Luis Rosero M.
La Proforma del Estado 2023 refleja la política fiscal, tanto del lado de ingresos como de los gastos, y cuáles son las prioridades que el gobierno establece en su aplicación, la cual tiene efectos sobre la economía y la población en general.
En primer lugar, el documento establece para 2023 un déficit fiscal de 2629 millones de dólares, o sea 2.6% del PIB, que implica que tendrá que buscarse financiamiento tanto interno como externo para cubrir dicho déficit. La deuda pública si bien, temporalmente, contribuye a las necesidades de financiamiento, después, cuando se pagan las amortizaciones (capital e intereses), se vuelve una carga para el presupuesto. Así, a Agosto de 2022, el saldo de la deuda externa fue 46273.8 y la interna 14.295.1 millones de dólares respectivamente. Su total Representó el 55% del PIB, siendo 40.7% y 14.3% la externa e interna respectivamente. La amortización de la deuda pública total en la Proforma alcanza a 4424.8 millones de dólares.
De los ingresos hay una reducción notable de 17.3%. La mayor parte, de los ingresos permanentes, se genera por impuestos (84.2%). La proforma por grupos de ingresos, detallan un incremento de 6.8% en el monto. Los mayores generadores de estos son el IVA y I. Renta (en alrededor 30% c/u). Los dos se incrementan. El primero por la reforma tributaria que redujo las deducciones de gastos que aumentó la base imponible con lo que trabajadores y empleados terminan pagando más I. Renta. Y el segundo, porque es un impuesto indirecto que se cobra sin considerar el nivel de ingreso. Muestra una estructura impositiva regresiva y más I. Renta por estos dos últimos grupos de contribuyentes. Los créditos externos alcanzarían a 3732 millones de dólares, que también disminuyen (32.8%). Sin embargo, los créditos internos 3844 millones, tienen un incremento de 23.6%. El total del financiamiento requerido es de 7576 millones de dólares, o sea el 24% de los ingresos de la proforma que revelan el peso de la deuda por el lado de los ingresos pero que también muestran el efecto por el lado de gastos cuando se pague la amortización de la deuda.
Por el lado de los gastos, en millones: 9886 son en burocracia, los gastos financieros alcanzan 2405,(intereses), la amortización de la deuda 4424, que representa el 14% de los gastos totales, mostrando la fuerte presión que ejerce la deuda pública sobre el presupuesto del estado; las transferencias corrientes corresponden a bonos que se entregarían por 1306 y los institutos de seguridad social 5130 y solo el IESS recibiría 2354 (45.8%), pero a cambio, como hacen los gobiernos, tendrá que comprar bonos del estado, lo que aumenta la deuda del Estado con el IESS sigue siendo la caja chica del Estado.
Por el lado de la inversión pública, en infraestructura física, solo llega a 398 millones de dólares, que muestra que la austeridad fiscal, el ajuste viene dado en esta variable. En la Función Ejecutiva (ministerios y otras instituciones públicas), hay una reducción del gasto de 3896 millones de dólares. En Educación se asigna 5.583, que aumenta crece 12.1%, Salud 3601 (aumenta 13.3%), Bienestar Social 1686 (crece 1.9%) y a Defensa se le otorga 2666 millones de dólares. A pesar de estos incrementos, el monto asignado en los dos primeros sectores esta muy por debajo de lo estipulado en la Constitución de aumento del 0.5% anual del PIB. Es necesario subrayar que, dada la situación de inseguridad que vive el país, al gabinete de seguridad se le otorgado 3364 millones de dólares, un aumento de 3.3%. Mientras que en el plan de Inversiones Totales se asigna 1871 millones, una reducción de 7.3%.
En síntesis, la proforma 2023 refleja un déficit reducido en un 1% del PIB, baja inversión pública y presión de deuda pública. Hay una reducción del crédito externo pero es una estrategia para que el siguiente año se pueda incrementarlo para cubrir un aumento de amortizaciones por compromisos contraídos en gobiernos anteriores. Otra novedad es que al declararse desierta la venta del Banco del Pacifico, según el Ministro de Finanzas, restaría 200 millones de ingresos que puede ser compensada con venta de otros activos, como es el caso de la venta de las gasolineras de Petroecuador. La proforma ha sido calculada con un crecimiento de 3.1%, variable clave para proyectar los ingresos públicos, aunque la mayoría de las organismos internacionales señalan que habría una recesión mundial. El incremento del gasto en educación incluye aumento de sueldo de maestros, que el gobierno objeto por ser inconstitucional pero la Corte Constitucional no le dio la razón y el Ejecutivo se vio obligado a incluir el aumento en la proforma establecida por la ley de educación intercultural. Por otro lado, el gobierno después de los 90 días, de las mesas de dialogo con indígenas, aún no define la focalización del subsidio a combustibles. La CONAIE exige que se focalice, lo que afectaría a ciertos sectores productivos que usan combustible subsidiado, y al reducirse o eliminarse éste se lograría un ahorro que, según la organización indígena, se lo debe trasladar a salud y educación. Se ve claramente que el ajuste del gobierno es por el lado de la inversión pública, que es insignificante y sigue aumentando la presión de la deuda pública ya que, al crecer ésta, se incrementa el pago de la amortización: intereses y comisiones. Ambos factores, con la posible recesión generaran más efecto recesivo en la economía.
Pensamiento y comportamiento 