Luis Rosero M.

El presidente aplicó la muerte cruzada para evitar su destitución. Esta provocará una serie de efectos en el país en lo político, económico y social. En una serie de artículos sobre este tema iré analizando cada uno de estos efectos. La crisis global y los problemas estructurales del país continuarán vigentes y se espera que, en el período que le queda al gobierno, sea eficaz en su gestión.

El diario El País resumió con precisión la decisión del mandatario al aplicar la muerte cruzada “disuelve el Parlamento para evitar su posible destitución”. La pérdida del gobierno en el referéndum, en sus 8 preguntas, reflejaba ya la desaprobación, de gran parte de la población, de la gestión del presidente Esta se debía a una serie de factores que hemos ido analizando en varios artículos pero principalmente son la ineficacia en la gestión pública, la acción tardía ante los problemas, la inseguridad ciudadana, la corrupción, etc. que llevaron a un desgaste que condujeron a una pérdida de legitimidad y desconfianza en el presidente. Esto fue aprovechado por la oposición para llevar adelante un juicio político para tomar el poder y, el mandatario, para evitar caerse de la cuerda floja aplicó la muerte cruzada. La semana pasada, en mi artículo “En la cuerda floja (III)”, había señalado que, antes de ser llamado a la Asamblea, para su defensa en el juicio político, el presidente anunció dos medidas importantes: una reforma tributaria y un acuerdo comercial con China y dije “Parece que, cuando aumenta el rechazo a la gestión del ejecutivo o corre riesgo su continuidad, el presidente acelera la toma de decisiones políticas importantes. Es como si estuviera acelerando sus decisiones ante la eventualidad de una censura. El régimen si prevé esta posibilidad, es muy alta la probabilidad, que decida la muerte cruzada.”

En una entrevista a El País el mandatario declaró “He escogido gobernar seis meses en el purgatorio en lugar de dos años en el infierno” Dicho en otras palabras, escogió la muerte cruzada para corregir algunos errores que, en su entrevista con CNN, señaló y, por otro lado, eliminar la obstrucción que, a su juicio, realizaba la Asamblea, para que en el período que queda realizar algunos cambios importantes en su gestión. En dicha entrevista también afirmó que la Asamblea con su oposición perjudicaba el crecimiento económico.

En el escenario de la muerte cruzada, en lo político, resalta el cambio de la gobernanza y la acción del gobierno en este nuevo marco. Si bien el régimen de deshizo de la oposición parlamentaria, sin Asamblea, el presidente podrá gobernar por decreto pero solo le estará permitido para los proyectos económicos urgentes y no podrá hacerlo para otras materias. Estos decretos deberán ser aprobados por la Corte Constitucional para analizar si se enmarcan dentro de la carta magna.

En el período que dure el gobierno, estimado en seis meses, buscará recuperar su imagen, reducir su desaprobación por parte de la población y tratará de alcanzar algún grado de legitimidad. El régimen tratará de lavar su imagen y recuperar el apoyo de la población. El mandatario buscará acercarse a la clase media y popular con algunas acciones que las beneficien. En resumen, que la historia no lo condene como un mal presidente.

No es casual que, a pesar de que no exista la Asamblea Nacional, el presidente quiera presentar su informe a la Nación en la Plataforma Social, que se ubica al sur de Quito, donde se localizan algunos de los sectores populares de la capital. No es casualidad que el primer decreto, que envío el presidente a la Corte Constitucional, sea una reforma tributaria con la que buscaría reducir el pago del impuesto a la renta a la clase media. Ni tampoco que el gobierno pida a la Corte Constitucional dé vigencia temporal al acuerdo con China ni que insista atraer inversión extranjera mediante incentivos en las zonas francas ni que el segundo decreto a enviarse a la Corte Constitucional sea precisamente sobre las zonas francas.

