Luis Rosero M.

Los últimos hechos de violencia han aumentado la inseguridad ciudadana; en lo social, continúan los problemas en los hospitales públicos y prestadores externos de servicios de salud; en lo político se toman decisiones erráticas y, en lo económico, se anunció una drástica caída del crecimiento económico en el II trimestre de este año y el riesgo país se ha elevado fuertemente. Todos estos eventos configuran una coyuntura que muestran, al parecer, un panorama de un país sin rumbo, con un gobierno que tarda o es ineficaz en enfrentar los problemas que agobian a la sociedad ecuatoriana.

El crimen de la Abog. Ma. Belén Bernal, el asesinato de un fiscal en pleno centro de Guayaquil, la captura de policías activos cometiendo delitos, los crímenes diarios de los sicarios -sobre todo en la zona 8-, el cobro de vacunas(cobro por protección) a transportistas y negocios, etc. muestran una tendencia de como la violencia sigue imparable y, al parecer, no existen estrategias para contenerlas. Por otro lado, la huida del principal sospechoso de dicho femicidio en una academia policial y la colaboración que, según informan los medios de comunicación, recibió de dos generales de policía revelaron el poder y cómo se maneja la cúpula policial. El crimen aumento el fervor de los colectivos de mujeres y movimientos feministas que reclaman justicia para el femicidio. El impacto en la sociedad ecuatoriana del aumento de la violencia es el temor colectivo y, a nivel de cada ciudadano, el miedo a salir a las calles para resguardarse de la violencia, lo que limita su movilidad afectando su bienestar social. Ya no hay paz ciudadana ni protección efectiva de la fuerza pública que la garantice. En estos momentos de gran violencia, valoramos muchos ese bien público: la seguridad ciudadana. La población realiza marchas contra la inseguridad para pedir protección.

Las decisiones del gobierno ante el femicidio de descabezar la cúpula policial, dar plazo para la captura del principal sospechoso del femicidio y pedir la renuncia al Ministro del Interior y nombrar a otro policía en su reemplazo, no parece ser lo más adecuado y suficiente para enfrentar la ola de violencia. Es muy importante que dicho ministerio este manejado por un civil y, por otro lado, es fundamental una estrategia para enfrentar a las bandas criminales para el control de la violencia. Aún con emergencia de seguridad y, el ejército en las calles, sigue imparable la violencia -sobre todo en la zona 8. Hace poco el Presidente viajó a Israel por temas de seguridad, ha cambiado a varios ministros del Interior y director de cárceles pero hasta ahora tenemos resultados eficaces en el control de la violencia.

En lo social, a pesar de que el gobierno ha implementado planes de provisión de medicinas en los hospitales públicos sigue el desabastecimiento, los pacientes salen a protestar por las deudas del Ministerio de salud con los prestadores externos ya que éstos no los atienden, hospitales y clínicas privadas solicitan dialogo con el gobierno para el pago de sus servicios, el Ministerio de Finanzas llega un acuerdo con el IESS para pagarle 300 millones, cuando la deuda del Ministerio con éste es de mas de 8 mil millones de dólares, el aumento de sueldo a los maestros no puede efectivarse porque el gobierno alega que no hay dinero, etc. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno en lo social? ¿No se atienden a tiempo estos problemas por ineficacia de la gestión pública o por contener el déficit fiscal? Después del paro de los indígenas, en Junio, el Ministro de Finanzas señaló que la prioridad sería el gasto social ¿al parecer otras son las prioridades?

Para complicar el panorama, en lo económico, el Banco Central anunció que el II trimestre, de este año, la economía creció 1.7%, respecto al mismo periodo del año anterior, y solo 0.1% respecto al I trimestre de este año y su argumento para esta baja fue el impacto del paro indígena de Junio. Un funcionario de Citi Research -no del Citibank como erróneamente había señalado- señaló que el crecimiento en 2022 sería solo 1.8% y que el 2023 apenas llegaría a 1.5%. Por otro lado, el riesgo país llegó a 1726 puntos que representa mas del doble de los 714 puntos con que se inició el gobierno. Estos se explicarían, a más de las condiciones económicas adversas, por las exigencias del paro indígena, precio del petróleo, escasa preferencias de los inversionistas y la falta de gobernabilidad. Esto significa que, en este año, continuará con problemas de desempleo y subempleo alto, que se agravarían en 2023. El gobierno insiste en su estrategia económica de apertura comercial, reforma laboral, reforma de inversiones, etc. pero, ya a un año medio de gestión, no logra concretar éstas. Aún más, sigue apostando a la política económica recomendada por el FMI, pues el Presidente anunció que buscaran un nuevo convenio con este organismo.

