Luis Rosero M.
La disputa entre el CNE y el TCE genera incertidumbre electoral al no conocerse aún el número de candidatos presidenciales que participarían en las elecciones e incertidumbre sobre el posible aplazamiento de las elecciones. En cuanto a la ley anticorrupción, si bien la Asamblea aprobó la misma no se hizo lo mismo con la ley de eliminación del dominio lo que significa que no se podrá quitarle los bienes mal habidos a los corruptos.
La pugna entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por la no acatación de una sentencia del TCE por el CNE que se refiere a la aceptación de la candidatura de Álvaro Noboa como candidato presidencial por Justicia Social, ha desatado una controversia jurídica en la que el TCE acusa al CNE de no cumplir dicha sentencia mientras que el CNE planteó una demanda de conflicto de competencias a la Corte Constitucional y dos vocales del CNE presentaron una demanda contra el TCE acusándolo de intromisión en las funciones del CNE. Para complicar el escenario electoral, la Corte Nacional de Justicia determinó que se puede realizar investigaciones en contra de los vocales del CNE. Este intrilinguis jurídico genera incertidumbre electoral respecto a cuantos candidatos presidenciales participarían en las elecciones y el cumplimiento del cronograma electoral. Aún más, un Juez del TCE señaló una supuesta reunión entre vocales del CNE y altos dirigentes políticos. Las consecuencias de esta controversia entre los dos organismos electorales genera una serie de interrogantes. ¿Los vocales del CNE estarían negando la participación de Álvaro Noboa porque le quitaría votos al candidato de la derecha de CREO y PSC? ¿hay posibilidades de aplazamiento de las elecciones presidenciales? ¿la repuesta de la Corte Constitucional al CNE tardaría, lo que justificaría una variación del cronograma electoral? ¿El aplazamiento de las elecciones anularía los resultados electorales? Todo este embrollo jurídico electoral pone incertidumbre electoral, lo que revela que detrás de los organismos electorales se mueven las fuerzas políticas para influir en las decisiones en función de sus intereses electorales.
Por otro lado, la Asamblea aprobó la ley anticorrupción que reforma el Código Orgánico Integral Penal, presionada por los diferentes casos de corrupción en relación a hospitales públicos y compras de insumos y material médico que se dio durante la pandemia en este gobierno. Entre las principales reformas está el informe previo de la Contraloría como requisito a toda contratación pública, introduce nuevos delitos como elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado, obstrucción de justicia y aplicación al máximo de la pena cuando los delitos sean cometidos en un estado de excepción. Si bien esto implica un avance en materia de corrupción, sin embargo, no resulta tan efectiva si no es posible confiscar los activos de los acusados de corrupción. Si bien, se puede condenar a los corruptos, aún más con las reformas aprobadas, pero estos se pueden ir a la cárcel sin devolver los recursos robados al estado, o sea al pueblo. Si no se aprueba la ley de extinción de dominio y se la aplica a los corruptos éstos podrían estar presos pero gozando de los recursos mal habidos. Es lamentable que los legisladores no se preocupen por aprobar además dicha ley. Y más aún, Centroamérica lleva algunos años desde que aprobó la ley de extinción de dominio de los corruptos y narcotraficantes con lo que se les pudo despojar de los activos producto de sus actividades ilícitas. La razón de que los legislados no aprobaron dicha ley de extinción de dominio es que hay algunos acusados de corrupción y, en consecuencia, hay intereses en la no aprobación de la ley.
En síntesis, en la actual coyuntura política además de la crisis económica, social y sanitaria se agrega al escenario la incertidumbre electoral que genera dudas sobre el cumplimiento del actual cronograma electoral y, por otro lado, una ley anticorrupción incompleta, al no aprobarse la ley de extinción de dominio, posibilita que aunque los corruptos y narcotraficantes vayan a la cárcel sigan gozando de los activos generados en forma ilícita.
Pensamiento y comportamiento 