Luis Rosero M.

Los eventos ocurridos en el fin de semana anterior muestran el deterioro de la seguridad ciudadana y shock de alta violencia que el crimen organizado generó para mostrar su poder mientras que la población, cada vez, se siente más insegura y el temor generalizado de la ciudadanía es cada vez mayor ya que no hay seguridad en ningún lugar del país.

En efecto, el cúmulo de hechos violentos que comenzaron con el asesinato, el 23 de Julio, del Alcalde de Manta, la masacre carcelaria en la Penitenciaría de Guayaquil; la incautación de fúsiles, lanzagranadas, 15.000 municiones y explosivos en las cárceles; el incendio de buses urbanos, los atentados a negocios con fines de extorsión (vacunas), los secuestros, la retención de 100 guías penitenciarios en 13 de las prisiones del país; Esmeraldas bajo el imperio de las bandas, etc. y el asesinato de 2 policías en Tarifa, Samborondón, cierran los hechos violentos de la semana pasada que sembraron terror en la ciudadanía que cada vez más se atemoriza más. Al siguiente día del asesinato del alcalde, el gobierno aplica el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y Durán, con lo que sumarían 16 veces que se ha decretado esta medida, excepto una vez, por razones de seguridad.

En Junio de 2023, Paco Moncayo, renunció como Consejero de Seguridad, habiendo permanecido menos de dos meses en ese cargo. El escenario de violencia, de la semana pasada, da indicios que el gobierno no tiene control sobre las cárceles del país ni de las bandas armadas que están ligadas a cárteles. Como han señalado los expertos, los estados de excepción ni el porte de armas por la ciudadanía sirven, para enfrentar al crimen organizado, si no se tiene una política de seguridad que debe incluir una estrategia, táctica y acciones de inteligencia que permita anticiparse al cometimiento de delitos por parte de las bandas criminales.

Fernando Carrión, experto en seguridad, declaró que el país atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia. Señaló que, en 2022, la tasa de 25 homicidios por 100.000 habitantes fue un récord en ese año pero advirtió que, en este año, dicha tasa puede superar los 40 por cada 100.000 personas. Lo que implicaría un segundo semestre mas violento que el primero. Si bien esto afecta al proceso de elecciones anticipadas, en el que algunos candidatos han sido asesinados, lo más grave es temor generalizado de la ciudadanía que se abstiene de salir a las calles sobre todo en la noche. Además, los efectos de la inseguridad están afectando a la economía. Tal es así que los exportadores piden estado de excepción en 5 provincias para poder trabajar y recuperar las zonas productivas, los gastos de seguridad del sector pesquero y acuícola ya representan cifras importantes e incluso está siendo afectada la distribución de productos masivos en Guayaquil y la extorsión (vacunas) ya se convierte un gasto de las empresas para seguir funcionando. Muchos negocios pequeños han cerrado para evitar la extorsión.

Un problema grave del país es la violencia e inseguridad ciudadana a los que se agrega el deterioro y precariedad del mercado de trabajo. Entre mayo y junio se agregaron 50.000 desempleados, el sector informal creció, en un año, ubicándose en 52.7% a junio de 2023.  A ello, se suma el desaceleramiento de la economía, en el que inciden la mayor incertidumbre, expectativas negativas empresariales e inseguridad que conduce a mayor desempleo y pobreza. Según el INEC, la pobreza creció de 25%, en junio de 2022, a 27% del mismo mes de 2023. En tanto que la población en extrema pobreza se mantuvo en 10.8%.

En resumen, el escenario que se espera para el segundo semestre de 2023 es un aumento de la violencia, la desaceleración de la economía (será aún mayor con el fenómeno de El Niño) que traerá consigo un aumento del desempleo, subempleo, sector informal y más pobreza. Si, a eso, le agregamos el aumento de la corrupción tendremos hacia final, de este año, un escenario muy crítico en seguridad, economía, situación social que configuran un estado muy crítico, caldo de cultivo para mayor violencia, y un escenario que deberá enfrentar el próximo gobierno que asumiría al poder en noviembre de este año. En esas circunstancias urge la unidad entre el sector público, privado y ciudadanía para enfrentar los graves problemas nacionales y de vida.

Luis Rosero M.

