Luis Rosero M.

El inicio de un nuevo año es un momento propicio para reflexionar sobre el desarrollo personal, el destino del país y de actuar para alcanzar un futuro mejor. He sostenido que el Ecuador enfrenta una cuádruple crisis: económica, social, política e institucional que siguen agravándose. Al gobierno le toca enfrentarlas para enrumbar al país y a los ciudadanos colaborar para ayudar a solucionarlas. Hay esperanza de mejores días a nivel personal y para el país, pero se requiere de una acción decidida del gobierno con el apoyo de la ciudadanía y de los otros poderes del estado, o sea de la unidad nacional.

La cábala de los ecuatorianos de quemar los monigotes de año viejo se basa en la creencia que así dejamos atrás o enterramos lo malo que nos sucedió y esperar que el año nuevo sea mejor. En una encuesta de Cedatos sobre lo que fue el año viejo, se revela que un cuarto de la población quiere quemar al ex presidente Lasso (por su fracasado gobierno), un 14.5% la corrupción y la delincuencia, un 9.1% a Correa, un 7.8% a los jueces y magistrados de justicia, un 6.8% a superhéroes, el 5.1% a Noboa, un 3% a los implicados en el caso Metástasis, un 2.7% a los cortes de luz y un 1.2% a expresidentes y asambleístas.  Estos resultados muestran en sentir de la población sobre los graves problemas del país que se resumen en los intereses políticos, el crimen organizado y corrupción, la inseguridad ciudadana, la crisis institucional por la infiltración de la delincuencia organizada en la justicia, policía y otras instituciones públicas, la corrupción, etc.

El caso Metástasis reveló como los cárteles de la droga usan la delincuencia organizada para comprar a jueces y funcionarios judiciales; corromper a policías, personal de la SNAI y otras instituciones públicas; utilizar las bandas locales para cometer crímenes y otros delitos, control de cárceles, etc. Esto último agrava la inseguridad ciudadana. En pocas palabras, mostró cómo funciona el crimen organizado para conseguir sus propósitos. Pero, además revela a que nivel tan alto ha llegado la corrupción que ha penetrado en varias instituciones públicas.

No sólo es grave la crisis institucional y de la seguridad ciudadana, sino que también en lo económico la situación es muy crítica. Unos pocos indicadores la reflejan: un déficit fiscal de más de 5000 millones, atrasos con proveedores, la iliquidez de fondos públicos, una alta deuda pública y la dificultad para pagarla, deterioro del mercado de trabajo (alto subempleo y elevado tamaño del sector informal); en lo externo, una baja RMI, alta deuda externa y dificultad para servirla, déficit en cuenta corriente, un alto riesgo país, etc. En lo social, lo más relevante es el nivel de pobreza y de la pobreza extrema, el hambre y la miseria, otro gran problema estructural.

El nuevo gobierno, en más de un mes de su gestión, en lo económico ha enfrentado la iliquidez fiscal con la ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que se basa en la remisión (amnistía) tributaria que generaría unos 832 millones netos. Sin embargo, no ataca el problema estructural de fondo que son los déficits fiscales permanentes. Para ello, se requiere una profunda reforma tributaria que, entre otras medidas, debe atacar la evasión tributaria del Impuesto a la Renta y del IVA estimada en 3000 millones, una reducción del gasto público no prioritario, un mayor peso de los impuestos directos más que en indirectos. Ha tomado una medida tibia, por razones políticas, ya que el gobierno aspira a la reelección.

Para la generación de empleo, la ley prevé una serie de incentivos tributarios para la inversión, sobre todo extranjera, principalmente en zonas francas recogiendo el proyecto que Lasso envío pero que fue rechazado por la Asamblea. Además,  se establecen una serie de incentivos fiscales tanto para empresas nacionales y extranjeras para generar empleo. Hay que recalcar que la generación de trabajo, no depende principalmente estos incentivos sino del aumento de la demanda agregada, a través del gasto o inversión privada o pública. 

Para enfrentar la emergencia eléctrica, que provocan cortes de luz, el gobierno ha enviado otro proyecto económico urgente que busca atraer inversión extranjera para aumentar la oferta de energía sobre todo a través de métodos alternativos a los de la energía convencional.

En síntesis, los problemas graves del país siguen vigentes y el gobierno actúa pero pensando en las elecciones presidenciales de 2025. Los ecuatorianos añoramos la isla de paz que era nuestro país en América del Sur. El caso Metástasis da una luz para combatir la corrupción y atacar al crimen organizado, para lo que se requiere una profunda reforma judicial, atacar el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y eliminar la corrupción en las instituciones públicas. Las fuentes gubernamentales señalan que tienen ya una estrategia para frenar la inseguridad ciudadana. Al parecer, se ha recogido lo que dejó el gobierno anterior en este tema. Al menos, los ecuatorianos esperan que el gobierno cumpla con las promesas de campaña. Los problemas estructurales que afectan al país deberán esperar hasta 2025.

Luis Rosero M.

Para completar la primera etapa, del programa económico ultraneoliberal, Milei envió un proyecto de ley combo (ómnibus) para la desregulación de la economía a fin de que eliminar las trabas legales y administrativas para la plena vigencia de una economía de mercado libre. Pero, además se busca despejar el camino para reformas estructurales.

Las primeras medidas, tomadas en la semana que asumió el poder, fueron un ajuste fiscal, una devaluación y una compensación social. La semana pasada envío el proyecto de ley combo, como parte de la reforma del estado, que desregula profundamente la economía. Para ello, se plantea 30 medidas principales que derogan una serie de leyes que restringen la vigencia del sistema de precios en los sectores de comercio, servicios e industria en el ámbito interno. En lo externo, habría apertura comercial y estaría bajo la normativa de la OMC. Además, se busca reducir el tamaño del estado, una reforma laboral y obtener más ingresos públicos.

Entre las leyes que se derogarían están la de alquileres, de abastecimiento, del observatorio de precios, de la promoción industrial y promoción comercial. Con estas, se busca la vigencia del libre mercado, en estos sectores y la promoción de la competencia. Así también, se eliminan las políticas de protección industrial y comercial.

