Además del déficit fiscal, contracción de la economía, baja RMI, aumento del desempleo, etc. el país enfrenta una abultada deuda externa que lleva a la interrogante de la sostenibilidad de la deuda, que ha sido agravada, por la coyuntura, y genera incertidumbre sobre la capacidad el país para servirla.

En lo que va, del periodo de este gobierno, la deuda externa ha aumentado en 9.900 millones de dólares, que ha conducido a que el porcentaje de la deuda total este por arriba del 40% del PIB como lo señala la Constitución. Más aún, a fines de la primera semana de Febrero de 2020, Moody’s rebajó la calificación de la deuda ecuatoriana de B3 a CAA1, lo que significa una calidad especulativa y de muy alto riesgo, cercana a la calificación de bonos basura. Eso llevo a que el riesgo país sobrepase la barrera de los mil puntos para ubicarse el 4 de Febrero en 1096 puntos. Desde el 22 de Enero dicho riesgo aumentó 244 puntos. Eso implica menos confianza en la capacidad de pago del país para cubrir la deuda externa.

Las razones que anota, dicha calificadora de riesgo, es la demora en la aprobación de reformas económicas, acordadas con el FMI. En especial, le preocupa el déficit fiscal. Con la aprobación de la  ley  de Simplicidad y Progresividad Tributaria, una reforma tributaria, que creo varios impuestos, se estima que rendirán adicionalmente 540 millones de dólares en 2020 y en los 2 siguientes años, pero que no son suficientes para reducir dicho desequilibrio fiscal. El déficit, según la calificadora, fue en 2018 de 3.6% y en 2019 creció a 3.8%. En el 2020, para incrementar los ingresos el gobierno espera implementar la eliminación de los subsidios a la gasolina super y extra. En este año, la situación fiscal se ha complicado pues, por la epidemia del coronavirus en China, este país redujo su demanda, lo que afecto al precio del crudo ecuatoriano, fijado en 51 dólares en la proforma presupuestaria, bajando alrededor de 10 dólares debajo de esa meta y, por otro lado, el cierre de exportaciones de flores a ese país, por San Valentín, agrava la coyuntura económica- Y más preocupante, se tornaría la situación fiscal, por el el crecimiento de la economía en 200 que, según el FMI, sería solo de 0.2%. Con por lo señalado, puede llegar a cero.

Pero a Moody´s no le preocupa la capacidad de pago del país, en el corto plazo, sino la de 2022. Por un lado, el programa con el FMI concluye en 2021. Por otro, el 2020 es un año político, considerando Moody’s que el gobierno tome nuevas medidas, excepto la eliminación del subsidio a las gasolinas, para incrementar los ingresos fiscales, y, en 2021 las elecciones se celebraran a fines de febrero. La posesión del gobierno sería en Mayo y, hasta que el nuevo régimen tome decisiones habrá un compás de espera por parte de los empresarios en relación a sus decisiones de inversión. Según la calificadora, los problemas de la sostenibilidad de la deuda serían a partir de 2022, dado los fuertes vencimientos de la deuda y en 2023 las necesidades de financiamiento del gobierno central estarían alrededor del 7 u 8% del PIB. Según el Vicepresidente de Riesgo Soberano, de Moody’s, aún con un reperfilamiento de la deuda, el país corre el riesgo de default.

Pero no solo es un problema de deuda externa sino además interna. El gobierno tiene deudas con los proveedores, con el IESS alcanzaría a 5000 millones y además tiene deuda con los GADs. En otras palabras, los vencimientos importantes de deuda externa  tendrá que enfrentarla el próximo gobierno a más de cumplir con los compromisos de pago de deuda interna señalados.

El actual gobierno obtuvo financiamiento de varios organismos multilaterales: FMI, BID y Banco Mundial (BM).  Con este último firmó un acuerdo crediticio para financiar algunos proyectos, en el periodo 2019 – 2023, que obliga al cumplimiento de algunos compromisos en el  Marco de Cooperación  con Ecuador (MCE). Se trata de lo que se llamó una condicionalidad cruzada con el FMI.

El MCE comprende 3 áreas y, en cada una de ellas, hay objetivos específicos. La primera área es la de Apoyar las bases para un crecimiento inclusivo que busca alcanzar 3 objetivos: mejorar la eficiencia del gasto público, mejorar las condiciones para el desarrollo del sector privado y mejorar la inclusión y la intermediación del sector financiero.

El MCE reconoce explícitamente que el gobierno busca cambiar el modelo de crecimiento para que sea impulsado por el sector privado, a diferencia del gobierno anterior en que el motor de la economía era el sector público. Para ello, busca darle mayor espacio al sector privado mediante inversión extranjera directa, privatización de la propiedad o administración de los activos públicos, integración al mercado mundial con acuerdos de comercio y mejorar la competitividad. En otras palabras, lo que el gobierno no ha dicho, lo dice claramente el BM: un modelo de libre mercado, con mínima regulación y comandado por el sector privado. Ya conocemos cuales son los efectos económicos y sociales de este esquema, solo basta mencionar el caso de Chile. Para ello propone una mejora del clima de negocios, cambios normativos que faciliten la participación del sector privado en la economía y, lo que llama el BM, “mejorar la complementariedad entre las instituciones financieras públicas y privadas.” Esta es una forma encubierta para señalar el traspaso de negocios financieros de los intermediarios públicos a los privados.

