Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

La firma del convenio con el FMI y otros organismos multilaterales condiciona al país a cumplir con el ajuste y reformas estructurales entre la que están la reforma al mercado de trabajo. La siguiente sería devolverle la independencia al Banco Central e instituir un Directorio que definirá la política monetaria.

El gobierno, aprovechando los efectos de la pandemia, con la ley de ‘’Apoyo Humanitario” inició  la flexibilización laboral, como lo señalé en un artículo anterior, introduciendo nuevas modalidades de contrato, “Primero, mediante acuerdos entre trabajadores y patrones que puede implicar cambio salarial. Segundo, el contrato especial emergente, con reducción de hasta 20 horas de trabajo semanales,  distribuidas en 6 días (que incluiría fines de semana), con lo que el patrono no pagaría horas suplementarias, contrato que puede durar hasta 4 años. Tercero, reducción emergente de la jornada que puede ser hasta del 50%, lo que implica reducción del ingreso del trabajador y el contrato puede durar hasta 4 años. Cuatro, el teletrabajo, una nueva modalidad, que implica que el empleado puede realizar el trabajo desde su casa y puede implicar reducción del sueldo. Estos nuevos contratos constituyen una reforma laboral que debe estar incluida en el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el FMI.”

A fines de Octubre, de este año, el Ministro de Trabajo anunció otras 4 modalidades: contrato productivo (con jornada parcial o completa, pero con jornadas consecutivas de 20 días o 7 días con 48 horas de descanso, cuando la mitad de la jornada sea entre las 19 H y 6 H habrá recarga por trabajo nocturno); contrato turístico y cultural (la jornada será de hasta 8 horas diarias sin sobrepasar las 40 horas a la semana, distribuidas hasta en 6 días); las otras dos modalidades restantes son los contratos de emprendimiento (entre el emprendedor y sus trabajadores) y para jóvenes (plazo de un año, con edad de hasta 26 años y cumplir con el art. 21 del Código de Trabajo). En los dos primeros tipos de contrato se elimina el pago de horas extraordinarias que se contemplan, en dicho código, si la jornada se realiza sábados o domingos).

La pandemia ha causado un alto nivel de desempleo, subempleo y aumento del sector informal. Además ha llevado al aumento de la pobreza, que un organismo internacional que sería de un tercio de la población. Pero también ha crecido la pobreza extrema y el hambre, que son fuente para mas violencia y delincuencia. Aprovechando esta crisis social, el gobierno anunció una reforma laboral que incluiría el contrato por horas y contrato con mujeres con lo cual aumentaría el proceso de flexibilización laboral.

Dada la falta de liquidez de la caja fiscal, el gobierno buscó financiamiento en los organismos multilaterales aumentando, a septiembre de 2020, la deuda externa a 40.430 millones de dólares, que representa según revista Gestión el 69.9% de la deuda total del país. Según este medio, casi una cuarta parte, de la deuda externa, es con dichos organismos. Pero estos, a cambio, condicionan la política económica, exigiendo que se apliquen una serie de medidas. En el caso del mercado de trabajo tienden a recomendar una liberalización de este, con una reducción de costos de contratación y despido. Son estas dos últimas las que ha aplicado el gobierno, en su reforma laboral, llevando a un proceso de precarización laboral, que implica menos ingresos para el trabajador pero menos costos laborales para el empresario. Se trata de una reforma laboral basado en criterios neoliberales que, supuestamente con la liberalización del mercado de trabajo, se tendría más empleo en el país. Dicho en otras palabras, el coste de la crisis la siguen pagando los trabajadores y muy poco los empresarios.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

La protesta en las calles se ha vuelto instrumento para obligar al gobierno a que cumpla con la ley y presionar que se paguen las transferencias atrasadas del presupuesto. Esto pasó con los médicos y con los alcaldes que obligaron al gobierno a su recontratación y recursos adeudados a los GADs.

En los meses anteriores, médicos, enfermeras y personal de apoyo salieron a las calles para protestar por su despido por tener contratos temporales, que trabajaron en la etapa más crítica de la pandemia, y fueron despedidos. Fueron varias veces que se dio la protesta pero el Ministro de Finanzas que no había recursos del presupuesto, lo que a todas luces era una indolencia y que las prioridades del gobierno no eran precisamente en contratar médicos y personal de apoyo en salud. Más aún, el gobierno dictó un reglamento tardío a la ley de “Apoyo Humanitario” que dificultaba y  ponía trabas al cumplimiento del artículo 25 de la ley que señala: “Estabilidad de trabajadores de la salud.– Como excepción, y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19) con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público, y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo.” O sea el propio gobierno, que propuso la ley, estaba incumpliendo este artículo y podría ser llevado a un juicio político. La presión en las calles de los médicos y personal de apoyo, y, por otro lado, el ingreso de los recursos del crédito del FMI y de otros organismos multilaterales llevó a que el gobierno finalmente cumpla con dicho artículo. En efecto, en los primeros días de diciembre el régimen anunció que otorgará nombramientos a más de 12000 trabajadores de la salud que tienen contratos ocasiones y que prestaron sus servicios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Por otro lado, el Ministro de Finanzas, a fines de noviembre de 2010, informó una reducción de 691 millones a los GADs argumentando la caída de los ingresos petroleros. La medida se aplicaría mediante un acuerdo ministerial que establecía tal disminución. Ante lo cual, los alcaldes tomaron varias acciones: pusieron, ante los tribunales, una acción de protección por el retraso del pago de las asignaciones, y, además salieron a las calles a protestar por el recorte presupuestario. La movilización de la AME fue a nivel nacional y hasta el punto que  algunos de ellos se declararon en huelga de hambre. También plegaron a la protesta las prefecturas y juntas parroquiales. Tal fue la presión que el gobierno se vio obligado a eliminar la medida y pagar una parte de las asignaciones atrasadas.