Para llevar a cabo la reducción del tamaño del estado, se deroga la normativa que impide la privatización de las empresas públicas así como la del régimen de sociedades del estado y la transformación de las empresas del estado en sociedades anónimas. Además, se plantea la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. De esta forma, se abre el camino para la privatización de las empresas públicas.

Para la reforma laboral, se plantea la modernización del régimen laboral que estaría encaminada a la flexibilización laboral y a la eliminación de una serie de derechos laborales que permitiría reducir el costo de contratación laboral.

Se busca modificar el marco regulatorio de la medicina prepagada, eliminar de las restricciones de precios a los sectores de régimen prepagado e incorporar de las empresas de medicina prepagada al régimen de obras sociales, con lo que se abre el camino para la privatización del sector de la salud pública.

Se modificaría el Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. Con esta medida se aceleraría la dolarización informal de la economía que sería el primer paso para la dolarización oficial de la economía.

Adicionalmente se desregula los servicios de internet satelitales y del sector turístico para eliminar el monopolio de las agencias de turismo.

Tan profunda es la reforma desregulatoria que hasta se propone la modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, una propuesta que hizo Macri en la campaña, lo que posibilitaría que dichos clubes se conviertan en empresas como la de cualquier sector económico.

A eso se suma el proyecto de ley para la restitución del impuesto a las ganancias. Este, en el gobierno anterior, había fijado un piso de 1’980.000 pesos de ingresos brutos mensuales por el que 800.000 empleados y trabajadores dejaron de pagar dicho impuesto. Antes, de ese piso, el valor era de $ 700.875 pesos, el que se pretendería restituirlo con lo cual los 800.000 trabajadores que estaban exento de dicho impuesto lo volverían a pagar.

En síntesis, el proyecto de ley, si se aprueba, provocará una serie de efectos económicos. Entre ellos, al eliminarse la regulación y control de precios, estos se fijarían por oferta y demanda, con lo cual habría un aumento de precios de los bienes y servicios la canasta básica. Esto se debería a que tomar esas medidas, con una estructura oligopólica de los productores y proveedores de esta canasta, provocaría que el ajustador continuo de precios recaiga sobre esas empresas. Se lograría también la privatización de empresas públicas, de los servicios de salud públicos, se consolidaría el proceso de dolarización informal y habría, con la reforma al impuesto a las ganancias, 800.000 trabajadores que volverían a pagar el mismo.  Toda esta política económica esta basada en el manual de economía neoliberal.

Luis Rosero M.

Tal como había propuesto Milei aplicó un paquete económico, vía shock, que incluyen medidas cambiarias, reducción del gasto público, de compensación social, etc. que ya han provocado un efecto sobre el aumento de precios de la canasta básica. El fuerte ajuste fiscal es solo el comienzo, ya se está tratando de una ley combo que completaría, la primera fase, de su programa económico ortodoxo.

La devaluación del tipo de cambio del dólar oficial fue de 118%, al pasar de cerca de 400 a 800 pesos, que encareció las importaciones por lo tanto subieron los insumos, benefició a los exportadores  y además ya causo efectos en las expectativas de inflación. Los precios de los alimentos y otros componentes de la canasta básica aumentaron de inmediato por el reajuste de precios que aplicaron supermercados y locales de expendio de bienes de la canasta básica. Por otro lado, al reducirse los subsidios a la energía (luz y gas) y transporte ya derivo en aumento del precio de la gasolina (entre 30 y 37%) que aplicaron las distribuidoras, en manos de transnacionales, y se espera que en enero de 2024, con la reducción de los subsidios a los servicios públicos, aumente el costo de estos, con lo cual la inflación se va a disparar desde diciembre de este año.

Para reducir el déficit fiscal, se dictó a suspensión de la obra pública, la reducción del número de ministerios y subsecretarias, disminución de la contratación de empleados públicos, suspensión de la publicidad oficial y reducción de las transferencias a las provincias. Con esta y otras medidas, de contracción del gasto público, espera a llegar a un ajuste del 5% del PIB de dicho gasto.

Se eliminó el registro de importaciones por un sistema de registro para información estadística de éstas y se agregó un 2% al impuesto a las importaciones y se sigue manteniendo el impuesto (retención) a las exportaciones. En lo social, la asignación universal por hijo y la tarjeta Alimentar aumentarán en 50% que compensarían parcialmente el impacto inflacionario.

Según Milei, el ajuste fiscal lo iba a pagar la casta política. La realidad muestra que, por el ajuste cambiario, aumentaron el precio de los bienes y servicios de la canasta básica (principalmente la carne, comestibles) y de la gasolina, que subirá la tarifa del transporte público, lo que tiene un impacto directo en el poder de compra de los salarios de la población afectando a los pobres y clase media. En enero de 2024, con la reducción de los subsidios de los servicios públicos aumentará aún más el costo de la canasta básica. Pero la mira esta puesta también en los jubilados, ya que se busca suspender la actualización automática trimestral de la pensión y que los nuevos aumentos para jubilaciones sean discrecionales por parte del gobierno. El fuerte ajuste provocará una alta contracción de la demanda que terminará en una recesión y de esa manera tratar de ajustar los precios vía el mercado. La compensación social va a ser insuficiente para cubrir el aumento de la inflación que vendrá, en consecuencia, el ajuste recae sobre los salarios reales y próximamente sobre las jubilaciones reales. La inflación de noviembre fue de 12.8% y la anualizada 160.9%, por lo que se espera que en diciembre alcance 15% y la anualizada alrededor de 180%.

Si bien, las medidas de ajuste tomadas son para reajustar el tipo de cambio y el salario, dos precios claves de la economía, son para ir disminuyendo los desequilibrios en el mercado cambiario y de trabajo, el siguiente paso del gobierno es enfrentar los problemas estructurales. Para ello, dictaría una ley ómnibus (ley combo) en la que se incluiría una reforma del estado, para reducir el tamaño del estado vía privatización y recorte de la burocracia; desregulación de la economía, a fin de que el mercado asigne eficientemente los recursos en la economía; y, una reforma laboral para alcanzar una flexibilización en el mercado de trabajo.

