un polo de la sociedad mientras que en el otro polo hay pobreza e indigencia de manera permanente. El futbol, el tango y el asado, son un bálsamo para soportar tal estado de cosas. El descontento popular puede llevar a gran convulsión social para enfrentar la grave crisis o derivar en una opción de extrema derecha por el descontento popular de la acción del peronismo y derecha.

Luis Rosero M.

Las distintas funciones del estado tienen escasa aprobación por parte de la ciudadanía, además hay una serie de conflictos entre ellas a los que se agrega la ineficacia en la gestión del gobierno, la situación de inseguridad ciudadana, corrupción, la propuesta de una consulta popular y referéndum para cambiar la constitución y signos de una desaceleración de la economía así como un deterioro de la situación social. La esperanza de mejores días para el país es lejana. 

El ultimo informe de Análisis de Opinión, de Noviembre 2022, sobre la calidad de la gestión de las funciones del estado, revela que el índice de desaprobación del Presidente fue de 82.2%. El presentador de noticias, Alfonso Espinoza de los Monteros, declaró que el gobierno es ineficiente en su gestión. En las otras funciones del estado, la situación es similar. Así, la Asamblea Nacional (AN) es calificada con 89.2% de desaprobación y también, para la Corte de Justicia, los índices de mala gestión son muy altos. A eso se agrega, los conflictos entre las funciones del estado.

La más reciente es la disputa entre la AN y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Inicialmente la primera destituyó a 4 vocales del CPCCS. La AN buscó posesionar a sus suplentes pero uno solo asistió a la sesión virtual. Los 4 vocales sustituidos obtuvieron, de un juez, una medida cautelar, para su restitución. Sin embargo, la AN señala que no posesionará a dicho cuarteto y, aún más, el 9 de Diciembre, aprobó una resolución que ratifica la destitución de los 4 vocales y rechaza la intromisión de la justicia en la AN. En la semana anterior, Patricio Vela, del programa A Primera Hora, de radio Sonorama, entrevistó a un constitucionalista que señaló que la AN desconoció una decisión de la justicia, violando la ley y, a su criterio, la AN debió haber reconocido la decisión y posteriormente presentar un recurso de nulidad de lo actuado por el juez. A juicio de este jurista, la AN se arrogó funciones. Este conflicto genera problemas en la posesión de las autoridades de control. En efecto, en la sesión del CPCCS decidió nombrar, el 3 de diciembre, al Superintendente de Bancos, escogiendo al primero de la terna que envío el Presidente de la República. Sin embargo, este no se puede posesionar pues, según la ley, lo debe realizar la AN. O sea que no hay un titular de la máxima autoridad de la supervisión del sistema bancario.

Por otro lado, Byron Guillen, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuestionó a Iván Saquicela, presidente de la CNJ, por no socializar las ternas enviadas para presidir la Judicatura al CPCCS. Antes, en Mayo 20, Saquicela fue suspendido de sus funciones por presunta negligencia. Pero, a fines de Junio de este año, la CNJ resolvió que no hubo tal infracción y fue restituido como Presidente de la CNJ. Aunque éste ha enviado las ternas, el CPCCS las ha rechazado. Esto impide que se nombre al titula de la Judicatura. Hay un conflicto entre el CPCCS y la CNJ que afecta el funcionamiento normal de la justicia. Saquicela ha rechazado la intromisión de otras funciones del estado en la CNJ.

En este marco que genera inestabilidad e ingobernabilidad, el presidente de la República aprovechó la coyuntura para la consulta popular y referéndum para cambiar la constitución. La primera se refiere a temas contra la inseguridad, reorganización de la Asamblea, la fiscalía, partidos políticos, el CPCCS y protección de los recursos hídricos en la que la mayoría de ciudadanos estaría de acuerdo. Sin embargo, ésta se puede convertir en una evaluación de la gestión del gobierno, en la que hay opiniones mayoritarias de su ineficacia y además tiene mala aprobación de la ciudadanía. Por otro lado, el presidente de la República entregó a la AN una propuesta de reforma constitucional, vía referéndum, para que las FF. AA. cooperen con la Policía en la lucha contra el crimen organizado. Al parecer, la consulta del gobierno buscaría lavar la imagen del gobierno si consigue el apoyo de la ciudadanía. La aprobación del referéndum, oculta, sin embargo, la ineficacia en gestión del gobierno contra la inseguridad al carecer de una estrategia y política de inteligencia para la seguridad.

En síntesis, la crisis institucional agrava los problemas de estabilidad e ingobernabilidad. La Corte Constitucional es la autoridad que debe resolver los conflictos de incumplimiento de la carta magna. El gobierno con la consulta popular buscar lavar su imagen y con el referéndum buscaría camuflar la ineficacia de su gestión contra la inseguridad ciudadana. El escenario se completa con un deterioro social reflejado en los indicadores de empleo, pobreza y hambre que siguen creciendo. Más aún, la inflación de noviembre fue negativa que, si bien resulta positiva por limitar la inflación pero subió el costo de la vida, podría ser un indicio de la caída de la demanda, que conduciría a una desaceleración de la economía lo cual complicaría el escenario y situación del país. El gobierno cumple un año y medio en el poder sin repuestas efectivas para alcanzar a generar empleo. Para ello, insiste en su propuesta de apertura económica para atraer inversión extranjera. El panorama económico no es tan esperanzador pues el riesgo país a Diciembre 8 de 2022 alcanzó 1338 puntos reflejando los problemas económicos, la situación política y social del país que ahuyenta la inversión extranjera.

