Luis Rosero M.

La situación fiscal se ha vuelto insostenible y, con la prioridad del pago de la deuda externa, dada la iliquidez de la caja fiscal se ha relegado el pago de sueldos de servidores públicos,  de los aportes a los institutos de seguridad social,  pago proveedores, etc. El gobierno espera ahora los recursos del FMI para cumplir con los atrasos en los pagos mientras la deuda externa sigue creciendo.

La estrategia fiscal del gobierno, para proveerse de ingresos, ante la caída de la recaudación fiscal por la pandemia, ha sido un constante endeudamiento externo, a tal punto que si incluimos el crédito del FMI, este crecería en 16000 millones de dólares,en gran parte con organismos multilaterales, que le han impuesto condicionamientos en el manejo de la política económica.

Como hemos señalado, la prioridad ha sido el pago de la deuda externa, todo lo demás ha sido relegado. Tal es así que, la Corte Constitucional aprobó un fallo que permite al Ministerio de Finanzas aplicar recortes al presupuesto universitario.  Es inaudito que, a las universidades públicas, le sigan recortando las rentas cuando se les debe 2 meses a los profesores y, ahora, con este  nuevo recorte van a tener que esperar, los profesores, mucho más tiempo para poder cobrar sus sueldos los que no cobran hace dos meses.

Así mismo, se les debe un mes de sueldo a los servidores públicos sobre todo a los maestros fiscales; por otro lado, el gobierno no ha cubierto totalmente los aportes a los institutos de seguridad social que tiene en serias dificultades para que cumplan con sus prestaciones y además los servidores públicos no pueden usar algunas prestaciones porque han caído en mora patronal algunas instituciones públicas. Para colmo, estos institutos no cobran la altísima mora patronal que ya sobrepasa los 1500 millones de dólares. A eso se suma que los centros médicos de diálisis informan que el Ministerio de Salud no les paga la deuda de hace un año, y, los médicos postgradistas, se declararon en huelga por el incumplimiento de varios meses en el pago de sus sueldos. Finalmente, los GADs tampoco reciben hace algunos meses sus rentas y los proveedores están desesperados por el no pago de sus servicios o entrega de bienes, tal es así que en el Municipio de Esmeraldas sus empleados realizan protestas porque no le cubren sus sueldos.

Las protestas no se han hecho esperar por parte de los afectados y el gobierno dictó un decreto para el pago de gastos de hospitales públicos, además ya comenzó a transferir recursos para pagar los sueldos de empleados despedidos de los medios públicos.

La Asamblea apoyó la firma del convenio con el FMI, quedando claramente que hay acuerdo entre ésta y el gobierno. El presidente informó que, con los recursos de los nuevos créditos externos, en cuanto a retrasos en los pagos, se tendría la siguiente orden de prioridades: regular el pago de sueldos y salarios, ponerse al día en las transferencias con proveedores, prefecturas, municipios y juntas parroquiales y garantizar el pago puntual a la seguridad social. Pero recalcamos, la primera prioridad ha sido siempre el pago de la deuda externa.

Para que lleguen los recursos externos primero el directorio del FMI debe aprobar el acuerdo de crédito, lo que ocurrirá en lo que queda del mes, por lo que los fondos llegarán en Octubre, de este año, lo que significa que los empleados públicos, medicos postgradistas, institutos de seguridad social, GADs, proveedores, etc. tendrán que esperar dos meses más, incluido el que está en curso, para poder recibir sus sueldos y atrasos.

Luis Rosero M.

Los empleados públicos, con sueldos retrasados, tanto los que están trabajando como los que fueron despedidos y hasta los agricultores de 4 provincias de la costa y una de la sierra realizaron una serie de protestas para obligar al gobierno a que le paguen sus sueldos atrasados, las pensiones de jubilados y hasta agricultores que reclamaron por el bajo precio del arroz.

