Luis Rosero M.

La destitución de la Ministra de Gobierno no variaría la política interna del gobierno ni alteraría su estrategia económica con el nuevo ministro de Finanzas. En este último, la agenda económica la seguirían imponiendo los organismos internacionales como condicionamiento a los créditos que conceden éstos.

La Asamblea censuró y destituyó a la Ministra de Gobierno por una amplia mayoría por la violación de los derechos humanos y represión en las protestas de Octubre de 2019. Ella fue uno de los puntales que sostuvo al gobierno. Pero lo más paradójico es que, al parecer, según la ley Orgánica de la Función Legislativa podría ejercer otro cargo público, lo que implicaría seguir influyendo en la política interna. Creo, el PSC y Revolución Ciudadana así como algunos independientes aportaron los votos para tal efecto. En el caso de Creo la votación por la censura se dio por la cercanía de las elecciones y tratar de desvincularse del gobierno así como también lo hizo el PSC. En efecto, el nuevo ministro de Gobierno, planteó como prioridad, en su gestión, la seguridad, y, el manejo de la política interna así como enfrentar los problemas de inversión del ISSPOL. La ex ministra de gobierno le puso énfasis a la segunda, a tal punto que enfrentaría un nuevo juicio político por el reparto de los hospitales públicos a cambio de votos de los asambleístas. El énfasis, en la seguridad, del nuevo ministro es porque la violencia y delincuencia ha aumentado de manera significativa producto de los altos niveles de desempleo,  subempleo, informalidad y el hambre generados por la pandemia. Esta última es una de las fuentes de la violencia y la delincuencia. En Guayaquil, ya se decidió el envío de una dotación adicional de policías por el aumento del robo, asesinatos, femicidios y violencia contra la mujer. Otro de sus retos, es resolver los problemas del ISSPOL cuyas inversiones han resultado impagas lo que afecta su liquidez y, en esa medida, a los servicios que presta como los créditos, pago de pensiones y otros servicios. Finalmente, otro de los retos es manejo político en las elecciones presidenciales, en las que el ministerio tiene un rol muy importante para colaborar en la transparencia y apoyo al ordenamiento en el proceso electoral. Otro objetivo clave es enfrentar la corrupción que va en aumento. Se descubrieron los sobreprecios en insumos de salud, reparto de hospitales, la apropiación de recursos para la construcción de hospitales públicos, etc. y, el último caso, el inicio, por la fiscalía, de una indagación previa, contra el Ministro de Telecomunicaciones, sobre contratos de comunicación.

En cuanto a lo económico, si bien el ministro de Finanzas renunció, su reemplazo va a continuar con la política económica impuesta por el FMI y el Banco Mundial (BM). En primer caso, los condicionamientos constan en la Carta de Intención, y, en el segundo, las obligaciones a cumplir se incluyen en los contratos de crédito firmados por el gobierno. El nuevo ministro Pozo, fue el que firmó una carta de intención en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En suma, lo que exigen estos organismos internacionales es un proceso de liberalización de todos los mercados, la reducción del tamaño del estado vía la eliminación de entidades, recorte de la burocracia, concesiones o privatización, reformas laboral, tributaria, en el  mercado del dinero, etc. El BM pone énfasis en medidas en el sistema financiero, lo que implicaría, entre otras, trasladar a la banca privada los créditos hipotecarios (operaciones principales del BIESS), reformas a la ley de economía popular y solidaria, respecto a las cooperativas medianas y pequeñas, reforma a la seguridad social (que podría implicar la administración privada de sistemas de pensiones y salud), etc.

En síntesis, el nuevo ministro de gobierno buscará frenar la delincuencia, tratar de resolver los problemas de las inversiones del ISSPOL, un manejo adecuado en las elecciones y la estabilidad política para que este gobierno termine de buena manera su gestión y entregue el poder al ganador de las elecciones. En economía, el nuevo ministro seguirá con la política de ajuste, de reformas estructurales y endeudamiento para reducir el déficit fiscal, reducir el tamaño del estado, liberalizar los mercados y obtener liquidez. Para asegurar el mantenimiento de la política fiscal, impuesto por los organismos internacionales, se mantuvo en el cargo de Viceministro de Finanzas nombrado por el ex ministro Richard Martinez que fue elegido vicepresidente del BID como pago al voto favorable de Ecuador en la elección del nuevo Presidente del BID, un norteamericano auspiciado por Trump.

Luis Rosero M.