Si bien la Argentina ha venido manteniendo graves desequilibrios macroeconómicos y problemas estructurales de fondo, es necesarios irlos corrigiendo y atacar los segundos de manera gradual. La opción que ha escogido el gobierno, para los primeros, es vía shock y el peso de la crisis, en el corto plazo, va a recaer sobre salarios y jubilaciones. Y, para los problemas estructurales, se prepara todo un programa a fin de que sea a través de medidas de mercado, en línea con las recomendaciones de los organismos multilaterales qué, en el mediano plazo, continuarán afectado a trabajadores y pensionistas.

No es casual que el FMI aplauda las medidas tomadas por MIlei, ya que éstas se encaminan en el marco de las que este organismo recomienda y que son necesarias para poder solicitar un crédito. Argentina tiene problemas de iliquidez en divisas y debe cumplir con los pagos de la deuda externa. Por ello, se ha visto obligado a solicitar un crédito puente, de corto plazo, de 960 millones a la CAF, para pagar al FMI parte de los 50.000 millones que le prestó y que fueron tramitados por el actual Ministro de Economía. Una cosa es ser candidato y ofrecer resolver los problemas económicos del país haciendo promesas de volver a la Argentina prospera y hacerle pagar el costo de la crisis a la casta política y poderosos y, otra, estar en el poder, desde el cual, con las medidas tomadas, se impacta en el nivel de vida de trabajadores y pensionistas. Se revela la verdadera cara del libertario y a que intereses favorece.

Luis Rosero M.

En el primer artículo, sobre este tema, señalé, del proyecto señalado, las principales fuentes de ingreso fiscal que le proporcionarían liquidez inmediata al gobierno, los incentivos para generar empleo y atraer inversión extranjera, a través de zonas francas. En este artículo, concluimos el análisis con los aspectos más relevantes.

Respecto a las zonas francas, se establecen que serán uniempresariales y multiempresariales de capital público o privado. Entre las actividades que podrán desarrollar son múltiples y se insiste que sean principalmente para maquila. Se confirma esta característica ya que todas las importaciones de insumos, materias primas, y bienes de capital están exentas de los tributos al comercio exterior pues los bienes finales que se produzcan con estos se destinarían a la exportación. Para buscar competitividad de estas ventas al exterior, importante señala que los contratos en zonas francas se considerarpan temporales, o sea no habría estabilidad. Esta reforma toma mucho del proyecto de ley del gobierno de Lasso que fue rechazado por la Asamblea. Además, se insiste, en el régimen de atracción de inversiones a través de las asociaciones público-privado, que tuvieron poco interés en el dicho gobierno.

La parte significativa del proyecto, en cuanto a la generación de ingresos fiscales inmediatos es la remisión (amnistía) tributaria de interés, multas y recargos de las obligaciones tributarias fiscales cuya administración y recaudación esta a cargo del SRI. El proyecto generaría un ingreso fiscal neto de 832 millones en 2024, pero de este monto 960 millones corresponden a la remisión (amnistía tributaria) que deducido los ingresos que se dejan de percibir por los incentivos tributarios para generar empleo y atraer inversión extranjera darían el monto inicial señalado. Aquí, como señalé en un artículo anterior, surge el conflicto de intereses pues el grupo Noboa es el principal deudor del fisco y con esta remisión solo pagará el capital que es la parte menor de toda la deuda que mantiene este grupo con el SRI.

Habría exención tributaria en el Impuesto a la Renta (IR), por diez años, a las nuevas inversiones en generación de energías renovables no convencionales e industrialización de gases natural y asociado. Se exceptuarían del pago del IR los rendimientos y beneficios obtenidos por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales así como los de inversiones en renta fija que se negocien en la Bolsa de Valores. En cambio, no podrán deducir para el IR los gastos en publicidad los que comercien con alimentos ultraprocesados y se podrán deducir hasta el 150% estos gastos además de la promoción y auspicios a favor de deportistas, eventos deportivos, estudiantes de bajos recursos, instituciones educativas de nivel básico y bachillerato públicos destinados para becas, alimentación e infraestructura, etc. Habrá retención en la fuente, del 5% de IR, en la producción y comercialización de minerales y otros bienes.

En síntesis, el proyecto de ley busca tres objetivos. Uno recaudar más ingresos fiscales de manera rápida.  Dos y tres, incentivar la generación de empleo y atraer inversión, principalmente extranjera, con incentivos tributarios. Para obtener recursos fiscales de forma rápida ingresos tiene dos vías. Una, reforma a la ley de régimen tributario interno, que obligaría a la retención mensual del Impuesto a la Renta. Dos, mediante la amnistía tributaria que exonera del pago de interés y multas de obligaciones tributarias. No crea nuevos impuestos ni modifica la base tributaria de estos. Por otro lado, crea una serie de incentivos fiscales tanto para empresas nacionales y extranjeras para generar empleo. Hay que señalar que la generación de trabajo, no depende principalmente estos incentivos sino del aumento de la demanda agregada, a través del gasto o inversión privada o pública. En cuanto a la atracción de inversión extranjera, se busca hacerlo a través de zonas francas vía maquilas que es lo que propuso el gobierno anterior. Sin embargo, el capital extranjero de inversión se mueve en función de las garantías que exija en el país en que se traslade (estabilidad jurídica, resolución de conflictos con mediadores internacionales, libre envío de utilidades, etc.).mSe insiste también, para este propósito, en el mecanismo de las asociaciones públicas-privadas que no dieron resultado en el gobierno anterior.

