Luis Rosero M.
La destitución de Pedro Castillo, ex presidente de Perú, desencadenó una fuerte reacción social con violencia que tiene semiparalizado al país y puede desencadenar en una fuerte explosión social para lo cual se ha aplicado una fuerte represión. La inestabilidad política de dicho país no es nueva y está relacionada con su clase política corrupta y mediocre que busca sus propios intereses, no del país, así como por la compleja situación social.
En los últimos cuatro años, el país andino ha tenido cinco presidentes. En 2018, Kuczynshi renunció por corrupción, lo reemplazó Martín Vizcarra, en Marzo de 2018, que fue destituido por el Congreso por incapacidad moral, en noviembre 9 de 2020. Fue sustituido por Manuel Merino que estuvo en el poder hasta Noviembre 15 de dicho año, que renunció por las protestas sociales, siendo reemplazado por Francisco Sagasti, Presidente del Congreso, que estuvo hasta Julio 28 de 2021 y, en este último año, la elección presidencial la ganó Pedro Castillo.
Después de poco tiempo en el poder, Castillo renuncia a su partido que lo llevó al poder: Perú Libre, de extrema izquierda. En su mandato fue cuestionado por nombrar gabinetes con políticos que tenian intereses políticos propios, o corruptos, o con antecedentes judiciales. Fue sometido a 5 investigaciones por el Congreso, lideradas por la derecha, con el fin de destituirlo. Finalmente, logran sacarlo del poder por el intento de disolución del Congreso y tratar de establecer un gobierno de excepción. Fue reemplazado, por su vicepresidenta, Dina Boluarte, que anunció que estaría en el poder el fin del período presidencial en 2026.
Las protestas, se iniciaron casi de inmediato, sobre todo en el sur del país. Son lideradas por grupos de pobres, indígenas, agricultores, confederación de trabajadores y población en general. La violencia ha escalado con el cierre carreteras, toma de aeropuertos y no operación de terminales terrestres. La demanda principal de los manifestantes es la libertad de Castillo, adelanto de las elecciones y Asamblea Constituyente. La represión no se hizo esperar, a tal punto que se registraron 26 muertos, 200 detenidos y cientos de heridos, hasta el 20 de diciembre, por la intervención del ejército y la policía sobre todo en el sur. Ante esta carnicería, renunciaron el ministro de educación y el de cultura. Después, la Presidente destituye al primer ministro a quien atribuye tanta represión. Se buscaba acallar las protestas a sangre y fuego. Así, en Ayacucho hay 3 muertos, en Arequipa, se cerró el terminal terrestre y se bloquearon carreteras al igual que en Puno y en Cusco se cerró el aeropuerto, que son los sectores que votaron mayoritamente por Castillo. Además, se inició la persecución a los partidarios de Castillo. Las protestas han escalado tanto que la Presidenta anunció el traslado de las elecciones para 2024 y declaró el estado de emergencia en todo el país. Presionada por la expresión social, aseguró que adelantaría las elecciones para 2023 y declaró toque de queda, por 5 días, en 15 provincias de 8 departamentos, entre ellos los que mencionamos. El Congreso finalmente, presionada por las protestas, aprobó elecciones presidenciales para Abril de 2024. Las protestas populares demuestran el hartazgo de la población por la aplicación de un modelo neoliberal y la presencia de una clase política corrupta y con intereses propios. Mientras que la Justicia dictaminó prisión preventiva por 18 meses a Castillo acusándolo de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.
La clase política peruana, dominada por la derecha, busca mantener el poder o a través de un representante, para asegurar la continuidad del statu quo y alcanzar su propio interés particular buscando réditos económicos en el ejercicio de funciones públicas. Además, es una clase corrupta como lo muestra que varios presidentes han sido destituidos por esta causa o se han visto obligados a renunciar por este motivo. Por otro lado, las negociaciones políticas en el Congreso son de toma y daca. Castillo había ofrecido aplicar un plan anticorrupción, una política social para reducir la inequidad y la pobreza, etc.
Además de la clase política que busca su propio interés y no del país, la crítica situación laboral y social explica las virulentas protestas. Según la información oficial, en el II trimestre de 2022, la tasa de empleo adecuado fue 33.8% de la PEA, mientras que la tasa de desempleo alcanzó 4%, pero el subempleo subió a 23%, sin embargo, el sector informal urbano alcanzó 70.6% y en lo rural llegó 95.3%. Estas cifras muestran claramente el deterioro del mercado de trabajo y uno de sus problemas estructurales. Así, solo 3 personas de 10 están empleadas en el sector formal y 7 en el informal en el que se refugian los subempleados y los que dependen del ingreso diario por un trabajo precario. En el Panorama Social de A. Latina 2022, la Cepal recoge una serie estadística que refleja la situación social del país. el índice de Gini, indicador de la redistribución del ingreso, llegó en 2018 a 0,439 y en 2021 alcanzó 0,426, una leve reducción pero que indica el alto grado de desigualdad en la distribución del ingreso (menor desigualdad cuando el índice se acerca a cero). En tanto, en 2021, la pobreza total alcanzó 25.9% y la pobreza extrema 4.1%. Mientras que gasto social del gobierno central, sólo representó el 12% del PIB. De este, solo 3.8% fue para educación, lo que explica que, en 2020, el quintil I, la más pobre, el 23% alcanzó a terminar la educación superior en tanto que en el quintil V, más rico, lo logró el 49%. El gasto en salud alcanzó 6.6% del PIB.
En síntesis, la clase política mediocre, corrupta y que persigue su interés político y personal, ha sido el factor clave para mantener el statu quo y es un factor de la inestabilidad política y social del país. Como consecuencia, ha sido mercantilizado el poder y provocado la falta de gobernabilidad y de continuidad en la política social y económica que ha afectado a los sectores sociales más desvalidos de la sociedad. Por otro lado, el poder económico y financiero ha conducido a una concentración del ingreso y la riqueza llevando a más a la desigualdad que se expresa en el aumento de la pobreza, miseria y hambre que va creciendo cada vez más. Las manifestaciones muestran que en la calle se expresa el clamor y el descontento popular por la situación política, económica y social, a tal punto que ya se oyen voces de que se vayan todos, tal como ocurrió en Argentina, cuando fue obligado a renunciar, a fines de 2001, dos años antes de terminar su mandato, por llevar al desastre económico y social al país. También hay que recordar la explosión social en Chile que se tradujo en la implementación de una serie de demandas de carácter político y social. El riesgo es que ocurra una explosión social de magnitud para tratar de acabar con tanto descalabro social y económico.
Pensamiento y comportamiento 