La renuncia de un presidente peruano, presionado por las protestas en las calles, así como las manifestaciones populares en Ecuador y Chile puede convertirse en un medio de presión para hacer retroceder a los gobiernos en sus decisiones así como presionar a la salida de los gobernantes corruptos o revertir situaciones sociales, políticas y económicas injustas.

Las manifestaciones en Ecuador, de Octubre de 2019, en la participó el movimiento indígena, sociales, estudiantes, maestros, etc., pese a la gran represión del gobierno que aplicó el gobierno que causo varios muertos, heridos y pérdidas de ojos mostró, después de 12 días de protestas, que la lucha popular obligó al gobierno a sentarse a negociar la eliminación del decreto de alza de las gasolinas. Fue una manifestación muy aguerrida, con un alto costo, pero que a la postre hizo retroceder y ceder al gobierno en sus pretensiones de aumentar los ingresos fiscales por esa vía que tenía fuerte impacto sobre el costo del transporte y la inflación. En Ecuador, la manifestación fue por defender el nivel de vida que se hubiera deteriorado si la medida se hubiera aplicado.

En Chile, desde Octubre de 2019, miles de ciudadanos salieron a protestar por el modelo económico chileno que, al implementar una economía de mercado, provoco la privatización de la educación, del agua, de la seguridad social, etc. así como un mercado de trabajo libre y con poca protección laboral al trabajador así como el mercado del dinero que aumentaba las tasas de intereses se convirtieran en una especie de ahorcamiento lento en que el poder de compra de los trabajadores y población en general se iba deteriorando causando que, al fin de mes, no les alcanzaba su salario e ingresos para poder comprar los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. En consecuencia, a pesar de la política social de derrame, hubo un aumento creciente de la pobreza, marginalidad y miseria. En suma, un fuerte proceso de concentración del ingreso y la riqueza que causó una gran disparidad social. Se produjo un estallido social por la grave inequidad. Fueron precisamente, los habitantes de las comunas –pobres y marginados-, estudiantes  e incluso la clase media, la que salió a protestar en las calles del centro de las principales ciudades del país. A pesar de la gran represión de los  carabineros y las fuerzas armadas,  la protesta continuó hasta febrero –en que la pandemia la atenuó-. Para tratar de parar la protesta el gobierno ofreció un paquete de reformas sociales hasta tal punto que el Congreso aprobó que se entregue el 10% de lo ahorrado en las AFG (seguro social privatizado). El éxito de las protestas se vio reflejado en el triunfo alcanzado en el plesbicito que aprobó por amplia mayoría (78%) el cambio de la Constitución de Pinochet y, más aun, que el mismo se dé por una Asamblea Constituyente. Una vez más, se demuestra que la protesta popular es el  medio más poderoso, en democracia, para cambiar el status quo.

En Perú, el 9 de Noviembre de 2020, destituyó al presidente Vizcarra acusado de corrupción. Posteriormente, nombró a Manuel Merino, un terrateniente de derecha, como primer mandatario. De inmediato, surgieron las protestas de los jóvenes y población en general –convocándose y organizándose a través de las redes sociales- oponiéndose a tal designación por considerarla como una especie de golpe de estado. La represión fue cruenta que ocasionó 2 muertos, muchos heridos y varios desaparecidos. La presión social fue tan fuerte que Merino, duró 6 días en el poder, se vio obligado a renunciar. La gran movilización realizada sin la participación de los sindicatos y partidos políticos,  muestra que la población llegó al estallido social a tal punto que explotó y no soportó  la situación política del país y agravada la situación económica social por la pandemia, provocando el cambio en el poder político. Aún más, después irán por eliminar la constitución fujimorista.

En conclusión, estas tres experiencias de protestas en las calles señalan tres aspectos importantes de la lucha social: el único lenguaje que entienden los gobiernos es la protesta callejera; que los cambios sociales y políticos pueden provenir de lucha en las calles sin participación de sindicatos y partidos políticos y que la protesta en la calle tienen un alto costo humano: muertos, heridos y desaparecidos. Es el costo que tiene que pagar la población por revertir la situación social insostenible, gobiernos corruptos y cambiar un esquema económico-político-social impuestos por la fuerza.

Luis Rosero M.

El impago de las inversiones del ISSPOL con IBcorp, HYBF y otros emisores, que pasaron por la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y Decevale, se deben, en gran medida, al casi inexistente gobierno corporativo de estas instituciones, a los conflictos de interés y la falencia en la supervisión en el mercado de valores que posibilitó las irregularidades.

