Luis Rosero M.

Hay tres hechos, en la historia reciente de A. Latina, que influyeron en las decisiones de elección de sus gobernantes. La vuelta del peronismo al poder, el plebiscito por una nueva constitución en Chile y las elecciones presidenciales en Bolivia. Respecto a los eventos históricos, me refiero a hechos objetivos como las condiciones sociales y de vida de la población, y, las políticas económicas-sociales de los gobiernos.

En la elección presidencial argentina, de fines de 2019, volvió al poder el peronismo, pero no fue tanto por la ideología sino, en gran parte, por la situación económica y social que dejó el gobierno de derecha de Macri. Su herencia, después de aplicar una política de libre mercado y eliminación de subsidios sociales, entre sus hechos mas relevantes, fue un endeudamiento externo, sin precedentes, un tipo desbocado de cambio y, en consecuencia, una alta inflación, y aumento de la pobreza a un tercio de la población y, por ende, un deterioro crítico de las condiciones de vida. Esta política y la realidad objetiva es la que explica la vuelta al poder del peronismo, con un Presidente casi desconocido y una vicepresidenta acusada de corrupción. El pueblo desesperado optó, como la opción más favorable, por elegir a un gobierno progresista.

En el caso de Chile, las protestas sociales en la calle de la población, desde Octubre de 2019, frenadas por el coronavirus, iniciado en Febrero de 2020, en rechazo a la herencia al modelo económico-social-político de la dictadura, finalmente dio sus frutos. Este, en lo económico,  implantó un capitalismo salvaje con libertad a ultranza de los mercados, en especial el del trabajo, del dinero y bienes, que provocaron la precariedad del trabajo y abuso por parte de los patronos; el mercado determinaba el costo del dinero y las reglas del endeudamiento, tal es así que, si los estudiantes querían ir a la universidad, requerían un crédito para cursar a una carrera que llevaba al endeudamiento tanto de sus padres como de los hijos. Por otro lado, se privatizo la seguridad social con la implantación de las Administradoras de Fondos de Pensiones y las Instituciones de Salud, manejadas por el sector privado, que dejaron fuera a los de escasos ingresos. Este esquema termino fracasando. La libre oferta y demanda en el mercado de bienes, conllevó a un alto costo de la vida. Por último, en lo social, se aplicó la teoría del derrame según la cual el crecimiento traería distribución del ingreso y bienestar a la población. A pesar de la política de subsidios sociales, el resultado fue una alta concentración del ingreso y aumento de la pobreza. Estos hechos objetivos son los que explican el rotundo no a la constitución de la dictadura y el cambio de ésta a través de una Asamblea Constituyente.

Respecto a Bolivia, el gobierno actual, después de acusar de fraude, en las elecciones presidenciales, a Evo Morales, los resultados de la elección de Octubre de 2020 demuestran que no hubo tal fraude y, con un resultado sin precedentes, que Arce, gané en la primera vuelta y con un amplio margen sobre la derecha. ¿Pero quien es el nuevo Presidente Electo? Nada menos que el cerebro del gran progreso económico social de Bolivia en la última década. Después de seguir una política nacionalista con los recursos naturales, con los excedentes de estos, procedió a un reparto de los mismos con una profunda política social que aumentó el nivel de vida de la población y redujo fuertemente la pobreza. Otra vez son los hechos objetivos y la políticas económicas-sociales que favorecieron las condiciones de vida de la población, que explican la elección de Arce.

En síntesis, en estos 3 hechos históricos, son las condiciones objetivas reales y las políticas sociales que aumentan el nivel de vida las que explican, en gran medida, las decisiones de los pueblos de estos países para elegir a sus gobernantes. Los pueblos que son afectados por las políticas económicas sociales entienden de la historia mientras que las élites no quieren o no comprenden esa realidad, se enfrentan a las protestas en las calles para llevar al cambio social..

Luis Rosero M.

La Ministra de Gobierno ha señalado que hay nexos y conflictos de intereses entre los organismos de control y la Bolsa de Valores de Guayaquil-Decevale. El problema surge por las transacciones que hizo el ISSPOL con IBcorp y High Yield Bond Fund (HYBF) por un monto de 537 millones de dólares, cuyo rendimiento y capital no se han recuperado totalmente, afectando al ISSPOL y pone en riesgo los servicios que presta.

