Luis Rosero M.
En la Carta de Intención, firmada por el gobierno con el FMI, se establecen una serie de condicionamientos de los que destacan más impuestos, eliminación de beneficios tributarios y reformas estructurales que son los principales compromisos que el país debe cumplir, lo que implica que los organismos internacionales definen la política económica.
En cuanto a lo tributario, se estipula el alza del IVA del 12% al 15%; eliminar la devolución del IVA a los adultos mayores y universidades; impuesto a la renta a las decimotercera y decimocuarta remuneración; aumentar el impuesto a la renta a las personas naturales y empresas; establecer un impuesto a la gasolina, que ya paga IVA; aumentar el IVA e ICE a las telecomunicaciones y crear un impuesto ambiental a la emisión de dióxido de carbono (CO2).
Si bien es necesario la reducción del déficit fiscal de 8.3% en 2020, el gobierno con el alza del IVA quiere hacer pagar el costo de la crisis económica a la población, a partir de 2022, pero más aún busca que la paguen los jubilados al eliminar la devolución del IVA en sus compras, que es un grupo vulnerable; pero además quiere que los trabajadores y empleados privados paguen impuestos a las remuneraciones adicionales lo que significa cargarle otra parte de la crisis a la fuerza laboral, que ya ha sufrido despidos por la pandemia y adicionalmente se le han recortado sus salarios; al aumentar el IVA e ICE a las telecomunicaciones significa que paguen también una parte de la crisis la clase media y un mayor impuesto a la gasolina y la creación del impuesto ambiental significa aumentar el costo del transporte que afectará, una vez más, a trabajadores y empleados así como población en general. Con estas medidas el gobierno actual obliga al Presidente siguiente, sin contemplaciones, que sea la población en general y trabajadores así como grupos vulnerables los que paguen la crisis, cuando perdonó más de 4 mil millones de dólares con la remisión fiscal.
Pero, aún más, pretende un recorte de la masa salarial del sector público de 482 millones dólares (0.5% del PIB), en la compra de bienes y servicios la disminución será 579 millones (0.6% del PIB), disminución de 500 millones en gastos por el coronavirus y, por la renegociación con la deuda con bancos chinos, el servicios de la deuda se reducirá en 1300 millones. Por otro lado, se recortará la inversión pública hasta que se reduzca al 4.9% del PIB. La tendencia de esta variable clave ha sido una disminución paulatina desde 2014 hasta que en 2020 cayó a 6.6%. Recordemos que, en el gobierno anterior, el peso del sector público llegó alcanzar hasta el 25% del PIB. Con estas medidas, no solo pagan otra parte de la crisis los servidores públicos –a los que ya se les había recortado el sueldo- sino que además se recorta el tamaño del sector público y, más aún, el estado deja de ser un dinamizador de la economía al reducirse radicalmente la inversión pública. Con estas medidas, se espera un recorte del gasto de 5300 millones, un brutal ajuste de mas del 5% del PIB. Pero adicionalmente, va a reducirse el tamaño del estado mediante concesiones y privatizaciones. Ejemplo de ello son la concesión de la Refinería de Esmeraldas y la venta del Banco del Pacífico. Antes, ya se habían eliminado una serie de instituciones públicas. La reforma del estado implica reducir al mínimo su tamaño.
Pero también el régimen busca la liberalización de los mercados. Comenzó con la liberación del precio de los combustibles: gasolinas y gas. Hasta el momento hay una fórmula para establecer los precios de las primeras y el gobierno asegura que mantendrá congelado el precio del segundo. Un segundo paso fue avanzar en la liberalización del mercado del dinero. La Junta Monetaria simplificó los segmentos de líneas de crédito y cambió la metodología del cálculo de las tasas de interés y, el siguiente paso, en esta área, sería la liberalización de dichas tasas.
El convenio con el FMI, obliga a 5 reformas estructurales, contiene a más de la reducción del tamaño del estado, la reforma tributaria y reforma a la seguridad social, darle independencia al Banco Central, restituyendo su directorio, que sería el encargado de manejar la política monetaria. La otra reforma clave, es continuar con la reforma laboral del que se avanzó con la flexibilidad laboral, precariedad laboral y se continuaría con mayor liberalidad en dicho mercado.
En síntesis, el gobierno, con la Carta de Intención con el FMI, busca hacerle pagar la mayor parte del costo de la crisis económica a trabajadores y empleados privados, públicos, a grupos vulnerables y población en general –vía más impuestos y eliminación de exenciones tributarias-; por otro lado, quiere liberalizar la economía, de manera que sea el mercado el que fije los precios claves de la economía (precio de bienes y servicios, salarios, tasa de interés) y reducir el tamaño del estado a un mínimo. Sin embargo, deja endeudado al país y lo somete a los condicionamientos de la política económica por parte de los organismos internacionales.
Pensamiento y comportamiento 