Entre los principios de buen gobierno corporativo de una empresa o institución están una estrategia enfocada a los objetivos, procesos de control interno basado en procesos, entender los riesgos y contingencias del negocio así como transparencia, políticas de negocio claras y expresas sobre acciones tácitas concertadas, operaciones vinculadas; tratamiento equitativo de los socios o accionistas (OECD), fluidez e integridad de la información (OECD). Según los medios de comunicación, las inversiones con IBcorp e HYBF pasaron por la BVG y el Decevale pero ninguna de éstas pudo detectar las irregularidades y, por otro lado, según Cherrez, representante de IBcorp y HYBF, el directorio del Decevale conocía de las operaciones con estos dos fondos de inversión. De ahí se puede desprender fallas en el control interno en la política sobre operaciones vinculadas y también de gobierno corporativo. Efectivamente, como señala José Defina en sus declaraciones a El Comercio, “Ahí están fallando los controles internos y externos de las empresas privadas, los actores del mercado y los entes públicos que participan de las operaciones. Y un ejemplo de aquello es lo que pasó en las inversiones del Instituto de la Seguridad Social de la Policía (Isspol)”. El propio abogado Carminiani, contratado para la investigación en el Decevale, admite que éste tiene problemas de gobierno corporativo. Ya había señalado, en otro artículo, que los problemas en el Decevale afectarían sus negocios. En efecto, el fuerte grupo Wong, según Expreso, está analizando salir del Decevale.

Pero aún más, según El Comercio, el señor Rodolfo Kronfle llevaba más 30 años como Presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y a su vez era Presidente del Decevale, lo que podría implicar un conflicto de interés a más de los detectados entre familiares del ex Intendente de Valores y Decevale. Algunos analistas, como Jorge Gallardo, han advertido la necesidad de la independencia entre la Bolsa de Valores de Guayaquil y Decevale. Para agravar el problema, como escribí en otro artículo ¨Pero aún más, los directivos y los directores principales del sector externo y el interno de la Bolsa de Valores de Guayaquil son a su vez miembros del directorio de DECEVALE, implicaría doble conflicto de intereses y problemas profundos de gobierno corporativo. Pero también conflicto principal-agente pues los directivos de ambas instituciones reciben doble sueldo.” Por la exposición mediática de las irregularidades, en las inversiones del ISSPOL, renunció el señor Kronfle, dando así inicio a una nueva etapa en la BVG, Decevale y el mercado de valores que no termina de despegar ni cumple a cabalidad su función esencial de financiamiento no bancario de inversiones de largo plazo del sector privado. En cuanto a los problemas de supervisión de los organismos de control, la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores (SCSV), carece de una supervisión de riesgos. Pero peor aún, a pesar de que el Intendente de Valores -hoy depuesto- fue advertido sobre la existencia de los bonos negociados con los fondos de inversión de Cherrez -en Decevale- no realizó ninguna gestión para enfrentar las irregularidades ya denunciadas por el ISSPOL. Aún más, el propio Superintendente de Compañias declaró que fueron engañados por los que participaron en las transacciones. O sea, las autoridades de control de la SCSV no pudieron detectar las irregularidades señaladas ya sea por engaño o por falta de acción de supervisión. El problema fundamental es qué al fallar el control, se afecta la fe pública y la confianza de los inversionistas variables claves para la toma de decisión en inversiones de riesgo y, en consecuencia, el desarrollo del mercado de valores. Se requiere un supervisor fuerte, que aplique auditoría de riesgos y con suficiente fuerza legal para intervenir a los intermediarios de valores que cometan irregularidades. La actual ley reformada del mercado de valores, dada las irregularidades en la inversión del Isspol, requiere una profunda reforma que, entre otras, penalice los conflictos de interés, debilidades en el gobierno corporativo, fallas de supervisión, los fraudes, estafas en el mercado de valores. También la justicia debe actuar para sancionar a los responsables. Según el investigador del Decevale, se acusa al gerente de operaciones de la irregularidad. Sin embargo, el Comandante de la Policía, Patricio Carrillo, declaro “… pero luego de haber levantado información, inferimos que aquí hubo una gran concertación, aquí hubo un enorme pacto. Hubo una gigantesca colusión de actores, no solamente de personas, sino de instituciones y empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales…” Mas aún, el ex gerente de Valpacifico, José Ibañez, declaró “Las inversiones del ISSPOL las manejo una mafia delictiva.” Para que el mercado no sufra tanto daño, además de volver a reformar la actual ley de valores, debe sancionarse a todos los culpables que permitieron que se den las irregularidades de las inversiones del ISSPOL.