En la semana pasada vivimos graves episodios de inseguridad ciudadana: el sicariato de un agente de tránsito en Manta y ataque criminal en su velorio; en Montañita hubo un ataque armado con la muerte de 6 personas y muchos heridos; en Esmeraldas, mataron al presidente de un GAD Parroquial, etc. Un titular de El Universo dice “Todo me ha tocado comprar” se lamenta mujer operada en hospital de Guayaquil: el plan Medicina Cerca se aleja cada vez más de los pacientes y el editorial, de ayer del mismo diario, se titula Mejorar programa de salud criticando el mal funcionamiento del mismo.

Ahora el gobierno cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar al crimen organizado utilizando la fuerza pública y además, en el escenario de la muerte cruzada, no tiene obstrucción ni obstáculos para luchar contra la violencia, mejorar la gestión pública en lo social y servicios públicos, atender a la gente afectada por la fuerte estación invernal, reiniciar las obras públicas urgentes, reducir los niveles de pobreza, subempleo y sector informal. Tiene todo el poder para realizar una buena gestión. Esperamos que sea así por el bien de la población y del país, comenzando por frenar la inseguridad ciudadana. Los resolución de los problemas estructurales deberán esperar a que los próximos gobiernos los atiendan algún día.

Luis Rosero M.

La Asamblea aprobó el juicio político del presidente. Ante este escenario, el ejecutivo aceleró algunas acciones como enviar una reforma tributaria que favorecería a la clase media, firmar un acuerdo comercial con China y, antes, ya anunció una ofensiva contra el crimen organizado. Este juicio se lleva a cabo en medio de las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional y de Pachakutik que influirán en la decisión del voto en el juicio que determinará la censura o no del mandatario.

La oposición logró 88 votos para llevar a juicio político al mandatario. La decisión de los asambleístas, en su votación y asistencia, revela claramente quienes están a favor y en contra de este juicio. De los partidos que votaron a favor: UNES 48, PSC 12; PK Si 12 y 11 ausentes, ID Si 9 (de estos 3 rebeldes), No 1, abstenciones 4, ausente 1; BAN Si 20 y ausentes 3 e independientes: Si 8, No 1 y 6 ausentes. Estuvieron a favor del juicio UNES y PSC e independientes parcialmente. En el caso de PK, su votación refleja una clara división al igual que en la ID. Claramente el BAN votó en contra. La votación muestra también un número significativo de ausencias en PK, independientes y BAN (Bancada de Acuerdo Nacional). Estos datos reflejan como se activó la transaccionalidad política con denuncias de compra de votos por parte gobierno y ofrecimiento de cargos públicos, que se refleja en el abandono de su partido de 4 asambleístas del PSC. Las ausencias también pueden implicar negociaciones en la transaccionalidad política. La votación muestra que faltarían 4 votos para la censura del mandatario y el voto por el no hasta ahora no es tan consistente.

Las elecciones en PK, para elegir un nuevo coordinador, mostraron por un lado la división al interior de este movimiento. Por otro, Guillermo Churuchumbi, electo Coordinador Nacional, fue cuestionado y el tribunal interno de PK convocó a nuevas elecciones pero un juez aceptó una acción de protección presentada por Churuchumbi, dejando sin efecto la resolución de dicho tribunal. Él está a favor del juicio político y es apoyado por la Conaie.

Por otro lado, ayer la Asamblea eligió nuevas autoridades. Fue reelegido Virgilio Saquicela, con 96 votos de UNES, PSC, disidentes de PK e ID e independientes. En esta elección, se alcanzaron 8 votos mas de los votos a favor del juicio político al presidente. Estos serán claves en la votación por la censura o no del primer mandatario. Además, se eligieron a las dos vicepresidencias que recayeron en UNES y PSC mientras que las 4 vocalías del CAL se repartieron entre UNES y PSC, disidentes de PK e ID Saquicela, en su discurso de posesión señaló que tiene un pacto con el correísmo y PSC y recibió, además, el apoyo de los disidentes de PK e ID. Esto representa un duro revés para el régimen que observa cómo se reduce su margen de maniobra política y aumenta el riesgo de la continuidad en el poder. Por ello, solicitó a la Corte Constitucional que vigile y se pronuncie sobre el juicio pues, para el régimen, hay claros vicios de ilegalidad. El período y decisión del juicio es corto y podría conocerse la votación para la destitución o no antes del 24 de Mayo, de este año, en el que cumpliría dos años en el poder.

