El gobierno de Fernández trata de enfrentar la crisis social y económica aplicando nuevas políticas sustentadas en nuevo marco jurídico. Para el desastre social, que dejo Macri, logró aprobar en el Congreso la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y, ahora, enfrenta la crisis de la deuda con el proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados y deberá pasar a la Cámara de Senadores, en la que el gobierno tiene mayoría, en donde se convertiría en ley. El gobierno actúa rápido para resolver la crisis.

En el artículo anterior, sobre este tema, dije: “A fines de diciembre del año pasado, la deuda alcanzó  323.127 millones de dólares,equivalente al 95% del PIB. Al final de 2015, la deuda llegó 52.6% (en diciembre se posesionó Macri) o sea que en su periodo aumentó 42.4%, de la cual solo el crédito del FMI fue de 55.000 millones de dólares. En 2020 debe pagar 36.217 millones de dólares, que no incluye a deuda con organismos públicos. Este excesivo endeudamiento ha generado la crisis de la deuda y no tiene capacidad de pago.

Dada la falta de liquidez de la caja pública, el gobierno se vio obligado a canjear deuda interna por 100.000 millones de pesos (letras Lecap reperfiladas antes y recibieron las Lebad), reperfilando la misma con la ampliación del plazo y disminución de la tasa, lo que implicaría menor amortización de capital.” También la provincia de Buenos Aires tuvo que anunciar la no posibilidad de pagos de títulos y convocó a sus acreedores a negociar el reperfilamiento de su deuda.

El proyecto de ley está dirigido a atender la sostenibilidad de la deuda pública externa. Faculta al ejecutivo a efectuar operaciones de administración de pasivos y/o canje y/o reestructuraciones de los servicios de intereses y amortizaciones de los títulos emitidos bajo ley extranjera. También autorizó a emitir nuevos títulos para modificar el perfil de vencimientos intereses y amortización de capital así como determinar plazos, métodos y procedimientos de la nueva emisión. Finalmente designó al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación que negociará y realizará todas las operaciones para la reestructuración de la deuda externa. El primer paso, del Ministro de Economía, está centrado en renegociar la deuda con el FMI de 44.000 millones de dólares y hasta ha conseguido el apoyo del Papa. Contratará expertos especializados en el tema, hasta mediados de Febrero de este año. En la segunda semana de Marzo presentará la oferta a los acreedores y esperará la repuesta de estos hasta la segunda quincena de dicho mes y al final de éste se conocerá el resultado de la renegociación. El problema fundamental es que las colocaciones que realizó el macrismo se volvió a ceder jurisdicción a tribunales extranjeros.

El Ministro cuando hizo el anuncio planteó que la renegociación implique al menos que se cumplan dos de las tres condiciones: ampliación del plazo, reducción de la tasa y del monto de capital. Anunció que para poder pagar necesita capacidad de pago y para eso hay que crecer. El problema de la deuda externa, es que resta recursos a otros rubros, como lo social, y, por otro lado, requiere obtener dólares para pagarla. Además aumenta el riesgo país ya que, al ser tan elevada la deuda, los acreedores desconfían de su pago y genera incertidumbre en el mercado financiero, que termina con el cierre de éste para el país. Ya Stiglitz, premio Nobel de Economía, anunció que la renegociación de la deuda argentina implicará una quita importante de capital. Ya Argentina, cuando renegoció su deuda externa, en 2005, logró una importante reducción de su capital. El gobierno requiere, para crecer, como paso previo renegociar la deuda y reducir los principales desequilibrios macroeconómicos: déficit fiscal, inflación y tipo de cambio.

El gobierno argentino anunció que renegociará su deuda pública ya que no tiene recursos para cubrirla debido al excesivo endeudamiento que dejó el gobierno anterior a más de la alta inflación, crecimiento del desempleo y pobreza.

A fines de diciembre del año pasado, la deuda alcanzó  323.127 millones de dólares,equivalente al 95% del PIB. Al final de 2015, la deuda llegó 52.6% (en diciembre se posesionó Macri) o sea que en su periodo aumentó 42.4%, de la cual solo el crédito del FMI fue de 55.000 millones de dólares. En 2020 debe pagar 36.217 millones de dólares, que no incluye a deuda con organismos públicos. Este excesivo endeudamiento ha generado la crisis de la deuda y no tiene capacidad de pago.

Dada la falta de liquidez de la caja pública, el gobierno se vio obligado a canjear deuda interna por 100.000 millones de pesos (letras Lecap reperfiladas antes y recibieron las Lebad), reperfilando la misma con la ampliación del plazo y disminución de la tasa, lo que implicaría menor amortización de capital.

Pero no solo el gobierno general tiene problemas de liquidez sino también las provincias. La de Buenos Aires propuso a los tenedores de bonos de su deuda por 250 millones de dolares, que vencían el 26 de Enero, una reperfilación de la misma que, de la misma forma del gobierno, implicaría un alargamiento del plazo y baja de la tasa de interés. El Ministro de Economía de comunicó al Gobernador de la provincia de Buenos Aires que no le entregaría los 250 millones para que pague su deuda, lo que obligo a dicha provincia a plantear a los tenedores de su deuda el reperfilamiento. Algunos títulos de dicha deuda están en manos de fondos de inversión americanos.

