Luis Rosero M.

La Argentina tiene una crisis económica agudizada por el deterioro social y agravada por el intento de asesinato a su Vicepresidenta que, en parte, obedece al discurso de odio de la oposición y el clima preelectoral. Lo crítico de la coyuntura es que estas crisis son recurrentes y de carácter estructural.

Reflejo de este tipo de crisis son los desequilibrios macroeconómicos, como es la escalada hiperinflacionaria qué a Julio su índice fue 7.4% y el interanual llegó a 71%. Parte de la fuente de inflación es su sistema cambiario que tiene 6 tipos de cambios diferentes que alimentan el alza de precios (el tipo de cambio mayorista alcanzó 139,01, el minorista 145,8 -el 1/09/2022- mientras que el blue – el del mercado negro marcó el viernes 2/09 $ 285 pesos por dólar). Además alimentan la inflación, las remarcaciones de precios de las empresas a pesar de que el gobierno mantiene el sistema de precios vigilados de la canasta básica. Para tratar de frenar la inflación, el Banco Central  aumentó la tasa de interés de referencia de 60 a 69.5% que a su vez conduce a restringir el nivel de actividad económica. Pero, además el país enfrenta una restricción financiera externa pues las divisas que ingresan no alcanzan para cubrir sus necesidades de pagos al exterior. A eso se suma, las pérdidas de RMI. El saldo comercial negativo en junio y julio redujeron el superávit que venía manteniendo la balanza comercial en los primeros cinco meses del año. A eso se suma, una deuda pública representa el 80.1% del PIB y la externa llega a 31.5% (pública y privada). Para ilustrar la situación social solo basta señalar que los hogares bajo la línea de pobreza llegaron a 27.9% y, si consideramos por persona, 37.3% respectivamente en el II Semestre de 2021.

El exministro de Economía, M. Guzmán, del gobierno de Fernández, renegoció el acuerdo con el FMI, que Macri firmó en 2018 con el que obtuvo un crédito de 57.000 millones de dólares que ahora debe continuar pagando. Por ello, el FMI exige una reducción del déficit fiscal para asegurar el pago de dicha deuda. Para ilustrar el peso de la deuda externa, solo el pago de interés y capital de la deuda externa privada representó el 63% del superávit de la balanza comercial entre enero de 2020  y junio de 2022. La restricción financiera externa genera escasez de dólares que limita a las importaciones de los sectores productivos y pago de las obligaciones externas del país. Dicha restricción es agravada por prácticas ilegales y nocivas como la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, el alargamiento de la liquidación de exportaciones pues mientras mas tiempo es este mayor será la obtención de pesos, a lo que hay que agregar la dolarización de algunos sectores de la economía que además de contribuir a la inflación aumenta la demanda de dólares. El gobierno tiene que negociar la liquidación, tal es así que proyecta crear el dólar soya, a un tipo de cambio conveniente para los exportadores, pues este producto es uno de los mayor exportación. Así mismo, también recorta el precio del biodiesel en gasoil. La necesidad de dólares obliga al gobierno a esta política pues requiere cumplir con las obligaciones externas y entregar divisas para las importaciones.

El nuevo ministro de Economía, Massa, anunció medidas económicas entre las que destaca la reducción del déficit fiscal. Para ello, ha reducido el subsidio de luz y gas y aumento de las tarifas de los servicios públicos como el del metro (subte); además se incrementan la carrera de taxis, los alquileres y pensiones de colegios. Además, el gobierno, reducirá el gasto público  y congelará contrataciones públicas por 128 mil millones de pesos. Todas estas medidas son para alcanzar la meta de reducción del déficit fiscal al 2.5% del PIB.

Por el lado social, la inflación y las medidas señaladas reducen el salario real y aumentan el costo de la canasta básica disminuyendo la calidad de vida de la población y aumentando la pobreza y el hambre.

En síntesis, hay una grave crisis económica y social. El gobierno apunta a reducir el déficit fiscal rebajando subsidios sociales y aumentando precio de servicios públicos, lo que reduce el nivel de vida de la población. Pero, por otro lado, se ve asfixiado por la restricción financiera externa que le obliga a negociar y ceder con los exportadores agropecuarios para obtener dólares que le permitan cumplir con las obligaciones externas. La encrucijada es reducir los desequilibrios macroeconómicos a costa del sacrificio de la población mas vulnerable. Si sigue ese camino corre el riesgo de la explosión social. El primer campanazo se dio con la protesta que expresaba el velorio del salario mínimo por parte de movimientos sociales y la gran marcha de trabajadores y desempleados que reclaman una lucha contra la inflación que los está empobreciendo cada vez más.

Luis Rosero M.

En la coyuntura actual, el país enfrenta una crisis institucional, reflejada en las decisiones inadecuadas de algunas funciones del estado e injerencia entre éstas; por otro lado, la inseguridad ciudadana continua y todavía sigue la ineficacia en la política social que incide en la calidad de vida de la población. Todo este conjunto de acciones e inacciones generan incertidumbre sobre el accionar del gobierno y rumbo del país.