En cuanto al sector real, plantea explotar principalmente más el sector primario (frutas y verduras, minería, turismo y transporte). En cuanto al sector financiero diagnostica que hay distorsiones que dificultan el acceso a recursos tanto de empresas como de personas. Señala que el sector público ha desplazado al sector financiero privado generando una intermediación deficiente y bajo acceso a los recursos financieros. Manifiesta que las cooperativas de ahorro y crédito  han tenido un papel preponderante que ha limita la inclusión financiera y restringido el financiamiento del Banco Central. El objetivo del BM es respaldar la reforma del sector financiero para hacerlo más eficiente y que asignen más recursos a empresas y personas. Para este objetivo propone el BM:  “Se prevé que la función del sector financiero público pasará a bancos de segunda línea, lo que permitirá que los bancos privados crezcan  y proporcionen el financiamiento necesario a los empresas y hogares.” Dicho en términos claros: eliminar o reducir la banca pública y pasarle el negocio financiero a los bancos privados.

En el caso del BIESS, la recomendación es muy clara. Según el MEC, se propone “La eliminación del BIESS… que administra el sistema de pensiones mediante inversiones en hipotecas y letras estatales…se desarrollaría un mercado de deuda…que permitirá transferir estos activos financieros de bancos públicos a bancos privados.” En otras palabras, quitarle al IESS la concesión de créditos hipotecarios y quirografarios y entregárselos a bancos privados.

Recordemos que fue el IESS el que manejaba los créditos hipotecarios y que comenzó a desarrollar este nicho de mercado dando la posibilidad que muchos, en especial la clase media, comprara su vivienda con este financiamiento. Después, en 2009, con la creación del BIESS, este desarrolló dicho mercado cobrando tasas de interés muy bajas en relación a las de la banca privada. El BIESS continuó con la labor del IESS posibilitando que miles de afiliados obtuvieran su vivienda. El BIESS es un modelo único en América Latina, donde los recursos de los afiliados se orientan no solo a los créditos hipotecarios sino además créditos quirografarios, créditos de consumo. Es inaudito que el BM proponga, con débil argumento, que se le pase el negocio de los créditos hipotecarios a la banca privada. Donde quedan los derechos de los afiliados. EL BIESS ha entregado dichos créditos cerca de la mitad de la tasa de interés a la que ofrece la banca privada. Sin duda, el BIESS tiene problemas, principalmente de morosidad de su cartera y gobierno corporativo, que puedan corregirse mediante una buena administración, de lo cual trataremos en un artículo posterior.

La situación del IESS y BIESS se complica por los problemas en sus áreas no financieras y las dificultades en el área financiera del BIESS por la reducción de los créditos hipotecarios y aumento de la tasa de morosidad que provoca riesgos financieros para la institución.

Los diferentes institutos de seguridad social: IESS, ISSFA e ISSPOL tienen dificultades financieras porque el gobierno no entrega los recursos necesarios lo que dificulta la prestación de servicios a los afiliados y restringe la concesión de créditos a las dos últimas instituciones.

En cuanto al IESS, la prensa informa constantemente que hay demora en la atención médica y en la entrega de medicamentos a los afiliados. A eso se suma, que en Cuenca se encontraron medicamentos que se caducaron, los afiliados denuncian que no se entregan ciertos medicamentos y en Guayaquil se detectaron casos de corrupción en el hospital principal. A pesar de que en los hospitales se nombró un gerente, hay problemas en el manejo administrativo que afectan al conjunto de afiliados.

A más de eso, hay problemas de financiamiento para los fondos de pensiones y de salud. De la tasa de contribución de empleados y patronos del sector privado, de 20,60%, el 9.74% se asigna al seguro de Invalidez, vejez y muerte (IVM), y, 5.71% para el seguro de Salud. Sin embargo, en la administración anterior del IESS, se cambio está asignación quitándole recursos al primero para trasladárselo al segundo. El gobierno no cumplió, en 2019, con la entrega del 40% al IESS que contribuye al financiamiento a las pensiones jubilares. En efecto, solo entregó el 28% al seguro de IVM, lo que generó problemas de liquidez del mismo y afecta su déficit actuarial. Entre las recomendaciones del estudio actuarial del IESS, publicado por la institución, se recomendaba: “Las contribuciones estatales para cubrir el 40% de las pensiones constituye un factor de vital importancia en la situación actuarial del IVM, en el presente y en el futuro. Por lo tanto es necesario exigir la asignación oportuna y suficiente de las contribuciones del Estado.” Según el diario digital www.primicias.ec, refiriéndose a declaraciones de Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS,  reporta: “Según él “ese 28% nos ha dado tranquilidad”. El estudio actuarial publicado a finales del año pasado advirtió que sin el subsidio estatal el fondo de pensiones solo tiene recursos hasta 2023.”

Otro aspecto que afecta al financieramente al fondo de pensiones son las inversiones financieras del BIESS. El informe actuarial mencionado señala al respecto que “Otro de los factores que afectan al financiamiento del IVM es ….la tasa de rendimiento financiero mínima que deben generar las inversiones del BIES, con la finalidad de optimizar el rendimiento de este portafolio aprovechando las alternativas que ofrece el mercado financiero…”. Dicho informe hacía referencia a las inversiones financieras que hace el BIESS en títulos valores del estado. Según diario El Comercio, en 2018, la compra de bonos estatales por parte del BIESS llegó a 7.382 millones de dólares, pero lo más preocupante es que en su balance, de ese año, aparece una pérdida de $ 751.378,32 dólares, lo que refleja los problemas financieros del BIESS. En 2019, de los bonos de deuda interna emitidos por el gobierno por 1400 millones servirán para renovar la deuda con el BIESS, para cubrir los vencimientos que tiene el Ministerio en 2020, el primero de los cuales fue en Enero de este año. La duda que asalta a los jubilados y afiliados es ¿hasta cuándo habrá recursos para que el IESS pague las pensiones?, lo cual obligará a reformas en el sistema de seguridad social.