Luis Rosero M.

En el II trimestre, de este año, hubo una brutal caída de la economía, en el contexto de la pandemia, que afecta fuertemente la actividad económica y, con la aprobación del directorio del FMI, el crédito,  que permitirá aliviar temporalmente los atrasos, ya tiene su destino.

El Banco Central, en la publicación de las Cuentas Nacionales, anunció una contracción del PIB de 12.4%, en el II trimestre de 2020, que vino precedida por una variación negativa de 2.4%, reflejando la gravedad de la crisis económica, que ya se venía arrastrando desde 2019, afectada por la pandemia. Esta brutal contracción de la economía se explica por una caída de -18.5% de la inversión, -11.9% del consumo del gobierno, -10.5% del gasto del gobierno y -15.7% de los gastos del gobierno (producto del ajuste fiscal).  La variación negativa del PIB, se expresa en una contracción, principalmente en el sector no petrolero, de  transporte -29.7%, alojamiento y comida -18.3%, construcción -12.7%, enseñanza, servicios sociales y salud -12%, manufactura -9.8% y comercio -9.8%. El único sector que tuvo un crecimiento positivo fue acuicultura y pesca de camarón con 10.4%; en el sector petróleo y minas, la variación negativa de su actividad económica fue -28.3%. El principal impacto, en el mercado de trabajo, a Junio de este año, es el aumento de un millón de desempleados a más del mayor  subempleo y aumento del sector informal, debido a la fuerte contracción de los sectores más generadores de empleo como comercio, manufactura y construcción.

En cuando al crédito del FMI de 6500 millones (661% de la cuota del país), de acuerdo con este organismo, dentro del marco del Servicio Ampliado, tiene como objetivo continuar con el ajuste y reformas estructurales. En cuanto a lo primero, la estabilidad fiscal y de la deuda, estabilización de la economía, fortalecer el crecimiento. En lo social, aumentar la asistencia social. Respecto a lo fiscal, la estabilidad fiscal estará basada en una reforma tributaria (que puede implicar una simplificación del esquema impositivo, un aumento de impuestos indirectos, entre esos el IVA y reducción de gastos que abarcaría menor gasto corriente). También se apunta a mayor transparencia fiscal, mejor gobernanza y eficacia en la gestión de las finanzas públicas.  En cuanto a la deuda, se traza una estrategia de una reducción gradual de la misma, sobre todo de la de corto plazo, para mejorar la estructura de vencimientos y pagos de amortización. En cuanto a las reformas estructurales, se insiste en la independencia del Banco Central, una mejora de la supervisión bancaria, en especial el riesgo crediticio, reforma a la seguridad socia y monitoreo del sistema financiero postpandemia. Y, en lo fiscal, la continuación con la reducción del tamaño del estado vía eliminación de entidades públicas y privatización (que se inició con la concesión a la Refinería de Esmeraldas, la venta del Banco del Pacifico, etc.) En cuanto a la corrupción, se exige una ley anticorrupción que puede implicar la aprobación de la ley de extinción de dominio.

En cuanto a la iliquidez fiscal, el primer desembolso de 2000 millones, el gobierno definió prioridades: ponerse al día con el atraso de sueldos, pago de compensaciones de jubilados, pago de liquidaciones de empresas públicas eliminadas, GADs (pago a juntas parroquiales y municipios), aportes a la Seguridad Social, proveedores), devolución de impuestos a discapacitados y de tercera edad. En lo social, como el FMI exige compensaciones por el deterioro el nivel de vida –provocado por la crisis y la pandemia- el gobierno creo un nuevo bono social de $ 240, de un solo pago, para las familias más pobres. Recordemos que el Banco Mundial estimó que la pobreza aumentó a más de un tercio de la población. El Ministerio de Finanzas que aumentaría la cobertura del bono de desarrollo social en 250000 personas hasta diciembre de este año y 200000 en el primer trimestre de 2021. Veamos si cumple con las promesas sociales.

En síntesis, en cuanto a lo económico, el gobierno se compromete a continuar con el ajuste (reducción del déficit fiscal), con el proceso de liberalización de la economía: del mercado de combustibles –incluido el gas- que ya la aprobó por decreto; del mercado del dinero: la Junta Monetaria aprobó la reducción de segmentos de líneas de crédito y cambio en la metodología de cálculo de las tasas de interés, que implicaría eliminar los topes de éstas –en 5 meses, lo que significaría liberarlas. En cuanto a reformas estructurales, el achicamiento del tamaño del estado y la independencia al Banco Central.