Luis Rosero M.

El gobierno de Lasso tomó decisiones sobre el salario mínimo, eliminación del subsidio al diésel a grandes camaroneros, envío de proyecto de ley de economía digital y espera ingresar a la Alianza del Pacifico que le abre al país acceso al mercado, lo que abriría vía para la apertura comercial, con 4 países latinoamericanos, clave en su proyecto económico. Este escenario se completa con la ineficacia en la gestión del gobierno, inseguridad ciudadana, corrupción, problemática en el mercado de trabajo, desnutrición infantil, pobreza y hambre.

El gobierno decidió incremental el salario básico unificado (SBU) a 450 dólares, o sea un incremento de 5.88% que, frente a la inflación a Octubre de 4%, de este año, compensa parcialmente el deterioro del salario real. Este aumento beneficia a los trabajadores y empleados del sector formal, que se refleja en la tasa de empleo adecuado que sólo representó, en dicho mes, el 33.7% en dicho sector. Lasso cumple así con su promesa de campaña de incrementar 25 dólares cada año hasta llegar a un SBU de 500 dólares. La tasa de desempleo, en dicho mes, alcanzó 4.1%, una ligera reducción respecto al mes anterior. Sin embargo, la problemática del mercado de trabajo se centra en el subempleo que llegó 19.9%, la tasa de otro empleo no pleno registra 30.4% y el sector informal urbano. Las Cámaras empresariales se quejan por el aumento de los costos que significa para las empresas y arguyen que no resuelve la problemática del mercado de trabajo.

Otra decisión clave fue la eliminación del subsidio al diésel para las grandes camaroneras (mas de 30 has). Como habíamos comentado, en un artículo anterior, no cabe que este sector, que llevo al país a alcanzar como primer productor mundial y exportador del crustáceo, siga recibiendo subsidio a los combustibles y más aún tiene la alternativa, ofrecida por el gobierno, de tender redes  para poder sustituir el combustible con uso energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas de las camaroneras. Según la Cámara Nacional de Acuacultura esta decisión afecta al 82% del total de hectáreas y representaría un incremento de 0.16 centavos por libra. Según el SRI, la decisión llevaría a un aumento de costos de menos del 2%. Alegan que era justo seguir recibiendo el subsidio ya que los camaroneros les costaba, la inseguridad de toda la línea del sector,  80 millones. Se estima que las exportaciones del producto alcanzarían, en este año, 7000 millones de dólares. Deja entrever que los camaroneros grandes tienen competitividad en el mercado internacional, en base a tecnología y sistemas de producción adecuados que pueden asumir dicho costo, sin considerar el impacto ambiental. Esta medida del gobierno la tomó presionado por la negociación de la focalización del subsidio de combustibles con el movimiento indígena que demandaba la eliminación de éste a las grandes empresas y que este ahorro (de 160 millones de dólares) se destine a gastos sociales.

Por otro lado, el 23 de Noviembre de este año, el gobierno envío a la Asamblea, con el carácter de económico urgente, el proyecto de ley de Transformación digital que busca la exoneración tributaria para importación bienes de capital para producciones audiovisuales, por 10 años del Impuesto a la Renta a la generación de energías renovables e industrialización del gas natural, el uso de documentos electrónicos en el mercado de valores y comercio electrónico, servicios notariales prestados de forma telemática y uso de firma electrónica y en el Código de Procesos y Consejo de la Judicatura uso de formatos electrónicos. En resumen, se trata de modernizar a estos sectores para que puedan prestar servicios y realizar transacciones usando medios electrónicos como existe en otros países. El proyecto enviado formaba parte de la ley de inversiones que fue rechazada por la Asamblea por tener varios temas.

Finalmente, el Presidente de México, AMLO, declaró que, el 14 de Diciembre, se celebrará en Perú, la Cumbre de los miembros de la Alianza del Pacifico y dio a entender que, en esa reunión, podría Ecuador firmar un acuerdo con México lo cual le abre la puerta al mercado de México, Chile, Colombia y Perú e inauguraría la apertura comercial con lo que el gobierno espera atraer inversión extranjera de estos y otros países con una nueva ley de Inversiones, que sería el próximo proyecto de ley a enviar a la Asamblea con el carácter de urgente. La duda es si, en dicho acuerdo, si incluye o no al camarón y banano que México se ha negado a incorporar.