En este artículo trataré otros temas específicos de la reforma al sistema de pensiones propuesto por la Comisión para la Reforma del Sistema de Pensiones (CRSP), con la que se propone una profunda reforma al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La reforma al IVM incluye varios aspectos. Entre ellos, el monto del aporte para un trabajador del sector privado, en relación de dependencia, según el IESS, actualmente se mantiene en 20.60% dividido en 9.45% que aporta el trabajador y 11.15% el patrono, calculado sobre el monto de su salario o sueldo. Un aspecto importante es la distribución del aporte entre los distintos seguros. La resolución 501 del Consejo Directivo del IESS señala que los principales seguros se financiaran en su mayor parte: de pensiones con 5.76% del aporte del trabajador y 0.10% del patrono; salud 0.88% del aporte del empleado y 9.06% del patrono; cesantía con 2% del aporte del trabajador y 1% del patrono. La política anterior era que cuando uno de los seguros tenía déficit se tomaba recursos de otro seguro para financiarlo. Queda el interrogante si se seguirá con esta práctica inmediatista. Según propone la reforma se separa la gobernanza, creándose un Consejo Directivo de Pensiones y el actual Consejo Directivo manejaría el fondo de salud lo que implicaría que solo decidirían sobre 9.94% del aporte. ¿Continuará el desabastecimiento de medicinas en el IEESS? Aún más, el fondo de Cesantía regresaría al esquema anterior, antes de la implantación del seguro de desempleo. Así mismo, los fondos de reserva (que se forman con el 8.33% de aporte del patrono) también tendría cambios que afectarían, entre otros, a su mensualización.

La reforma incluye a los trabajadores autónomos, profesionales en libre ejercicio y trabajadores independientes que deberán afiliarse al fondo de pensiones y cesantía del IESS y sería opcional afiliarse al seguro de salud si tienen un seguro médico. Esto busca incrementar los ingresos del IESS y queda la duda que va a pasar con el seguro de salud. ¿Se privatizará?

La reforma plantea que el monto del aporte se calculará en base al ingreso del trabajador pero tiene un techo y un piso. El primero sería igual a 10 veces el salario promedio de los afiliados que sería $ 6000 por mes y con el techo mucho menor, lo que implica también una pensión menor. Trata de frenar las afiliaciones con altos sueldos en los últimos años de trabajo, que es una práctica que utilizan los que tienen mayores ingresos.

Lo más radical, que propone la CRSP, es el cambio del cálculo de la pensión de jubilación y su financiación. Tendría dos componentes. Uno, la pensión básica que será de medio salario básico unificado (SBU) financiada con el aporte del 40% que el estado hace al IVM siempre y cuando éste no exceda del 3% del PIB. En 2023, el SBU es de $ 450, la mitad $ 225. Este sería el mínimo de la pensión, si se aplicara este año. Dos, una pensión variable calculada en base a una fórmula que considera la proporción entre el tiempo de aporte y tiempo de beneficios (esperanza de vida del afiliado en promedio). Pero el cálculo de la pensión ahora no será en base a los 5 mejores años de ingreso sino de 30 años. Nuevamente hay varios interrogantes ¿Qué pasará si el estado no paga al IESS la totalidad del aporte del 40%? ¿Si fuera así, no recibirían los afiliados el total de pensión básica? ¿Si el aporte del 40% del estado excede del 3% del PIB, que sucederá con el pago de la pensión básica?  La pensión variable, se calcula en base a una fórmula que para su cálculo considera la Tasa de Reemplazo (TR), qué a su vez, toma en cuenta, los años de aporte (AA), Esperanza de vida al jubilarse (EV): años de beneficio, la TR máxima para la pensión variable y otros factores, con lo que resulta que el trabajador con más años de aporte, lo que implica mayor edad, recibirá una mayor pensión variable. La TR toma en cuenta la relación entre los años de aporte y los años de beneficio. Con los cálculos hechos por la CRSP, con un ingreso medio de $ 600, tanto en el sistema actual que el propuesto por la reforma, la TR aumenta con más años de aporte, pero con la diferencia que ésta puede llegar al 100%  con el sistema actual (70 años de edad y 40 de aportes), mientras que con la reforma solo alcanza el 60% (70 años de edad y 40 de aportes). La pensión, con el sistema de reparto, sería $ 600 y, en el caso de la reforma, el valor de la pensión variable sería $ 356 más $ 250 de la pensión básica, daría un total de $ 606 como pensión total.