En todo caso, el escenario económico es muy grave. El propio FMI, pronostico que, en 2020, la recesión hará contraer la economía en -11.9% -tendencia a la que se acerca con la caída de -12.4% en el II trimestre, lo que implica un deterioro muy fuerte en el mercado de trabajo con la consecuentemente precarización del trabajo, mayor desempleo y subempleo, lo que traerá mayor pobreza, indigencia y hambre, que se traducirá en mayor violencia y delincuencia. Para 2021, la situación crítica continuará por las elecciones presidenciales y la pandemia.

Luis Rosero M.

Las inversiones financieras realizadas por el ISSPOL, según denuncian autoridades, al parecer han resultado fraudulentas y están impagas. Unas se realizaron con papeles de deuda externa y otras con títulos emitidos internamente. Estas operaciones han afectado la liquidez y podría tener consecuencias para las prestaciones del ISSPOL. En este artículo, de una serie, analizo el primer tipo de inversiones.

Entre 2015 y 2016, según Expreso, el ISSPOL realizó operaciones con fondos de inversión radicados en el exterior por 532 millones de dólares. De este monto, una primera operación de reporto (acuerdo de recompra principalmente de títulos de renta fija) con Ibcorp, por 205.3 millones de dólares,  implicó la recepción de Bonos de Deuda Externa del Ecuador 2024 (emitidos en 2014) y 2028. Una segunda operación, swap, con High Yield Bond Fund (HYBF), también localizada en Panamá, intercambio bonos de deuda interna ecuatoriana por 327 millones con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana. Los recursos para la primera operación fueron tomados de los diferentes fondos y seguros, entre ellos el de retiro, que tiene el ISSPOL. El director ejecutivo de Ibcorp, localizado en Panamá, es Jorge Cherrez Miño. Este fondo de inversión ha venido realizando renovaciones de dichas operaciones, pero esta empresa  comenzó a incumplir con el pago del capital y rendimiento de la inversión adeudando 100 millones de dólares, que alertó a las autoridades para presionar por el pago y denunciar el incumplimiento. Según El Comercio, el ex gerente de la Casa de Valores Pacifico, José Ibañez, señaló que “existían alrededor de USD 200 millones de bonos que supuestamente pertenecían al ISSPOL y que aparecían en las cuentas que Valpacífico tiene en DECEVALE.” Esta casa de valores ”estaba como intermediario de esa operación del ISSPOL…” y agrega el ex directivo, según dicho diario, que envío cartas a David Proaño, director del ISSPOL, informándole que “la ley no permite que Decevale tenga en custodia papeles que no están inscritos en el catastro” ante lo que dicho director respondió que “los valores si están inscritos en el catastro y luego, según Ibañez, retiró el dinero y lo pasó a otra casa de valores” e Ibañez señala  “que alertó en cartas al Intendente de Mercado de Valores, de la SCSV, y a la Contralaría sobre esta irregularidad en el 2018, nunca se tomaron medidas”  El ISSPOL exige que se le entregue el dinero por su inversión en esos bonos. Pero, como un activo financiero, hay variación de precios en el mercado de estos bonos, implica un riesgo en la garantía de la operación (los bonos ecuatorianos). Aún más, de acuerdo a medios de comunicación,  se conoce que habrá una reunión en para una audiencia de mediación y arbitraje, para tratar sobre el impago, en la que participaría Jorge Cherrez, pero el ISSPOL niega haber pedido dicha reunión.

La segunda operación con HYBF, según El Comercio, “pasó por la Bolsa de Valores de Guayaquil el 30 de diciembre de 2015 y la casa de valores CITADEL fue la intermediaria.” En esta segunda operación también el fondo de inversión incumplió con el pago del capital e intereses. Los títulos registrados de las operaciones inscritas deben ser entregados a un Deposito Centralizado de Valores (DCV) que ejercerá el registro, la custodia de los documentos, la compensación, liquidación, cobro y transferencia del capital y rendimiento de la inversión. En el país existen dos DCV: el DECEVALE (privado) y la LOFOSSB creó uno público el del Banco Central (2014). Además participaron la Bolsa de Valores de Guayaquil y Casa de Valores.