Estos dos logros, tanto de los médicos como de los GADs muestran que el lenguaje que entienden los gobiernos es de la protesta callejera, tal como se ha dado en otros países latinoamericanos. La calle se ha convertido en el medio para lograr avanzar en la lucha de varios colectivos, instituciones y organizaciones para hacer cumplir a los gobiernos sus demandas u objetivos para mejorar sus condiciones de vida, elevar la calidad de la democracia o simplemente hacer valer sus derechos que, si bien, están en la ley, son letra muerta, y la calle permite reivindicarlos. Así como la pandemia ha transformado la vida normal de los países, la calle se ha convertido en la espada de Damocles de los gobiernos que, si no cumplen con sus promesas, con la ley o mantienen medidas, políticas o leyes que perjudican a la gente o a la democracia, la protesta en las calles se ha convertido en la vía para lograr las aspiraciones de la población y del pueblo tal como lo demuestran los casos de Ecuador, Chile, Perú, Argentina, etc. para señalar solo las protestas en América Latina.

Luis Rosero M.

La destitución de la Ministra de Gobierno no variaría la política interna del gobierno ni alteraría su estrategia económica con el nuevo ministro de Finanzas. En este último, la agenda económica la seguirían imponiendo los organismos internacionales como condicionamiento a los créditos que conceden éstos.

La Asamblea censuró y destituyó a la Ministra de Gobierno por una amplia mayoría por la violación de los derechos humanos y represión en las protestas de Octubre de 2019. Ella fue uno de los puntales que sostuvo al gobierno. Pero lo más paradójico es que, al parecer, según la ley Orgánica de la Función Legislativa podría ejercer otro cargo público, lo que implicaría seguir influyendo en la política interna. Creo, el PSC y Revolución Ciudadana así como algunos independientes aportaron los votos para tal efecto. En el caso de Creo la votación por la censura se dio por la cercanía de las elecciones y tratar de desvincularse del gobierno así como también lo hizo el PSC. En efecto, el nuevo ministro de Gobierno, planteó como prioridad, en su gestión, la seguridad, y, el manejo de la política interna así como enfrentar los problemas de inversión del ISSPOL. La ex ministra de gobierno le puso énfasis a la segunda, a tal punto que enfrentaría un nuevo juicio político por el reparto de los hospitales públicos a cambio de votos de los asambleístas. El énfasis, en la seguridad, del nuevo ministro es porque la violencia y delincuencia ha aumentado de manera significativa producto de los altos niveles de desempleo,  subempleo, informalidad y el hambre generados por la pandemia. Esta última es una de las fuentes de la violencia y la delincuencia. En Guayaquil, ya se decidió el envío de una dotación adicional de policías por el aumento del robo, asesinatos, femicidios y violencia contra la mujer. Otro de sus retos, es resolver los problemas del ISSPOL cuyas inversiones han resultado impagas lo que afecta su liquidez y, en esa medida, a los servicios que presta como los créditos, pago de pensiones y otros servicios. Finalmente, otro de los retos es manejo político en las elecciones presidenciales, en las que el ministerio tiene un rol muy importante para colaborar en la transparencia y apoyo al ordenamiento en el proceso electoral. Otro objetivo clave es enfrentar la corrupción que va en aumento. Se descubrieron los sobreprecios en insumos de salud, reparto de hospitales, la apropiación de recursos para la construcción de hospitales públicos, etc. y, el último caso, el inicio, por la fiscalía, de una indagación previa, contra el Ministro de Telecomunicaciones, sobre contratos de comunicación.

En cuanto a lo económico, si bien el ministro de Finanzas renunció, su reemplazo va a continuar con la política económica impuesta por el FMI y el Banco Mundial (BM). En primer caso, los condicionamientos constan en la Carta de Intención, y, en el segundo, las obligaciones a cumplir se incluyen en los contratos de crédito firmados por el gobierno. El nuevo ministro Pozo, fue el que firmó una carta de intención en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En suma, lo que exigen estos organismos internacionales es un proceso de liberalización de todos los mercados, la reducción del tamaño del estado vía la eliminación de entidades, recorte de la burocracia, concesiones o privatización, reformas laboral, tributaria, en el  mercado del dinero, etc. El BM pone énfasis en medidas en el sistema financiero, lo que implicaría, entre otras, trasladar a la banca privada los créditos hipotecarios (operaciones principales del BIESS), reformas a la ley de economía popular y solidaria, respecto a las cooperativas medianas y pequeñas, reforma a la seguridad social (que podría implicar la administración privada de sistemas de pensiones y salud), etc.

En síntesis, el nuevo ministro de gobierno buscará frenar la delincuencia, tratar de resolver los problemas de las inversiones del ISSPOL, un manejo adecuado en las elecciones y la estabilidad política para que este gobierno termine de buena manera su gestión y entregue el poder al ganador de las elecciones. En economía, el nuevo ministro seguirá con la política de ajuste, de reformas estructurales y endeudamiento para reducir el déficit fiscal, reducir el tamaño del estado, liberalizar los mercados y obtener liquidez. Para asegurar el mantenimiento de la política fiscal, impuesto por los organismos internacionales, se mantuvo en el cargo de Viceministro de Finanzas nombrado por el ex ministro Richard Martinez que fue elegido vicepresidente del BID como pago al voto favorable de Ecuador en la elección del nuevo Presidente del BID, un norteamericano auspiciado por Trump.