Luis Rosero M.

El gobierno enfrentará otros retos económicos además de reducir la iliquidez y déficit fiscal, debe aumentar el empleo, atenuar los efectos del acuerdo comercial con China, pago del servicio de la deuda externa etc. El dilema es aplicar el pragmatismo para enfrentar estos desequilibrios conjugando el equilibrio social y aumentar el apoyo ciudadano para alcanzar su reelección -apoyado en la reducción de la inseguridad ciudadana, cumplimiento de las ofertas de campaña y la convocatoria a una consulta popular- que restringen su accionar. Para ello, se aprobó el plan de desarrollo que regirá hasta mayo de 2025, para lo cual se fijaron 103 metas y 70 políticas públicas hasta fines de su corto mandado.

Si bien la vigencia de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica debe esperar hasta el 6 de marzo, cuando se publique en el Registro Oficial, ya le da respiro al gobierno para enfrentar la iliquidez fiscal con los nuevos impuestos que aprobó la Asamblea, entre ellos el alza del IVA, sin embargo, para analizar sus efectos hay que conocer cual es el texto final de la ley. Pero no solo se trata de gastos de cubrir gastos adicionales como el costo del servicio de las FF.AA para enfrentar el conflicto armado interno sino además cumplir a tiempo el pago de la deuda externa que es realmente porqué el gobierno requiere más ingresos. Ya se publicó la ley que reforma la extinción de dominio por la que podría obtener el gobierno nuevas fuentes de ingreso fiscal. Además, el Banco Central vendió parte del oro de la RMI por lo que obtuvo una mayor ganancia en 2023, cuya mayor parte irá al Ministerio de Finanzas con la cual captó más recursos a través de esta operación triangular. Si bien estos cambios le permiten más recursos al estado, solo esta pasando el bache, sin resolver el problema estructural del déficit fiscal continuo que tiene el país. El ministro de Finanzas señaló que la Proforma del Estado de 2024 tendrá un déficit cercano a 6000 millones, que se financiarían con los nuevos ingresos de la ley para enfrentar el conflicto armado. Fitch -la calificadora de riesgo- estima que el déficit fiscal se reduciría 2.3% con estos nuevos ingresos. Pero, aun así, tendrá que buscar nuevos recursos que los obtendría con la renegociación de los contratos con la telefónicas, acuerdos con China y un convenio con el FMI. Como ya señalamos, en el artículo anterior, el alza del IVA tendrá, entre otros, un efecto inflacionario afectando el bolsillo de la población.

La meta de aumentar el empleo, en 2024, le resultará difícil de cumplirla al gobierno dada la tendencia a la desaceleración de la economía. El Banco Central estimaba que la economía ecuatoriana crecería 0.8% en 2024 mientras que el Banco Mundial ajustó su proyección a solo 0.7%.  A pesar de que la Asamblea aprobó, el primer proyecto económico urgente, con la ley de eficiencia económica que, en lo esencial, establece incentivos a los empresarios para quienes contraten a nuevos trabajadores y, por otro lado, otorga exenciones tributarias a la inversión con proyectos de zonas francas (maquila). Para ello, se requiere que aumente el dinamismo económico que, como ya señalamos, se desalienta por la tendencia a desaceleración de la economía.

Por otro lado, el acuerdo comercial con China entrará a regir en 2 meses. Este contempla un proceso de desgravación de las exportaciones de Ecuador e importaciones de China. Para las primeras hay una desgravación inmediata de 0% para 5 productos siendo los principales atún y plátano, otros tendrán desgravación en 5 años y entre los que se desgravarán en 10 años están los productos estrella como el camarón, banano y flores y otros, lo que implica que el ingreso significativas de divisas para las exportaciones ecuatorianas serán en el mediano y largo plazo. En cambio, las importaciones desde China tendrán 4677 subpartidas con arancel cero que incluye principalmente insumos agrícola, médicos y ciertos aparatos. Las 1089 subpartidas, con sensibilidad media, se desgravarán entre 15 y 20 años incluye autos y artículos de plásticos; los productos de sensibilidad baja (1666 subpartidas) se desgravarán entre 5 y 10 años y se establecen exclusiones, para 800 partidas, que incluyen productos de la industria, textiles, automotrices y metalmecánicos. Como es de esperar, dado los bajos costos de los productos chinos estos tendrán efectos competitivos a la industria nacional, sobre todo para la micro y pequeña industria.  

Finalmente, los nuevos ingresos tributarios por la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, buscan principalmente tener recursos para cubrir el servicio de la deuda externa (capital mas intereses) a fin de evitar caer en default que dificultaría el financiamiento externo.

En conclusión, el gobierno esta desplazando el problema del déficit fiscal para el próximo año pero pone el acento por el lado de los impuestos para conseguir más ingresos lo que tiene su límite, debe hacerlo además de la focalización de subsidios a los combustibles, terminación de contratos eventuales de la burocracia, eliminar contratos con la elite dorada de la burocracia, etc.  mediante la reducción del gasto improductivo. El mayor reto económico, del gobierno, es evitar el default. En cuanto al financiamiento del déficit, con deuda externa, debe tener la responsabilidad de no dejar que se pongan condiciones a la política económica ni excederse en este tipo de financiamiento pues después el servicio de la deuda impondrá mas gastos y la necesidad de más ingresos (otro círculo vicioso). Respecto al empleo, deberá buscar otros canales para incentivarlo ya que las dos vías propuestas no funcionarán debido a la desaceleración de la economía. Y, en cuanto, a los efectos del acuerdo comercial con China debe ir preparando a los sectores que se afectarán para que aumenten su competitividad y reducción de costos a fin de que sean capaces de enfrentar la ventaja competitiva de los productos chinos. Hay que cuidar los intereses nacionales y que no pase lo ocurrido con los acuerdos militares con EE.UU. pues afectaron los intereses comerciales de Rusia que respondió con represalias a las exportaciones ecuatorianas. La geopolítica juega un rol importante en los temas internacionales.