 El Superintendente de Compañias, Seguros y Valores (SCSV), declaró que Decevale “había estado negociando, operando, registrando valores no inscritos en el catastro… ha estado fungiendo de custodio de valores que no debía.” Esto confirma la versión del ex Gerente de VALPACIFICO. Así, la primera irregularidad del Decevale es tener, supuestamente, en custodia valores no inscritos en el mercado de valores.

Una operación en el mercado bursátil, según la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil (LOFOSSB), publicada en Registro Oficial en Mayo de 2014, debe estar inscrita en el Registro de Mercado de Valores y estipula  que en “los procesos de compensación y liquidación de las operaciones en los cuales participe como comprador una institución del sector público, tanto en el mercado bursátil como en el REB, se efectuarán, por el lado de la compra, a través de un depósito de compensación y liquidación de valores perteneciente al sector público…”      La segunda irregularidad, por ISSPOL, es que en las inversiones realizadas contrató al DECEVALE, un DCV privado, cuando la mencionada ley señala que debe ser un DCV público.

Por otro lado, la ley orgánica señala que “Se denomina compensación de valores de las operaciones bursátiles al proceso mediante el cual los depósitos, luego de recibir la información de las bolsas de valores, confirman a través de los depositantes directos la identidad de los titulares de las subcuentas, y su disponibilidad de valores y de fondos; y por liquidación al perfeccionamiento de la entrega de los fondos y valores a los depositantes directos y a los titulares de las subcuentas.” Latercera irregularidad es que, según se desprende, no aparecen en el DECEVALE los bonos globales 2024 y 2028 señalados en la operación de reporto con IBcorp.

Según lo señalado, por la Ministra de Gobierno, en las investigaciones el “Decevale respondió con evasivas, luego dijo que no tiene bonos, sino notas globales y luego dejó de responder al ISSPOL…” Después pidió la intervención del DECEVALE a la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores (SCSV). La cuarta irregularidad es que el propio ISSPOL, el ente afectado, había alertado del impago del capital y rendimiento de los títulos en 2018, sin que las autoridades de supervisión y control intervinieran para regularizar la situación.

El DECEVALE y la Bolsa de Valores son supervisados por organismos de supervisión y control pero, al parecer, ha habido fallas en la supervisión por parte de la SCSV pues los problemas de incumplimiento en el pago del capital e intereses por Ibcorp venían desde 2018, y, a pesar de que el exgerente de VALPACIFICO envío al Intendente de Valores de la SCSV, una carta, en 2018, alertando de las irregularidades,  y no hubo ninguna acción por el organismo de control. Este debe detectar las irregularidades, la violación a la ley y las maniobras de los participantes en las negociaciones de valores. Es clave conocer quién era dicho intendente de valores de esa época. Lo mismo ha ocurrido con la Superintendencia de Bancos que controla las operaciones de los institutos de seguridad social.

Los accionistas del DECEVALE son la Bolsa de Valores de Guayaquil, BVG, (50%, accionista mayoritario), Bolsa de Valores de Quito, BVQ, (27% de las acciones) y Casas de Valores (23% de las acciones). Según Expreso los funcionarios del DECEVALE son Rodolfo Kronfle, presidente (que a su vez es Presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil); Carlos Cargo, Gerente General y Luis Alvarez, Gerente Operativo. El viernes 15 de Setiembre, los directivos de BVG y BVQ anunciaron la elección de los nuevos directivos del DECEVALE. Por otro lado, hay el peligro, ante este anuncio,  que los implicados en la posible estafa desaparezcan, tanto del DECEVALE como de la SCSV, sin que pueda recuperarse el dinero de la inversión. Pero no solo hay falla de la supervisión por parte de los organismos de control, sino que también hay problemas de gobierno corporativo, de control interno, de agencia y conflictos de intereses en las instituciones que participación en las operaciones señaladas. Estos temas serán tratados en el próximo artículo.

Luis Rosero M.

La crisis económica y los desequilibrios que generó más la pandemia agravó la situación social y humanitaria que, como la primera, tardará años en volver a recuperar los niveles antes de la pandemia. En este artículo trataremos sobre los principales indicadores sociales, su caída y el impacto en el nivel de vida de la población.