En cuanto a la política social, terminó la segunda emergencia en el Ministerio de Salud sin resolver completamente el problema del desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos, que resulta particularmente grave cuando no hay insumos para los que sufren de diabetes, los que requieren diálisis  y los que sufren de enfermedades catastróficas, más aún cuando se está agravando el contagio por la fiebre del mono; por otro lado, los sindicatos programan una movilización por la deuda del estado con el IESS. El gobierno firmó un acuerdo de pago, por un bajo monto, con este organismo y Solca anunció que no recibiría a nuevos pacientes por el no pago de la deuda del IESS. Además, los maestros jubilados realizaron un cacerolazo en Guayaquil por la no cancelación de la compensación jubilar, que revela el no cumplimiento del gobierno con sus proveedores y ex empleados públicos ya que aún tiene una deuda (atrasos) por 1600 millones de dólares.

Por otro lado, en el último reporte de Clik Report la población califica como mala la gestión: en un 74.1% la de Lasso, mientras que el 87.8% da el mismo calificativo a la Función Judicial y el 91.3% a la Asamblea Nacional (AN). ¿Por qué esta calificación? En el caso de esta última, por la falta de aprobación de leyes, el acuerdo de G. LLori con el gobierno por llegar a la Presidencia de la AN, su pobre accionar, etc. Mientras que, en lo relacionado a la Función Judicial, las decisiones controvertidas de los jueces abusando del habeas corpus y otros mecanismos que permitieron salir de la cárcel a ex funcionarios del Función Ejecutiva y delincuentes, además negar la posesión del Superintendente legalmente nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, etc. y, en lo que respecta al Ejecutivo, por su pobre y débil gestión, en su primer año de gobierno, reflejada en la ineficacia en la política social y de seguridad ciudadana, no atender a tiempo pedido de pequeños bananeros, productores de leche y otros grupos, no responder, a tiempo a demandas sociales, que llevó al paro indígena,  etc. A eso se suma, el accionar del principal consejero presidencial, que ha sido acusado por la dra. Elena Nájera, del consejo directivo del CNE, de tratar de imponerles un instructivo para elegir  a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y por lo que tiene una denuncia por presunto tráfico de influencias. Además, se reveló un audio en que él amenaza al Superintendente de Bancos nombrado por el CPC para que renuncie y, que la prensa, lo ha tildado de ministro de Gobierno paralelo. Aún más, la Asamblea posesionó al Superintendente de Bancos, sin  embargo el gobierno lo desconoció e impidió, con la fuerza pública, su ingreso a las oficinas de este organismo de control. La pregunta clave, ante estos hechos, es: ¿Estas acciones reflejarían que habría injerencia de la Función Ejecutiva en la Función Electoral, Legislativa y la del CPC así como el poder actúa tras bambalinas? Pero es la Corte Constitucional y de Justicia la que debe dar la repuesta. Pero aún más, es sorpresivo que el Presidente pidió archivar su denuncia contra 5 asambleístas de PK por concusión. Estos declararon que el retiro de esta denuncia es ajeno a la decisión de votar en contra del juicio político al Consejo de la Judicatura. Al buen entendedor, pocas palabras. La revelación de estas negociaciones llevó, entre otros intereses,  a que la AN diera paso dicho juicio.

Para complicar el panorama político del gobierno, el periodista Anderson Boscan denuncia que Fabian Pozo, Secretario Jurídico de la Presidencia, sugiere a Carola Ríos como Directora de la Aduana, ex empleada del grupo Eljuri y, señala además que sr. Gotifredi, experto aduanero, es socio de Pozo, en un estudio jurídico que asesora en temas aduaneros, y participó en una reunión con la Embajada de EE. UU. sin tener la categoría de funcionario público. Boscán señala que hay un claro conflicto de intereses y que habría una estructura delictiva en la SENAE- Más aún, la AN llama a declarar a Fabian Pozo por el nombramiento de Ríos.

Estos hechos muestran la debilidad y baja calidad de la democracia ecuatoriana. Reflejaría cómo actúa el poder ejecutivo mientras declara que respeta la independencia de las funciones del estado y lucha contra la corrupción. En consecuencia, hay incertidumbre sobre la legalidad sobre las actuaciones del Ejecutivo en relación a las otras funciones. Es fundamental para una mayor la democracia respetar la independencia de las funciones del Estado, el ejecutivo debe realizar una coordinación con las otras funciones,  mejorar la gestión pública, sobre todo en lo social, para que los recursos públicos mejoren la calidad de vida de la población, etc. Un paso adelante en la coordinación de funciones la dio la AN al solicitar al Ejecutivo, reuniones de coordinación entre dichas funciones.