Luis Rosero M.

La acción de las FF.AA. al reducir los delitos, en el declarado conflicto interno, la aprobación de leyes en la Asamblea así como la ratificación de un acuerdo comercial dan cuenta de una mejor gestión del gobierno, comparada con la del régimen anterior, y estos resultados apuntalan la estrategia política y electoral del gobierno.

Así, en Enero de 2024, la reducción de las muertes violentas, la captura de 7000 personas y requisamiento de armas, la liberación de secuestrados, apresamiento de extorsionadores, control en ciertas cárceles, etc. son algunos de los resultados de la acción de las FF.AA. y la policía, que se enmarcan dentro del plan Fénix remozado, herencia del régimen anterior.

A eso se suma, la aprobación de proyectos de leyes urgentes por parte de la Asamblea. Entre ellos, aquel para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica que después de plantear inicialmente una subida del IVA a 15%, el régimen la flexibilizó. La Asamblea reformuló dicho proyecto y aprobó además un impuesto temporal sobre las utilidades de los bancos y cooperativas (propuesta por el correísmo), un impuesto temporal sobre las utilidades de las empresas (formulado por el PSC), el aumento del Impuesto a la Salida de Divisas del 3.5 al 5% y la reducción del IVA para la construcción al 5% (propuesto por el régimen). Al parecer, dicha aprobación fue un acuerdo de la mayoría formada por el gobierno, RC y PSC. El gobierno obtendrá,  con esta reformulación, más ingresos de los estimados con estos 3 últimos impuestos. Finalmente, el IVA estaría entre el 13 y 15% a discrecionalidad del régimen según varíen las condiciones de la economía. En banco de inversión Barclays estima que con todos estos impuestos el total de ingresos alcanzaría 2362 millones de dólares.

Por otro lado, la Asamblea aprobó las reformas a la ley de extinción de dominio. Con éstas, según Primicias, se podrían recuperar 110 millones que están en proceso legal de actividades de las economías ilícitas, mientras que la presidenta de la Comisión de Régimen Económico estimó que se podrían recuperar 170 millones, además se podría utilizar maquinaria incautada a la minería ilegal, las armas decomisadas a delincuentes podrían pasar a manos de las FF.AA. y Policía y se crearía una Unidad Especializada Antilavado en la contratación pública.  El régimen ha utilizado la vía de los proyectos económicos urgentes, presionando a la Asamblea, para que apruebe de forma rápida las leyes que requiere para cubrir el déficit fiscal y luchar contra el crimen organizado. Hay que sumar a ello, la propuesta del gobierno de focalizar los subsidios a los combustibles, liberando los precios de las gasolina extra y eco país, en el segundo semestre de 2024

Se agrega, la aprobación de la Asamblea del acuerdo comercial con China, herencia del gobierno anterior, que entrará en vigencia en dos meses. Para aprovechar la buena coyuntura por la que transita, el Presidente firmó los decretos para convocar a la consulta popular y referéndum, cumpliendo con una promesa de campaña, que mejoró aún más la imagen del gobierno.

Tanto la acción de las FF. AA. y Policía que permitió reducir la violencia y delitos, la aprobación de las dos leyes señaladas y el acuerdo comercial con China contribuyen a una gestión eficaz del régimen y aumentó la aprobación de la ciudadanía así como a mejorar la imagen del gobierno. Todos estos resultados positivos para el régimen contribuyen a apuntalar su estrategia política y electoral de 2025.

Si bien lo señalado ha mejorado la imagen del gobierno, sin embargo, hay que considerar los efectos que pueden generar los nuevos impuestos. Uno de los aspectos positivos, es que no todo el peso del ajuste recaerá sobre la población. En cambio,  el IVA tendrá efecto recesivo e inflacionario que se reforzarían con la focalización del subsidio a los combustibles. Por otro lado, hay que considerar los efectos de la apertura comercial con el acuerdo comercial con China que afectaría a algunos sectores de la economía y empresas medianas-pequeñas ahondando la tendencia a la desaceleración de la economía. Aún más, los acuerdos militares firmados con EE.UU. llevaron al gobierno a entregar armas rusas a este país, que causó una represalia comercial limitando las exportaciones de banano y flores. Todo esto, aún sin considerar el posible acuerdo con el FMI qué intenta obtener un crédito a fin de cubrir las necesidades de financiamiento para el presupuesto del estado de 2024, que implicaría condicionamientos a la política económica.

Luis Rosero M.

La crisis de seguridad fiscal es enfrentada por el gobierno, pero la crisis económica se agrava por la iliquidez fiscal, el ciclo perverso de deuda-déficit fiscal, la tendencia al bajo crecimiento, el ciclo a la desaceleración económica y elevado subempleo y empleo de mala calidad, la escasa RMI, etc. a lo que se agrega el agravamiento de la crisis social. Lo más crítico y urgente es la iliquidez fiscal que el gobierno busca reducirla con el alza de IVA, lo que tiene efectos inflacionarios y sociales.

El régimen, como señalé en el artículo anterior, ha flexibilizado su proyecto de ley de incrementar el IVA en 3% con una que contempla un incremento de 1% permanente en este año y 1% adicional temporal, para 2025 y 2026.  Además, agrego la focalización de subsidios a los combustibles. La comisión de la Asamblea, que trata este proyecto, elaboró un informe para el segundo debate, que propone gravar las utilidades bancarias (RC), establecer un impuesto a las utilidades extraordinarias a las empresas (PSC) y modificar la tasa del ISD.

