Luis Rosero M.

La crisis económica del país se venía gestando desde el 2019 y en 2020 se agravó por la pandemia que a su vez provocó una crisis sanitaria y social reflejada en una frágil infraestructura hospitalaria y tardía atención en emergencias así como un terrible deterioro del mercado de trabajo que produjo un gravísimo problema de desempleo, subempleo, crecimiento del sector informal, mayor pobreza y aparecimiento del hambre.

La crisis económica ya se reflejó en 2019 con una tasa de crecimiento económico de -0.5%. La pandemia apareció, en nuestro país, en Marzo de 2020, y el gobierno decretó el estado excepción a partir del 17 de ese mes. Las restricciones de la actividad de los sectores económicos, funcionando solo los esenciales, agravó la crisis económica. Así, ya en el I trimestre de 2020, la economía decreció interanualmente -2.3, y su mayor impacto se manifiesta, en el II trimestre, con una brutal contracción de -12.4%. El FMI estima que en 2020, la reducción del nivel de actividad económica será entre -7.3 y -9.6% y el Banco Central proyecta la contracción entre el mismo rango. Como consecuencia aumentaron los desequilibrios macroeconómicos. Con la contracción económica cayeron los ingresos por impuestos. Así, el IVA se redujo en 19.5%, hasta Noviembre, y el ICE 20.8%, en total, la reducción de ingresos tributarios hasta ese mes, fue de 14%. Esto significaría un déficit fiscal de 7.5%. Este menor desequilibrio fiscal se debe a las medidas para generar ingresos fiscales, dictadas por el gobierno, que recayeron principalmente sobre los trabajadores, y, por otro lado, al ajuste con la reducción de las horas trabajadas y recorte del tamaño del sector público y de la burocracia. Pero la principal fuente extraordinaria de ingresos públicos, y la más fácil,  fue el endeudamiento externo e interno. Solo con los acuerdos con el FMI, los ingresos por deuda externa alcanza 6500 millones que, a octubre de 2020, según boletín del MEF, esta alcanzaba 23258 millones de dólares a lo que se suma la deuda interna  siendo la deuda total de 59923 millones. Esta política de dinero fácil no solo aumentó la deuda pública por encima del límite del 40% sino que además condicionó al país a cumplir con una serie de objetivos y metas en política económica con la aplicación del ajuste fiscal y una serie de reformas estructurales.

Respecto al sector externo, la pandemia a nivel mundial, generó un desplome de las exportaciones petroleras del país, sin embargo, las exportaciones no petroleras aumentaron, hasta Octubre de 2020, en 1161 millones respecto al mismo periodo del año anterior, que junto a la disminución de importaciones, permitió un superávit de la Balanza Comercial de 2688 millones hasta ese mes. Otro indicador positivo, fue el nivel de RMI 7377 millones, al 23 de diciembre, en gran medida por el ingreso de deuda externa.

La brutal contracción económica condujo a un nivel de subempleo, mayo – junio de 2020 de 34.5% y desempleo de 13.3%, no visto antes, pero a Setiembre se redujeron a 23.4% de la PEA y  6.6% respectivamente, según las cifras oficiales. A eso, hay que sumar el crecimiento impresionante del sector informal, al que fueron a dar tanto desempleados y subempleados e inclusive la clase media. El deterioro del mercado de trabajo fue mayor con la política laboral que dictó el gobierno que aumentó la flexibilidad laboral y la precarización del mercado de trabajo. Pero lo más crítico, es el aumento de la pobreza. A diciembre de 2019, esta era de 25% y, a fines de diciembre de 2020, según estimaciones del Banco Mundial, alcanzaría 33%. Lo más grave es el aparecimiento del hambre que, a pesar de la operación de los bancos de alimentos, creció fuertemente incidiendo en los altos niveles de violencia y delincuencia.