En síntesis, si bien el país continúa con su clima de inseguridad ciudadana, el gobierno toma decisiones económicas para tratar de llevar adelante su proyecto económico. El incremento de salarios y la eliminación del subsidio al diésel a las grandes camaroneras si bien son por presiones de centrales sindicales y de los indígenas respectivamente, constituyen elementos importantes para lavar la imagen del régimen en cuanto a su incapacidad de gestión, como lo declaró, Alfonso Espinoza de los Monteros, que se complementaría con lograr el apoyo ciudadano en la consulta popular para reformar la constitución. Mientras que, el proyecto de transformación digital lo que haría es modernizar los servicios y transacciones, en los sectores señalados, con el uso de instrumentos electrónicos, para ponernos a tono con el avance, en este campo, en otros países. La firma del convenio comercial con México, busca iniciar la apertura económica con los 4 países de la Alianza del Pacifico y atraer inversiones sobre todo extranjeras, con su ley respectiva, que según el gobierno sería la clave para dinamizar el crecimiento económico y generar el empleo prometido en campaña. Ya llevamos año y medio de gobierno y hasta ahora no se concreta esta oferta de campaña. Sobre todo en el tema de empleo que se refleja en el alto subempleo y crecimiento del sector informal urbano, la pobreza y el hambre a lo que se agrega la ineficacia de la gestión gubernamental, corrupción y desnutrición infantil.

Luis Rosero M.

Continúa agravándose la reciente crisis económica y social argentina, que se reflejan en los desequilibrios económicos y sociales. Estas son recurrentes y revelan los problemas estructurales y la lucha por la redistribución del ingreso para aliviar el deterioro social.

Los principales desequilibrios macroeconómicos son la alta inflación, la iliquidez en divisas, por la elevada deuda externa y el sistema múltiple de tipos cambios mientras que el deterioro se expresa a través del aumento del pobreza e indigencia.

El sistema de 6 tipos de cambios es complejo y, el último que se autorizó, es el tipo soya para liquidar las exportaciones de esta gramínea, a fin de obtener las divisas de lo exportado, fue un tipo mas alto que las autoridades ofrecieron para obtener liquidez en divisas. Los exportadores de soya demoraban la liquidación para obtener más moneda nacional por dólar, cuando se creo este tipo se liquidaron 7600 millones de dólares, aumentando la RMI. El tipo inicial fue de $200 en septiembre. Tal es el poder de estos exportadores que se ha creado un tipo soya ajustado por la inflación hasta fin de año.  La tendencia es una continua depreciación del peso. Así, el tipo de cambio mayorista fue 139,01 y el minorista 145,8 el 1/09 mientras que, al siguiente día, el tipo blue (mercado negro) alcanzó 285 pesos por dólar. Al 25/11, el tipo mayorista fue 165,59, el minorista 172,45 y el blue 329, o sea 98.6% más el primero, que es el oficial. La evolución de los tipos de cambios refleja el grado de depreciación del peso y como alimenta las expectativas de inflación.

La inflación anual, a Octubre de este año, alcanzó 88%. Este nivel refleja cómo se deteriora aceleradamente el poder adquisitivo de la población. Para frenar la inflación, el gobierno aumentó la tasa de interés y busca frenar la depreciación. Para paliar el deterioro del salario real, creo el programa de Precios Justos que fue negociado con los empresarios fijando precio para algunos productos de la canasta básica. Sin embargo, los supermercados y las grandes empresas distribuidoras de los bienes de dicha canasta continuamente reetiquetan estos, lo que aumenta la inflación por el lado de los costos. Lo crítico es que la inflación anual llegue a cerca del 100%.

El gobierno esta buscando cumplir con las metas del acuerdo con el FMI. Entre las principales están la reducción del déficit fiscal y el aumento de las RMI. Para la primero, reduciendo los subsidios a la energía y aumento de tarifas de servicios básico, lo que eleva el costo de la canasta básica y, por otro lado, hay un retraso, respecto a la inflación, del aumento salarial lo que deteriora el poder de compra. Además está el impuesto a las ganancias y la reducción de la evasión tributaria en los granos. El aumento de las RMI, es para poder atender el pago del servicio de la deuda externa incluida la del FMI. Este aumento de las RMI, lo ha llevado a crear el tipo soya, con lo que aumentó las liquidaciones en divisas y reduce la iliquidez en divisas que, además. es necesaria para financiar las importaciones. Masa, el superministro de economía, llegó hasta celebrar un swap (acuerdo financiero que permite divisas a cambio de un activo) con China para aumentar la RMI

En el mercado de trabajo, en el II trimestre, la tasa de desocupación abierta alcanzó 9.6%, subempleo 12.4% y millones en el sector informal. La inflación reduce el consumo masivo y van cayendo las ventas en los supermercados. En el I trimestre, la población bajo la línea de pobreza llegó a 36.5% y el Banco Mundial ya la sitúa en 42%. Pero además sigue aumentando la pobreza extrema. La Cepal proyecta para América Latina, en 2022, una tasa de pobreza de 32.1% y pobreza extrema 13.1%.

En síntesis, mientras la crisis económica avanza el deterioro social es cada vez mayor con el riesgo de un descalabro económico y explosión social. Este país lleva más de medio siglo sufriendo estas crisis y la tendencia es que explote en una grave crisis, similar a la que se generó cuando se eliminó la convertibilidad.