Ya surgieron las propuestas alarmistas de que hay que subir el IVA en 3% pues corre riesgo la dolarización -la que depende de ingreso neto de divisas- que es afectada además por el peso de la deuda externa, mientras que la banca se opone a que le graven sus utilidades porque dañarían el acceso al crédito y afectaría a las familias además que incidiría en su solvencia patrimonial a pesar de sus fuertes utilidades obtenidas en los dos últimos años. El tema central que debe considerarse es la distribución del ingreso y la desigualdad social, que serían afectada por el alza del IVA aumentando ésta última.

Hay que analizar los efectos del IVA sobre la población. Si bien no están gravados algunos bienes de la canasta básica -tendencia que rige hace algunos años-, un aumento de este impuesto provocará un impacto sobre otros precios, entre ellos el de los combustibles que a su vez afectaría al costo del transporte y a insumos de la industria y estos a su vez aumentarían el costo de la canasta básica. Como señalé, en dicho artículo, no hay que buscar el camino fácil para conseguir recursos fiscales, como lo hicieron los dos últimos gobiernos que incrementaron la deuda externa, para financiar el déficit fiscal, lo cual tendrá repercusiones en este y el próximo quinquenio ya que deberá pagar el país 17749 millones en deuda externa. Tampoco hay que cargarle el peso de financiar el déficit fiscal a la población, ya que esto agravaría la redistribución de ingresos sobre los que menos recursos tienen. Hay otras alternativas como señalé, en el mencionado artículo, atacando la evasión fiscal en el IVA e Impuesto a la Renta, reducir el gasto público no prioritario, eliminar los contratos temporales de empleados públicos en sectores no prioritarios, eliminar empresas públicas no fundamentales, renovación de los contratos con las telefónicas, eliminar subsidios a empresas que no han cumplido con las condiciones que se establecieron, etc. Por otro lado, si bien es dable la reducción del subsidio a los combustibles, vía focalización, de las gasolinas, esto también provocará efecto inflacionario ya que subiría el costo del transporte que aumentaría el costo de la canasta básica.

Otro problema económico critico es la falta de dinamismo en la generación de empleo por la tendencia a la desaceleración de la economía. Así en el IV trimestre de 2023, la tasa de subempleo alcanzó 20.3% y el sector informal urbano se estima alcanzaría a 5 millones de ecuatorianos. Dicha desaceleración aumenta por la reducción de la inversión privada y pública, el clima de inseguridad ciudadana por la violencia en las calles, etc. Esto a su vez conduce a la migración hacia el exterior. La economía no se debilita más por la entrada de remesas de los migrantes y las exportaciones. La problemática del empleo, a su vez, influye lo social y, en su indicador más relevante, la pobreza. El último informe del INEC, de diciembre de 2023, señala que la pobreza por ingresos se ubicó en 26% y la pobreza extrema en 9.8%, mientras que en el área urbana la pobreza llegó a 18.4% y la extrema a 3.3% mientras que, en lo rural, la pobreza alcanzó 42.2% y la extrema 23.7%. Esta representa la desigualdad social. El deterioro social puede conducir a que la válvula de presión social explote. De ahí que es importante discutir si le cargamos el peso de la crisis fiscal a la población, que implicaría aumento de la desigualdad social o se redistribuye la carga tributaria entre los sectores económicos y financieros que han tenido aumento significativo de sus utilidades. O sea, en el primer caso, una redistribución negativa del ingreso y, en el segundo, obligar a la contribución fiscal a la riqueza.

Por ello, vuelvo a insistir en la conclusión del artículo anterior: “Por ello, en situaciones de crisis económica y alto déficit fiscal, todos los que tengan recursos incluidos los sectores económicos también deben contribuir a financiar al estado.”

Luis Rosero M.

El gobierno avanza en la lucha contra el crimen organizado con el apoyo de la cooperación internacional, pero la crisis económica continua y una parte de ella es el déficit fiscal. Los dos partidos del pacto legislativo con el gobierno, en la Asamblea, no apoya su tercer proyecto económico urgente, para obtener más ingresos fiscales, que busca el alza de impuestos. En la política de seguridad, de mano dura, está incidiendo la geopolítica.

En 2023, la tasa de homicidios en el país alcanzó 46 asesinatos por cada 100000 habitantes. Dado la ofensiva criminal, en enero de 2024, el gobierno fue armando su estrategia para su lucha contra el crimen organizado al declarar un conflicto armado interno, planificó varios operativos, con policías y militares, en barrios y calles que ha permitido capturar a delincuentes peligrosos y confiscado armas. Así mismo, ha intervenido varias cárceles del país. Sin embargo, en la de Cotopaxi, ha encontrado celdas vip, piscina y discoteca, indicio de que las cárceles siguen controladas por el crimen organizado. Para fortalecer la guerra contra el crimen, el gobierno pidió apoyo a EE.UU por lo que el  firmó un acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas y otro sobre las operaciones contra las actividades marítimas transnacionales ilícitas que tuvo el visto bueno de la Corte Constitucional. Dado el marco legal de la cooperación militar, visito el país Laura Richardson, comandante del Comando Sur, que entregó camiones y equipos tecnológicos. Los acuerdos señalados posibilitan también el ingreso a militares, asesores y contratistas americanos con inmunidad, al igual que los diplomáticos, además concedió   libre tránsito de aeronaves y buques militares de ese país. Casi, al mismo tiempo, la UE ofreció apoyo al país en su lucha contra el crimen organizado.

