Los informes de algunas instituciones señalan problemas en la sustentabilidad financiera del IESS y apuntan a un déficit actuarial que de no enfrentarse podrían llevar, en el futuro, al riesgo de que no puedan seguirse pagando las pensiones a los jubilados y no cubrir algunos de los servicios de salud que presta el IESS a sus afiliados y familiares. En este artículo, analizó que propone el gobierno para enfrentar el pago de ciertos beneficios para los jubilados con los ingresos del fondo de pensiones  y cubrir los servicios de salud a familiares de los jubilados  con recursos fondo de salud.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el descuento de 2.76% a las pensiones de los jubilados y pensionistas, en Diciembre de 2019,  que financiaban el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, parcialmente la decimotercera y decimocuarta pensiones, auxilio de funerales y urgió a que se busquen otras alternativas de financiamiento. Con este propósito,  el Presidente del Directorio del IESS, planteó que podrían incrementarse los aportes de los afiliados. Con dos opciones. La primera una tasa prima nivelada que consistiría en una prima fija del 1,10% cada cinco años, desde el año 2021 hasta el 2058. La segunda, una prima escalonada que implicaría aumentar su porcentaje con incrementos cada quinquenio, con lo cual la prima empieza en 0,5% en el año 2021 y subirá hasta llegar al 1,96% en el 2058. Según el funcionario, en cualquiera de las dos opciones, se financiaría el pago de los décimos tercer y cuarto sueldo de los jubilados y se crearía un fondo de ahorro. También ha planteado cobrar los servicios de salud que se prestan a los familiares de los afiliados.

Recordemos que por decreto el gobierno decidió recortar la jornada laboral de los empleados públicos, lo cual implica una reducción de sus sueldos en un 25%, pero a pesar de que la jornada laboral pasa de 40 a 30 horas semanales se les obliga a dichos servidores que su aporte al IESS sea sobre 40 horas, algo que podría ser inconstitucional. Así, si un empleado SP gana, con 160 horas mensuales,  1676 dólares tendría que aportar al IESS $ 191,90 con lo cual su ingreso neto sería 1484.10 que ahora, según el Ministerio de Trabajo, debería descontársele 16.66% con el decreto, con lo que su ingreso ahora sería al mes $ 1.396,78 con lo cual aportaría al IESS $ 159.93. Según dicho Ministerio de Trabajo, con el descuento señalado, ahora el sueldo reducido sería $ 1.396,78 y continuara aportando lo mismo esto es 191,90, lo que implica una diferencia en contra del empleado público de de $ 31,97. Le estarían descontado demás este último valor. Por hipótesis, este valor sería una fuente de financiamiento para el pago de la décima tercera y cuarta remuneraciones a los jubilados y déficit actuarial del IESS.

Con dicho decreto, en la práctica, les reduce el sueldo a los empleados públicos y además les hace pagar un aporte al seguro social con el sueldo anterior y ahora, el Presidente del Directorio del IESS, plantea un incremento del aporte personal tanto para los empleados públicos y privados. O sea, el empleado público sale afectado por su reducción de sueldo, por un aporte mayor al IESS con un sueldo reducido y, por otra parte, debería pagar, en el futuro, un aporte personal mayor, por lo propuesto por el Presidente del Directorio del IESS

El Presidente de la República declaró que el déficit fiscal (del gobierno central + empresas públicas + seguridad social), en 2020, sería 12% del PIB. Con lo cual resulta que éste se financiaría con reducción del sueldo de los empleados públicos (18.57%) y el déficit actuarial con un aporte al IESS mayor, del debido, de los empleados públicos, y un aumento del aporte personal mayor tanto de los empleados públicos y privados. Con lo que resulta que el peso de la crisis (déficit fiscal) terminando recayendo principalmente sobre los empleados públicos y, en menor proporción, sobre los empleados privados. Y aprovechando la pandemia, se privatizarían los hospitales de los institutos de seguridad social, ya que están acosados por la corrupción. Antes se habían aumentado ciertos impuestos y se crearon otros. Está claro quién paga el costo de la crisis.

Luis Rosero M.

La pandemia, el desempleo, la reducción de sueldos  y despido de empleados públicos, el crecimiento del sector informal urbano, aumento de la pobreza, de la pobreza extrema e indigencia, expresan la gravedad de la crisis económica, social, sanitaria y humanitaria en el país, que ha reducido fuertemente el nivel de vida de la población y ya aparecen los signos del hambre que desatará más violencia. A eso se suma la plaga de la corrupción y aumento de las tarifas de servicios públicos y más inflación que conducen a mayor  asfixia de la mayoría de ecuatorianos.

El país venía arrastrando una crisis económica, expresada en la contracción de la economía en 2019, que se agravó con la pandemia que obligó al confinamiento de la población y la paralización de la actividad económica que llevó, excepto  supermercados y empresas de salud, a una fuerte disminución de las ventas y por ende de los ingresos empresariales. Ya han pasado más de 80 días del confinamiento, levantado gradualmente, lo que ha generado despidos. El propio Ministro de Trabajo declaró que se habían despedido 173.000 trabajadores, 10% alegando fuerza mayor, y, en esta semana, se reporta 7000 despidos más. Ya se revelan datos de quiebres de muchas empresas sobre todo pequeñas y microempresas, sobre todo en Guayaquil y Quito, que agrava la situación del empleo. Por otro lado, el aumento del sector informal, al no poder vender los trabajadores informales, sus productos y servicios, condujo a un aumento del desempleo informal que ya suma más de un millón de personas. Más aún, una funcionaria de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, informó que existen 375.000 niños y adolescentes ejerciendo el trabajo infantil cuando en 2018 este llegaba a 201634, o sea un aumento de 86% en 18 meses, 2019 y la mitad de 2020, reflejando la desesperación por cubrir las necesidades básica que lleva a familias pobres a que sus niños trabajen para llevar algo de ingresos a sus hogares.

