Luis Rosero M.
El gobierno avanza en la lucha contra el crimen organizado con el apoyo de la cooperación internacional, pero la crisis económica continua y una parte de ella es el déficit fiscal. Los dos partidos del pacto legislativo con el gobierno, en la Asamblea, no apoya su tercer proyecto económico urgente, para obtener más ingresos fiscales, que busca el alza de impuestos. En la política de seguridad, de mano dura, está incidiendo la geopolítica.
En 2023, la tasa de homicidios en el país alcanzó 46 asesinatos por cada 100000 habitantes. Dado la ofensiva criminal, en enero de 2024, el gobierno fue armando su estrategia para su lucha contra el crimen organizado al declarar un conflicto armado interno, planificó varios operativos, con policías y militares, en barrios y calles que ha permitido capturar a delincuentes peligrosos y confiscado armas. Así mismo, ha intervenido varias cárceles del país. Sin embargo, en la de Cotopaxi, ha encontrado celdas vip, piscina y discoteca, indicio de que las cárceles siguen controladas por el crimen organizado. Para fortalecer la guerra contra el crimen, el gobierno pidió apoyo a EE.UU por lo que el firmó un acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas y otro sobre las operaciones contra las actividades marítimas transnacionales ilícitas que tuvo el visto bueno de la Corte Constitucional. Dado el marco legal de la cooperación militar, visito el país Laura Richardson, comandante del Comando Sur, que entregó camiones y equipos tecnológicos. Los acuerdos señalados posibilitan también el ingreso a militares, asesores y contratistas americanos con inmunidad, al igual que los diplomáticos, además concedió libre tránsito de aeronaves y buques militares de ese país. Casi, al mismo tiempo, la UE ofreció apoyo al país en su lucha contra el crimen organizado.
En enero, de este año, por efecto de la acción de las FF. AA., se han reducido los asesinatos . Además, el ejército capturó 20 toneladas de droga en Vinces y otra tonelada en Esmeraldas y Guayaquil. Son los primeros resultados en la lucha contra las bandas criminales y carteles de la droga. Sin embargo, la guerra contra estos grupos, recién comienza, y va a ser de larga duración. Se debe esperar una repuesta de estos y como el gobierno la enfrentará. En su estrategia contra dichos grupos, la geopolítica está jugando un significativo papel y tendrá implicaciones internas y externas.
En lo que no ha tenido avances el gobierno, hasta el momento, es en obtener más recursos públicos. El tercer proyecto económico urgente plantea incrementar 3% al IVA, lo cual es rechazado por el PSC y el correísmo. Sin este apoyo, tambalea la posibilidad de aprobación del proyecto en la Asamblea. El gobierno flexibilizó su propuesta y ofreció el aumento de 1% permanente y 2% por dos años del IVA y, además, focalizar subsidios a los combustibles en un 25%. Hay desacuerdos en la Comisión de Desarrollo, de la Asamblea, que trata el proyecto. Algunos miembros plantean gravar las utilidades de la banca, un impuesto de 5% a las utilidades extraordinarias de las empresas y revisar la tasa del impuesto a la salida de divisas. Paralelamente, el gobierno mantiene conversaciones con el FMI para obtener un nuevo crédito posiblemente de emergencia para superar la iliquidez fiscal.
Lo cierto es que, sin recursos adicionales, el gobierno seguirá con iliquidez fiscal cuyo efecto principal es la mantención de los atrasos a proveedores, a los GAD, a instituciones y centros médicos, no pago de la devolución del IVA a las personas de tercera edad y jubilados, etc.
Respecto a la lucha contra el crimen organizado, si bien es dable el apoyo de la FF.AA. no todo puede resolverse con la mano dura. La violencia tiene su origen en la desigualdad económica, falta de oportunidades y escasa generación de empleo lo que ocasiona que buena parte de la población termine en la pobreza. Por ello, la estrategia en esta lucha también deber abarcar la atención a la crisis social y una política de apoyo social a los más vulnerables y desprotegidos de la sociedad.
Respecto al déficit fiscal, con la propuesta inicial del aumento de 3% al IVA, el gobierno descargaba parte de la crisis fiscal en la población. No se puede adoptar el camino fácil para obtener más recursos y además debe considerarse los efectos inflacionarios del IVA. El SRI estimó que la evasión fiscal del IVA e Impuesto a la Renta alcanza a 2000 millones, por lo que ahí está una vía para obtener recursos fiscales. Otra sería la renovación y renegociación de los contratos con las telefónicas. Además, hay que revisar el gasto público para eliminar aquello que no es prioritario ni necesario. La propuesta flexibilizada del gobierno es más razonable, pero sigue recayendo en la mayoría de la población. Por ello, en situaciones de crisis económica y alto déficit fiscal, todos los que tengan recursos incluidos los sectores económicos también deben contribuir a financiar al estado.
Pensamiento y comportamiento 