 En enero, de este año, por efecto de la acción de las FF. AA., se han reducido los asesinatos . Además, el ejército capturó 20 toneladas de droga en Vinces y otra tonelada en Esmeraldas y Guayaquil. Son los primeros resultados en la lucha contra las bandas criminales y carteles de la droga. Sin embargo, la guerra contra estos grupos, recién comienza, y va a ser de larga duración. Se debe esperar una repuesta de estos y como el gobierno la enfrentará. En su estrategia contra dichos grupos, la geopolítica está jugando un significativo papel y tendrá implicaciones internas y externas.

En lo que no ha tenido avances el gobierno, hasta el momento, es en obtener más recursos públicos. El tercer proyecto económico urgente plantea incrementar 3% al IVA, lo cual es rechazado por el PSC y el correísmo. Sin este apoyo, tambalea la posibilidad de aprobación del proyecto en la Asamblea. El gobierno flexibilizó su propuesta y ofreció el aumento de 1% permanente y 2% por dos años del IVA y, además, focalizar subsidios a los combustibles en un 25%. Hay desacuerdos en la Comisión de Desarrollo, de la Asamblea, que trata el proyecto. Algunos miembros plantean gravar las utilidades de la banca, un impuesto de 5% a las utilidades extraordinarias de las empresas y revisar la tasa del impuesto a la salida de divisas. Paralelamente, el gobierno mantiene conversaciones con el FMI para obtener un nuevo crédito posiblemente de emergencia para superar la iliquidez fiscal.

Lo cierto es que, sin recursos adicionales, el gobierno seguirá con iliquidez fiscal cuyo efecto principal es la mantención de los atrasos a proveedores, a los GAD, a instituciones y centros médicos, no pago de la devolución del IVA a las personas de tercera edad y jubilados, etc.

Respecto a la lucha contra el crimen organizado, si bien es dable el apoyo de la FF.AA. no todo puede resolverse con la mano dura. La violencia tiene su origen en la desigualdad económica, falta de oportunidades y escasa generación de empleo lo que ocasiona que buena parte de la población termine en la pobreza. Por ello, la estrategia en esta lucha también deber abarcar la atención a la crisis social y una política de apoyo social a los más vulnerables y desprotegidos de la sociedad.

Respecto al déficit fiscal, con la propuesta inicial del aumento de 3% al IVA, el gobierno descargaba parte de la crisis fiscal en la población. No se puede adoptar el camino fácil para obtener más recursos y además debe considerarse los efectos inflacionarios del IVA. El SRI estimó que la evasión fiscal del IVA e Impuesto a la Renta alcanza a 2000 millones, por lo que ahí está una vía para obtener recursos fiscales. Otra sería la renovación y renegociación de los contratos con las telefónicas. Además, hay que revisar el gasto público para eliminar aquello que no es prioritario ni necesario. La propuesta flexibilizada del gobierno es más razonable, pero sigue recayendo en la mayoría de la población. Por ello, en situaciones de crisis económica y alto déficit fiscal, todos los que tengan recursos incluidos los sectores económicos también deben contribuir a financiar al estado.

Luis Rosero M.

El gobierno decidió aplicar la mano dura contra el crimen organizado y la economía de la droga con la declaración de un conflicto armado interno para enfrentar la violencia que estas generan. La actividad de estos grupos tiene varios ámbitos, por lo tanto, la estrategia para controlarlos debe ser integral. Con el proyecto de ley de recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, el gobierno busca despojarlos de los recursos obtenidos en sus actividades ilícitas.

En Guatemala y El Salvador se aprobaron, en 2010 y 2013 respectivamente, la ley de extinción de dominio para atacar el corazón financiero de los grupos criminales. En el país, se aprobaron la ley de extinción de dominio y la de lavado de dinero recién en 2021, lo que posibilitó que los grupos criminales organizarán y consolidarán sus finanzas pero, además, hay tenido muy poca aplicación, entre otros factores, por la corrupción en el sistema judicial y otras entidades públicas.

Por ello, el proyecto de ley señalado plantea reformar las dos leyes señaladas.

Entre los aspectos principales de estas reformas está simplificar el proceso de la titularidad a favor del estado de la extinción de dominio contando con la sentencia de la autoridad judicial. Por otro lado, se aplicará no solo a funcionarios públicos sino también a particulares. Se le da facultad a la Procuraduría del Estado para que presente acusación particular con la cuantificación de los bienes sujetos a la extinción. En cambio, la Fiscalía realizará la investigación patrimonial de la extinción ya sea por oficio o denuncia. Habrían juece especializados en corrupción y crimen organizado. O sea que se establecen claramente la competencia de cada una de las entidades públicas que actuarán en la extinción de dominio, se simplifican los trámites y procedimientos y se crean los jueces especializados para que, los trámites de extinción de dominio, no tengan que esperar la cola de los juicios con un juez general. A más de eso, el fiscal no tendrá inoponibilidad de secreto o reserva de la información financiera y de otro tipo. Se acorta el plazo de la investigación patrimonial y el conocimiento de la resolución de extinción de dominio será de dos días.

Por otro lado, se autoriza la venta anticipada de los bienes que entrarían en la extinción si estos corren el riesgo de deteriorarse o extinguirse. También se reducen los plazos de suspensión de la audiencia a la mitad del tiempo y se facilita la declaración de la sentencia ejecutoriada.

Respecto a la ley de lavado de activos, se establece el procedimiento para la prevención de estos, en los procesos de contratación pública, a fin de frenar la corrupción en esta área, que estará a cargo de la UAFE y el Servicio Nacional de Contratación Pública. Se conforma una Observatorio Ciudadano que vigile las actuaciones de dichas entidades. Se especifican y reforman los procedimientos de contratación pública. Se establecen competencias de la Contraloría y Procuraduría en cuanto al lavado de activos.

