Luis Rosero M.
Las distintas funciones del estado tienen escasa aprobación por parte de la ciudadanía, además hay una serie de conflictos entre ellas a los que se agrega la ineficacia en la gestión del gobierno, la situación de inseguridad ciudadana, corrupción, la propuesta de una consulta popular y referéndum para cambiar la constitución y signos de una desaceleración de la economía así como un deterioro de la situación social. La esperanza de mejores días para el país es lejana.
El ultimo informe de Análisis de Opinión, de Noviembre 2022, sobre la calidad de la gestión de las funciones del estado, revela que el índice de desaprobación del Presidente fue de 82.2%. El presentador de noticias, Alfonso Espinoza de los Monteros, declaró que el gobierno es ineficiente en su gestión. En las otras funciones del estado, la situación es similar. Así, la Asamblea Nacional (AN) es calificada con 89.2% de desaprobación y también, para la Corte de Justicia, los índices de mala gestión son muy altos. A eso se agrega, los conflictos entre las funciones del estado.
La más reciente es la disputa entre la AN y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Inicialmente la primera destituyó a 4 vocales del CPCCS. La AN buscó posesionar a sus suplentes pero uno solo asistió a la sesión virtual. Los 4 vocales sustituidos obtuvieron, de un juez, una medida cautelar, para su restitución. Sin embargo, la AN señala que no posesionará a dicho cuarteto y, aún más, el 9 de Diciembre, aprobó una resolución que ratifica la destitución de los 4 vocales y rechaza la intromisión de la justicia en la AN. En la semana anterior, Patricio Vela, del programa A Primera Hora, de radio Sonorama, entrevistó a un constitucionalista que señaló que la AN desconoció una decisión de la justicia, violando la ley y, a su criterio, la AN debió haber reconocido la decisión y posteriormente presentar un recurso de nulidad de lo actuado por el juez. A juicio de este jurista, la AN se arrogó funciones. Este conflicto genera problemas en la posesión de las autoridades de control. En efecto, en la sesión del CPCCS decidió nombrar, el 3 de diciembre, al Superintendente de Bancos, escogiendo al primero de la terna que envío el Presidente de la República. Sin embargo, este no se puede posesionar pues, según la ley, lo debe realizar la AN. O sea que no hay un titular de la máxima autoridad de la supervisión del sistema bancario.
Por otro lado, Byron Guillen, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuestionó a Iván Saquicela, presidente de la CNJ, por no socializar las ternas enviadas para presidir la Judicatura al CPCCS. Antes, en Mayo 20, Saquicela fue suspendido de sus funciones por presunta negligencia. Pero, a fines de Junio de este año, la CNJ resolvió que no hubo tal infracción y fue restituido como Presidente de la CNJ. Aunque éste ha enviado las ternas, el CPCCS las ha rechazado. Esto impide que se nombre al titula de la Judicatura. Hay un conflicto entre el CPCCS y la CNJ que afecta el funcionamiento normal de la justicia. Saquicela ha rechazado la intromisión de otras funciones del estado en la CNJ.
En este marco que genera inestabilidad e ingobernabilidad, el presidente de la República aprovechó la coyuntura para la consulta popular y referéndum para cambiar la constitución. La primera se refiere a temas contra la inseguridad, reorganización de la Asamblea, la fiscalía, partidos políticos, el CPCCS y protección de los recursos hídricos en la que la mayoría de ciudadanos estaría de acuerdo. Sin embargo, ésta se puede convertir en una evaluación de la gestión del gobierno, en la que hay opiniones mayoritarias de su ineficacia y además tiene mala aprobación de la ciudadanía. Por otro lado, el presidente de la República entregó a la AN una propuesta de reforma constitucional, vía referéndum, para que las FF. AA. cooperen con la Policía en la lucha contra el crimen organizado. Al parecer, la consulta del gobierno buscaría lavar la imagen del gobierno si consigue el apoyo de la ciudadanía. La aprobación del referéndum, oculta, sin embargo, la ineficacia en gestión del gobierno contra la inseguridad al carecer de una estrategia y política de inteligencia para la seguridad.
En síntesis, la crisis institucional agrava los problemas de estabilidad e ingobernabilidad. La Corte Constitucional es la autoridad que debe resolver los conflictos de incumplimiento de la carta magna. El gobierno con la consulta popular buscar lavar su imagen y con el referéndum buscaría camuflar la ineficacia de su gestión contra la inseguridad ciudadana. El escenario se completa con un deterioro social reflejado en los indicadores de empleo, pobreza y hambre que siguen creciendo. Más aún, la inflación de noviembre fue negativa que, si bien resulta positiva por limitar la inflación pero subió el costo de la vida, podría ser un indicio de la caída de la demanda, que conduciría a una desaceleración de la economía lo cual complicaría el escenario y situación del país. El gobierno cumple un año y medio en el poder sin repuestas efectivas para alcanzar a generar empleo. Para ello, insiste en su propuesta de apertura económica para atraer inversión extranjera. El panorama económico no es tan esperanzador pues el riesgo país a Diciembre 8 de 2022 alcanzó 1338 puntos reflejando los problemas económicos, la situación política y social del país que ahuyenta la inversión extranjera.
Pensamiento y comportamiento 