En conclusión, lo que busca el gobierno es aplazar el ajuste fiscal (para reducir el déficit fiscal). Sin embargo, no se ataca el problema fiscal de fondo, de carácter estructural, de continuos déficits fiscales. En el segundo caso, con la misma perspectiva, busca cumplir con la promesa de campaña de generar empleo, a través de incentivos fiscales. Para ello, hay que dinamizar la demanda agregada, a través de gasto o inversión pública y privada. El proyecto tiene en mira un objetivo político, ya que es elaborado teniendo como perspectiva las elecciones presidenciales de 2025, no reduce el déficit fiscal ni propone generar nuevos ingresos fiscales, vía variación de la tasa o base tributaria, pues afectaría a la población, cambiando las preferencias electorales. Por ello, el riesgo país sigue alto ya que el proyecto no genera más ingresos fiscales por estas dos vías. Se mantiene así el nerviosismo de los tenedores de la deuda soberana del país, pues el proyecto de ley no genera estabilidad fiscal. Es probable que, según se mueva la coyuntura política, se aplace la reforma tributaria con cambios en la tasa y base tributaria para el próximo periodo presidencial y dentro del marco de un acuerdo con el FMI y otros organismos multilaterales.

Luis Rosero M.

El gobierno envío a la Asamblea, con carácter de económico-urgente, el proyecto de ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que busca principalmente una reforma tributaria para generar más ingresos fiscales inmediatos para aliviar la iliquidez fiscal, incentivar la generación de empleo y fomentar y atraer la inversión. Se trata de una tibia reforma tributaria que aplaza el ajuste fiscal.

Con un boletín de prensa, el gobierno informó de la situación fiscal del país que se resume en el saldo de la cuenta Única del Tesoro con 184 millones, atrasos con instituciones públicas y proveedores por 2872 millones, un déficit fiscal proyectado para 2023 de 5% del PIB (5000 millones), deuda pública de 63000 millones, caída de 9% del ingreso per cápita en la última década y un riesgo país cercano a los 2000 puntos.

Como había señalado, en artículo anteriores, la situación fiscal del país es grave reflejada en la iliquidez de la caja fiscal, déficit fiscal y la alta deuda pública. El alto riesgo país se debe a la crítica situación económica del país, el nerviosismo de los tenedores de deuda soberana sobre la posibilidad de un default y la crisis de la economía expresada en varios desequilibrios macroeconómicos. El proyecto busca enfrentar, con urgencia, la iliquidez fiscal que es tan crítica que el gobierno tuvo que prestar 139 millones de dólares a la Corporación Financiera Nacional para obtener recursos de forma inmediata.

Para la obtención de ingresos fiscales, de manera inmediata, el proyecto se apuntala en dos medidas principales. Una, es el cambio de la forma de pago  del impuesto a la Renta de los Grandes Contribuyentes (empresas más grandes) que, según la legislación tributaria actual, se paga en marzo y  abril de cada año en que se liquida dicho impuesto. Con el proyecto, se busca obtener liquidez tributaria, con este impuesto, estableciendo una autorretención de forma mensual. El proyecto también establece otros mecanismos para obtener liquidez fiscal inmediata. Dos, una serie de reformas legales que crea incentivos tributarios a las empresas nacionales y extranjeras para incentivar la generación de empleo.

Los incentivos fiscales que, propone el proyecto, para la generación de empleo son varios. Uno, es que los aportes al IESS de los nuevos trabajadores de entre 18 y 29 años, se deducirán con el 100% adicional, o sea como gasto empresarial siempre y cuando se hayan mantenido, en la empresa, al menos 6 meses consecutivos estos nuevos trabajadores. Dos, las personas y las empresas que hayan pagado el IVA en la compra locales o en importaciones para la construcción de proyectos inmobiliarios se les devolverá dicho impuesto, a través de la emisión de una nota de crédito, lo que significa que los que lleven a cabo dichos proyectos reducirán sus costos y, en esa medida, aumentaran su rentabilidad que es una forma de incentivar la construcción de viviendas y así se demandaría mas empleo en el sector de la construcción.

Por otro lado, para incentivar la entrada de capital extranjero, se busca reformar en la ley de régimen tributario interno que flexibilizan las condiciones de la residencial fiscal y además se crea la residencia fiscal temporal por 5 años, una de carácter especial, que les obliga a los extranjeros a pagar los impuestos indirectos pero respecto al Impuesto a la Renta, solo pagaran sobre las rentas generadas en fuente ecuatoriana y se excluyen los ingresos obtenidos fuera del territorio nacional. El principal requisito será que tendrán que realizar una inversión inmobiliaria o actividad productiva de 150.000 dólares, con lo cual se emula a los EE.UU. que exige a los que quieren obtener residencia un requisito como el señalado. Hay otra serie de incentivos fiscales que buscan atraer inversión extranjera al país.

Otra forma de atraer inversión extranjera es la exención de pago de impuesto a la renta, por 5 años, a las empresas que operen bajo el régimen de zonas francas y por el tiempo que queda en el contrato de inversión pagaran una tarifa solo de 15%. Esto es principalmente para atraer inversión extranjera que se establezca en el país y, entre otras formas, opere como maquila.

El proyecto contempla otras formas de obtener liquidez fiscal, de incentivar el empleo, atraer inversión extranjera y favorecer a personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas y huérfanas que serán tratadas en otro artículo.

Luis Rosero M.

El nuevo gobierno, presidido por Daniel Noboa, asume el poder en medio una grave crisis de seguridad, económica y social. El acuerdo parlamentario con la derecha y el correísmo muestra la necesidad de aprobar los proyectos de ley que requiere para enfrentar esta triple crisis. Las primeras decisiones del Presidente están orientadas a ciertas demandas de sectores de la sociedad y frenar los conflictos internos del gobierno con firmeza. El gabinete nombrado se caracteriza por la juventud y poca experiencia en la función pública. Hay que esperar para ver si predomina el pragmatismo o los condicionamientos de los organismos internacionales en la política económica.