También se reforma la ley relacionada a las armas y, en lo fundamental, se establece que las armas incautadas pasaran a manos del Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El proyecto de ley señalado busca simplificar y agilizar la aplicación de la ley de extinción de dominio y de lavado de activo, respetando el debido proceso legal, para que sean eficaces para despojar de los activos obtenidos ilícitamente por estos grupos criminales así como de la corrupción en la contratación pública y que pasen al estado. Es un avance en la guerra contra la economía de la droga, crimen organizado y corrupción en la contratación pública. Se va revelando la estrategia que utilizará el gobierno contra estos grupos que, en sus operaciones, no solo utilizan la violencia sino que además tienen formas para camuflar sus activos ilícitos y el proyecto facilita confiscarlos y traspasarlos al estado que servirán, entre otros fines, para mejorar las finanzas públicas, que contribuirá al financiamiento de la lucha contra estos grupos delictivos. Se requiere además una reforma judicial que elimine la corrupción y proteja a los funcionarios judiciales y a jueces (por ej. jueces sin rostro).

Luis Rosero M.

A fines de la primera semana de enero, se conoció la fuga del líder de la banda de los Choneros, aliado de uno de los carteles mexicanos; en la siguiente semana, el lunes el gobierno impuso el estado de excepción y  el martes 14 un grupo armado asaltó, en Guayaquil, a Canal TC, del estado, manteniendo como rehenes a los presentadores y técnicos del noticiero en vivo, el gobierno declaró al país en conflicto armado interno, al siguiente día, en las principales ciudades del país, se registraron, al parecer de forma coordinada, asesinatos, bombas, explosiones, quema de vehículos, toma de las principales cárceles del país y captura de rehenes de los guías penitenciarios, etc.  En síntesis, la segunda semana de enero, el país vivió una convulsión desatada por la violencia de los grupos criminales que atemorizó a la población que se reflejó en el teletrabajo que establecieron algunas empresas, la reducción del tráfico vehicular, la orden del ministerio de educación de las clases on line, menor asistencia a los mercados, el retiro temprano a sus hogares de buena parte de los pobladores de dichas ciudades, etc. El gobierno declaró la guerra a las bandas criminales, estableció el toque de queda y calificó como terroristas a estos grupos. El ejercito ahora recorre las calles, en algunas ciudades, incluidas playas de costa ecuatoriana, logrando la captura de sospechosos, incautación de armas y la intervención policial en algunas zonas peligrosas ha permitido la detención de posibles delincuentes.

La economía de la droga surgió hace más de una década en el país y operaba de forma camuflada. Si bien, sus principales ingresos proceden de los envíos de la droga al exterior. Las bandas asociadas a los cárteles prestan servicios para que ésta llegue a los puertos. Las bandas además realizan otra serie de actividades delincuenciales (microtráfico, extorsión, secuestros, etc.) que han generado violencia en las ciudades, principalmente en la costa ecuatoriana.

Por otro lado, para asegurar la continuación de su actividad los capos de los carteles, por medio de la corrupción y violencia, se han infiltrado en las instituciones de justicia, policía, cárceles, etc. a fin de proteger, defender y liberar a sus operadores y mantener su impunidad. La economía de la droga tiene un entramado muy complejo y enfrentarlas requiere una estrategia y tácticas que debe incluir labores de inteligencia y tecnología.

Además, en los últimos 6 años, se ha registrado un agravamiento de las condiciones sociales expresadas en desempleo, reducción de recursos para política social, pobreza, hambre y miseria  que ha generado un caldo de cultivo para que los jóvenes, sin oportunidades, se conviertan en la cantera de delincuentes que captan las bandas criminales.

Si bien la ciudadanía ha recibido con beneplácito la participación de las fuerzas armadas en el control del orden interno, ya que reduce temporalmente la inseguridad, surge el interrogante si ¿es suficiente la mano dura para enfrentar a los carteles y sus bandas aliadas para frenar su actividad y la violencia que genera?

La economía de la droga y la violencia que genera tiene muchas aristas, incluido el lavado de dinero, por lo cual debe enfrentársela atacando sus diferentes ámbitos. No se puede caer solo el uso de la fuerza y sus métodos, hay que establecer un plan de seguridad integral y aplicarlo cubriendo todos los ámbitos señalados (incluido la confiscación de los activos ilícitos). Para ello, se requiere una profunda reforma judicial (incluye jueces sin rostro), en la administración profesional de las cárceles, en el lavado de activos, etc. Esta debe realizarse con urgencia, no a través de consulta, con un acuerdo con la Asamblea para un trámite de emergencia. La embestida criminal requiere de la Unidad Nacional y una acción decidida del gobierno, en todos sus ámbitos, en su lucha contra la violencia desatada por las bandas criminales.

Luis Rosero M.

Como ya he señalado el país sufre de una cuádruple crisis. En el marco del agravamiento de la crisis de seguridad, por la fuga del líder de los Choneros y aumento -la semana pasada- de las muertes violentas, el nuevo gobierno va lentamente tomando medidas para enfrentar la grave problemática fiscal que requiere urgencia. La crisis económica es crítica que se refleja en una serie de desequilibrios macroeconómicos. Se va muy despacio para contrarrestar la iliquidez fiscal que ya está afectando hasta los de tercera edad que incluye a jubilados. La política fiscal esta media por las perspectivas políticas que limitan su accionar por la proyección de la reelección presidencial.