Luis Rosero M.

La Proforma 2023 genera más dudas que certezas por sus supuestos macroeconómicos, gastos e ingresos poco informados y el ajuste. Refleja el tipo de política fiscal que el gobierno aplicará y los efectos económicos y sociales de la misma.

El monto total de la proforma es de 31502 millones de dólares, un incremento de 6.5% respecto a la de 2022, pero solo de 3.4% en relación al Presupuesto del Estado Codificado del año anterior. Un aspecto relevante es la reducción del déficit fiscal, pues de 3783, en 2022, se espera que llegue a 2629 millones, en 2023, que representa una reducción significativa de 30%. La pregunta clave es ¿por donde se ajusta dicha variable?

En cuanto a los supuestos macroeconómicos, la proforma 2023 establece un crecimiento de 3.1%, basado en la proyección del Banco Central, lo que resulta muy discutible considerando que todas las proyecciones de los organismos financieros que estiman una posible recesión mundial para el próximo año o al menos una desaceleración económica. El FMI lo proyecta en 2.7% mientras que la CEPAL solo prevé 2%.  La OCDE pronóstica, para 2023, una desaceleración para las principales economías. Esta estimación es clave pues, si no produce ese crecimiento para el país, los ingresos presupuestarios pueden ser menores a los previstos. En el caso de la inflación acumulada, se estima que sería 2.5%, sin embargo la inflación anual a Octubre, de este año, fue de 4%. Dados que continúan los problemas logísticos y de abastecimiento en el mercado mundial, en parte por la invasión de Rusia a Ucrania, la tendencia es que siga en aumento esta variable si consideramos que, además, hay ajuste por parte de las empresas por variación de costos y reetiquetado de precios. Por el lado del precio del petróleo se incrementa, en la proforma 2023, de 59.2 a 64.8 dólares el barril o sea un incremento de sólo 0.16% que no es compatible con la proyección de la economía mundial en 2023. La clave está en qué, si el precio real del crudo supera el precio presupuestado, la diferencia va a un fondo de ahorro que puede ser utilizado para rubros sociales y obligaciones.

Por el lado de los gastos, hay una serie de rubros que no son muy conocidos y poco difundidos en la Proforma recursos. Así tenemos que para pagos de laudos arbitrales se proyecta, entre ellos la de la petrolera Perenco, 2478 millones de dólares. Además, se incluye 1008 millones por venta de activos (o dicho claramente privatización), como parte de los ingresos no permanentes. Entre ellos se menciona el Terminal Marítimo Monteverde y la eléctrica Sopladora. A lo que posiblemente habría que agregar la venta de las distribuidoras de combustibles de Petroecuador y otros bienes públicos. Ya se descartó la venta del Banco del Pacifico por haberse declarado desierto el concurso.

Por la parte de los ingresos, se confirma la tendencia de ir dependiendo cada vez menos del petróleo, que han seguido los últimos gobiernos incluidos el actual. Para ello, han utilizado las reformas tributarias. Así, el aporte del petróleo a la proforma de 2023 alcanza solo 3372 millones mientras que los impuestos 15145 millones. Sin embargo, resulta muy preocupante qué, para financiar el déficit fiscal, se acuda cada vez más a deuda pública. Pues, el financiamiento público, en la proforma 2023, alcanza 7577 millones, 6.1% del PIB, del cual el 49.2% corresponde a deuda externa y 50.7% a la interna. Si bien para 2023, baja el financiamiento externo se compensa con mayor deuda interna. Ya a Agosto de 2022, la deuda pública representaba 55% del PIB, siendo 40.7% el peso de la externa respecto al PIB. Con la proforma 2023 se agrega más deuda externa en relación al PIB con lo cual el peso de ésta sigue creciendo. El total de la deuda pública se convierte un peso cada vez mayor al presupuesto, lo que exige cada año, ir asignando, cada vez más recursos para el pago de la amortización de la deuda, dejando menos recursos para otros rubros. Esta tendencia se acentuó en los gobiernos de Moreno y Lasso y, en buena parte, con recursos de organismos financieros que han condicionado la política económica aplicada.

En síntesis, la proforma 2023, reduce el déficit fiscal, lo cual para el equilibrio macroeconómico es saludable. Sin embargo, esconde que el ajuste viene de lado de la inversión pública, de solo 1871 millones, y no por el lado del gasto corriente. Aún más, resulta paradójica esta política, ya que no se registra nueva inversión privada y, por otro lado, Lasso continúa apostando a las maquilas para atraer inversión sobre todo extranjera, pero ya va año y medio de su gobierno y la inversión no crece ni llega. Por el lado del gasto, aumenta entre otros factores por el pago de laudos arbitrales. Por parte de los ingresos, habría una sobreestimación debido a un crecimiento estimado de 3.1% que, si no se cumple, reduciría los ingresos y aumentaría el déficit. Por el lado de los gastos, es preocupante el aumento de la deuda pública, sobre todo externa, siendo el financiamiento público 7576 millones representa el 24% y  el 14% la  deuda y la amortización de la proforma respectivamente, que cada año va dejando menos recursos para otros gastos y presiona para conseguir más financiamiento.

