Luis Rosero M.
Luis Rosero M.
La protesta en las calles se ha vuelto instrumento para obligar al gobierno a que cumpla con la ley y presionar que se paguen las transferencias atrasadas del presupuesto. Esto pasó con los médicos y con los alcaldes que obligaron al gobierno a su recontratación y recursos adeudados a los GADs.
En los meses anteriores, médicos, enfermeras y personal de apoyo salieron a las calles para protestar por su despido por tener contratos temporales, que trabajaron en la etapa más crítica de la pandemia, y fueron despedidos. Fueron varias veces que se dio la protesta pero el Ministro de Finanzas que no había recursos del presupuesto, lo que a todas luces era una indolencia y que las prioridades del gobierno no eran precisamente en contratar médicos y personal de apoyo en salud. Más aún, el gobierno dictó un reglamento tardío a la ley de “Apoyo Humanitario” que dificultaba y ponía trabas al cumplimiento del artículo 25 de la ley que señala: “Estabilidad de trabajadores de la salud.– Como excepción, y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19) con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público, y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo.” O sea el propio gobierno, que propuso la ley, estaba incumpliendo este artículo y podría ser llevado a un juicio político. La presión en las calles de los médicos y personal de apoyo, y, por otro lado, el ingreso de los recursos del crédito del FMI y de otros organismos multilaterales llevó a que el gobierno finalmente cumpla con dicho artículo. En efecto, en los primeros días de diciembre el régimen anunció que otorgará nombramientos a más de 12000 trabajadores de la salud que tienen contratos ocasiones y que prestaron sus servicios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Por otro lado, el Ministro de Finanzas, a fines de noviembre de 2010, informó una reducción de 691 millones a los GADs argumentando la caída de los ingresos petroleros. La medida se aplicaría mediante un acuerdo ministerial que establecía tal disminución. Ante lo cual, los alcaldes tomaron varias acciones: pusieron, ante los tribunales, una acción de protección por el retraso del pago de las asignaciones, y, además salieron a las calles a protestar por el recorte presupuestario. La movilización de la AME fue a nivel nacional y hasta el punto que algunos de ellos se declararon en huelga de hambre. También plegaron a la protesta las prefecturas y juntas parroquiales. Tal fue la presión que el gobierno se vio obligado a eliminar la medida y pagar una parte de las asignaciones atrasadas.
Estos dos logros, tanto de los médicos como de los GADs muestran que el lenguaje que entienden los gobiernos es de la protesta callejera, tal como se ha dado en otros países latinoamericanos. La calle se ha convertido en el medio para lograr avanzar en la lucha de varios colectivos, instituciones y organizaciones para hacer cumplir a los gobiernos sus demandas u objetivos para mejorar sus condiciones de vida, elevar la calidad de la democracia o simplemente hacer valer sus derechos que, si bien, están en la ley, son letra muerta, y la calle permite reivindicarlos. Así como la pandemia ha transformado la vida normal de los países, la calle se ha convertido en la espada de Damocles de los gobiernos que, si no cumplen con sus promesas, con la ley o mantienen medidas, políticas o leyes que perjudican a la gente o a la democracia, la protesta en las calles se ha convertido en la vía para lograr las aspiraciones de la población y del pueblo tal como lo demuestran los casos de Ecuador, Chile, Perú, Argentina, etc. para señalar solo las protestas en América Latina.
Pensamiento y comportamiento 