Unos pocos indicadores muestran lo crítico de la situación económica. En efecto, en el tercer trimestre de 2023 la economía creció apena 0.4% uno de los mas bajos de los últimos años. Esta evolución se explican principalmente por el aumento de las exportaciones y el consumo del gobierno, pero resulta preocupante que el consumo de los hogares (-4.7%) y la inversión (-5.6%) se hayan contraído fuertemente lo que explica la tendencia a la desaceleración de la economía. Ahora el Banco Central estima una tasa de crecimiento, para dicho año, de 1.5%. La inflación de noviembre (-0.4) y diciembre (-0.02) fueron negativos reflejando signos de deflación, lo que puede implicar que la tasa de crecimiento sea inferior a la prevista por el Banco Central. Lo preocupante es cual sería la tasa de crecimiento de 2024 que, con la tendencia a la desaceleración de la economía y por la política de austeridad que afecta a la inversión pública, podría ubicarse en 1.5%. La Cepal proyecta 2%.

Se estima que el déficit fiscal sea de 5500 millones de dólares y la iliquidez fiscal bordea los 3500 millones. Para esta última, el gobierno ha vuelto, como en otros regímenes, a seguir utilizando los atrasos a proveedores, IESS, prestadores de servicios de salud, gobiernos autónomos descentralizados, y ahora hasta las personas de la tercera edad a los que no se devuelve el IVA desde hace algunos meses. Este grupo social ya suma medio millón de ecuatorianos.

Para enfrentar el déficit y la iliquidez fiscal el gobierno va lentamente tomando medidas. Comenzó con la ley de  Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada en diciembre por la Asamblea, en la que principalmente hay una condonación de intereses y multas de deudas tributarias con el SRI y, por otro lado, la retención mensual del impuesto a la renta de los grandes contribuyentes, que rige a partir de 2024, con lo cual obtendría recursos inmediatos. Luego, acudió al pago anticipado de impuestas a grandes empresas. Continuó con obtener liquidez de la Corporación Financiera Nacional y emitió deuda interna. Siguió con la suspendió la reducción del impuesto a la salida de divisas. En el gobierno anterior, se había decidido que se reduzca al 2% hasta 2023 pero Noboa determinó que se mantenga en 3.5%. Siguió con la venta de oro, parte de la RMI, por parte del Banco Central. Esta institución, en un comunicado, señaló que la “que la recomposición de las Reservas Internacionales” le generó utilidades adicionales de 252 millones, de los cuales el 70% será distribuido en el primer trimestre de 2024. De acuerdo al Código Monetario, las utilidades del Banco Central deben ser trasladadas al Ministerio de Finanzas y Economía.

En ese año, el Ministro de Finanzas declaró que habría una reducción de 1000 millones de dólares en el gasto público. El recorte estaría dirigido a los contratos eventuales en la administración pública, lee seguirían la optimización de gasto en empresas públicas. Especificó que sería en Petroecuador y también iría la focalización de subsidio que generaría un ahorro de 2 a 2.5% del PIB, pero no especificó cuando aplicaría esta última. Lo que muestran estas medidas es que no hubo ni hay un plan económico diseñado previamente.

En síntesis, el gobierno en sus medidas ha puesto énfasis en medidas que aumenten sus ingresos fiscales y deja para este año el recorte del gasto público. En otras palabras, esta aplazando el ajuste por la proyección política de una reelección. Se ha acercado a los organismos multilaterales, incluido del FMI, para tratar un crédito a fin de enfrentar el problema fiscal. Como es conocido, estos obligaran a aplicar su receta económica que incluye condicionamientos como el ajuste fiscal y reformas estructurales.

Luis Rosero M.

El inicio de un nuevo año es un momento propicio para reflexionar sobre el desarrollo personal, el destino del país y de actuar para alcanzar un futuro mejor. He sostenido que el Ecuador enfrenta una cuádruple crisis: económica, social, política e institucional que siguen agravándose. Al gobierno le toca enfrentarlas para enrumbar al país y a los ciudadanos colaborar para ayudar a solucionarlas. Hay esperanza de mejores días a nivel personal y para el país, pero se requiere de una acción decidida del gobierno con el apoyo de la ciudadanía y de los otros poderes del estado, o sea de la unidad nacional.

La cábala de los ecuatorianos de quemar los monigotes de año viejo se basa en la creencia que así dejamos atrás o enterramos lo malo que nos sucedió y esperar que el año nuevo sea mejor. En una encuesta de Cedatos sobre lo que fue el año viejo, se revela que un cuarto de la población quiere quemar al ex presidente Lasso (por su fracasado gobierno), un 14.5% la corrupción y la delincuencia, un 9.1% a Correa, un 7.8% a los jueces y magistrados de justicia, un 6.8% a superhéroes, el 5.1% a Noboa, un 3% a los implicados en el caso Metástasis, un 2.7% a los cortes de luz y un 1.2% a expresidentes y asambleístas.  Estos resultados muestran en sentir de la población sobre los graves problemas del país que se resumen en los intereses políticos, el crimen organizado y corrupción, la inseguridad ciudadana, la crisis institucional por la infiltración de la delincuencia organizada en la justicia, policía y otras instituciones públicas, la corrupción, etc.

El caso Metástasis reveló como los cárteles de la droga usan la delincuencia organizada para comprar a jueces y funcionarios judiciales; corromper a policías, personal de la SNAI y otras instituciones públicas; utilizar las bandas locales para cometer crímenes y otros delitos, control de cárceles, etc. Esto último agrava la inseguridad ciudadana. En pocas palabras, mostró cómo funciona el crimen organizado para conseguir sus propósitos. Pero, además revela a que nivel tan alto ha llegado la corrupción que ha penetrado en varias instituciones públicas.