Luis Rosero M.

La Proforma del Estado 2023 refleja la política fiscal, tanto del lado de ingresos como de los gastos, y cuáles son las prioridades que el gobierno establece en su aplicación, la cual tiene efectos sobre la economía y la población en general.

En primer lugar, el documento establece para 2023 un déficit fiscal de 2629 millones de dólares, o sea 2.6% del PIB, que implica que tendrá que buscarse financiamiento tanto interno como externo para cubrir dicho déficit. La deuda pública si bien, temporalmente, contribuye a las necesidades de financiamiento, después, cuando se pagan las amortizaciones (capital e intereses), se vuelve una carga para el presupuesto. Así, a Agosto de 2022, el saldo de la deuda externa fue 46273.8 y la interna 14.295.1 millones de dólares respectivamente. Su total Representó el 55% del PIB, siendo 40.7% y 14.3% la externa e interna respectivamente. La amortización de la deuda pública total en la Proforma alcanza a 4424.8 millones de dólares.

De los ingresos hay una reducción notable de 17.3%. La mayor parte, de los ingresos permanentes, se genera por impuestos (84.2%). La proforma por grupos de ingresos, detallan un incremento de 6.8% en el monto. Los mayores generadores de estos son el IVA y I. Renta (en alrededor 30% c/u). Los dos se incrementan. El primero por la reforma tributaria que redujo las deducciones de gastos que aumentó la base imponible con lo que trabajadores y empleados terminan pagando más I. Renta. Y el segundo, porque es un impuesto indirecto que se cobra sin considerar el nivel de ingreso. Muestra una estructura impositiva regresiva y más I. Renta por estos dos últimos grupos de contribuyentes. Los créditos externos alcanzarían a 3732 millones de dólares, que también disminuyen (32.8%). Sin embargo, los créditos internos 3844 millones, tienen un incremento de 23.6%. El total del financiamiento requerido es de 7576 millones de dólares, o sea el 24% de los ingresos de la proforma que revelan el peso de la deuda por el lado de los ingresos pero que también muestran el efecto por el lado de gastos cuando se pague la amortización de la deuda.

Por el lado de los gastos, en millones: 9886 son en burocracia, los gastos financieros alcanzan 2405,(intereses), la amortización de la deuda 4424, que representa el 14% de los gastos totales, mostrando la fuerte presión que ejerce la deuda pública sobre el presupuesto del estado; las transferencias corrientes corresponden a bonos que se entregarían por 1306 y los institutos de seguridad social  5130 y solo el IESS recibiría 2354 (45.8%), pero a cambio, como hacen los gobiernos, tendrá que comprar bonos del estado, lo que aumenta la deuda del Estado con el IESS sigue siendo la caja chica del Estado.

Por el lado de la inversión pública, en infraestructura física, solo llega a 398 millones de dólares, que muestra que la austeridad fiscal, el ajuste viene dado en esta variable. En la Función Ejecutiva (ministerios y otras instituciones públicas), hay una reducción del gasto de 3896 millones de dólares. En Educación se asigna 5.583, que aumenta crece 12.1%, Salud 3601 (aumenta 13.3%), Bienestar Social 1686 (crece 1.9%) y a Defensa se le otorga 2666 millones de dólares. A pesar de estos incrementos, el monto asignado en los dos primeros sectores esta muy por debajo de lo estipulado en la Constitución de aumento del 0.5% anual del PIB. Es necesario subrayar que, dada la situación de inseguridad que vive el país, al gabinete de seguridad se le otorgado 3364 millones de dólares, un aumento de 3.3%. Mientras que en el plan de Inversiones Totales se asigna 1871 millones, una reducción de 7.3%.

En síntesis, la proforma 2023 refleja un déficit reducido en un 1% del PIB, baja inversión pública y presión de deuda pública. Hay una reducción del crédito externo pero es una estrategia para que el siguiente año se pueda incrementarlo para cubrir un aumento de amortizaciones por compromisos contraídos en gobiernos anteriores. Otra novedad es que al declararse desierta la venta del Banco del Pacifico, según el Ministro de Finanzas, restaría 200 millones de ingresos que puede ser compensada con venta de otros activos, como es el caso de la venta de las gasolineras de Petroecuador. La proforma ha sido calculada con un crecimiento de 3.1%, variable clave para proyectar los ingresos públicos, aunque la mayoría de las organismos internacionales señalan que habría una recesión mundial. El incremento del gasto en educación incluye aumento de sueldo de maestros, que el gobierno objeto por ser inconstitucional pero la Corte Constitucional no le dio la razón y el Ejecutivo se vio obligado a incluir el aumento en la proforma establecida por la ley de educación intercultural. Por otro lado, el gobierno después de los 90 días, de las mesas de dialogo con indígenas, aún no define la focalización del subsidio a combustibles. La CONAIE exige que se focalice, lo que afectaría a ciertos sectores productivos que usan combustible subsidiado, y al reducirse o eliminarse éste se lograría un ahorro que, según la organización indígena, se lo debe trasladar a salud y educación. Se ve claramente que el ajuste del gobierno es por el lado de la inversión pública, que es insignificante y sigue aumentando la presión de la deuda pública ya que, al crecer ésta, se incrementa el pago de la amortización: intereses y comisiones. Ambos factores, con la posible recesión generaran más efecto recesivo en la economía.