En cuanto a la pandemia, el no tomar medida sanitarias, a tiempo contra el coronavirus agravó la situación, sobre todo en Guayaquil, que condujo a un número alto de muertes e incluso de gente que moría en las calles. El epicentro de la pandemia pasó luego a Quito en el que, al igual que Guayaquil, los hospitales no se dan abasto para atender a los contagiados por coronavirus. En esa tragedia, apareció la corrupción en los hospitales públicos y otras entidades que, aprovechando la pandemia, las empresas proveedoras de insumos médicos los vendieron con sobreprecios y otros mecanismos ilegales. Ni aún con las muertes, en la pandemia, los corruptos miserables, se condolieron de la tragedia del país, que aún, algunos de ellos, no han sido condenados.

En suma, 2020 fue el año de la más grave crisis económica, social y sanitaria, que haya vivido el país. Como siempre los más afectados fueron los pobres, desvalidos y marginados de la sociedad así como los trabajadores y empleados a los que el gobierno les hizo pagar la mayor parte del costo de la crisis. Lo más infame fue la corrupción que se aprovechó de la pandemia y, por otro lado, del gobierno que se entregó a los organismos financieros internacionales, para obtener financiamiento que deja al país hipotecado y con una serie de condicionamientos de política económica que pesaran en su economía y sociedad.

Luis Rosero M.

La disputa entre el CNE y el TCE genera incertidumbre electoral al no conocerse aún el número de candidatos presidenciales que participarían en las elecciones e incertidumbre sobre el posible aplazamiento  de las elecciones. En cuanto a la ley anticorrupción, si bien la Asamblea aprobó la misma no se hizo lo mismo con la ley de eliminación del dominio lo que significa que no se podrá quitarle los bienes mal habidos a los corruptos.

La pugna entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por la no acatación de una sentencia del TCE por el CNE que se refiere a la aceptación de la candidatura de Álvaro Noboa como candidato presidencial por  Justicia Social, ha desatado una controversia jurídica en la que el TCE acusa al CNE de no cumplir dicha sentencia  mientras que el CNE planteó una demanda de conflicto de competencias a la Corte Constitucional y dos vocales del CNE presentaron una demanda contra el TCE acusándolo de intromisión en las funciones del CNE. Para complicar el escenario electoral, la Corte Nacional de Justicia determinó que se puede realizar investigaciones en contra de los vocales del CNE. Este intrilinguis jurídico genera incertidumbre electoral respecto a cuantos candidatos presidenciales participarían en las elecciones y el cumplimiento del cronograma electoral. Aún más, un Juez del TCE señaló una supuesta reunión entre vocales del CNE y altos dirigentes políticos. Las consecuencias de esta controversia entre los dos organismos electorales genera  una serie de interrogantes. ¿Los vocales del CNE estarían negando la participación de Álvaro Noboa porque le quitaría votos al candidato de la derecha de CREO y PSC? ¿hay posibilidades de aplazamiento de las elecciones presidenciales? ¿la repuesta de la Corte Constitucional al CNE tardaría, lo que justificaría una variación del cronograma electoral? ¿El aplazamiento de las elecciones anularía los resultados electorales? Todo este embrollo jurídico electoral pone incertidumbre electoral, lo que revela que detrás de los organismos electorales se mueven las fuerzas políticas para influir en las decisiones en función de sus intereses electorales.

Por otro lado, la Asamblea aprobó la ley anticorrupción que reforma el Código Orgánico Integral Penal,  presionada por los diferentes casos de corrupción en relación a hospitales públicos y compras de insumos y material médico que se dio durante la pandemia en este gobierno. Entre las principales reformas está el informe previo de la Contraloría como requisito a toda contratación pública, introduce nuevos delitos como elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado, obstrucción de justicia y aplicación al máximo de la pena cuando los delitos sean cometidos en un estado de excepción. Si bien esto implica un avance en materia de corrupción, sin embargo, no resulta tan efectiva si no es posible confiscar los activos de los acusados de corrupción. Si bien, se puede condenar a los corruptos, aún más con las reformas aprobadas, pero estos se pueden ir a la cárcel sin devolver los recursos robados al estado, o sea al pueblo. Si no se aprueba la ley de extinción de dominio y se la aplica a los corruptos éstos podrían estar presos pero gozando de los recursos mal habidos. Es lamentable que los legisladores no se preocupen por aprobar además dicha ley. Y más aún,  Centroamérica lleva algunos años desde que  aprobó la ley de extinción de dominio de los corruptos y narcotraficantes con lo que se les pudo despojar de los activos producto de sus actividades ilícitas. La razón de que los legislados no aprobaron dicha ley de extinción de dominio es que hay algunos acusados de corrupción y, en consecuencia, hay intereses en la no aprobación de la ley.