En cuanto al sistema aduanero y financiero, es clave, para su buen funcionamiento respetar el principio de la debida diligencia y conflicto de intereses. El Gerente del Banco del Pacifico anunció hace poco que está lista la venta de dicha institución financiera. La Superintendencia de Bancos es el organismo que supervisa y controla a los intermediarios financieros -bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito- y, la Superintendencia de Compañias, a la que se nombró a su Superintendente, controla las compañías de seguros y el mercado de valores -en la que actúan casas de valores y otros actores bancarios y no bancarios. Sin duda, el conflicto de intereses es un tema fundamental en el sistema financiero que incluye a intermediarios bancarios, aseguradoras y los actores en el mercado de valores.

Luis Rosero M.

La calidad de la gestión pública es un importante indicador para medir la eficacia y capacidad de un gobierno para obtener los objetivos trazados en su plan de gobierno, a través de políticas públicas, e influye directamente en la calidad de vida de la población y, en consecuencia, en el bienestar general.

La calidad de vida de la población tiene varias dimensiones, entre ellas, la económica (empleo, ingresos, acceso a la canasta familiar, etc.), social (satisfacción de las necesidades básicas -salud, educación, vivienda-, cultura, entretenimiento, la seguridad, respeto a los derechos humanos, y tranquilidad ciudadana) y la dimensión ambiental (sanidad, calidad del medio ambiente, etc.).

Desde inicios de 2020, el mundo y nuestro país sufrieron los efectos del covid en la salud, economía, en lo social, etc. dejando una secuela de aumento del desempleo, subempleo, pobreza, hambre, etc. Ahora en 2022 no vemos inmerso en la invasión rusa a Ucrania que trajo efectos económicos (menor crecimiento e inflación) y sociales; ahora, desde la mitad del año, estamos con la epidemia de la viruela del mono. Todos estos fenómenos han deteriorado la calidad de vida de la población ecuatoriana.

Como consecuencia de dicha invasión, en 2022, se proyecta un menor crecimiento económico del país con sus efectos de desempleo, subempleo y aumento del sector informal y, por otro lado, una mayor tasa de inflación, a nivel mundial, que ha deteriorado la calidad de vida de la población. El Banco Central sigue manteniendo una proyección de crecimiento económico de 2.8%, pero laa Cepal lo sitúa por debajo de esa cifra; a Junio la tasa de desempleo fue de 4% pero el subempleo alcanzó 23.6% y el sector informal ya llega a 5 millones de personas. Si bien a Julio bajó la tasa de inflación anual a 3.8%, la canasta familiar básica aumentó a $ 754 dólares lo que implica encarecimiento del costo de vida y, en consecuencia, menor acceso a ella. El indicador que muestra como se deteriora el nivel de vida es el de pobreza que, a Diciembre de 2021, alcanzó 39.2% y la pobreza por ingreso, a Junio de 2022, llegó a 25%, o sea una cuarta parte de la población. La Cepal proyecta que, en 2022, ésta llegaría a 29.7%. Aún más, según el Programa Mundial de la ONU, 2.5 millones de ecuatorianos no comen o lo hacen solo una vez al día.

A más de eso, en lo que va del mes de Agosto, los problemas de seguridad ciudadana continúan. Las explosiones registradas en viviendas del Cristo del Consuelo y la Floresta, en Guayaquil, al parecer por ataques de traficantes, que se suman el aumento de los sicariatos generan -sobre todo en la zona 8: Guayaquil, Samborondón y Durán, más zozobra e incertidumbre en la seguridad ciudadana, a pesar de haber declarado estado de excepción en dicha zona. Es un reflejo de la ineficacia de la política de seguridad aplicada por el gobierno y que los expertos la califican como falta de voluntad política.

Por otro lado, si bien el gobierno ha iniciado una estrategia para abastecer de medicinas a los hospitales púbicos -como la externalización de la provisión de éstas en farmacias privadas-, La Hora  reportó que continúa la escasez de medicamentos. Lo más paradójico, es con el IESS que, a pesar de que los afiliados realizan sus aportes, tienen que comprar medicamentos debido a que sus hospitales están desabastecidos de éstos. El Comercio informó, además, que los jubilados del IESS acaban su pensión en tratamientos médicos. Más aún, el Ministerio de Finanza todavía acumula 1600 millones de dólares en atrasos. Ha firmado acuerdos de pago con los GADs por 132 millones, con el Ministerio de Salud se definió deuda de 100 millones y con el IESS se han transferido 140 millones con los cuales dicha institución ha cancelado deudas parciales con Solca e instituciones médicas. Todo lo anterior es un reflejo del deterioro de los servicios públicos Se reitera nuevamente que las prioridades en la política públicas no están precisamente en lo social, tal como lo prometió el nuevo ministro de Finanzas, a pesar de lo acordado con el movimiento indígena después del paro.

En síntesis, a más del deterioro de la calidad de vida de la población, por factores económicos, se suma lo social en lo referente a la seguridad ciudadana que, por la ineficacia de la estrategia de ésta, la sociedad está sumida en un estado de temor por los hechos de violencia -por narcotráfico o delincuencia común- e intranquilidad ciudadana que se siente indefensa y en estado de zozobra que ya está afectando su movilidad y salud mental.