El Ministro de Economía planteó que renegociará la deuda, buscando su reperfilamiento que implique al menos que se cumplan dos de las tres condiciones: ampliación del plazo, reducción de la tasa y del monto de capital. Anunció que para poder pagar necesita capacidad de pago y para eso hay que crecer. Los indicadores económicos mostraron que en, los dos últimos años, el país tuvo contracción económica. La estrategia del gobierno, para la deuda en dólares, es pagar solo los intereses con fondos de la RMI, pero no el capital, como ya lo hizo en Diciembre, con las Letes. Para la deuda interna, se reperfilarán los vencimientos y seguir pagando los intereses. Para tener el respaldo legal de la renegociación de la deuda el gobierno remitirá al Congreso un proyecto de ley para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública.

La situación económica y social de Argentina es crítica. En diciembre de 2019 la tasa de inflación anual fue 53.8%, en la tercera semana de Enero de 2020 el tipo de cambio minorista fue de 62.9 pesos por dólar, las RMI habían bajado a 45.000 millones de dólares, al 24 de enero el riesgo país aumento 2080 puntos y la pobreza dejada por el gobierno de Macri llegó al 40%. Stiglitz ya anunció que la renegociación de la deuda argentina implica una quita importante del capital. Recordemos que después de la crisis de 2001-02, con la eliminación de la convertibilidad, el gobierno en 2005 renegoció la deuda externa que significó una quita importante lo que significó una perdida apreciable para los tenedores de bonos. Parece ser que la historia se repetirá.

Los datos publicados, hasta la fecha por el Banco Central y el INEC, mostraron, en 2019, una caída del crecimiento, aumento del desempleo, subempleo y pobreza, lo que auguran que continúe esta tendencia en 2020.

La tendencia a desaceleración de la economía, en 2019, se refleja por las variaciones trimestrales del PIB. En el I trimestre hubo un crecimiento de 0.6% y en el II trimestre bajó a 0.3%. La tendencia se estima que seguiría en el III trimestre y en el IV trimestre que, se hubiera recuperado por los pagos del décimo tercer sueldo y compras en las festividades de Diciembre, se vio afectado por el paro indígena. Si bien crecieron algunos sectores, entre ellos la minería, por el inicio de las exportaciones metálicas, en cambio los principales sectores generadores de empleo decrecieron, entre ellos el comercio evIndustria (en la que decrecen las subramas más importantes) En las previsiones económicas, recientemente publicada por el BCE, estima que habría una contracción de 0.08%. Este resultado se basa en disminución del gasto público en -2.3% y de la inversión de -3.1%. Sin embargo, el FMI sigue manteniendo que hubo una contracción de -0.5% mientras que el Banco Mundial estima que decreció -0.3%. Estos resultados tuvieron su impacto en el deterioro del mercado de trabajo y aumento de la pobreza.

En efecto, según datos del INEC, L tasa de empleo bruta urbana, cayó casi un punto (0.9%) mientras que la tasa de empleo adecuado disminuyó 1.3% ubicando en 48%, lo que significó la eliminación de 115.782 puestos de trabajo formal. La disminución más drástica, de este último, se dio en Quito en que cayó 3.6%, en parte explicado por el despido de burócratas, seguido de Guayaquil que bajó en 1.4%. De las ciudades principales, la única ciudad en que creció esta variable es Cuenca en la que el empleo pleno aumentó 2.6%.   Esto afecto las tasas de desocupación y subocupación. Así, si bien la tasa de desempleo urbano aumentó 0.1%  la tasa de subempleo creció en 0.7% alcanzando el 17%. Entre las ciudades principales con mayores tasas de esta variable, están Guayaquil con 16.2%, Quito 13.9% y Ambato 13.6%. En ésta última variable destaca el aumento del empleo informal en el que los ingresos laborales son menores al salario mínimo, no hay afiliación al seguro social y se trabaja menos de las 40 horas.

Como consecuencia del deterioro del mercado de trabajo también las condiciones sociales de la población empeoraron. En efecto, la pobreza, a nivel nacional aumentó 1.8% alcanzando un cuarto de la población (25%). Lo más crítico es la pobreza rural, creció en el mismo porcentaje, ubicándose en 41.8%. Por ciudades, los más altos índices de pobreza fueron en Guayaquil (11.2%), Machala (9.2%) y Ambato (8.3%). Pero no solo aumentó la pobreza sino que también la desigualdad medio por el coeficiente de Gini.  De estos datos, resulta que el mayor deterioro social se dio en Guayaquil y Ambato, lo cual incidió en aumento de los índices de delincuencia.