En el artículo anterior, sobre este tema, señalamos las diferentes inversiones que ha realizo el ISSPOL con entes del exterior –Ibcorp y HYBF- e internamente en fideicomisos de inversión, derechos fiduciarios, obligaciones y facturas comerciales cuyos rendimientos y capital tampoco pueden ser cobrados completamente por la falta de liquidez de los emisores de dichos títulos. Así, Ecuagran y Delcorp –empresas relacionadas- no le pueden pagar, por emisión de obligaciones y venta de facturas comerciales, los rendimientos y capital al ISSPOL. La primera fue intervenida, entre abril-setiembre de 2019, por la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores (SCSV). No se comunicó por parte de la Bolsa de Valores de Guayaquil la intervención, que es un hecho relevante que, según la ley del mercado de valores, debió ser advertido por dicha bolsa. El Intendente de Nacional Valores señaló, al respecto, que el auditor externo, de las dos compañías, no dio las alertas. Una autoridad de ese nivel, no puede excusarse de esta manera, pues en su trabajo de supervisión debió detectar tal irregularidad. Finalmente, la SCSV separó al funcionario pero el problema de fondo es que se afectó la fe pública, la confianza de los inversionistas y, lo más grave, se desconoce como el ISSPOL va a recuperar su capital y rendimiento de las inversiones con dichas empresas.

La situación más crítica es la recuperación del capital y rendimientos de la inversión con IBcorp y HYBF por 537 millones, cuyas transacciones se realizaron entre 2015-2016. Con la primera por 205 y en la segunda por 327 millones. En una transacción bursátil, con un fondo de inversión del exterior, el procedimiento a seguir es que participe un inversionista (ISSPOL), un intermediario (casa de valores),  fondos de inversión (IBcorp y HYBF)  y un depósito centralizado de valores (DCV). En la primera, el ex gerente de la casa de valores Valpacifico –hoy amenazado por ser testigo de investigación-, que intervino en la negociación, señaló que advirtió, por carta a David Proaño, director del ISSPOL en esa época, que “la ley no permite que Decevale tenga en custodia papeles que no están inscritos en el catastro”. La segunda operación  con HYBF, según El Comercio, “pasó por la Bolsa de Valores de Guayaquil el 30 de diciembre de 2015 y la casa de valores CITADEL fue la intermediaria.” Según el Superintendente de Compañias, Seguros y Valores, DECEVALE “había estado negociando, operando, registrando valores no inscritos en el catastro… ha estado fungiendo de custodio de valores que no debía.” Pero lo más grave, según declara la Ministra a El Comercio, que “Decevale era el custodio, pero la empresa respondió que no tiene en custodia ninguno de los instrumentos del Isspol, sino que cedió esta responsabilidad a un tercero extranjero, la empresa ICS Institutional Custody Services LLC. Esa firma esta domiciliada en Florida-EE.UU. y actualmente está en proceso de liquidación…Romo asegura que el Decevale firmó un contrato con la empresa ICS en 2003, cuando esa empresa se creó en 2006.” Al parecer, ICS fue declarada inactiva en Enero de 2016, cuyo administrador es Jorge Cherrez Miño. Si se confirma, lo dicho por la Ministra, podría haber una estafa al ISSPOL. Más aún, Jorge Cherrez que es director de IBcorp y HYBF es a su vez representante de ICS (deposito centralizado de valores, DCV). O sea estos fondos de inversión de Cherrez era el custodio de los títulos de las operaciones con el ISSPOL, algo inaudito pues el fondo de inversión no puede tener vínculos con el DCV, no puede ser el custodio de los títulos que negocio con el ISSPOL, ya que debió ser un DCV debidamente autorizado y con licencia de operación vigente concedida por el regulador del país en que se constituyó.

Pero hay más,  según Expreso, la ex Superintendente de Compañias, en un oficio, el 15/11/2017, al Superintendente Bancos, de esa época, señalaba que el ISSPOL había recibido 10.5 millones en la cuenta de un banco local y que estos recursos no eran fruto de operaciones en el mercado de valores, quien responde, el 13/07/2018, que pidió al ISSPOL un informe. En su oficio le dice “las inversiones están expresamente sustentadas en disposiciones de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, su reglamento general y su reglamento de inversiones”. En otras palabras, no había irregularidades.