Como todo es posible en política, el gobierno llego a un acuerdo parlamentario con el PSC y RC con el interés de que se aprueben los proyectos de ley que enviará a la Asamblea. Esto deja fuera del reparto de las dignidades de la Asamblea a Construye que, además de perder algunos asambleístas, no logró que se posesione su jefe de bancada, el ex ministro Carrillo. No le quedo otro camino a este movimiento que irse a la oposición. El gobierno no pactó con Construye por qué el PSC quería mantenerse en el liderazgo en la derecha, que es disputado por esta nueva fracción de la derecha de tinte autoritario.  Otro motivo para impedir la alianza gobierno-Construye, es que el correísmo exigía que no se posesione al ex ministro como asambleísta.

Las primeras decisiones del gobierno de eliminar la tabla de drogas y los acuerdos ministeriales, firmados por el ex ministro de Trabajo de Lasso, que cambiaban algunas de las condiciones laborales, atentatorias de los derechos de los trabajadores. En el primer caso, la demanda de ciertas familias se debe a que, según ellas, era la causante de la adicción a las drogas de sus familiares. En lo que respecta a los acuerdos del ministerio de trabajo, la no puesta en vigencia de estos respeta derechos laborales relacionados con la jornada laboral y los pagos de horas extraordinarias. Ambas decisiones favorecen la popularidad del nuevo gobierno que se tomaron teniendo en mira las elecciones presidenciales de 2025. En cuanto a la derogación del decreto para otorgar la competencia del quinto puente para Guayaquil, al igual que en las dos primeras decisiones, está dirigido al interés del nuevo gobierno de construirlo a fin de aliviar los problemas de tráfico de Guayaquil, Samborondón y Duran y, en esa medida, ganar el apoyo de los habitantes beneficiarios de estas tres ciudades. Por otro lado, el conflicto con la Vicepresidenta de la República fue zanjado con firmeza. Al estilo del correísmo, cuando un funcionario generaba ruidos políticos, los enviaba como embajador. En las declaraciones de la segunda mandataria, ante la función que le encargo Noboa de ir a gestionar la paz entre Israel y Palestina, denuncia abuso de poder y envío a morir en la guerra.

En el discurso de posesión del nuevo Presidente, señaló como tarea del estado la de reducir la violencia y atacarla reduciendo la desocupación y generando empleo. Para ello, enviará un proyecto de reforma con esos fines. También mencionó que el enemigo es la miseria y que hay que trabajar por el bienestar de los ecuatorianos. Confía en el ímpetu y fortaleza de los jóvenes, como él, para sacar al país de la crisis.

Con ese espíritu, el gabinete que nombró hay mucha juventud y paridad de género, tiene buena formación académica y visión empresarial en el sector privado, pero carece de experiencia en la función pública. El cambio del candidato a ministro de Finanzas, a última hora, obedece a críticas externas de no tener suficiente experiencia para afrontar la grave crisis del país y, por otro lado, que la candidata al final decidió no asumir el cargo, cuando otros iban a estar detrás de las decisiones como ya lo mencionó un periodista.

Como señalaron los medios de comunicación no se enviaron a la Asamblea los proyectos de reforma tributaria y de energía como había anunciado el gobierno. Esto muestra cautela y mesura por los problemas urgentes que le toca enfrentar al gobierno como la iliquidez fiscal, el déficit fiscal, el pago endeudamiento externo e interno (IESS, proveedores, etc.) y el problema de los apagones que afecta a la población y a la economía. Lo qué si es claro es que va a acudir al FMI y otros multilaterales para conseguir un crédito puente y recursos, en el corto plazo, para atender las necesidades mas urgentes para el funcionamiento del sector público. Esto implicará que, siguiendo la doctrina de su principal asesor económico, la línea en el manejo de la crisis económica va a estar orientada por la ortodoxia económica de dichos organismos internacionales. Sin embargo, hay que ver si muestra pragmatismo más que ideología al tomar decisiones. Los problemas estructurales del país van a tener que esperar a un segundo mandato como es la mira de Noboa.

Luis Rosero M.

Con una amplia ventaja, Milei ganó la presidencia de Argentina generando un terremoto político en la Argentina que antes decidía, en las elecciones, entre el peronismo y la derecha. El sismo también será en la economía y en lo social por lo radical y los efectos de sus propuestas. Se extiende así, a América Latina, la tendencia mundial del avance de esta tendencia ultra y que convenció a los electores argentinos que, por casi medio siglo, han sufrido crisis tras crisis las cuales continuamente agravaron sus condiciones sociales y encontraron en Milei un redentor. Fue decisivo, en su triunfo, el apoyo de la derecha.

La realidad económica y social peso más que las propuestas del peronismo. En efecto, la inflación de 137%, el aumento de la pobreza a 40% y la aparición del hambre son sólo tres indicadores que reflejan la grave crisis económica y social de Argentina. La depreciación continúa del peso y el reetiquetado de precios de productos de la canasta básica alimentaron la inflación, y, la desaceleración constante de la economía, el desempleo y el aumento del costo de la vida condujeron al crecimiento de la pobreza.

Los argentinos recuerdan la política extrema, aplicada por el peronismo, que supuestamente iba a superar la crisis económica pero los efectos de la convertibilidad, el corralito (congelamiento de depósitos) y el abandono de ésta provocaron muchos estragos que empobrecieron a la población, desequilibraron la macroeconomía y pulverizaron su nivel de vida. La situación económica y social se agravó con las medidas económicas y el fuerte endeudamiento de Macri (derecha) con el FMI. Milei aprovechó el desencanto y sufrimiento de la gente, por las consecuencias de la política económica y social que aplicó el peronismo e infundió temor que de seguir con éstas el país corría el riesgo de un derrumbe total y quebraría. Ante esta advertencia la gente creyó ver en Milei un salvador y un redentor. Propuso medidas económicas radicales que supuestamente acabarían con el desastre dejado por el peronismo y el país resurgiría encaminándose por la senda del crecimiento, progreso y generación de empleo.