Hay que considerar, para el cálculo de la EV, que en el país según el artículo “Economía Plateada”, de la revista Vistazo, el dr. argentino Diego Bernardino, señala que la esperanza de vida (EV) se ha prolongando y actualmente sería de 80 años para mujeres y más de 75 años para hombres. Esto implica que una mujer que trabaje hasta los 70 años tendría una EV de 10 años más y un hombre de al menos de 8 más. Esto significa que la primera aportó 40 años y sus beneficios de seguridad social serían de 10 años al jubilarse y en el hombre de 8. En otras palabras, la reforma se apuntala en que, en el caso de la mujer los 30 años de aportación y 32 en el hombre, sirvan para financiar la pensión futura de los trabajadores y empleados más jóvenes y aseguren la sostenibilidad financiera de la reforma del sistema de pensiones.

En síntesis, la reforma al IVM propone un cálculo y financiamiento diferente de la pensión que en el actual sistema de reparto. Para la pensión básica se establece un límite inferior y financiada con el aporte del estado. Pero la pensión variable tiene también un límite superior, pero incentiva a trabajar más para recibir una pensión mayor, lo que implica menos años de gozar beneficio dada la esperanza de vida. En definitiva, la reforma racionaliza algunas incongruencias para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para ello, solo recibirán pensión los afiliados con un mínimo de aporte de 15 años y 70 años de edad (con los supuestos anteriores la pensión sería de $ 383) mientras que en el sistema actual solo necesitan 10 años de aporte y 70 de edad (pensión de $ 300). En otras palabras, la reforma se financia con 5 años más de aportes para quienes quieran recibir la pensión mínima y, por otro lado, con  una tasa de reemplazo máxima (60%), un límite máximo de pensión variable y una relación de 3 a 1 entre años de aporte y años de beneficio. Para tener una visión completa de la reforma hay que considerar los otros componentes importantes como el fondo de cesantía y los fondos de reserva que, con la reforma, podrían ser invertidos en instituciones financieras privadas, y habría otra forma de capitalización del sistema de pensiones.

Luis Rosero M.

Las proyecciones y tendencias económicas de 2023 son preocupantes, sobre todo, en el marco de las elecciones anticipadas. El apremio es, como predicen, los organismos internacionales como la NOAA y ERFEN que estudian el comportamiento de El Niño, que éste ya se inició y tendrá distintas fases, la de fortalecimiento se daría, muy probablemente, entre Noviembre-Diciembre de este año y continuaría hasta Abril de 2024, lo que generaría efectos desastrosos en el país.

En el artículo anterior mencionamos que una consultora, en sus investigaciones, señalo que los 4 principales problemas del país son: inseguridad y delincuencia (38.9%); desempleo y subempleo (22%); situación económica, pobreza y crisis económica (11.8%) y corrupción (7.3%). A esto se agrega los efectos del fenómeno El Niño. El Ecuador conoce de los efectos de éste, por haber sufrido los estragos de este fenómeno en años anteriores. Lo probable es que los 4 primeros problemas del país se agraven. En consecuencia, es crucial preguntarse ¿Que hace el gobierno y harían los candidatos ante esta grave situación?, que servirán como un elemento en la decisión al votar.

Las lluvias en Junio de este año, en Esmeraldas, provocaron desbordamiento de ríos, inundaciones y miles de damnificados y en Julio 9 sucedió algo similar en algunas zonas de Manabí, eventos que estarían relacionados con El Niño. En el primer caso, el gobierno respondió entregando 4000 kit de ayuda y con las acciones de la Secretaría de Riesgos. No conocemos que ha hecho en el caso de Manabí. Los sicariatos continúan así como la falta de medicinas en hospitales públicos y, en estas circunstancias, el Presidente decide viajar entre el 13 al 22 de Julio (10 días) para asistir, entre otras, a un acto oficial en Madrid, a la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC (Bruselas) e intervenir en la XXVIII Edición del World Congress (New York). Según medios de comunicación, el presidente ha realizado 12 viajes al exterior en su primer año de gobierno. ¿Es necesario este viaje en la situación actual? ¿Cuáles son las prioridades? en su gobierno, después de la muerte cruzada. Los daños a la infraestructura física, en el Niño, serían cuantiosos; habría pérdidas humanas, miles de damnificados y problemas críticos que agravarán la crisis económica y social. Como parte de su estrategia para enfrentar a El Niño el gobierno emitió el decreto Ejecutivo 784 que declara como prioridad nacional la ejecución de acciones de prevención, preparación, repuesta y recuperación para enfrentar el impacto de El Niño. ¿Y los recursos del presupuesto? Las prefecturas solicitan 150 millones para enfrentar el Niño y se quejan que se les redujo sus asignaciones y el gobierno responde que cayeron los ingresos tributarios y no permanentes. ¿El Niño que se está desarrollando, no es una emergencia?. También el COE tomó acciones y el Ministro de Finanzas espera solicitar un crédito contingente al BID para enfrentarlo. Esta debe ser la prioridad, pero para atender a la gente damnificada y reconstruir la infraestructura que, a su vez, ayudaría a reactivar la economía y generar empleo. En este marco, el presidente envío a la Corte Constitucional un proyecto-ley de emergencia económica: una ley de quiebras de empresas. No conocemos el contenido de ésta, pero ¿Es prioritaria esta ley, que busca rescatar a las empresas? ¿Los trabajadores y empleados de éstas y la gente que será afectada por El Niño quien los rescataría?