El abogado Carminiani, contratado por Decevale, para investigar el hecho, apunta que el responsable de los hechos es el Gerente Operativo Luis Alvarez. La Ministra de Gobierno rechaza esta versión así como Patricio Carrillo, Comandante de la Policía que,  según informa El Comercio, señala “… pero luego de haber levantado información, inferimos que aquí hubo una gran concertación, aquí hubo un enorme pacto. Hubo una gigantesca colusión de actores, no solamente de personas, sino de instituciones y empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales…” Muy claro, plantea que no se trata de una sola persona que participó en la irregularidad sino que es una estructura funcional, o sea un conjunto de funcionarios, supervisores del mercado de valores y de los institutos de seguridad social, directivos, casas de valores, fondos de inversión, etc. que participaron en las transacciones que dieron lugar a la serie de  irregularidades.

Para complicar el problema, la Ministra “Agregó que el hijo de la gerente de Decevale estuvo trabajando en la Intendencia de Valores y la hija del exintendente de Valores de Guayaquil estuvo trabajando en la Bolsa de Valores de Guayaquil, que a su vez son accionistas mayoritarios de Decevale… Agregó que los representantes de Citadel, una de las casas de valores que participa en una de las operaciones del ISSPOL, tienen una relación familiar directa con los representantes de Decevale.” Se refiere a que Oriana Rumbea, gerente administrativa del DECEVALE, es esposa de Xavier Neira, gerente de CITADEL.  Claramente, en estas relaciones laborales, hay conflicto de intereses entre el ente supervisor y controlador –SCSV- y los entes controlados –Decevale y BVG-. Aún más, que el Presidente de la BVG sea a la vez del DECEVALE implica otro conflicto de interés. Según El Comercio lleva más de 3 décadas en el primer cargo. Pero aún más,  los directivos y los directores principales del sector externo y el interno de la Bolsa de Valores de Guayaquil son a su vez miembros del directorio de DECEVALE, implicaría doble conflicto de intereses y problemas profundos de gobierno corporativo. Pero también conflicto principal-agente pues los directivos de ambas instituciones reciben doble sueldo.

Incluso más, según la cuenta twiter @Ebi Camacho1, de 23/10/2020, se revela en una carta que Jorge Cherrez, directivo de IBcorp, le dirige al Presidente del DECEVALE –Rodolfo Kronfle- y a los miembros del directorio,  en el que les manifiesta respecto al contrato de custodia: “que la contratación de nuestros servicios desde el año 2003 y posterior acuerdo en el año 2012, siempre han sido conocidos por el Ab. Rodolfo Kronfle y aprobado por el directorio de DECEVALE, para lo cual pueden referirse a sus actas de directorio y a los archivos de comunicación que su empresa ha tenido con nosotros.” El diario digital Primicias, en su edición de 24/11/2020, confirma la existencia de la carta y la cancelación de su contrato con Decevale por la custodia de títulos valores.

Estos hechos, explicarían en parte, la posibilidad de irregularidades en las operaciones bursátiles, y, peor aún, que el ente supervisor del mercado de valores (SVSC) y la Superintendencia de Bancos, que  controla a los institutos de seguridad social, no hayan detectado, alertado y sancionado las mismas. No basta con separar el funcionario de la SCSV ni cambiar al Gerente de la BVG. Debe darse una reforma integral  a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del sector Societario y Bursátil, que reformó a la ley de mercado de valores, para sancionar los conflictos de intereses, penar con inhabilitación de los implicados en éstos, extender la responsabilidad al Superintendente, prohibir que directivos de la bolsa o del Depósito Centralizado de Valores se mantengan muchos años en sus cargos, obligar a que se establezca gobierno corporativo en los entes del mercado de valores,, sancionar a los implicados en el conflicto principal-agente, a todos los que participaron en las irregularidades deben aplicarse sanciones penales y legislar su incautación de bienes, proteger la fe pública (que está en la actual de ley de mercado de valores, pero es letra muerta). La pregunta clave es ¿Cómo se van a recuperar las inversiones del ISSPOL, llevar a la cárcel a los implicados y aplicar las sanciones penales a éstos?