Con este escenario, si se mantienen estos votos la balanza se inclina, en el juicio político, hacia la censura del mandatario. Previamente, Lasso se apuró en 2 decisiones importantes: una reforma tributaria que reduciría el impuesto a la renta a la clase media y, por otro, firmar un acuerdo comercial con China que favorece a empresarios y comerciantes. Parece que, cuando aumenta el rechazo a la gestión del ejecutivo o corre riesgo su continuidad, el presidente acelera la toma de decisiones políticas importantes. Es como si estuviera acelerando sus decisiones ante la eventualidad de una censura. El régimen si prevé esta posibilidad, es muy alta la probabilidad, que decida la muerte cruzada.

En todo caso, si hay censura o muerte cruzada vendría un período de inestabilidad política y abstención de decisiones de inversión y negocios hasta que se aclare el panorama político y económico. Si asume el vicepresidente, con los resultados de las elecciones de la asamblea, sería un rehén de la oposición y tendría muchas dificultades para gobernar. La otra opción es que Lasso no sea destituido y siga en el poder pero debilitado, con una Asamblea en contra y la pérdida de confianza  de gran parte de la población. Podría terminar su período sin pena ni gloria. Si hay muerte cruzada vendrá un periodo, entre 3 y 6 meses, en que el presidente gobernará por decreto, con la vigilia de la Corte Constitucional, y después llamamiento a elecciones para elegir nuevo presidente y asambleístas, lo que implicaría que las nuevas autoridades elegidas gobernarían un año y medio, lo que significa que se ahondaría la desaceleración de la economía con severos impactos en la situación social.

Luis Rosero M.

Ante el alto nivel de violencia, reflejada en 7700 asesinado en lo que va del gobierno de Lasso, que atemoriza a la población y afecta a negocios, el ejecutivo se vio obligado a tomar acciones para combatir la violencia criminal. Para ello, tramitó reformas legales, compró armamentos y buscó asesoría para las fuerzas armadas que, al parecer, son componentes de un plan para frenar el crimen organizado. Esta reacción tardía, junto a otras, la toma a pocos días de cumplir dos años en el poder.

Las principales reformas legales son un proyecto de reforma constitucional, presentado por el gobierno en diciembre del año pasado, para que las fuerzas armadas participen en la seguridad interna; en enero, de este año, se aprueba la ley de seguridad interna y la declaratoria, por el COSEPE, de terroristas a bandas del crimen organizado y finalmente el decreto No. 730 viabiliza a que las fuerzas armadas protejan a la ciudadanía y el Comando Conjunto de las FF.AA. ejecute las acciones para reprimir las amenazas terroristas con el apoyo de la Policía Nacional. A eso se suma, el proyecto de reformas al Código Integral Penal, presentado por la Corte Nacional y otras instituciones, para combatir la corrupción y el crimen organizado básicamente para precisar y poder interpretar la aplicación de los delitos de peculado y lavado de activos. Previamente, el gobierno había autorizado el porte de armas por civiles y nombrado a dos ex generales del ejército para dirigir los organismos relacionados con la seguridad.