No sólo es grave la crisis institucional y de la seguridad ciudadana, sino que también en lo económico la situación es muy crítica. Unos pocos indicadores la reflejan: un déficit fiscal de más de 5000 millones, atrasos con proveedores, la iliquidez de fondos públicos, una alta deuda pública y la dificultad para pagarla, deterioro del mercado de trabajo (alto subempleo y elevado tamaño del sector informal); en lo externo, una baja RMI, alta deuda externa y dificultad para servirla, déficit en cuenta corriente, un alto riesgo país, etc. En lo social, lo más relevante es el nivel de pobreza y de la pobreza extrema, el hambre y la miseria, otro gran problema estructural.

El nuevo gobierno, en más de un mes de su gestión, en lo económico ha enfrentado la iliquidez fiscal con la ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que se basa en la remisión (amnistía) tributaria que generaría unos 832 millones netos. Sin embargo, no ataca el problema estructural de fondo que son los déficits fiscales permanentes. Para ello, se requiere una profunda reforma tributaria que, entre otras medidas, debe atacar la evasión tributaria del Impuesto a la Renta y del IVA estimada en 3000 millones, una reducción del gasto público no prioritario, un mayor peso de los impuestos directos más que en indirectos. Ha tomado una medida tibia, por razones políticas, ya que el gobierno aspira a la reelección.

Para la generación de empleo, la ley prevé una serie de incentivos tributarios para la inversión, sobre todo extranjera, principalmente en zonas francas recogiendo el proyecto que Lasso envío pero que fue rechazado por la Asamblea. Además,  se establecen una serie de incentivos fiscales tanto para empresas nacionales y extranjeras para generar empleo. Hay que recalcar que la generación de trabajo, no depende principalmente estos incentivos sino del aumento de la demanda agregada, a través del gasto o inversión privada o pública. 

Para enfrentar la emergencia eléctrica, que provocan cortes de luz, el gobierno ha enviado otro proyecto económico urgente que busca atraer inversión extranjera para aumentar la oferta de energía sobre todo a través de métodos alternativos a los de la energía convencional.

En síntesis, los problemas graves del país siguen vigentes y el gobierno actúa pero pensando en las elecciones presidenciales de 2025. Los ecuatorianos añoramos la isla de paz que era nuestro país en América del Sur. El caso Metástasis da una luz para combatir la corrupción y atacar al crimen organizado, para lo que se requiere una profunda reforma judicial, atacar el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y eliminar la corrupción en las instituciones públicas. Las fuentes gubernamentales señalan que tienen ya una estrategia para frenar la inseguridad ciudadana. Al parecer, se ha recogido lo que dejó el gobierno anterior en este tema. Al menos, los ecuatorianos esperan que el gobierno cumpla con las promesas de campaña. Los problemas estructurales que afectan al país deberán esperar hasta 2025.

Luis Rosero M.

Para completar la primera etapa, del programa económico ultraneoliberal, Milei envió un proyecto de ley combo (ómnibus) para la desregulación de la economía a fin de que eliminar las trabas legales y administrativas para la plena vigencia de una economía de mercado libre. Pero, además se busca despejar el camino para reformas estructurales.

Las primeras medidas, tomadas en la semana que asumió el poder, fueron un ajuste fiscal, una devaluación y una compensación social. La semana pasada envío el proyecto de ley combo, como parte de la reforma del estado, que desregula profundamente la economía. Para ello, se plantea 30 medidas principales que derogan una serie de leyes que restringen la vigencia del sistema de precios en los sectores de comercio, servicios e industria en el ámbito interno. En lo externo, habría apertura comercial y estaría bajo la normativa de la OMC. Además, se busca reducir el tamaño del estado, una reforma laboral y obtener más ingresos públicos.

Entre las leyes que se derogarían están la de alquileres, de abastecimiento, del observatorio de precios, de la promoción industrial y promoción comercial. Con estas, se busca la vigencia del libre mercado, en estos sectores y la promoción de la competencia. Así también, se eliminan las políticas de protección industrial y comercial.

Para llevar a cabo la reducción del tamaño del estado, se deroga la normativa que impide la privatización de las empresas públicas así como la del régimen de sociedades del estado y la transformación de las empresas del estado en sociedades anónimas. Además, se plantea la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. De esta forma, se abre el camino para la privatización de las empresas públicas.

Para la reforma laboral, se plantea la modernización del régimen laboral que estaría encaminada a la flexibilización laboral y a la eliminación de una serie de derechos laborales que permitiría reducir el costo de contratación laboral.

Se busca modificar el marco regulatorio de la medicina prepagada, eliminar de las restricciones de precios a los sectores de régimen prepagado e incorporar de las empresas de medicina prepagada al régimen de obras sociales, con lo que se abre el camino para la privatización del sector de la salud pública.

Se modificaría el Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. Con esta medida se aceleraría la dolarización informal de la economía que sería el primer paso para la dolarización oficial de la economía.

Adicionalmente se desregula los servicios de internet satelitales y del sector turístico para eliminar el monopolio de las agencias de turismo.

Tan profunda es la reforma desregulatoria que hasta se propone la modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, una propuesta que hizo Macri en la campaña, lo que posibilitaría que dichos clubes se conviertan en empresas como la de cualquier sector económico.

A eso se suma el proyecto de ley para la restitución del impuesto a las ganancias. Este, en el gobierno anterior, había fijado un piso de 1’980.000 pesos de ingresos brutos mensuales por el que 800.000 empleados y trabajadores dejaron de pagar dicho impuesto. Antes, de ese piso, el valor era de $ 700.875 pesos, el que se pretendería restituirlo con lo cual los 800.000 trabajadores que estaban exento de dicho impuesto lo volverían a pagar.