En síntesis, en la actual coyuntura política además de la crisis económica, social y sanitaria se agrega al escenario la incertidumbre electoral que genera dudas sobre el cumplimiento del actual cronograma electoral y, por otro lado, una ley anticorrupción incompleta, al no aprobarse la ley de extinción de dominio,  posibilita que aunque los corruptos y narcotraficantes vayan a la cárcel sigan gozando de los activos generados en forma ilícita.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

La firma del convenio con el FMI y otros organismos multilaterales condiciona al país a cumplir con el ajuste y reformas estructurales entre la que están la reforma al mercado de trabajo. La siguiente sería devolverle la independencia al Banco Central e instituir un Directorio que definirá la política monetaria.

El gobierno, aprovechando los efectos de la pandemia, con la ley de ‘’Apoyo Humanitario” inició  la flexibilización laboral, como lo señalé en un artículo anterior, introduciendo nuevas modalidades de contrato, “Primero, mediante acuerdos entre trabajadores y patrones que puede implicar cambio salarial. Segundo, el contrato especial emergente, con reducción de hasta 20 horas de trabajo semanales,  distribuidas en 6 días (que incluiría fines de semana), con lo que el patrono no pagaría horas suplementarias, contrato que puede durar hasta 4 años. Tercero, reducción emergente de la jornada que puede ser hasta del 50%, lo que implica reducción del ingreso del trabajador y el contrato puede durar hasta 4 años. Cuatro, el teletrabajo, una nueva modalidad, que implica que el empleado puede realizar el trabajo desde su casa y puede implicar reducción del sueldo. Estos nuevos contratos constituyen una reforma laboral que debe estar incluida en el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el FMI.”

A fines de Octubre, de este año, el Ministro de Trabajo anunció otras 4 modalidades: contrato productivo (con jornada parcial o completa, pero con jornadas consecutivas de 20 días o 7 días con 48 horas de descanso, cuando la mitad de la jornada sea entre las 19 H y 6 H habrá recarga por trabajo nocturno); contrato turístico y cultural (la jornada será de hasta 8 horas diarias sin sobrepasar las 40 horas a la semana, distribuidas hasta en 6 días); las otras dos modalidades restantes son los contratos de emprendimiento (entre el emprendedor y sus trabajadores) y para jóvenes (plazo de un año, con edad de hasta 26 años y cumplir con el art. 21 del Código de Trabajo). En los dos primeros tipos de contrato se elimina el pago de horas extraordinarias que se contemplan, en dicho código, si la jornada se realiza sábados o domingos).

La pandemia ha causado un alto nivel de desempleo, subempleo y aumento del sector informal. Además ha llevado al aumento de la pobreza, que un organismo internacional que sería de un tercio de la población. Pero también ha crecido la pobreza extrema y el hambre, que son fuente para mas violencia y delincuencia. Aprovechando esta crisis social, el gobierno anunció una reforma laboral que incluiría el contrato por horas y contrato con mujeres con lo cual aumentaría el proceso de flexibilización laboral.