Por otro lado, la prensa reporta que el Ejercitó recibió más de cinco mil fusiles, chalecos y cascos que utilizaran los soldados para combatir las bandas criminales. Las armas y otros aditamentos fueron provistos por Israel. Además, el informativo infodefensa.com publicó que el país adquirió 137 blindados Tiger y MBombe, vehículos artillados, que serían utilizados por el ejército para enfrentar a grupos armados colombianos. Mientras que, el Ministro del Interior, en entrevista de Marzo 8 de 2023, informó sobre la compra de chalecos para la policía y tiempo de entrega en 45 días. Sin embargo, medios de información señalan que la convocatoria a licitación termina en 180 días. A más de eso la policía comprará municiones, que llegarían en Mayo 8,

Como tercer componente del plan de seguridad, el comandante general de Policía, Fausto Salinas, declaró que recibirá el apoyo del FBI para la investigación de acciones terroristas y, con instructores internacionales, capacitación para el combate cerrado. Así mismo, unidades del ejército recibirán entrenamiento militar con el apoyo externo.

En suma, el plan de seguridad de las FF. AA. se basa en las reformas legales, armamentos y entrenamiento externo para luchar contra los grupos criminales. El ministro de Defensa declaró “Si es necesario se empleará armamento letal”. Se configura así una política de mano dura para luchar contra el crimen organizado y las acciones armadas serán dirigidas por el ejército mientras que la policía servirá de apoyo. Quedan algunas dudas sobre este plan. Primero: no hay definición precisa de que son grupos terroristas. Segundo ¿Tiene el gobierno una estrategia, plan de inteligencia y táctica o sea un modelo de seguridad? Tercero: las acciones terroristas tienen como fin causar caos, en cambio el crimen organizado, que incluye a carteles, tiene otro propósito. ¿Hay una estrategia y táctica específica para enfrentarlo? Cuarto: la violencia tiene dos orígenes uno social y otra criminal. En la primera destaca la pobreza, hambre y desigualdad que llevan a la delincuencia común, mientras que la segunda busca ampliar sus actividades, usando distintos métodos, que aumenten sus réditos. ¿Se ha considerado en el plan de seguridad del gobierno atacar las dos causas? Quinto: hay un riesgo de que, al no definirse claramente que es el terrorismo, existan excesos y pueda atacarse letalmente a supuestos grupos como terroristas sin serlo; la violación de derechos ciudadanos fundamentales y la criminalización de la protesta social como ya reclaman algunas organizaciones.

No hay que olvidar la reforma al sistema judicial a fin de luchar contra la corrupción de jueces y demás miembros de este sistema. La prensa reporta que miles de dólares y letras de cambio se encontraron en las casas y oficinas de dos jueces de Pichincha que estaban siendo investigados por presunto prevaricato, que declararon la nulidad del caso Fortunario relacionado a la captación ilegal de dinero. Las evidencias encontradas dejan muchas dudas sobre la probidad de estos jueces.

Si bien, en el alto estado de inseguridad que vive la población, es necesario luchar contra el crimen organizado, para recuperar la paz social, deben aplicarse acciones diferentes según sea la causa de la violencia. Además, hay que limitar los posibles excesos que surjan contra la primera causa de violencia. El mensaje que envía el gobierno es que va con todo en la lucha contra el crimen organizado. Para ello, buscará un golpe de efecto que dependerá de la efectividad de la primera acción del ejército contra las bandas organizadas. Si tiene éxito, se impulsará otras acciones. Sin embargo, el reto será enfrentar la guerra contra los poderosos cárteles.

Luis Rosero M.

Los trabajadores y empleados ecuatorianos celebran el 1 de mayo en el marco de un alto grado de inseguridad ciudadana, convertida en la principal demanda de la población y ahora del movimiento obrero, y grave crisis política. A más de esto los trabajadores reclaman por la crisis estructural del mercado de trabajo con la insuficiente generación de empleo que conduce al subempleo y mayor tamaño sector informal urbano que siguen creciendo por la tendencia a la desaceleración de la economía.