Luis Rosero M.

Los actos de violencia, a inicios de Noviembre, han hecho crisis la paz social, ante lo cual el gobierno recurrió nuevamente al estado de excepción y acciones tibias para enfrentar la situación. Ante la crisis de la seguridad, no se conoce la estrategia para enfrentar la violencia, que parece no tiene fin así como el temor de la población que ve debilitada, cada vez más, la seguridad ciudadana.

La grave crisis de seguridad social, que tiene en zozobra a la población, se manifestó con atentados, asesinatos de policías, explosiones en UPC, coches bombas y ataques en estaciones de servicio, recibimiento a bala a los miembros de la policía y fuerzas armadas que entraron a la Penitenciaría del litoral,-que esperaron tres días para poder ingresar-, etc. Los hechos de violencia fueron 8 en Guayaquil y varios ataques en Durán. Estos hechos no solo se registraron en la provincia del Guayas sino además en Esmeraldas. La repuesta gubernamental fue declarar estado de excepción en éstas y que se extendió a la provincia de Santo Domingo. Al parecer, la repuesta de la violencia criminal fue por el traslado de reos desde dicha Penitenciaría a otras prisiones. Hoy, en el programa A Primera Hora, de Sonorama, Patricio Vela entrevistó a Ana Minda, periodista especializada en grupos criminales,  señaló  que esta medida fue propuesta en Europa en la lucha contra dichos grupos, lo que da indicios de falta de estrategia.

Los expertos señalan que los estados de excepción no son suficientes sino se toman otras medidas. Nelsa Curbelo, en su artículo “Reconocer la derrota frente a la violencia” señala claramente que la lucha contra la violencia en las cárceles y en las calles se está perdiendo. Patricio Acosta, militar en servicio pasivo, en entrevista, señaló que “Sin un plan nacional de seguridad, el estado de excepción en Guayas y Esmerladas no dará resultado”. El exministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Gándara señala que es necesario un duro plan de seguridad. El gobierno ha informado que tiene una estrategia elaborada, pero por razones legales no puede ser revelada. Pero lo importante, es que se tomen medidas eficaces contra esa violencia.

A nivel internacional, los medios de comunicación informan que Ecuador es un país en guerra. Diario El País reporta que los carteles de droga mexicanos se disputan territorio. Sin embargo, en las redes apareció una advertencia de atentados y sabotajes colgado por bandas criminales locales que han realizado varios actos de violencia.

Los efectos del incremento de la violencia no solo son económicos ej. (contracción de ventas en varios sectores productivos; en el comercio, baja asistencia a locales y centros comerciales; en el turismo caso de reducción de la asistencia en las playas de Santa Elena y Esmeraldas, pérdida de empleo, reducción del nivel de vida, etc.) sino además en la seguridad ciudadana. Buena parte de la población vive en zozobra, con miedo, temor generalizado, etc. que se ve obligada al confinamiento en casa para reducir el riesgo de pérdida de vida. Afecta su calidad de vida por la menor movilidad social y reducción de las actividades de entretenimiento.

El gobierno convocó al Consejo de Seguridad Pública, no se conoce que resolvieron. Hemos llegado a alto nivel de violencia que hace invivible esta situación y que requiere que, de una vez por todas, el gobierno aplique una estrategia efectiva contra la violencia. Para ello, entre otras acciones, es necesario la coordinación del gobierno central con los gobiernos descentralizados, o sea con gobiernos provinciales y locales que tienen policías metropolitanos. Pero no sólo se trata de lo urbano, a nivel rural el nivel de delincuencia criminal ha aumentado y tiene en vilo a agricultores y pobladores, por ello también es importante la coordinación con las Juntas Parroquiales Rurales.

El tema no solo pasa por el uso de las armas e insumos para éstas que, además, según una periodista de El Comercio, en un video informó, que algunos miembros de la policía no tiene municiones ni chalecos, tienen armas -al parecer por la austeridad fiscal- que confirma Ana Minda y se corrobora con la rebaja del presupuesto para 2023 a la Policía Nacional, sino también de tratar de paliar aún mas la situación de pobreza y hambre que va en aumento y son fermento de la violencia. Es hora de la Unidad Nacional para frenar la violencia, que es un flagelo nacional.

El riesgo es que como dijo Ana Minda, en dicho programa, que la violencia avance mucho mas para seguir sitiando territorios, ganar poder y llevar al pánico a la población como ocurrió en la época crítica en Colombia y México. Los hechos muestran una mala calidad en la gestión pública, no solo en seguridad, que se puede resumir en una palabra: ineficacia. Ahora, el Presidente acusa a narcopolíticos de defender a las bandas criminales para tratar de desestabilizar la democracia y volver al poder. Nuevamente, otra cortina de humo para camuflar en la ineficacia en la gestión pública en varias áreas. La Conferencia Episcopal llamó a una jornada de oración para pedir por la paz y, al parecer, no nos queda más que rezar para pedir por el freno y reducción de la espiral de violencia.