Por otro lado, como ya he señalado, hay una tendencia a la desaceleración de la economía por la caída de la inversión privada y pública; a eso se suma la baja de las exportaciones, que podrían desencadenar un déficit comercial y, a eso se agrega, la caída de los ingresos públicos y si gana el sí en la consulta del Yasuní, el país dejará de percibir recursos generando un alto déficit fiscal. No estoy señalando como votar en esta consulta, solo me refiero al efecto económico de votar Si. Hay una ola de calor excesivo en el mundo, que es una de las consecuencias del efecto invernadero -provocado por la emisión de gases por uso de combustibles fósiles- que produce el cambio climático, lo cual predijeron los científicos hace algunos años.

Ya comenzó la campaña electoral y hasta ahora no he escuchado a los candidatos hablar de un plan y programa económico detallado que formule las políticas y acciones para enfrentar las consecuencias de El Niño. Ni de cómo enfrentar la profundización de la desaceleración económica por este evento y los desequilibrios comercial y fiscal que serían mayores con El Niño. Ni tampoco ver como los profesionales, de los partidos y movimientos políticos, en salud acudan a las zonas afectadas a ayudar a los damnificados.

En suma, se trata de escoger al mejor candidato que tenga la capacidad y entereza de enfrentar esos 4 problemas del país y los que se vienen con El Niño, en la cual debe prevalecer proteger a la gente afectada buscándole alternativas de subsistencia, salud, vivienda, desarraigo, etc. En esta emergencia, lo prioritario es salvaguardar la vida de las afectados, luego reparar la infraestructura y, al mismo tiempo, recuperar la economía con inversión pública y privada y establecer planes de contingencia para recuperar el empleo y atender la pobreza. La votación de Agosto o de la segunda vuelta va a decidir el rumbo del país no hasta 2025 sino por los menos hasta 2029. De ahí que es crucial que en esta votación elijamos a un estadista, al más adecuado y a quienes lo acompañaran. Esto no es un trabajo de un solo hombre sino de un equipo de trabajo, por lo que tenemos que fijarnos también a sus colaboradores y asambleístas. Llegó la hora de la Unidad Nacional: gobierno-sector privado-población para que cada uno aporte su contingente a fin luchar para lo que se viene. Deben primar los intereses del país, de la población y de los más vulnerables que enfrentarán, aún más, el hambre, pobreza y desnutrición por el impacto de El Niño y los problemas estructurales.

Luis Rosero M.

La Comisión para la Reforma del Sistema de Pensiones (CRSP) entregó su propuesta a la Presidencia de la República, que contiene una profunda reforma al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) cuyos ejes centrales son aumentar los ingresos, reducir sus gastos y cambiar la gobernanza del IESS. Se trata de medidas para evitar su colapso y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, eliminar el déficit actuarial y lograr un superávit que permita pagar las pensiones en el tiempo. Se trata de un problema estructural. En este artículo, trataré de los aspectos generales y algunos temas relevantes más específicos.