Desde el 2020 repunta el nivel de inseguridad a tal punto que, en 2022, la tasa de homicidio se eleva al 25.5%, una de las más altas de A. Latina, que se refleja en el aumento de la violencia, robos y las muertes por sicariatos por la disputa territorial entre bandas criminales relacionadas con microtráfico de drogas. Tal es el temor generalizado, en toda la población, que también los trabajadores protestan por la inseguridad ciudadana y además tienen demandas políticas. Por ello, el Sindicato de Obreros de la Municipalidad de Loja convocó a una marcha, el 27 de abril, por la Seguridad y la vida. Ahora el movimiento obrero tiene demandas que no son solo por la problemática del mercado de trabajo sino también por la seguridad ciudadana.

Por las demandas en el trabajo, del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador (FUT), exigen mejoras en las condiciones laborales, salud y seguridad. Pero además, su principal demanda política es la renuncia del presidente de la Republica.

Al primer trimestre, de este año, la estructura del mercado de trabajo refleja su problemática. La tasa de empleo adecuado era sólo un poco más de un tercio (34.9%). O sea, 3 de cada 10 trabajadores tenían empleo amparado en el código de trabajo, pero 53.5% estaba ocupado en el sector informal urbano, donde los ocupados ganan bajos salarios, no tienen protección social y carecen de todos los derechos del código de trabajo. Esto son: 5 de cada 10 trabajadores. En tanto que, en el área rural, el 76.9% están en el sector informal. Además, el 20% estaba en el subempleo. Estas dos últimas formas de empleo constituyen la cara visible problema estructural del mercado de trabajo. En este año, esta estructura laboral tenderá a crecer por la tendencia a la desaceleración de la economía.

La desaprobación del régimen aumentó, por parte de la población, con la pérdida del referéndum, que ahondó la pérdida de su credibilidad y mala gestión. Ahora, es el movimiento obrero que, en su día, marcha para demandar mejoras laborales en el marco de la inseguridad ciudadana y el problema estructural del mercado de trabajo, pero que ahora pide además la renuncia del presidente. El país ha llegado a un nivel muy alto de su crisis política, con el juicio al presidente de la república, a la que se agrega la crisis de la seguridad ciudadana y la crisis social.

El presidente, para tratar de contener la inseguridad ciudadana, en una jugada desesperada, convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado que resolvió acusar de terroristas a las bandas criminales y, en esa medida, como una amenaza por el estado, facultando a las fuerzas armadas a usar armas letales para enfrentar al crimen organizado. Antes había autorizado el porte de armas a la población. Con estas dos medidas, el gobierno, completa la estrategia de mano dura contra el crimen organizado. Para ello nombró, como consejero para la Seguridad Nacional, al ex General Paco Moncayo, y secretario de Seguridad Pública y del Estado, al ex General Wagner Bravo, ambos héroes del Cenepa en la guerra con el Perú. Le corresponde ahora, al ejecutivo, reglamentar tal decisión. Así, se llega a un escenario en que el ejército enfrentará, con todo su poder bélico, a las bandas criminales. Las fuerzas armadas buscaran dar un golpe de efecto para enviar un mensaje a dichas bandas de que en la lucha contra las bandas criminales va a utilizar todo su poderío. Pero, para ello, se requiere una política de seguridad que debe incluir inteligencia militar y policial, estrategia y táctica. En resumen, un modelo de seguridad. Sin embargo, el crimen organizado y los carteles tienen controlado partes del territorio, poseen alto poder armado y utilizan estrategias complejas para lograr sus fines. En este escenario, se torna difícil la batalla. Hay riesgos que deben considerarse.

El régimen envía un mensaje al crimen organizado que va con todo a enfrentarlo usando el poder militar y con el complemento de la población armada que luchará por su seguridad. Es un paso desesperado, del presidente, que busca salvarse de su destitución, para lo cual empleará todos los recursos legales y mecanismos políticos como la muerte cruzada y transacciones políticas con los votos en el juicio político. Un factor clave, será el resultado de la primera batalla de las fuerzas armadas contra el crimen organizado, que influirá en las expectativas de la población, y lo que pase en los enfrentamientos armados de ésta con dichas bandas. Ya hay casos en que barrios buscan aplicar la justicia por su propia mano y el camino se torna incierto.