Luis Rosero M.

En 2022, la tendencia de la economía es hacia la desaceleración, aumento de la inflación y mantenimiento del ajuste económico, tratando de alcanzar las metas del FMI, que contribuye a la primera tendencia. A su vez, el gobierno insiste en su esquema de reformas estructurales, para tratar de incentivar la actividad económica, pero ha logrado muy poco. Lo cierto es que hay incertidumbre sobre el rumbo económico.

En cuanto al ritmo de la actividad económica, el crecimiento fue apenas de 1.7% en el II Trimestre, en relación al mismo trimestre del año anterior, que comparado con el 3.8% del I Trimestre de 2021 marca una tendencia a la deceleración. El comportamiento económico del II Trimestre, de este año, se explica principalmente por el gasto de consumo de los hogares de 4.9%, del gasto de consumo del gobierno de 2.4% e inversión con 3.1%. Sin embargo, las exportaciones de bienes y servicios se contrajeron -0.1% mientras que las importaciones se incrementaron 7%. El Banco Central, por este comportamiento de la economía, redujo su proyección de tasa de crecimiento para 2022 a 2.7%. La tendencia a la desaceleración de la economía se profundiza por la continuación del ajuste. Pero en cambio, estima que el crecimiento, en 2023, sería de 3.1%, a pesar de que la mayoría de los organismos financieros internacionales prevén una recesión mundial en el siguiente año.

El ajuste continúa, de acuerdo a lo pactado en el convenio de crédito con el FMI. Un dato importante, sobre este tema, es el comportamiento de la inversión pública. En periodo, enero-agosto, la inversión pública solo fue 509 millones de dólares, que es sólo el 18% de lo programado para esta variable que alcanza a 2.800 millones. Ya estamos en el IV trimestre del año, como marca la tendencia histórica, no se alcanzará a ejecutar los programado. El gobierno sigue a la espera que aumente la inversión nacional o atraer la inversión extranjera, pero no hay nueva inversión y la segunda no llega. Además, el ajuste, se reforzó con la reforma tributaria, al reducir la base imponible de asalariados y empleados que incidió para que paguen más impuesto a la renta, lo cual ralentizó el consumo de las familias. Por otro lado, están cayendo, en lo que va del II semestre, algunos productos de las exportaciones tradicionales, que reforzaría dicha tendencia.  Por ello, el gobierno insiste en presentar a la Asamblea la ley de inversiones reformulada, pero ésta, aún se apruebe en este año, solo podría incentivarse en 2023.

En cuanto, a la inflación, la invasión de Rusia a Crimea, afectó la provisión de insumos y materias primas agrícolas aumentando sus precios a lo que se agrega los problemas logísticos y de abastecimiento que dejó la pandemia. Estos factores externos incidieron en el aumento de la inflación nacional a los que se agregan los incrementos de costos y márgenes de ganancias de las empresas locales. Así, la tendencia al alza de la inflación se inicia en octubre de 2021 alcanzando, en diciembre, de ese año, 1.9%. A partir de enero de 2022 la tendencia continua y, en ese mes alcanzó 2.5%, ya en abril llegó a 2.8% y, en junio repunta a 4.2%, en la que influyó el paro indígena. Si bien disminuye, en los dos siguientes meses, en septiembre alcanza nuevamente 4.2%. Esta tendencia afectó el costo de la canasta básica. Así, en diciembre de 2021, alcanzó $ 719,6% y, a septiembre de 2022, llegó a $ 756,9%, o sea un incremento de 5.1% en dicho periodo.

Finalmente, el gobierno insiste en su propuesta de reformas estructurales que busca implementar una economía de mercado más libre. Logró que se aprobará la reforma tributaria y, ahora, está intentando para que la Asamblea apoye la ley de inversiones. Para eso, llegó a un acuerdo con ésta para negociar los términos del proyecto de ley. Ya se conoce un anteproyecto. El gobierno insiste, como parte central de éste, en reformar las zonas francas para que puedan, con una serie de incentivos tributarios, el ingreso de maquila, preferentemente con inversión extranjera, para dinamizar la actividad económica y el empleo. Ligado, a este proyecto, está el de la reforma al mercado de trabajo, para que se reduzca el costo de contratación de la mano de obra.

En síntesis, la tendencia que muestra la economía, hasta el momento, es la desaceleración económica, la continuación del ajuste. La actividad económica del IV trimestre es clave para revertir esta tendencia. Continuará el aumento de la inflación y tratar de lograr de aprobar reformas estructurales para incentivar el crecimiento y aumentar el empleo. Sin embargo, en este año, aún se apruebe el anteproyecto tendrá efectos en el siguiente año. Hay incertidumbre, hasta la fecha, del rumbo económico.

Luis Rosero M.

