Luis Rosero M.
La crisis de seguridad fiscal es enfrentada por el gobierno, pero la crisis económica se agrava por la iliquidez fiscal, el ciclo perverso de deuda-déficit fiscal, la tendencia al bajo crecimiento, el ciclo a la desaceleración económica y elevado subempleo y empleo de mala calidad, la escasa RMI, etc. a lo que se agrega el agravamiento de la crisis social. Lo más crítico y urgente es la iliquidez fiscal que el gobierno busca reducirla con el alza de IVA, lo que tiene efectos inflacionarios y sociales.
El régimen, como señalé en el artículo anterior, ha flexibilizado su proyecto de ley de incrementar el IVA en 3% con una que contempla un incremento de 1% permanente en este año y 1% adicional temporal, para 2025 y 2026. Además, agrego la focalización de subsidios a los combustibles. La comisión de la Asamblea, que trata este proyecto, elaboró un informe para el segundo debate, que propone gravar las utilidades bancarias (RC), establecer un impuesto a las utilidades extraordinarias a las empresas (PSC) y modificar la tasa del ISD.
Ya surgieron las propuestas alarmistas de que hay que subir el IVA en 3% pues corre riesgo la dolarización -la que depende de ingreso neto de divisas- que es afectada además por el peso de la deuda externa, mientras que la banca se opone a que le graven sus utilidades porque dañarían el acceso al crédito y afectaría a las familias además que incidiría en su solvencia patrimonial a pesar de sus fuertes utilidades obtenidas en los dos últimos años. El tema central que debe considerarse es la distribución del ingreso y la desigualdad social, que serían afectada por el alza del IVA aumentando ésta última.
Hay que analizar los efectos del IVA sobre la población. Si bien no están gravados algunos bienes de la canasta básica -tendencia que rige hace algunos años-, un aumento de este impuesto provocará un impacto sobre otros precios, entre ellos el de los combustibles que a su vez afectaría al costo del transporte y a insumos de la industria y estos a su vez aumentarían el costo de la canasta básica. Como señalé, en dicho artículo, no hay que buscar el camino fácil para conseguir recursos fiscales, como lo hicieron los dos últimos gobiernos que incrementaron la deuda externa, para financiar el déficit fiscal, lo cual tendrá repercusiones en este y el próximo quinquenio ya que deberá pagar el país 17749 millones en deuda externa. Tampoco hay que cargarle el peso de financiar el déficit fiscal a la población, ya que esto agravaría la redistribución de ingresos sobre los que menos recursos tienen. Hay otras alternativas como señalé, en el mencionado artículo, atacando la evasión fiscal en el IVA e Impuesto a la Renta, reducir el gasto público no prioritario, eliminar los contratos temporales de empleados públicos en sectores no prioritarios, eliminar empresas públicas no fundamentales, renovación de los contratos con las telefónicas, eliminar subsidios a empresas que no han cumplido con las condiciones que se establecieron, etc. Por otro lado, si bien es dable la reducción del subsidio a los combustibles, vía focalización, de las gasolinas, esto también provocará efecto inflacionario ya que subiría el costo del transporte que aumentaría el costo de la canasta básica.
Otro problema económico critico es la falta de dinamismo en la generación de empleo por la tendencia a la desaceleración de la economía. Así en el IV trimestre de 2023, la tasa de subempleo alcanzó 20.3% y el sector informal urbano se estima alcanzaría a 5 millones de ecuatorianos. Dicha desaceleración aumenta por la reducción de la inversión privada y pública, el clima de inseguridad ciudadana por la violencia en las calles, etc. Esto a su vez conduce a la migración hacia el exterior. La economía no se debilita más por la entrada de remesas de los migrantes y las exportaciones. La problemática del empleo, a su vez, influye lo social y, en su indicador más relevante, la pobreza. El último informe del INEC, de diciembre de 2023, señala que la pobreza por ingresos se ubicó en 26% y la pobreza extrema en 9.8%, mientras que en el área urbana la pobreza llegó a 18.4% y la extrema a 3.3% mientras que, en lo rural, la pobreza alcanzó 42.2% y la extrema 23.7%. Esta representa la desigualdad social. El deterioro social puede conducir a que la válvula de presión social explote. De ahí que es importante discutir si le cargamos el peso de la crisis fiscal a la población, que implicaría aumento de la desigualdad social o se redistribuye la carga tributaria entre los sectores económicos y financieros que han tenido aumento significativo de sus utilidades. O sea, en el primer caso, una redistribución negativa del ingreso y, en el segundo, obligar a la contribución fiscal a la riqueza.
Por ello, vuelvo a insistir en la conclusión del artículo anterior: “Por ello, en situaciones de crisis económica y alto déficit fiscal, todos los que tengan recursos incluidos los sectores económicos también deben contribuir a financiar al estado.”
Pensamiento y comportamiento 