Luis Rosero M.

En el primer artículo sobre este tema, de una serie, traté sobre las inversiones del ISSPOL con fondos de inversión, radicados en Panamá, que no pueden cubrir el pago de capital y rendimientos. En este segundo artículo trataremos sobre las inversiones realizadas por el ISSPOL y BIESS, con títulos de empresas nacionales, cuyos emisores no pueden devolver los rendimientos y capital que afectan fuertemente la liquidez de ambas instituciones.

El ISSPOL realizó varios tipos de inversiones. Una fue la compra de obligaciones de las empresas Ecuagran y Delcorp, autorizadas por la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores (SCSV), en 2019, por 15 millones por cada una. Para esta emisión de obligaciones como requisito, tuvieron la calificación de riesgo, por parte de la calificadora Class International Rating, de AA- en el caso de la primera. Mientras que con Delcorp, su emisión también fue calificada por la misma calificadora, sin embargo ésta informó que no calificó más porque, desde Junio de 2020, Delcorp dejó de entregar la información necesaria para emitir la calificación, que debe hacerse cada 6 meses. Esta era la sexta emisión de obligaciones por parte de ambas empresas. Mientras que el BIESS invirtió 4.8 millones de dólares en obligaciones de estas dos empresas. El problema surge porque ambas empresas dejaron de pagar el rendimiento de las obligaciones a ISSPOL y BIESS. Estos títulos se negociaron en la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG). Tienen garantía general y específica. El agente pagador de dichos rendimientos es DECEVALE. Expreso informaba, en su edición del 4 de Setiembre, de este año, del incumplimiento de los pagos de las inversiones y que el DECEVALE había alertado del incumplimiento, en agosto. Según Primicias, Ecuagran (posee el 13.5% de las acciones de Delcorp) y Delcorp (esta es proveedora de Ecuagran de productos agrícolas y tiene el 13.7% de su capital accionario) son empresas relacionadas y el presidente ejecutivo, de las dos empresas, salió del país el 5 de Agosto.

Otra inversión que realizó el ISSPOL, por 22 millones de dólares,  fue la compra de facturas comerciales a Ecuagran y Delcorp, que tampoco puede ser devuelta por la falta de liquidez de estas empresas.

Además, el ISSPOL realizó inversiones en fideicomisos de inversión. Entre ellos  con la Universidad Técnica Equinocional (UTE) por un valor de 8.8 millones, que ha sufrido atrasos en los pagos de las inversiones. También realizó otras inversiones con dichos fideicomisos (turismo, proyectos inmobiliarios, etc.) que también registran problemas de impagos. Según Vistazo, en abril de 2018, mas de 100 millones de dólares, habían sido invertidos en cesión de derechos fiduciarios  de los que  se desconoce si tienen análisis de riesgo. El Comercio, informa también que el ISSPOL compró una hacienda por 14.8 millones cuando el avalúo era solo de 500.000 dólares.

A estas inversiones del ISSPOL se suman los 532 millones, de los cuales, con IBcorp 205 millones, en una operación de reporto (que incluyo Bonos de Deuda Externa Ecuatoriana) y con High Yield Bond Fund (HYBF) por 327 millones (intercambio con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana).  Ambas empresas son manejadas por un fondo de inversión, localizado en Panamá y creado, al parecer por una offshore, cuyo director ejecutivo es Jorge Cherrez Miño, que tampoco puede cubrir los rendimientos de estas inversiones. Y para agravar la situación, Expreso informa que el Servicio de Cesantía de la Policia, tiene inversiones en bonos de Odebrecht, que compró en 2011 y están impagos hace 2 años. 