En síntesis, el proyecto de ley, si se aprueba, provocará una serie de efectos económicos. Entre ellos, al eliminarse la regulación y control de precios, estos se fijarían por oferta y demanda, con lo cual habría un aumento de precios de los bienes y servicios la canasta básica. Esto se debería a que tomar esas medidas, con una estructura oligopólica de los productores y proveedores de esta canasta, provocaría que el ajustador continuo de precios recaiga sobre esas empresas. Se lograría también la privatización de empresas públicas, de los servicios de salud públicos, se consolidaría el proceso de dolarización informal y habría, con la reforma al impuesto a las ganancias, 800.000 trabajadores que volverían a pagar el mismo.  Toda esta política económica esta basada en el manual de economía neoliberal.

Luis Rosero M.

Tal como había propuesto Milei aplicó un paquete económico, vía shock, que incluyen medidas cambiarias, reducción del gasto público, de compensación social, etc. que ya han provocado un efecto sobre el aumento de precios de la canasta básica. El fuerte ajuste fiscal es solo el comienzo, ya se está tratando de una ley combo que completaría, la primera fase, de su programa económico ortodoxo.

La devaluación del tipo de cambio del dólar oficial fue de 118%, al pasar de cerca de 400 a 800 pesos, que encareció las importaciones por lo tanto subieron los insumos, benefició a los exportadores  y además ya causo efectos en las expectativas de inflación. Los precios de los alimentos y otros componentes de la canasta básica aumentaron de inmediato por el reajuste de precios que aplicaron supermercados y locales de expendio de bienes de la canasta básica. Por otro lado, al reducirse los subsidios a la energía (luz y gas) y transporte ya derivo en aumento del precio de la gasolina (entre 30 y 37%) que aplicaron las distribuidoras, en manos de transnacionales, y se espera que en enero de 2024, con la reducción de los subsidios a los servicios públicos, aumente el costo de estos, con lo cual la inflación se va a disparar desde diciembre de este año.

Para reducir el déficit fiscal, se dictó a suspensión de la obra pública, la reducción del número de ministerios y subsecretarias, disminución de la contratación de empleados públicos, suspensión de la publicidad oficial y reducción de las transferencias a las provincias. Con esta y otras medidas, de contracción del gasto público, espera a llegar a un ajuste del 5% del PIB de dicho gasto.

Se eliminó el registro de importaciones por un sistema de registro para información estadística de éstas y se agregó un 2% al impuesto a las importaciones y se sigue manteniendo el impuesto (retención) a las exportaciones. En lo social, la asignación universal por hijo y la tarjeta Alimentar aumentarán en 50% que compensarían parcialmente el impacto inflacionario.

Según Milei, el ajuste fiscal lo iba a pagar la casta política. La realidad muestra que, por el ajuste cambiario, aumentaron el precio de los bienes y servicios de la canasta básica (principalmente la carne, comestibles) y de la gasolina, que subirá la tarifa del transporte público, lo que tiene un impacto directo en el poder de compra de los salarios de la población afectando a los pobres y clase media. En enero de 2024, con la reducción de los subsidios de los servicios públicos aumentará aún más el costo de la canasta básica. Pero la mira esta puesta también en los jubilados, ya que se busca suspender la actualización automática trimestral de la pensión y que los nuevos aumentos para jubilaciones sean discrecionales por parte del gobierno. El fuerte ajuste provocará una alta contracción de la demanda que terminará en una recesión y de esa manera tratar de ajustar los precios vía el mercado. La compensación social va a ser insuficiente para cubrir el aumento de la inflación que vendrá, en consecuencia, el ajuste recae sobre los salarios reales y próximamente sobre las jubilaciones reales. La inflación de noviembre fue de 12.8% y la anualizada 160.9%, por lo que se espera que en diciembre alcance 15% y la anualizada alrededor de 180%.

Si bien, las medidas de ajuste tomadas son para reajustar el tipo de cambio y el salario, dos precios claves de la economía, son para ir disminuyendo los desequilibrios en el mercado cambiario y de trabajo, el siguiente paso del gobierno es enfrentar los problemas estructurales. Para ello, dictaría una ley ómnibus (ley combo) en la que se incluiría una reforma del estado, para reducir el tamaño del estado vía privatización y recorte de la burocracia; desregulación de la economía, a fin de que el mercado asigne eficientemente los recursos en la economía; y, una reforma laboral para alcanzar una flexibilización en el mercado de trabajo.

Si bien la Argentina ha venido manteniendo graves desequilibrios macroeconómicos y problemas estructurales de fondo, es necesarios irlos corrigiendo y atacar los segundos de manera gradual. La opción que ha escogido el gobierno, para los primeros, es vía shock y el peso de la crisis, en el corto plazo, va a recaer sobre salarios y jubilaciones. Y, para los problemas estructurales, se prepara todo un programa a fin de que sea a través de medidas de mercado, en línea con las recomendaciones de los organismos multilaterales qué, en el mediano plazo, continuarán afectado a trabajadores y pensionistas.

No es casual que el FMI aplauda las medidas tomadas por MIlei, ya que éstas se encaminan en el marco de las que este organismo recomienda y que son necesarias para poder solicitar un crédito. Argentina tiene problemas de iliquidez en divisas y debe cumplir con los pagos de la deuda externa. Por ello, se ha visto obligado a solicitar un crédito puente, de corto plazo, de 960 millones a la CAF, para pagar al FMI parte de los 50.000 millones que le prestó y que fueron tramitados por el actual Ministro de Economía. Una cosa es ser candidato y ofrecer resolver los problemas económicos del país haciendo promesas de volver a la Argentina prospera y hacerle pagar el costo de la crisis a la casta política y poderosos y, otra, estar en el poder, desde el cual, con las medidas tomadas, se impacta en el nivel de vida de trabajadores y pensionistas. Se revela la verdadera cara del libertario y a que intereses favorece.