Según la CRSP el subsidio a la seguridad social representó, en 2022, el 3.2% del PIB, de los cuales 2.5% corresponde al IESS y 0.7% al ISSFA e ISSPOL, llegando a un total a 3638.8 millones de dólares, de los que 2872,1 corresponde al IESS (incluye el 40% del aporte del estado). El aumento de la esperanza de vida, la no entrega completa del 40% del aporte del estado al IESS, la escasa cobertura del sistema, la mala administración, la corrupción, la entrega de nuevos beneficios sociales sin la correspondiente financiación, etc. son entre otros algunos de los factores que han llevado al IESS a un déficit actuarial que impediría el pago de las pensiones en el corto plazo.

La propuesta implica mantener el sistema de reparto actual (IVM) para trabajadores formales pero se cambian los parámetros del IVM, se crean planes de ahorro obligatorios y una pensión no contributiva para trabajadores informales. No se afectaría los derechos de los jubilados actuales, la reforma se aplicará a los trabajadores nuevos. Habrá un período de transición de 10 años hasta aplicar completamente la reforma. Se mantendrá el aporte del 40% del estado. A continuación, se explicarán los principales aspectos de la reforma.

En el sistema actual de reparto, los trabajadores y empleados privados se pueden jubilar a los 60 años de edad y 30 de aportes. Para recibir una pensión mínima se requiere tener 70 años y 10 años de aporte. Hay pensiones mínimas y máximas que se calculan con un porcentaje del salario básico uniformado según el rango de años aportados. Con la reforma, se pueden jubilar a los 60 años pero con 35 años de aportes. Un trabajador con 70 años deberá tener 15 año de aportes. Sin bien, la CRSP dice que no se cambiará la edad de jubilación, en el fondo si hay un efecto para el trabajador, ya qué si se jubila a los 60 años, con la reforma, no recibirá la pensión máxima. Si se quiere jubilar a los 60 años, con la reforma, deberá tener 35 años de aporte, lo que implicaría más años de trabajo y más edad. En otras palabras, el trabajador o empleado privado tendrá que aportar 60 imposiciones más si se quiere jubilar a los 60 años y trabajar 5 años más. Esto se basa en el aumento de la esperanza de vida, lo que significa que la gente tiende a vivir más años por el progreso de la medicina y la economía del cuidado. Por otro lado, para justificar los 5 años más de aportes, se ofrece un incentivo de reducir 2 años de aporte por cada año adicional de trabajo después de los 60. Así, a los 61 años de edad el número de aportes serían de 33 años hasta llegar a los 70 años en que solo serían de 15 años de aporte. El interrogante es si recibirían la pensión completa.

Con el sistema actual, entre los parámetros para el cálculo de la pensión jubilar se toman los 5 mejores años de remuneración y se establece un promedio. Con la reforma, se amplía este periodo a los 30 mejores años de remuneración, que al sacarse el promedio el monto de la pensión sería más baja. Esta es una de las formas en que se ahorraría gastos en el sistema reformado.

Además, con la reforma se pone un límite al aporte del 40% del Estado al IVM, siempre y cuando este monto no supere el 3% del PIB. Para compensar esta limitación, se apoyará al IVM con hasta un 20% de los ingresos extraordinarios del presupuesto del estado. Por otro lado, se señala que el aporte del 11.06% de los trabajadores y empleados se aplicará al décimo tercer y cuarto sueldo, no quedando claro si aumentará el aporte.

De los aspectos que hemos tratado, la propuesta de reforma, carga el mayor peso de ésta en los trabajadores y empleados cargándole más años de aportes, se rebaja el monto de la pensión jubilar, mientras que limita la aportación del 40% del Estado. Con lo señalado, el peso de la financiación de la reforma recae sobre los trabajadores y empleados. Si bien es correcto el eliminar el déficit actuarial del IESS, esto debe ser equitativo para que tanto trabajadores y empleados como los empleadores aporten en la financiación de la reserva en partes iguales. Recordemos que este tipo de reforma tanto en Europa (Francia) y países latinoamericanos ha traído protestas en las calles pues se juega la calidad de vida, en los últimos años de vida de los jubilados. Queda todavía interrogantes: que va a pasar con el seguro de salud y otros aspectos de la reforma.

Luis Rosero M.

En Abril de 2023, en un artículo, señalé la tendencia a la desaceleración de la economía. Los datos del informe del I trimestre de la evolución de la economía, del Banco Central, confirman lo señalado a lo que se agrega el deterioro de los desequilibrios macroeconómicos y, si se genera el fenómeno de El Niño, habría una grave crisis económica hacia fin de año.