En síntesis, no hay certidumbre sobre la gestión pública en lo social, político, seguridad. No sabemos adonde va el gobierno y, aún más, en lo económico no se conoce que orientación tomará política económica y, en consecuencia, el rumbo económico del país. Con el anuncio de los organismos internacionales de una recesión mundial en 2023, el panorama económico se agravará en 2023 y esto llevará a un mayor deterioro del mercado de trabajo e incidirá en los niveles de pobreza, hambre e indigencia lo cual impactará en los niveles de violencia.  Sigue latente la hipótesis, la ineficacia de la gestión pública obedece a ¿no actuar a tiempo ante los problemas que enfrenta -que los agrava- o impera la disciplina fiscal que no permite acceder a los recursos a las instituciones para que actúen como sucedió con el primer ministro de Finanzas de este gobierno?

Luis Rosero M.

Los dos casos de asesinatos recientes han conmocionado al país, reflejando el nivel de violencia  a que hemos llegado elevando la inseguridad ciudadana, con una población que siente un mayor clima de temor y zozobra por su desprotección.

El primero fue el asesinato de la abogada María Belén Bernal que, al parecer, fue realizado presuntamente por Germán Cáceres, su esposo, teniente de policía, en una escuela policial. En varios medios de comunicación, como el programa A primera Hora, de Radio Sonorama, Fabricio Vela, entrevistó a varios expertos que dieron su opinión profesional sobre dicho caso; por otro lado A. Boscan hace una serie de revelaciones sobre la acción de dos generales de policía y la dra. DJ. Alma D. Blum plantea algunas denuncias. En resumen, de lo más relevante que se señaló por parte de estos voceros de opinión son las irregularidades en el proceso de investigación policial y de la demora de la Fiscalía en actuar, el que uno de los generales acompañó al teniente Cáceres a entrar a la habitación en que ocurrió el hecho sin que este presente un fiscal, que se presentó una denuncia en la DINASED, organismo de la policía, y no se llevó ésta a la Fiscalía. Además, el ministro Carrillo acusa al guardia que dejó entrar a M. Belén y se detuvo, por homicidio involuntario, a una cadete acusada en el caso. En síntesis, se trata de una serie de hechos para demorar y desvirtuar la investigación del caso. Pero además se revela como se manejan las altas esferas policiales. En el medio Región Network Ecuador se señaló que M. Belén llevaba causas de varios generales de Policía. Surgen muchas interrogantes, cuestionamientos y dudas en este caso. La madre de Ma. Belén ha calificado como crimen de estado y la reacción de los colectivos de mujeres y movimientos feministas fue la movilización y vigía reclamando por la desaparición y justicia en este caso a tal punto que frente a la Comandancia General de Policía protestaron y cantaron una canción alusiva al femicidio. Su grito Ni Una Menos ha retumbado en el país. La repuesta de Sergio Ordoñez, Secretario de Seguridad Pública, a la madre de Belén, fue “Las activistas que defienden la violencia, aquellos que quieren desestabilizar la institucionalidad de seguridad en el país ya encontraron aquí un motivo para crear un relato que pretende concluir que se trata de un acto institucional. Se trata de un acto de un mal policía y habrá que ver si hay más.”  Pero los hechos hablan por sí solos y revelan mucho más que eso. La repuesta del Presidente, al regresar del país, fue pedir la renuncia al ministro Carillo, estudiar la baja al mando policial, la desvinculación de dos generales de la Policía y pedir perdón a la madre de Ma. Belén.

El segundo asesinato, ocurrido el 19 de Septiembre, en pleno centro de Guayaquil, fue al fiscal Edgar Escobar, que estaba encargado de casos de  femicidio, narcotráfico y otros delitos. Sería el tercer fiscal asesinado, mostrando que no solo aumenta la inseguridad ciudadana sino además de los funcionarios judiciales. Se trata de formas de atemorizar e intimidar al personal de la Función Judicial para que algunos casos queden impunes o se alargue el proceso para diferir el caso. A pesar de que hay un mecanismo de protección para tales funcionarios, al parecer este no funciona. Dicho fiscal además estaba encargado del proceso judicial contra la estafa al ISSPOL, en el que participaba el Ministro Carrillo como acusador.