Es impresionante como el ISSPOL, a pesar de tener sus propios traders, haya realizado inversiones con riesgo cuyos rendimientos y capital están impagos. A pesar de que tiene su propio Jefe de Inversiones sus informes hayan sido aprobados por la Comisión de Inversiones y por su Dirección General y  ratificados por el Consejo Directivo. Muestra un problema interno en manejo de inversiones y de gobierno corporativo. Por otro lado, las autoridades de la (SCSV), fallaron en la supervisión. Según Expreso, el Decevale, había advertido, a las autoridades de control, del incumplimiento de los pagos de inversiones de Ecuagran y Delcorp, un mes antes. Según El Comercio, Ecuagran estuvo intervenida por la Intendencia Nacional del Mercado de Valores, entre abril y septiembre de 2019, sin embargo siguió operando en el mercado de valores. El caso era por la negociación de 1.5 millones en facturas comerciales, en mayo de 2019. Estas eran por ventas a Delcorp. En Abril de 2019, fue calificado por Summa Raiting un programa de facturas de Ecuagran como emisor, por 7 millones con calificación AA+, y Delcorp como aceptante. Dicha calificadora, el 18 de Setiembre de 2019, califica con AA+, otro programa de facturas comerciales por 29 millones siendo ahora Delcorp emisor y Ecuagran aceptante. Este hecho muestra que las dos empresas estaban relacionadas. Más aún, el 17 de Octubre de 2019, la SCSV autoriza la sexta emisión de obligaciones por 15 millones de Ecuagran, que ahora están impagas. Nuevamente, falla el control de la SCSV. Sorprendemente, el Intendentende Nacional de Valores declaró que el auditor externo de Ecuagran y Delcorp no dio las alertas sobre irregularidades de estas firmas  en el mercado de valores. Como unidad de control esta Intendencia debió detectar el ilícito.  Las casas de valores que participaron en la intermediación de las facturas señalaron que nunca se comunicó al mercado de la intervención, un hecho relevante. Al parecer, tampoco hubo una notificación por parte de BVG, a pesar de la advertencia del DECEVALE del impago de las dos empresas. La BVG es el principal accionista del DECEVALE.

En síntesis, los problemas de impago de rendimiento y capital de las inversiones del ISSPOL muestran la debilidad de la decisiones de inversión por parte del ISSPOL, la falla de supervisión por de los organismos de control. En la reforma a la ley del mercado de valores se plantea que la Supercias debe realizar vigilancia, auditoría, intervención y control del mercado de valores. Que haya pasado por alto, este organismo de control, la cadena de irregularidades señaladas muestra las fallas en el cumplimiento de sus funciones. Igual pasa con la Superintendencia de Bancos) que revisa el portafolio de inversiones del ISSPOL y tampoco detectó irregularidades. Y en cuanto a la BVG, la mencionada reforma señala que una de sus funciones es “Divulgar y a mantener a disposición del mercado y del público en general información simétrica, veraz, completa y oportuna, sobre las cotizaciones  de los valores, intermediarios y las operaciones efectuadas en las bolsas de valores, así como sobre la situación económica financiera y los hechos relevantes de los emisores.” Como señalaron las casas de valores, que participaron en las transacciones no se comunicó la intervención, un hecho relevante. Y además  según DECEVALE advirtió del impago a la BVG. Las irregularidades muestran también que, en el mercado de valores, hay problemas de conflictos de intereses, conflictos agente-principal, un escaso gobierno corporativo, funcionarios y directivos de entes de control y BVG que se mantienen en sus cargos, por muchos años, pase lo que pase en el mercado de valores. No hay alternabilidad. El resultado de toda esta trama de inversiones impagas es un fuerte golpe a la confianza de los inversionistas en la bolsa,  una falta de transparencia así como pérdida de confianza por parte de los inversionistas en el DECEVALE, que traerá un impacto en las transacciones en la BVG y una caída en la reputación de los organismos de control. Y los afectados, resultan ser los afiliados al ISSPOL y los servicios que reciben.

Luis Rosero M.

En la Carta de Intención, firmada por el gobierno con el FMI, se establecen una serie de condicionamientos de los que destacan más impuestos, eliminación de beneficios tributarios y reformas estructurales que son los principales compromisos que el país debe cumplir, lo que implica que los organismos internacionales definen la política económica.

En cuanto a lo tributario, se estipula el alza del IVA del 12% al 15%; eliminar la devolución del IVA a los adultos mayores y universidades; impuesto a la renta a las decimotercera y decimocuarta remuneración; aumentar el impuesto a la renta a las personas naturales y empresas; establecer un impuesto a la gasolina, que ya paga IVA; aumentar el IVA e ICE a las telecomunicaciones y crear un impuesto ambiental a la emisión de dióxido de carbono (CO2).