Los empleados públicos que antes habían realizado acciones de crucifixión y hasta de desangre, continuaron sus protestas en las calles, principalmente maestros que llevan impagos más de un mes. A ellos se les unieron los empleados públicos (entre ellos los de medios incautados) que fueron despedidos por el cierre de empresas y que no reciben sus liquidaciones. Se le sumaron jubilados del ISSFA  que se les deben sus pensiones. En suma, la desesperación por no tener ingresos con que sostener a sus familias llevó a tal medida, pero ni aún así hubo atención del gobierno, tuvo que la Defensoría del Pueblo presentar una acción de protección para, con la debida justicia, un juez ordenó al gobierno el pago de los sueldos atrasados que debe cumplirse so pena de destitución de los funcionarios encargados del pago. El gobierno tiene como prioridad en el manejo presupuesto el pago de la deuda externa, mientras que relega el pago de sueldos de sus empleados.

Pero no solo protestaron los empleados públicos sino además los dueños de empresas proveedoras del Estado que, según ellos, tienen 10 meses que no se les paga lo adeudado. Entre estas empresas se encuentran las que prestan servicio de vigilancia, las que proveen de bienes y servicios, hasta clínicas privadas, hospitales como el de Solca, etc. Este último se vio obligado a no atender a los nuevos pacientes por falta de recursos. Es increíble la indolencia del gobierno al no transferirle recursos a este hospital que atiende a los enfermos de cáncer y, de otras clínicas, que prestan el servicio de diálisis, optometría, etc. A esta red de complementaria de servicios de salud privada se les adeuda, según el decreto, 131 millones; a los servicios de salud externalizados (alimentación, limpieza, seguridad y vigilancia) se debe 59 millones; por adquisición de medicamentos se debe pagar 41 millones y a una serie de servicios e insumos para prestación de salud –que incluye la Cruz Roja- también se les adeuda.  El total de la deuda es cerca de 300 millones. Se ha llegado hasta el extremo  que a Solca se le ha venido pagando con bonos que tienen un descuento importante en el mercado.

Por otro lado, agricultores de Guayas, cerraron la vía Nobol, Naranjal, Salitre y Yaguachi protestaron por la baja del precio del arroz que llegó a 24 dólares. Los agricultores reclaman porque el precio de sustentación fue fijado por el Ministerio de Agricultura den 29 dólares la saca de 200 libras en cascara de grano corto y 31 dólares  la saca de 200 libras de arroz en cascara de grano largo. Los agricultores señalan que estos precios no cubren sus costos de producción. Pero además, el gobierno reactivó la Unidad Nacional de Almacenamiento que ofrece comprar a estos precios el arroz de los agricultores de Guayas, El Oro, Los Ríos y Loja. Recordemos que esta empresa fue eliminada por el gobierno por austeridad fiscal, cuando ahora se entiende la importante labor que cumplía al establecer precios de sustentación.

Ante tal presión, el gobierno emitió, 3 de Setiembre, un decreto para recaudar de manera anticipada el impuesto a la renta  de 2020 a grandes contribuyentes con ventas de más de 5 millones. Según la norma los recursos que genere tal tributo, estimado en 300 millones, irán a atender los pagos en salud. En el decreto se señala que hay valores pendientes de pago por 134,7 millones y deudas adicionales de 265,3 millones o sea un total de 300 millones. Recordemos que, un decreto anterior, con el mismo fin fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Pero esta vez, accedió al pedido del gobierno. Pero el presidente de la Cámara de Comercio de Quito rechazó el decreto. Pero que va a pasar con el pago a los maestros, a los jubilados del ISSFA, a otros empleados públicos, etc.

Como vemos, es sólo con la protesta social es que el gobierno se ve obligado a atender las demandas de pago de los empleados públicos, de clínicas privadas, proveedores y hasta de los agricultores que reclaman un pago justo por el arroz. La calle es la forma, que utilizan estos grupos, para exigir y obligar al gobierno que cumpla con los pagos atrasados. En Octubre del año pasado ya se demostró que, con la protesta indígena,  solo la protesta social en las calles es el camino para que el gobierno cumpla con las demandas sociales.