En efecto, la tasa de crecimiento interanual, del I Trimestre de 2023, fue apenas de 0.7%, siendo la tasa más baja que la de los 7 trimestres anteriores, confirmando la tendencia a la desaceleración de la economía. Esto se explica por el escaso aumento del consumo de los hogares (1.5%), la ínfima variación del consumo del gobierno (0.5%) y un leve crecimiento de las exportaciones (0.4%), pero lo más crítico es la caída de la inversión en 5.2%. Si consideramos, el I cuatrimestre de 2023, las exportaciones se redujeron 9%, las cuartas que más han caído en A. Latina. De éstas, se redujeron las petroleras por la no operación de los oleoductos petroleros, en la última semana de febrero, debido al socavón del río Marker en Napo, mientras que las exportaciones no petroleras crecieron 4%. En el I trimestre, entre los sectores que más crecieron están refinación de petróleo, acuicultura y pesca de camarón, agricultura; sin embargo, disminuyeron su nivel de actividad pesca, construcción y manufactura, siendo estos dos últimos los mayores generadores de empleo, por lo que este comportamiento afectará las tasas de desempleo y subempleo. Sin embargo, el Banco Central mantiene la estimación del crecimiento en 2.6%. Las dificultades económicas se reflejan en el riesgo país que alcanzó 1922 punto al 29 de Junio de este año.

El Inec, publicó la encuesta nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, de Mayo de 2023, que registra que el empleo pleno fue de 36.4% (3 millones de trabajadores y empleados), desempleo de 3.2% (264 mil), subempleo de 18.9% (1.5 millones) y otro empleo no pleno de 30.6% (2.5 millones) en los que se incluye el sector informal. Dicho en otras palabras, el 52.7% tiene un empleo precario (subempleados y sector informal), que representa la principal problemática del mercado de trabajo de mas de 4 millones de personas que están en malas condiciones laborales.

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas anunció la reducción de los ingresos permanentes (tributarios) y los no permanentes (petróleo), lo que es un indicio de la desaceleración de la economía.Con la segunda reforma tributaria de Lasso, se reducirán los ingresos por Impuesto a la Renta por reimplantar las deducciones de gastos personales vinculados al número de cargas familiares. Esto sería mas que compensado con el impuesto a los pronósticos deportivos pero que, según anuncio el SRI, hasta que se realice el diseño y estructura de este sistema, entraría en vigencia en 2024. También se ha reducido el impuesto a la salida de divisas al 3.5%, por lo que disminuirán los ingresos por este tributo. Más aún, si gana el Si en la consulta sobre la explotación de petróleo, en el área del Yasuni, los ingresos petroleros caerían más. Ya se ha anunciado los primeros gastos para la prevención del fenómeno El Niño y si este ocurre, en Noviembre y Diciembre, habrá que asumir nuevos gastos para enfrentarlo. Lo que se prevé, en consecuencia, es que aumente el déficit fiscal lo cual requerirá financiamiento.

El gobierno ha puesto el acelerador en el endeudamiento externo. Lo último es que solicitará un crédito de contingencia al BID para enfrentar el fenómeno de El Niño y, es probable, que solicite al FMI un crédito de emergencia para este mismo propósito. Según el boletín de deuda pública del Ministerio de Finanzas, de Abril de 2023, está alcanza 62311 millones de dólares y representa el 51.4% del PIB. De ésta, la mayor parte corresponde a la deuda externa con 47417 millones de dólares, que es el 76% de la de la deuda pública total. En 2024 y 2025 deberá el país realizar grandes pagos de amortizaciones de estos créditos lo cual llevaría al riesgo de la sostenibilidad de la deuda.

En síntesis, el panorama que se avista, en este año, dado los principales indicadores económicos, sería una desaceleración de la economía, un alto déficit fiscal, una abultada deuda pública y deterioro en el mercado de trabajo (desempleo, subempleo y sector informal) que se agravaría con el fenómeno El Niño. Este es parte del escenario económico que le tocaría enfrentar al nuevo gobierno que entraría a ejercer el poder en Noviembre de este año, justo cuando comenzaría dicho fenómeno y que debe actuar con rapidez y pragmatismo para enfrentar esta grave crisis económica que derivaría en una crisis social. No solo se trata de una persona sino del equipo que acompañe al primer mandatario.