Las medidas más radicales de Milei son cuatro. Una es aplicar la dolarización. Dos, eliminar al Banco Central para acabar con la inflación. Si bien, la experiencia de Ecuador, confirma la posibilidad de reducir la inflación ya que se eliminan las expectativas inflacionarias provenientes de la depreciación cambiaria. Sin embargo, para aplicarla requiere tener suficientes de reservas para que se pueda establecer un tipo de cambio razonable. Dependiendo de esta definición, el nivel de ajuste será mayor o menor (variando el valor de los activos) recaerá sobre toda la población sobre todo a la clase media y afectando a los más vulnerable y de menores recursos dado que el costo de la vida aumentará por el ajuste de precios, previo a la dolarización, como ocurrió en nuestro país.

Otra propuesta, es reducir 15% del gasto público para aminorar el déficit fiscal, que provoca inflación si es financiado con emisión monetaria qué, según la tesis de esta corriente. Habría un reordenamiento y priorización del gasto. Entre los gastos eliminados estarían los subsidios sociales que, si se aplica en el corto plazo, causaría serios estragos en la población más vulnerable y profundizaría el deterioro de las condiciones de vida y la pobreza.

Además, se aplicaría una reforma estructural para reducir el tamaño del estado, a través de la privatización, eliminando las empresas e instituciones publicas que pasarían a manos de empresas de capital privado, que implicaría ajustes de precios y tarifas de servicios públicos.

También buscaría que impere plenamente la economía de mercado hasta tal punto que propone crear hasta un mercado de órganos, que las empresas manejen las asociaciones de futbol, etc. Dicho en otras palabras, que en todo ámbito productivo, comercial, financiero, deportivo, etc. se definan los precios a través de la oferta y la demanda, sin controles ni regulaciones.

El desafío de Milei es, qué aplicando sus ideas ultras, logre la estabilización económica y mejore las condiciones de vida. Lo primera implica generar crecimiento económico, empleo, equilibrios fiscal, monetario, de balanza de pagos, etc., elevar la RMI, pagar y renegociar la deuda externa, etc. En lo social, reducir la pobreza, la miseria y el hambre. Surge la interrogante sobre si la política económica será de shock o gradual. Esta repuesta es vital, pues definirá el nivel de impacto de las medidas tanto en lo económico y en lo social. También debe probar que los mercados funcionando libremente permitan mejorar la distribución del ingreso y, en consecuencia, la calidad de vida de la población.  En suma, el reto de Milei es equilibrar la economía para encaminarla hacia el crecimiento, generación empleo y reducción de la pobreza. En las relaciones exteriores habría muchos cambios políticos y, en el comercio, implicaría renegociación o abandono de ciertos bloques comerciales. Los riesgos son el autoritarismo, abuso de poder y el irrespeto a los derechos ciudadanos.

Luis Rosero M.

La gira al exterior, del presidente electo, y, el nombramiento de los primeros ministros revelan ciertos indicios sobre la política económica que aplicaría para enfrentar la crisis económica y social. Hay mucha expectativa sobre la gestión del nuevo régimen respecto a la inseguridad ciudadana, el deterioro del mercado laboral, la pobreza y los problemas económicos. El desafío es estar a la altura de las circunstancias y mostrar resultados que alivie el deterioro del nivel de vida de los ecuatorianos. Lo fundamental es definir prioridades en los problemas económicos y sociales.

El aumento de la inseguridad ciudadana, deterioro de las finanzas públicas, aumento del desempleo y subempleo y del sector informal y apagones reflejan lo principal de la situación apremiante del país. El presidente saliente, en las últimas semanas, se dedicó a viajar al exterior, entregar condecoraciones y escribir un libro titulado 900 días de gobierno. El Expreso publicó un artículo “900 días de fracaso ¿Para qué quiso ser presidente?” El título del artículo expresa claramente como fue la gestión del mandatario saliente que, contrario a la realidad, declaró dejar un mejor país que el que recibió.

La gravedad de la situación fiscal del país es revelada por el débito por parte del Ministerio de Finanzas, de un millón de dólares, de las cuentas de Tame en liquidación, acción inédita en el país. Dicho Ministerio reveló que, el déficit fiscal, a fines de Octubre de 2023, alcanzaría 2.7% del PIB. Se estima que este llegaría a fin de año al 5% del PIB, mostrando la penuria económica de la caja fiscal. En cuanto, al mercado laboral, el Ministerio de Trabajo, anunció que en octubre se perdieron 75.000 puestos de trabajo principalmente en la agricultura, ganadería pesca, uno de los sectores de más generación de empleo y la tasa de subempleo alcanzó, en el III trimestre de este año, el 20%.  A más de eso, las estadísticas laborales muestran que ya en el sector informal hay 5 millones de personas. Y, respecto a la situación social, según el INEC la pobreza por ingresos, a junio de 2023, alcanzó 27%, y, la pobreza extrema llegó a 10.8%, y, el otro indicador que refleja la gravedad de la crisis social es la desnutrición crónica infantil que, a pesar de que se redujo, a nivel urbano representó el 20.1%, siendo más grave aún en el área rural que alcanza 28.7% en lo que va del 2023. A eso se suma la presencia del fenómeno de El Niño que ahondará la crisis económica y social e impactará en el crecimiento económico dependiendo de la intensidad de dicho fenómeno.

Una cosa son los ofrecimientos de campaña y otra la realidad objetiva que muestran estos indicadores revelando la gravedad de la crisis económica y social del país. Para enfrentar el déficit fiscal, como señalé en un artículo anterior, el nuevo régimen aplicará una reforma tributaria que, por la iliquidez fiscal, podría incluir una amnistía tributaria. Como son necesarios más recursos públicos, en su gira, el presidente electo anunció su intención de solicitar un préstamo puente al FMI y apoyo de otros organismos multilaterales. En la delegación que asistió a la primera reunión entre el presidente electo y el saliente resaltó la presencia de A. Dahih, conocido monetarista, que explicaría el acercamiento al FMI y quien sería el asesor económico del régimen. La línea de política económica sería de carácter ortodoxo y la exigida y condicionada por el FMI para sus créditos a los países que los soliciten. Esto podría implicar más ajuste fiscal por el lado del gasto (reducción o eliminación subsidios, elevación de tarifas de servicios públicos, recorte y reducción del tamaño del estado, etc.) y, por los ingresos (aumento de la base tributaria, reducción de la elevación, nuevos impuestos, etc.). Habría también, en el acuerdo con el FMI, reformas estructurales (fiscal, monetaria, apertura comercial, laboral, competitividad externa, etc.).