Concluyeron las negociaciones entre el gobierno y el movimiento indígena (CONAIE, FENOCIN y FEINE) , después de paro indígena en Octubre, firmándose un acta de cierre que resume los acuerdos y desacuerdos alcanzados en las distintas mesas temáticas. El desafío del gobierno es cumplir lo acordado o se arriesga a una nueva protesta indígena que mostró la fuerza y movilidad que tiene.
Las mesas fueron de: focalización de subsidios, banca pública y privada, fomento productivo, energía y recursos naturales, control de precios, seguridad, justicia y derechos, acceso a la salud y mesas técnicas y empleo y derechos laborales. En cada una de estas se presentaron demandas y petitorios que concluyeron en acuerdos y desacuerdos. Se estableció una mesa de seguimiento para comprobar el cumplimiento de los acuerdos.
En la mesa de focalización de subsidios, después de conseguir, al fin del paro, una reducción adicional del 5% del precio de la gasolina extra y ecopaís, se acordó mantener el subsidio general, prohibir la liberación de los combustibles, implementar sistemas y plataformas para el cobro diferenciado de los precios de los combustibles, etc. También se establecieron los criterios de exclusión del subsidio para el segmento automotriz de los siguientes vehículos con cilindrajes mayores a: autos 2201, camionetas 3001, jeep 2401, motos 301. Además, quedarían fuera del subsidio los dueños de 3 vehículos o más, vehículos cuyos propietarios tengan ingresos igual o superior a 41.603,01. En otras palabras, quedarían fuera los vehículos de alta gama o los que usan los propietarios de altos ingresos. En cuanto, a la pesca artesanal se mantiene el subsidio y el gobierno se compromete a establecer estaciones de venta de combustibles propias. Entre los principales desacuerdos están la determinación del cupo mensual, sistemas de bandas para los que no reciban el subsidio, precios diferenciados para las grandes empresas y subsidio social y comunitario.
El aspecto clave, en esta temática, es el subsidio generalizado o focalizado. En el caso de la gasolina extra o ecopaís, el subsidio de esta última llega, según el gobierno, a $ 0.49. Este se justifica porque la en el caso de la extra, la usa y el transporte público que posibilita que no aumente el precio del pasaje de buses, evitando una mayor inflación, sobre todo en esta época de crisis internacional en que, entre otros aspectos, ha elevado la inflación en EE.UU y Europa a alrededor del 10%, en los últimos meses. Si el subsidio es generalizado, como sucede actualmente, salen beneficiados del mismo, los que tienen altos ingresos. La decisión para focalizar el subsidio es básicamente una decisión política, pues con el sistema que tiene Petroecuador, con los parámetros definidos para exclusión del subsidio, existe el mecanismo y aplicar el subsidio focalizado en las gasolinas.
Según declaraciones del Ministro de Energía, el subsidio este año sería de 4000 millones y el parque automotor recibe el 49% de los subsidios. De éste, el 30% se destina a vehículos livianos y 70% a pesados. Este 30% representa el 14.7% del total de los subsidios (automotrices, domésticos, atunero, camaronero, pesquero, aviación, etc.). El gobierno calcula que la reducción del subsidio a los combustibles sería entre 150 a 250 millones. El aspecto crucial, en este tema, es que los subsidios a sectores productivos deben ser temporales y no permanentes, pues ello implicaría mantener la ineficiencia y no alentar la competitividad. Los casos mas relevantes, en estos sectores, son los subsidios a los combustibles a camaroneros y pesqueros. Por los primeros, en 2021, el país llegó a ser el primer exportador mundial de camarón, lo que significa un boom para este sector. Estos alegan que el subsidio que reciben lo compensan con los gastos que realizan en seguridad. Lo cierto es que este sector tiene suficientes recursos y capacidad para absorber la quita de subsidios, por ello llegó a ese primer puesto. Además, el gobierno tiene en sus manos la solución, pues esta el proyecto de sustituir el diésel que consumen las piscinas camaroneras con un tendido eléctrico que lleve energía para el funcionamiento de las bombas de agua que utilizan. Así mismo, el sector atunero que pesca en el mar es elmmás grande en Latinoamérica en capturas, lo que demuestra su capacidad y fortaleza que le permitirá asumir la eliminación del subsidio.
La decisión de quitar el subsidio es fundamentalmente política. En el sector camaronero hay que implementar el tendido eléctrico como solución a mediano plazo, en el corto plazo se puede eliminar dicho subsidio pues lo pueden asumir. Así mismo es el caso de la pesca marítima. El polo opuesto a esta situación de bonanza es, según el Banco Mundial, el 30% de la población del país está bajo la línea de pobreza. En todo caso, los recursos que se liberarían por la focalización del subsidio de los combustibles, que deben favorecer a los más pobres, se debería utilizar en aumentar el bienestar social, en gastos sociales como salud y educación tal como exige el movimiento indígena que mostró la capacidad de sentar al gobierno a negociar y obligarlo a otorgar beneficios no solo al movimiento indígena sino también a la población más desfavorecida.

Luis Rosero M.