En última revisión del acuerdo con el FMI, este organismo proyectó para 2020 una tasa de crecimiento de 0.2% mientras que el Banco Central proyecta 0.7%. Sin embargo, dado que este año se hará un nuevo ajuste fiscal, regirán los nuevos impuestos, se aprobarían reformas estructurales (al mercado de trabajo, nuevas normas presupuestarias, a la seguridad social, etc.) por lo cual se prevé conflictos con el gobierno y, más que todo, es un año electoral, lo cual llevaría a un crecimiento cero o más probable negativo, lo que implicaría un segundo año consecutivo de contracción económica con las consecuencias de mas deterioro en el mercado laboral (mas desempleo, subempleo y mayor sector informal), crecimiento de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida.

DOS DÉCADAS DE DOLARIZACIÓN

Luis Rosero M.

En Enero de 2020 se cumplieron 20 años de dolarización en el país, aunque legalmente aplicada en Marzo, de ese año, generado varios efectos económicos. Este esquema monetario fue instaurado para enfrentar el descalabro económico que vivió el país en el año 1999. En este artículo revisaremos las fortalezas y debilidades en cuanto a la estabilidad de precios, cálculo económico y sostenibilidad así como los riesgos de la dolarización.

En 1999, el Banco Central no pudo sostener las bandas cambiarias –para mantener el tipo de cambio en un rango- y declaró la flotación, con lo cual el dólar se disparó. Dicha entidad entregaba créditos de liquidez a los bancos, los cuales con estos recursos especulaban en el mercado cambiario –compraban dólares, que aumentaba su cotización, para obtener pingues ganancias-. El precio del dólar seguía imparable. La quiebra de algunos bancos, aumentó la desconfianza en el sistema financiero, llevando a un pánico financiero. Ante este escenario, se aplica el congelamiento 50% de los depósitos. El gobierno para reducir el déficit fiscal elevó el IVA, el impuesto a la Renta y elevó el precio los combustibles. Que, por un paro de transportistas e indígenas, obligó al congelamiento de éstos. La crisis financiera se manifestaba como círculo perverso de emisión monetaria-depreciación de la moneda-inflación. Ésta llegó al 52.2% y la contracción de la economía fue de -7.2%.

Como medida desesperada, para superar la crisis financiera-económica, el gobierno de Mahuad adoptó la dolarización. Este esquema monetario, se basa en un tipo de cambio fijo implícito. Con éste se eliminaron las expectativas de inflación que generaba un tipo de cambio flexible desbocado. Uno de los efectos positivos de la dolarización ha sido la estabilidad de precios. En efecto, en el 2000 la inflación fue de 91.1%, en 2001 bajó a 22.4% y desde 2002 alcanzó un dígito. En 2019, llegó a –ser negativa: 0.7%. Sin embargo, si bien bajó la inflación, en el año 2000, hubo un reajuste de precios que elevó el costo de la canasta familiar básica. En efecto a Enero del 2000, fue de 219,9 y a Diciembre de 2019 alcanzó 715,08 dólares. O sea que, en ese periodo aumento, en 3.25 veces que, comparado con el ingreso familiar mensual, siempre hubo una restricción en el consumo familiar, o sea que dicho ingreso no alcanza a cubrir el costo de dicha canasta.

Otro aspecto positivo de la dolarización es reducir la incertidumbre que, al eliminarse el riesgo cambiario, permitió realizar con más exactitud el cálculo económico y así contribuyó a que se tomaran las decisiones económicas con más certeza.

La sostenibilidad de la dolarización depende del sector externo. Esto significa que para mantenerse se requiere mantener el ingreso suficiente de dólares (exportación, remesas, rentas del exterior, etc.) para cubrir la salida de estos (importaciones, pago de rentas al exterior, de deuda externa, etc.).  El ingreso de dólares al país depende principalmente de la evolución de la economía mundial (shocks externos), exportaciones, del tipo de cambio real y de las remesas. Sin embargo, el país sigue dependiendo principalmente de las exportaciones tradicionales y, en este período, han crecido poco las exportaciones no tradicionales.  El tipo de cambio ha estado sobrevaluado en varios períodos, lo implica problemas de productividad y competitividad externa.

Entre los principales riesgos, en dolarización, están los shocks externos y la restricción financiera externa. Lo primero porque un shock externo puede generar una reducción de ingresos de dólares y, si no se toman medidas, puede generar escasez de divisas, contracción económica, etc. La evolución de la economía muestra una tendencia histórica a shocks externos, que generan crisis económicas recurrentes y de ahí la necesidad de un mecanismo estabilizador.  La restricción externa depende crucialmente de las exportaciones y de la política económica. Las primeras, a su vez, están relacionadas con la productividad y competitividad así como de la diversificación de estas. La política económica debe cuidar los desequilibrios macroeconómicos sobre todo el déficit fiscal y de cuenta corriente. En la medida que estos sean financiados con deuda externa aumentan la restricción financiera externa y de ahí los problemas de sostenibilidad de la dolarización. En este gobierno, la deuda externa ha aumentado en más de 9000 millones de dólares la deuda externa, a tal punto que, según el FMI, la deuda pública ya supera el 40% del PIB, que es límite establecido en la Constitución. Así la caída de la convertibilidad en Argentina y la crisis actual de este país, se explica porque el nivel de actividad económica, el control del tipo de cambio y financiamiento del déficit fiscal se hizo con deuda externa.