Si bien es necesario la reducción del déficit fiscal de 8.3% en 2020, el gobierno con el alza del IVA quiere hacer pagar el costo de la crisis económica a la población,  a partir de 2022, pero más aún busca que la paguen los jubilados al eliminar la devolución del IVA en sus compras, que es un grupo vulnerable; pero además quiere que los trabajadores y empleados privados paguen impuestos a las remuneraciones adicionales lo que significa cargarle otra parte de la crisis a la fuerza laboral, que ya ha sufrido despidos por la pandemia y adicionalmente  se le han recortado sus salarios; al aumentar el IVA e ICE a las telecomunicaciones significa que paguen también una parte de la crisis la clase media y un mayor impuesto a la gasolina y la creación del impuesto ambiental significa  aumentar el costo del transporte  que afectará, una vez más, a trabajadores y empleados así como población en general. Con estas medidas el gobierno actual obliga al Presidente siguiente, sin contemplaciones, que sea la población en general y trabajadores así como grupos vulnerables los que paguen la crisis, cuando perdonó más de 4 mil millones de dólares con la remisión fiscal.

Pero, aún más, pretende un recorte de la masa salarial del sector público de 482 millones dólares (0.5% del PIB), en la compra de bienes y servicios la disminución será 579 millones (0.6% del PIB), disminución de 500 millones en gastos por el coronavirus y, por la renegociación con la deuda con bancos chinos, el servicios de la deuda se reducirá en 1300 millones. Por otro lado, se recortará la inversión pública hasta que se reduzca al 4.9% del PIB. La tendencia de esta variable clave ha sido una disminución paulatina desde 2014 hasta que en 2020 cayó a 6.6%. Recordemos que, en el gobierno anterior, el peso del sector público llegó alcanzar hasta el 25% del PIB. Con estas medidas, no solo pagan otra parte de la crisis los servidores públicos –a los que ya se les había recortado el sueldo- sino que además se recorta el tamaño del sector público y, más aún, el estado deja de ser un dinamizador de la economía al reducirse radicalmente la inversión pública. Con estas medidas, se espera un recorte del gasto de 5300 millones, un brutal ajuste de mas del 5% del PIB. Pero adicionalmente, va a reducirse el tamaño del estado mediante concesiones y privatizaciones. Ejemplo de ello son la concesión de la Refinería de Esmeraldas y la venta del Banco del Pacífico. Antes, ya se habían eliminado una serie de instituciones públicas. La reforma del estado implica reducir al mínimo su tamaño.

Pero también el régimen busca la liberalización de los mercados. Comenzó con la liberación del precio de los combustibles: gasolinas y gas. Hasta el momento hay una fórmula para establecer los precios de las primeras y el gobierno asegura que mantendrá congelado el precio del segundo. Un segundo paso fue avanzar en la liberalización del mercado del dinero. La Junta Monetaria simplificó los segmentos de líneas de crédito y cambió la metodología del cálculo de las tasas de interés y, el siguiente paso, en esta área, sería la liberalización de dichas tasas.

El convenio con el FMI, obliga a 5 reformas estructurales, contiene a más de la reducción del tamaño del estado, la reforma tributaria  y reforma a la seguridad social, darle independencia al Banco Central, restituyendo su directorio, que sería el encargado de manejar la política monetaria. La otra reforma clave, es continuar con la reforma laboral del que se avanzó con la flexibilidad laboral, precariedad laboral y se continuaría con mayor liberalidad en dicho mercado.

En síntesis, el gobierno, con la Carta de Intención con el FMI, busca hacerle pagar la mayor parte del costo de la crisis económica a trabajadores y empleados privados, públicos, a grupos vulnerables y población en general –vía más impuestos y eliminación de exenciones tributarias-; por otro lado, quiere liberalizar la economía, de manera que sea el mercado el que fije los precios claves de la economía (precio de bienes y servicios, salarios, tasa de interés) y reducir el tamaño del estado a un mínimo. Sin embargo, deja endeudado al país y lo somete a los condicionamientos de la política económica por parte de los organismos internacionales.