Estos dos hechos demuestran como, cada día, aumenta el nivel de inseguridad de la población pero en el que además resultan afectados los funcionarios judiciales, entre ellos jueces, encargados de llevar a juicio a estos casos y dictar sentencia condenatoria. En medio de la crisis institucional (de la Función Ejecutiva, Judicial, Asamblea Nacional), aumenta el grado de inseguridad que pone en jaque a la población que observa como las entidades encargadas de darle protección ciudadana cumplen cabalmente sus funciones o lo hacen de manera irregular. Lo revelado en el primer asesinato demuestran la urgente necesidad de una reforma profunda e integral a todos los organismos de seguridad del estado, incluida la organización y dirección de la policía, así como en la Función Judicial para que cumplan a cabalidad los establecido en las leyes y la Constitución. Estos son los problemas urgentes a los que hay darles solución. Si bien la mayoría estaría de acuerdo con la consulta popular, no hay que desviar la atención, por lo urgente de la coyuntura, en este momento a temas importantes pero no tan urgentes. Esperamos que se haga justicia, se reestructure totalmente la Policía y la Función Judicial por el bien del país, la sociedad ecuatoriana y la población que cada día se siente desprotegida por la inseguridad ciudadana.

Luis Rosero M.

Los recientes hechos delictivos muestran la tendencia al aumento de la inseguridad ciudadana que afecta al bienestar de la ciudadanía y, en esta coyuntura, se va configurando una tendencia al deterioro económico expresada por la evolución de algunos indicadores económicos.

Entre Agosto y Setiembre de 2022, han sucedido 4 graves actos de violencia. Primero, el lunes 19 mataron, en pleno centro de Guayaquil, a un fiscal, que estaba encargado de casos de femicidio, narcotráfico y otros delitos. Sería el tercer fiscal asesinado, mostrando que no solo aumenta la inseguridad ciudadana sino además de los funcionarios judiciales. Segundo, entre Enero y Septiembre 3 de este año se registraron 206 femicidios que es mas alta que en el mismo periodo de 2021, las estadísticas señalan que van 1247 casos desde 2014 cuando se estableció como delito. Tercero. Hace más de una semana, se dio la desaparición de María Belén Bernal, esposa de Germán Cáceres e instructor de una escuela policial en Quito. Lo grave de este delito es que sucedió al interior de dicha escuela y se acusa que se dejó escapar al esposo que es el principal sospechoso. Testigos señalan, según medios de comunicación, que vieron a Cáceres salir de la escuela con un bulto y se encontró manchas de sangre en su auto y habitación. Sin embargo, lo que es más grave aún, es que no hay registros de la entrada de Ma. Belén y salida de Cáceres de dicha escuela. Cuarto, hubo un secuestro en Guayaquil y los secuestradores entraron y salieron de una urbanización en que vive el Presidente de la República. El experto urbanismo y seguridad, Fernando Carrión, twiteo: “La desaparición de# MaríaBelenBernal se produjo en un recinto policial. Hubo un secuestro en la urbanización cerrada donde está la casa del presidente. big money muere luego de ir a ministerio de Defensa. Que pasa en este país”. Si a eso le agregamos las varias masacres carcelarias que dejaron cientos de muertos y además el aumento de los casos de desapariciones como el de los jóvenes que, desde 2018 no se encuentra a 2299 chicos. Los hechos hablan por sí solos muestran el cuadro de violencia e inseguridad ciudadana creciente que vive el país que afecta seriamente al bienestar social porque la gente tiene temor y restringe su movilidad y, por otro lado, está limitando la actividad económica en ciertos sectores.

Pero la pérdida de bienestar social no solo se produce por la violencia, sino que además que, a pesar, de haber establecido sistema de abastecimiento de medicinas en hospitales públicos, todavía hay escasez en algunos de estos; por otro lado, los centros médicos a los que acuden los pacientes que acuden con diálisis reclaman por pago al gobierno; a más, hace pocos días, Solca reclamaba el pago al gobierno de su deuda; a eso se suma que continua pendiente el pago de la alta deuda del gobierno al IESS, que limita la prestación de sus servicios. El Ministro de Finanzas declaraba que había celebrado un convenio para el pago por 300 millones al IESS cuando dicha deuda es de 8531 millones de dólares, según El Universo.

Para agravar la coyuntura que vive el país, en lo económico, hay indicadores preocupantes que mostrarían la tendencia de la situación económica. La inflación a Agosto de 2022 fue de 3.7% que, si bien hay una ligera baja respecto al mes anterior, el costo la canasta básica aumentó, dejando a algunos familias sin consumir parte de ésta. Por otro lado, la tasa de desempleo, en Julio, alcanzó 3.9% pero lo más crítico es la tasa de subempleo, aunque bajo, fue de 22%, y, la tasa de empleo adecuado bajó a 32.1%. Lo mas preocupante es la desaceleración de las exportaciones en Julio y la proyección de Citibank sobre la tasa de crecimiento de 2022 a solo 1.8% aunque el Banco Central la mantiene en 2.8%.