El nombramiento de los ministros refleja la formación de un gabinete integrado por muchos empresarios que implicaría fortalecer la economía de mercado. El nombramiento de las ministras de Industrias y Comercio Exterior así como la de Relaciones Exteriores serían claves para impulsar la aplicación de los acuerdos comerciales con China, Corea del Sur y otros que estarían en proceso de firmarse. La última cartera de estado emularía de política de sus embajadas, aplicada por Brasil, que las transforma en promotoras de comercio y principalmente de las exportaciones. La nombrada Ministra de Finanzas y Economía, no ha comentado nada sobre su gestión lo que genera incertidumbre sobre el manejo económico.

Respecto al mercado de trabajo, para la generación de empleo el presidente electo señaló en la campaña la atracción de inversión extranjera e incentivos tributarios para empresas que generen inversiones que contraten mano de obra local. Lo primero es complejo ya que este tipo de inversión ingresa a un país cuando le aseguren seguridad jurídica, tratados de inversión, ciertas garantías mínimas, libre repatriación de utilidades, resolución de conflictos en cortes internacionales o mediación privada, la situación macroeconómica, etc. No es casual, que el riesgo país aumentará después de las declaraciones del presidente electo, en su gira. A los inversionistas y a los acreedores de la deuda externa les interesa tener certidumbre económica, la estabilización económica  y recursos para pagar dicha deuda. En la actual situación del país lo anterior no se puede alcanzar en el corto plazo y requiere que los tratados pasen por la Asamblea Nacional. Para generar empleo, en el corto plazo, es interesante la propuesta del presidente electo de reducir el IVA para los materiales de construcción para incentivar este sector generador de alto empleo. Pero, el empleo depende principalmente del crecimiento económico. Las proyecciones indican la desaceleración de esta variable clave. Así, el Banco Mundial pronostica, para 2023, una tasa de 1.3%, el FMI 1.4% y el Banco Central estima 1.5%. Lo más crítico es que para 2024 el FMI prevé una tasa de 1.8%, el Banco Mundial 1.9% y el Banco Central la reduce a solo 0.8%, o sea llegaremos al estancamiento económico.

En síntesis, el presidente electo tiene un gran desafío para enfrentar la crisis económica. Para llevar adelante sus propuestas es clave disminuir incertidumbre sobre el manejo económico, reducir la inseguridad ciudadana, incentivar el crecimiento económico, generar empleo, atenuar la pobreza, generar la liquidez fiscal e incrementar los ingresos públicos y enfrentar el fenómeno El Niño con eficacia. Estas deberían ser las prioridades y, en ese orden, de su corto mandato.

Luis Rosero M.

El estiaje previsto hace varios meses y la imprevisión de este gobierno para enfrentarlo así como la confirmación de las probabilidades de 100% de aparición del fenómeno El Niño agravan la crisis económica que llevará a mas desequilibrios macroeconómicos y, además, ahondará la crisis social.

Los técnicos gubernamentales habían anunciado, hacia varios meses atrás, que se presentaría el estiaje, por falta de lluvias, y sin embargo el gobierno por su característica imprevisión no tomó las medidas a tiempo para enfrentarlo. Celeg anunció meses atrás que haría una inversión para energía térmica, sin embargo no la hizo. Como no se podía seguir escondiendo la inacción, el Ministerio de Energía anunció, la semana pasada, cortes de energía eléctrica en todo el país. Como siempre, a última hora, el presidente viajo a Perú y Colombia para compra de energía y se está importando equipos de Corea para generar energía térmica. Sin embargo, como ya lo han denunciado varios analistas, el costo de importar energía va a ser muy alto el kw/h e implicará un alto gasto público que, según algunas estimaciones, alcanzaría a 1000 millones de dólares lo que agravará aún más el déficit fiscal.

Por otro lado,  el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) declaró que habría 100% de posibilidades que se presente el fenómeno El Niño, en el período noviembre-dicienbre/2023 y enero 2024 que, como en casos anteriores, implicará pérdidas de vidas humanas, damnificados, daños en la infraestructura física del país, migración interna y un efecto económico que se reflejaría en una menor tasa de crecimiento económico en 2023 y 2024 y agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos.

Cordes, haciendo referencia a la información del Ministerio de Economía, señala que el déficit fiscal, a noviembre de 2023, fue 3172 millones que representa el 2.7% del PIB. Dicho ministerio proyectó para 2023 un déficit que oscilaría entre 2.3-2.5% de PIB. Si le sumamos solo los 1000 millones del costo de los apagones tendríamos un déficit de 4172 millones que representaría alrededor de 3.5% del PIB. Si a su vez, si consideramos los costos de los efectos del fenómeno El Niño, calculado en 2000 millones, dependiendo de su intensidad, tendríamos un déficit fiscal de 6172 millones de dólares que sería equivalente a mas del 5% del PIB.

Ambos eventos tendrán un impacto en la economía del país. En efecto, ya el Banco Mundial redujo la proyección de la tasa de crecimiento en 2023 del país a solo 1.9% antes de conocer el efecto de los apagones. Incluso el Banco Central (BCE) estima una menor tasa de 1.5% sin considerar dicho efecto. En consecuencia, el crecimiento efectivo de 2023 sería cercano a cero o negativo. Pero, por el fenómeno de el Niño, el BCE proyecta ya un 0.8% de crecimiento para 2024.  Con esta estimación, la crisis social se agravaría aún más en este y el siguiente año.

La reducción de la tasa de crecimiento en 2023 y 2024 tendrá un efecto directo sobre la problemática  del mercado de trabajo y la crisis social. La Encuesta de empleo, del primer año señalado, establece que, en el III Trimestre, la tasa de empleo adecuada alcanzó el 36.2%., el desempleo 3.8% y el subempleo 20%. Todos estos indicadores de empleo se deteriorarían por el efecto de los apagones y el Niño.