En el primer artículo, de este tema, señalé que, entre los efectos económicos de la crisis que se venía arrastrando desde 2019 y agravada por la pandemia, se deterioró el mercado de trabajo. El INEC reportó que, con la pandemia, el nivel de desempleo llegó a más de un millón de personas lo que significa el 13.5% de la PEA, mientras el subempleo alcanzó 34.5% y, si le agregamos, el empleo inadecuado en el sector informal estaríamos hablando de cerca de dos millones de personas con problemas de empleo. Diario El país destaca  que habría 5.3 millones de trabajadores con condiciones laborales precarias o, en otras palabras, el 83% de la fuerza de trabajo está desempleada o en la precariedad, solo un 17% tiene empleo adecuado. El deterioro del mercado de trabajo fue por la reducción del nivel actividad económica debido a la pandemia que llevó al despido de miles de trabajadores y empleados del sector privado y, por el recorte del gasto público, servidores públicos. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador el desempleo aumento principalmente por despido intempestivo (34%), liquidación de empresas (27%), renuncia voluntaria (17%) y terminación de contrato (11%).Esta situación agravó la situación social en términos de pobreza, pobreza extrema, indigencia y concentración del ingreso que redujo fuertemente el nivel de vida de buena parte de la población.

Varios organismos reportan el impacto de la pandemia sobre la situación social en A. Latina. En efecto, el Banco Mundial señala que la pandemia dejaría a 100 millones de personas en la pobreza extrema en el mundo y en A. Latina se perderán 45 millones de empleo. La CEPAL reporta que esto tendrá más impacto sobre las mujeres y dejará 118 millones de latinoamericanas viviendo en la pobreza, un 22% más que el año anterior que lleva a una tasa de pobreza femenina de 37.4% y 15% desempleadas un 6% más que en 2019. Recalca, este organismo, más de la mitad de las mujeres están en sectores de alto riesgo de ser afectadas por la contracción económica: comercio, hogares, manufacturas, turismo, servicios administrativos, actividades inmobiliarias y, en el sector salud, donde el 73% de los trabajadores son mujeres. En los hogares, siete de cada diez de las 18 millones de trabajadoras del hogar fueron despedidas durante la pandemia, según cifras de la CEPAL. Además este organismo, confirma la proyección del Banco Mundial, al señalar que la pobreza extrema se incrementará  en 28 millones de personas, equivalentes al 15.5% de la población latinoamericana. Las consecuencias es que el coronavirus va a retrasar las ganancias sociales logradas en A. Latina en últimos años según declaró Luis A. Moreno, presidente del BID. En otras palabras, se ha agravado la situación de desigualdad en la región. Un dato que lo confirma es el aumento de los pobres a la par de más ricos durante la pandemia.

La situación se agrava con la caída de las remesas según reporta el Banco Central. Así, en el I trimestre de 2020 se recibieron 809 millones mientras que el II trimestre llegaron solo a 648 o sea una baja de 20%. Las remesas contribuyen a aliviar la situación económica de los hogares pobres, ahora más empobrecidos por la pandemia. Tal ha sido la gravedad de la situación social, que Almacenes Tía con un programa de ayuda a hogares de extrema pobreza, con la participación de empresas públicas y privadas, repartió diariamente a 250.000 de estos hogares donaciones de alimentos que fueron entregadas con la participación de los bancos de alimentos.

Según los datos oficiales, a diciembre de 2019, la pobreza a nivel nacional fue de 25% y la pobreza extrema 8.9%, En el área urbana, la primera, fue 17.2%, y,  la segunda, alcanzó 4.3% mientras que, en el área rural, la pobreza llegó a 41.8% y la pobreza extrema el 18.7%. No hay datos para la indigencia. Con la pandemia, estos indicadores aumentaron fuertemente. En efecto, el Banco Mundial estima que la pobreza, en 2020, aumentará a 35% y a Junio la pobreza extrema llegó al 21%. Además señala que el impacto de la pandemia hará que se pierdan los avances contra la pobreza en los últimos 20 años. Ni la ayuda pública con bonos ni la privada, con los bancos de alimentos, han podido enfrentar la situación, si la han paliado, pero lo más grave es el aparecimiento del hambre fuente de la violencia y la delincuencia han crecido aceleradamente con la pandemia. El aumento de la pobreza, pobreza extrema, indigencia y hambre, con la pandemia y las crisis, demuestran el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población que se refleja más en los sectores marginales y pobres del país.