Luis Rosero M.

Además de la estimación a la baja del crecimiento de 2023, por el Banco Central, se suman otros factores que van configurando una crisis económica para este año y se van formando nubarrones para 2024-2025, escenario muy preocupante dado la grave crisis política y social del país.

Como señalé, en el artículo anterior sobre este tema, el Banco Central redujo la estimación del crecimiento económico a 2.6%, lo que implica desaceleración de la economía en 2023.  El FMI, por otro lado, anunció que Ecuador crecería 2.9% en dicho año. Sin embargo, como he sostenido la caída de la actividad económica mundial y los problemas económicos internos llevarán a que el país crezca a un ritmo menor incluso a la de la proyección del Banco Central.

Un primer factor que abona, en esa dirección, es el juicio político al presidente que conduce a un período de incertidumbre económica y expectativas negativas de los empresarios que se abstendrán de invertir hasta conocer la decisión de la Asamblea sobre la permanencia en el cargo del ejecutivo. Adicionalmente, hay un grave crisis de confianza en el gobierno que incide también en la economía. Un segundo factor, que da señales de la tendencia señalada, es el menor crecimiento del crédito en el primer bimestre de 2023 comparado con el mismo período de 2022. Según la banca, el elevado costo del financiamiento externo para el sistema financiero explicaría el menor dinamismo del crédito. El mayor costo de acceso al crédito externo esta relacionado con el riesgo país. A el 20 de Abril, de este año, éste llegó a 1878 puntos. El Banco Central ya planteó un subsidio a la banca para reducir el mayor costo del financiamiento, propuesta que debe analizarse con cuidado dado los efectos que generaría tanto en el sistema financiero como en la rentabilidad de dicho banco que se vincula al presupuesto del estado.

A medida que avanza el fuerte período invernal aumentan los daños por las inundaciones y deslaves que provoca muerte, destrucción de viviendas, carreteras y afectación de negocios, lo que implica la reducción de la actividad económica en los sectores afectados en varias regiones del país. A eso, se suma la estimación de la NOAA (el organismo del clima de EE.UU) para el desarrollo del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de este año. Según el COE, este fenómeno natural causaría mayores efectos en 17 provincias del país. Las experiencias vividas, por el país, en 1982 y 1997, revelan la capacidad de destrucción de este fenómeno natural tanto en la población, infraestructura física y en la economía.

Por otro lado, la tendencia a la desaceleración de la economía mundial reducirá el ritmo de las exportaciones ecuatorianas que fueron un puntal en el período de pandemia. A eso debemos agregar, la fracasada estrategia económica del gobierno de atraer inversión extranjera a través de maquila, que no se ha dado por no haber entrado el país a la Alianza del Pacifico. Más aún, en condiciones de desaceleración, el gobierno insiste en mantener su política de ajuste reduciendo el gasto de inversión y social, contribuyendo a menor actividad económica.

A eso se añade, que el gobierno ha seguido una política agresiva de endeudamiento externo con los organismos multilaterales. El total de la deuda pública, a Enero de 2023, alcanza 62132 millones de dólares, de los cuales el 76.7% corresponde a deuda externa de la que, con organismos internacionales, suma 23919 millones, a Enero de 2023, representando la mitad de la deuda externa del país. Solo al FMI, se le adeuda 8200 millones, a marzo de este año.  Lo riesgoso de esta política de endeudamiento es la sostenibilidad de la deuda. En 2024 y 2025, el país enfrentará fuertes egresos por pagos de la deuda externa que, en una tendencia a la desaceleración económica, conduce a escenarios de posibles acuerdo para el pago de este tipo de deuda.

En síntesis, por los factores señalados, el escenario mas probable es la desaceleración económica e 2023, mas aún si se registra el fenómeno de El Niño, y problemas de sostenibilidad de la deuda en 2024-2025.