Así mismo, según el INEC la pobreza por ingresos, a junio de 2023, alcanzó 27%, y, la pobreza extrema llegó a 10.8%. El efecto de ambos fenómenos será aumentar los dos niveles de pobreza y crecerá el hambre y la indigencia.

Este es el escenario que tendrá el nuevo gobierno. No conocemos, a pocos días de su posesión, cual será la política económica y social que aplicará para enfrentar la crisis económica y social. Lo cierto es que tendrá que bregar para atenuarlos efectos la desaceleración de la economía que se reflejarán en el deterioro del mercado de trabajo y, en lo social, en aumento de la pobreza y hambre. Para esto último es crucial la política social entre lo que destaca la política de subsidios sociales, reactivación ecoómica y la evolución de las remesas. Además de la inseguridad, deberá combatir el aumento del subempleo y luchar para reducir la pobreza y el hambre. 

Luis Rosero M.

Después del triunfo, en la primera vuelta, del peronismo, la derecha buscó una alianza con la ultraderecha para volver al poder. Este pacto fue producto de las maniobras de Macri, el expresidente, que rompió la alianza Juntos por el Cambio conformada por varias organizaciones políticas de derecha. Las próximas elecciones presidenciales, de segunda vuelta, definirán el futuro inmediato del país como sociedad y el rumbo que tomará ante la grave crisis económica, social y política.

Antes de la derrota de Patricia Bullrich, candidata presidencial, de la derecha, Macri, de la Propuesta Republicana (PRO) había llegado a un entendimiento con Milei, candidato de la ultraderecha, para un acuerdo político. Tal es así que declaró que “el cambio liderado por Milei es el único camino que tiene Argentina” Carrió a su vez expresó “El que destruyó Juntos por el Cambio es Macri” Y, Milei, después de la primera vuelta comenzó a ofrecer cargos públicos a los miembros de la derecha e izquierda. Esto llevo a que la misma candidata declarara su apoyo a éste generando un desacuerdo en la alianza Juntos por el Cambio (JC) que estaba integrada por el PRO, Unión Cívica Radical -UCR-y Coalición Cívica (de Elisa Carrió). El presidente de la UCR rechazó el pacto Milei-Macri, el ala blanda del PRO y Senadores de JC se distanciaron de dicho pacto rompiendo la alianza Junto por el Cambio. Esto muestra como la cúpula del PRO llegó al pacto sin considerar a las dos organizaciones más que conformaban JC. Pero lo mas importante es que la derecha argentina es capaz de hacer todo lo que este a su alcance para volver al poder aunque tenga que pactar con la ultraderecha. La derecha se arriesga, dependiendo del resultado electoral, a una crisis interna que pone en entredicho a la organización política.

El triunfo sorpresivo, en la primera vuelta, del peronismo con una diferencia de 6.7% sobre Milei significó un golpe fuerte para la ultraderecha que comenzó a ofrecer el oro y el moro a los candidatos perdedores. Surgen varias interrogantes respecto al pacto. En primer lugar, si son endosables los votos de JC. Bullrich alcanzó, el tercer puesto, con 23.8% de los votos. ¿Cuántos de estos votarán por Milei? La declaración de Milei a los tenedores de depósitos a plazo fijo en moneda nacional en el sentido que ésta no vale y que compren dólares asustó a estos y los perjudicaría pues, si subió el tipo de cambio a más de 1000 pesos por dólar, si hay dolarización -como propone Milei- recibirán menos moneda  americana mientras suba el tipo de cambio. En consecuencia, parte de la clase media no votaría por Milei para tratar de proteger sus ahorros. Por otro lado, los otros candidatos como Schiriatti quedó en cuarto lugar (6.8%), un peronista no kirchnerista, y la izquierda en quinto (2.7%) que suman entre los dos 9.5% y lo más probable es que los seguidores de ambos se inclinen más por el peronismo que por la ultraderecha. Una primera encuesta después de la primera vuelta da una ventaja de 10 puntos de Massa sobre Milei.

La campaña del peronista Massa, anunció que Roberto Lavagna y Massa definirán el plan de estabilización económica. Lavagna, ex ministro de Duhalde y Kirchner, es un economista pragmático que contribuyó a la estabilización de la economía en el periodo turbulento después de que se eliminará la convertibilidad y fue el arquitecto de la recuperación en el gobierno de Kirchner (2003-2007). Esto puede dar cierto grado de confianza en el manejo económico e inclinar a algunos votantes por el peronismo.

Otro elemento importante es el debate que puede influir en el electorado. Sin embargo, hasta el momento hemos señalado las condiciones subjetivas que pueden influir en la decisión del voto. Las condiciones objetivas son determinantes como la crisis económica y social, el accionar del feminismo que lucha contra el recorte derechos de la mujer que propone Milei, el desempleo y la pobreza, etc.

La ultraderecha llegó a poder en Italia y probablemente también lo alcance en España si Sánchez no consigue la mayoría para su investidura. Lo cierto es que hay temor en la población argentina por las decisiones que puede tomar esta nueva corriente (autoritarismo, conflicto con la iglesia, negacionismo de la dictadura y del cambio climático, etc.) que surge precisamente en tiempos de crisis y los electores buscan un salvador que los rescate de la crisis.

Pero, sobre Massa pesa la inflación de 137%, la pobreza del 40% de la población y el hambre, la alta deuda externa -agravada por Macri- que influyen en las necesidades diarias de la gente y son factores que inciden en la decisión a quien elegir. En tanto que Milei, ofrece acabar con la tendencia a la hiperinflación con la dolarización, achicar el estado ineficiente y generar empleo. Sin embargo, eso requiere un ajuste fuerte y un periodo de fuerte impacto en la población hasta que se logre la estabilización económica. La propuesta son dos modelos económicos diferentes con rumbos y consecuencias distintas.  Argentina se encuentra en una encrucijada como y la población decidirá cual rumbo escoge para el país que definirá su futuro inmediato.