Luis Rosero M.

El gobierno anunció un acuerdo técnico con el FMI que le permite acceder a un nuevo crédito pero sujeto a un doble condicionamiento. Uno, el acuerdo era un requisito previo para que  los tenedores de bonos aprueben la reestructuración de un tramo de la deuda externa. Dos, más políticas de ajuste y reformas estructurales.

Por el nuevo acuerdo de Servicio Ampliado se le concede al país un crédito de 6.500 millones de dólares, se ejecutará en un plazo de 27 meses y la entrega se hará por tramos en función del cumplimiento de las metas. Entre los objetivos están una reforma fiscal, reformas estructurales y mayor cobertura social. La primera implicaría un recorte del gasto corriente (salarios, bienes y servicio) y de inversión (mas recorte de la obra pública) y mejor gobernanza para el control del gasto público. Las segundas comprenderían (profundización de la reforma laboral, reducción del tamaño del estado, reforma a la seguridad social, reforma al Banco Central, reestructuración de la supervisión del sector financiero). La tercera podría contener la entrega de nuevos bonos de ayuda social.

El FMI pone en la estabilidad macroeconómica acentuando el desequilibrio fiscal, lo que significa alcanzar la sostenibilidad fiscal y de la deuda. El déficit fiscal estimado para este año es de 10.5% del PIB, que será reducido, a partir de 2021, por el lado del gasto corriente, con reducción de la masa salarial (recorte de salarios y despidos en el sector público) y reducción en la compra de bienes y servicios. En el gasto de capital, se seguiría disminuyendo la inversión pública principalmente la obra pública.  En los ingresos tributarios se esperaría nuevos impuestos y/o alza de la tasa de los existentes, que podría ser un incremento del IVA y reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. Respecto a la gobernanza del gasto, sería la profundización de normas y directrices para la aprobación del gasto. Recordemos que en la ley de reordenamiento de las Finanzas Públicas, ya se estableció un fuerte control del Ministerio de Finanzas a las decisiones de gasto público  (corriente y de capital) en los distintos niveles de gobierno (central, provincial y local) y en la seguridad social. Con el nuevo acuerdo, implicaría un control más férreo del gasto público. Según el FMI, habría una modernización del marco de gestión de las finanzas públicas, mejora en gestión de la caja y de la deuda, mejor transparencia de la deuda y eficiencia del gasto.

Entre las reformas estructurales que se ejecutarían primero estarían la reducción del tamaño del estado que implicaría continuar con eliminación de entidades públicas, fusión de éstas, privatización y concesiones de servicios públicos; la reforma a la seguridad social, que puede conllevar el recorte de personal, incremento de los aportes, aumento de la edad de jubilación, etc.; la reforma al Banco Central llevaría a devolverle la autonomía y reimplantar un directorio; la reestructuración de la supervisión del sistema financiero puede implicar darle mayor poder a la Superintendencia de Bancos pero también la posibilidad de establecer la vigencia de la oferta y demanda en el mercado de dinero (eliminar topes a la tasas de interés y que cada institución financiera las fije).

Después de la firma del convenio, el FMI entregaría 2000 millones (alrededor de Octubre) y otros 2000  millones a fines de año (Diciembre). El gobierno definió los  3 objetivos con estos recursos. Uno reducir los atrasos. Dos, fortalecer los programas de crédito de reactivación productiva. Tres, ampliar la base de los bonos sociales.  

Recordemos que FMI pone, en este acuerdo, el acento en la estabilidad macroeconómica, lo que implica reducir los desequilibrios macroeconómicos, como paso previo al crecimiento. En consecuencia, el próximo año continuarían el ajuste. Por ello, al aplicarse este, habría efectos recesivos, y, con un proceso electoral en marcha,  la reactivación económica tardaría en el corto plazo. La recuperación del crecimiento sería para el 2022. Consecuentemente, se debería esperar que, el próximo año, sigan los problemas de desempleo y subempleo y continúe el empeoramiento de las condiciones de vida de la población.