En síntesis, los hechos de violencia recientes muestran que hay un aumento creciente de la inseguridad ciudadana y problemas de abastecimiento de medicinas en hospitales públicos que afectan al bienestar social de la ciudadanía y, por otro lado, son preocupantes la evolución de los indicadores económicos que tenderían a una inflación mas alta, un aumento del costo de la canasta básica y posible reducción del ritmo de crecimiento económico en 2022. Si los organismos internacionales proyectan una posible recesión mundial en 2023, tendríamos un deterioro económico, en el país, no solo en 2022, sino además en 2023.

Luis Rosero M.

La opinión ciudadana, respecto a las funciones del estado, refleja el sentir de la población sobre la gestión pública y es un indicador de la esperanza o desaliento de la ciudadanía respecto al ejercicio del poder de dichas funciones e indicio la calidad de dicha gestión.

La encuestadora Click, en su informe de Agosto de 2022, revela datos sobre la opinión ciudadana respecto a lo que pasa en el país. En la pregunta ¿Cómo califica la situación del país? El 79.6 % de los encuestados responde muy mala; se le consulta además ¿El país esta mejor o peor que hace un mes?, el 70.9% indica que está peor. En cuanto a las funciones del Estado, se pregunta sobre la gestión del Presidente de la República y el 74.1% responde mala, mientras que la calificación para la Función Judicial, la mayoría responde (87.4%) mala y respecto a la Asamblea Nacional el 91.3 señaló que el 91.3% es mala. Respecto al principal problema del país la calificación fue: la delincuencia 32.8%, desempleo, 19.8%, crisis económica 19.5%, corrupción 10.9%. Son datos preocupantes y muestra la desesperanza de la población sobre la gestión de las funciones del estado y el estado calamitoso del país respecto a su situación.

¿Por qué hemos llegado a esta situación? En gran medida es por la calidad de la gestión pública. En cuanto a las funciones del Estado refleja la mala calidad de su gestión y esto obedece, en gran medida, al no cumplimiento adecuado o irregular de sus tareas, que están señaladas en la Constitución. En cuanto a la función Ejecutiva, hay denuncias sobre la injerencia en otras funciones del Estado,  aumento de la inseguridad ciudadana, conflictos de interés en altos funcionarios públicos, fallas en el abastecimiento de medicinas en hospitales públicos, inseguridad, etc. A más de eso, el ejecutivo desconoce decisiones de la Asamblea Nacional (AN). En la Función Judicial, los fallos de los jueces, por ej. en el habeas corpus, que tienen sesgos marcados de irregularidades, por otro lado, liberar a delincuentes, con artimañas legales, antes de que cumplan su condena, a lo que se agrega decisiones judiciales que detienen decisiones de la AN, etc. La Asamblea Nacional, tiene baja calificación, entre otros aspectos, por no generar suficientes proyectos de ley y aprobarlos, dictar resoluciones que podrían ser irregulares o inconstitucionales, no respetar decisiones de otras funciones, etc. Esto revela una crisis institucional no solo de las funciones del Estado sino además en otras organizaciones como los movimientos políticos y el uso del poder económico y financiero para favorecer sus intereses.

En cuanto a los principales problemas del país, el que está en primer lugar es la inseguridad ciudadana y refleja la dificultad del gobierno para tratar de controlar a la delincuencia y a los grupos criminales y el sentir del malestar, miedo, zozobra, etc. del ciudadano común, que no solo es un temor generalizado sino también una reducción de su calidad de vida al tener restricciones en su movilidad y disfrute de vida. Los dos siguientes problemas que señalaron los encuestados son el desempleo y crisis económica, que están relacionados directamente con la economía del país. La disminución del nivel de actividad económica, en 2022, en parte por factores externos y por la gestión gubernamental, lleva a que continúen los problemas en el mercado de trabajo. Más aún, cuando el Citibank pronostica un crecimiento de 1.8% para este año.

Esta crisis política, social y también, en parte económica, se da cuando una parte importante de la población sigue batallando con pobreza, hambre y miseria resistiendo para vivir. En sí, lo que refleja la encuesta es el malestar, desencanto y desilusión respecto a la gestión de las funciones del Estado que, frente al deterioro de las condiciones sociales y económicas del país, no hacen el suficiente esfuerzo para enfrentar los problemas del país ni enderezan el rumbo de su gestión que evite el precipicio al que se dirige la nación. A eso se suma que, los grupos políticos están más preocupados por las elecciones secciones de 2023, a más de que pesan más sus intereses específicos que el bienestar común.  En Argentina, con la grave crisis de fines de los inicios del siglo XXI, retumbo el grito que se vayan todos por el mal accionar gubernamental y de los grupos políticos. Es hora de anteponer el interés del país al de los grupos políticos y económicos para salvar al país de un descalabro total. Si la situación se sigue deteriorando las protestas sociales pueden poner fin a esta situación y obligar a enfrentar la situación, enderezar el rumbo y apoyar la democracia  con justicia social.