Dada la falta de liquidez de la caja fiscal, el gobierno buscó financiamiento en los organismos multilaterales aumentando, a septiembre de 2020, la deuda externa a 40.430 millones de dólares, que representa según revista Gestión el 69.9% de la deuda total del país. Según este medio, casi una cuarta parte, de la deuda externa, es con dichos organismos. Pero estos, a cambio, condicionan la política económica, exigiendo que se apliquen una serie de medidas. En el caso del mercado de trabajo tienden a recomendar una liberalización de este, con una reducción de costos de contratación y despido. Son estas dos últimas las que ha aplicado el gobierno, en su reforma laboral, llevando a un proceso de precarización laboral, que implica menos ingresos para el trabajador pero menos costos laborales para el empresario. Se trata de una reforma laboral basado en criterios neoliberales que, supuestamente con la liberalización del mercado de trabajo, se tendría más empleo en el país. Dicho en otras palabras, el coste de la crisis la siguen pagando los trabajadores y muy poco los empresarios.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

La protesta en las calles se ha vuelto instrumento para obligar al gobierno a que cumpla con la ley y presionar que se paguen las transferencias atrasadas del presupuesto. Esto pasó con los médicos y con los alcaldes que obligaron al gobierno a su recontratación y recursos adeudados a los GADs.

En los meses anteriores, médicos, enfermeras y personal de apoyo salieron a las calles para protestar por su despido por tener contratos temporales, que trabajaron en la etapa más crítica de la pandemia, y fueron despedidos. Fueron varias veces que se dio la protesta pero el Ministro de Finanzas que no había recursos del presupuesto, lo que a todas luces era una indolencia y que las prioridades del gobierno no eran precisamente en contratar médicos y personal de apoyo en salud. Más aún, el gobierno dictó un reglamento tardío a la ley de “Apoyo Humanitario” que dificultaba y  ponía trabas al cumplimiento del artículo 25 de la ley que señala: “Estabilidad de trabajadores de la salud.– Como excepción, y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19) con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público, y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo.” O sea el propio gobierno, que propuso la ley, estaba incumpliendo este artículo y podría ser llevado a un juicio político. La presión en las calles de los médicos y personal de apoyo, y, por otro lado, el ingreso de los recursos del crédito del FMI y de otros organismos multilaterales llevó a que el gobierno finalmente cumpla con dicho artículo. En efecto, en los primeros días de diciembre el régimen anunció que otorgará nombramientos a más de 12000 trabajadores de la salud que tienen contratos ocasiones y que prestaron sus servicios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Por otro lado, el Ministro de Finanzas, a fines de noviembre de 2010, informó una reducción de 691 millones a los GADs argumentando la caída de los ingresos petroleros. La medida se aplicaría mediante un acuerdo ministerial que establecía tal disminución. Ante lo cual, los alcaldes tomaron varias acciones: pusieron, ante los tribunales, una acción de protección por el retraso del pago de las asignaciones, y, además salieron a las calles a protestar por el recorte presupuestario. La movilización de la AME fue a nivel nacional y hasta el punto que  algunos de ellos se declararon en huelga de hambre. También plegaron a la protesta las prefecturas y juntas parroquiales. Tal fue la presión que el gobierno se vio obligado a eliminar la medida y pagar una parte de las asignaciones atrasadas.

Estos dos logros, tanto de los médicos como de los GADs muestran que el lenguaje que entienden los gobiernos es de la protesta callejera, tal como se ha dado en otros países latinoamericanos. La calle se ha convertido en el medio para lograr avanzar en la lucha de varios colectivos, instituciones y organizaciones para hacer cumplir a los gobiernos sus demandas u objetivos para mejorar sus condiciones de vida, elevar la calidad de la democracia o simplemente hacer valer sus derechos que, si bien, están en la ley, son letra muerta, y la calle permite reivindicarlos. Así como la pandemia ha transformado la vida normal de los países, la calle se ha convertido en la espada de Damocles de los gobiernos que, si no cumplen con sus promesas, con la ley o mantienen medidas, políticas o leyes que perjudican a la gente o a la democracia, la protesta en las calles se ha convertido en la vía para lograr las aspiraciones de la población y del pueblo tal como lo demuestran los casos de Ecuador, Chile, Perú, Argentina, etc. para señalar solo las protestas en América Latina.