A eso se suma, el despido de empleados públicos por la eliminación de los contratos temporales, de aquellos que tienen nombramiento provisional y ahora incluso los de nombramiento definitivo. Aún más, con la política de reducción del tamaño del estado, la fusión, absorción y eliminación de entidades y empresas públicas, se van a despedir miles de empleados, con que tendríamos un mayor nivel de desempleo a nivel nacional. Según Miguel García, Presidente de la Federación de Servidores Públicos, el tamaño de la burocracia llegó a 610.000 en el gobierno anterior. Además señaló que, en el gobierno actual, hay 75.000 de servicios ocasionales, 70.000 con nombramientos provisionales y 5.000 en proyectos. Según él, se han despedido 30.000 en 2019 y en 2020 señaló que se desenrolaría a 160.000 burócratas. En total, tendríamos, según estos datos, 340.000 empleados privados y públicos más en desempleo, lo que se refleja en la desafiliación al IESS, que complica aún más la crisis de la seguridad social. En una noticia de Televistazo se informó que  “Según la Mesa de Estudios, con base en una proyección del Ministerio de Economía y Finanzas, más de 500.000 personas podrían quedarse sin empleo formal, lo que significaría mantener una tasa de desempleo de alrededor del 10%.“ A más de eso, por decreto se rebajó en 25% el ingreso de los empleados públicos, al reducir en 2 horas diarias en su jornada laboral.

Para agravar el escenario, las denuncias de corrupción por sobreprecios en insumos médicos, aprovechando la emergencia sanitaria, abarcan hospitales públicos y del IESS, Consejo Provincial del Guayas, Municipio de Quito, asambleístas, etc. reflejan que la corrupción abarca a todos los niveles de gobierno, que muestran la avaricia, indolencia e inmoralidad de los corruptos mientras la gente se contagia, muere en las calles o con hospitales desbordados por el coronavirus. Pero más allá de eso, hay una exposición mediática, inundando los medios con  los nuevos casos de corrupción, para encubrir la grave crisis económica,  socia, sanitaria y humanitaria que vive la población. Se quiere tapar el sol con un dedo.

Para complicar el escenario, la Asamblea acaba de aprobar el proyecto de ley de “apoyo humanitario”  en el que se congela por un año la tarifa de los servicios básicos, y se ordena reducir 10% el costo de estos servicios, pero el gobierno con una jugada estratégica, antes de la vigencia de la ley, aumento la tarifa de la luz y ya hay miles de denuncias de incremento de hasta 300% en las facturas y, según algunos medios, hasta de telefonía celular. Para rematar el asunto, según el INEC, a Abril de 2020, el costo de la canasta familiar básica aumentó 2% que en términos absolutos representó una subida 14,50 dólares, que se reflejó en un aumento del 1% de la inflación en ese mes, que refleja también el aprovechamiento de los intermediarios, supermercados y farmacias de la situación por la pandemia.

El gobierno, con sus medidas, y, los efectos de la pandemia, han impactado fuertemente el nivel de vida de los ecuatorianos que ya hay signos de hambre, lo que se traduciría en más violencia y delincuencia. El gobierno con más impuestos, despidos, reducción de sueldos, más deuda pública y con la corrupción ha hecho recaer el pago de la crisis sobre la clase media, servidores públicos, empleados privados y población en general, sobre todo la más vulnerable. Pero lo mas patético es que el gobierno quiere tapar esta realidad con un dedo, a tal punto que ha contratado una empresa americana para lavar su imagen negativa, posiblemente por lo que se viene, que va a ser mucho peor, como ya advierten la CEPAL y FAO que señalan que la pobreza extrema de A. Latina y el Caribe podría llegar a 83.4 millones de personas en 2020. En el país, según el INEC, a diciembre de 2019, la pobreza llegó al 25% y la pobreza extrema alcanzó 8.9% pero con las estimaciones  del Banco Central  habrá, en 2020, una contracción entre el 6 – 10%, lo que dispararía la pobreza alrededor del 30% y la extrema en 12%, pero lo peor es que se hará visible el hambre, lo que ha llevado a organismos internacionales como la CEPAL y FAO a plantear bonos contra el hambre. Estamos con la soga al cuello y en el filo de la navaja, lo que llevaría a un espiral de violencia y delincuencia que, si no se toman las medidas, explotará como en el caso de Chile.

El veto al proyecto de ley de apoyo humanitario, en lo laboral, mantiene la flexibilidad laboral pero endureciendo las condiciones encuadrándose en una reforma laboral propugnada por los organismos internacionales. En este artículo trataremos solo las objeciones en lo referente a lo laboral.

En un artículo anterior dije sobre este tema: “Se introduce la flexibilidad laboral mediante 4 nuevas formas de contratación, reformando el Código de Trabajo. Primero, mediante acuerdos entre trabajadores y patrones que puede implicar cambio salarial. Segundo, el contrato especial emergente, con reducción de hasta 20 horas de trabajo semanales,  distribuidas en 6 días (que incluiría fines de semana), con lo que el patrono no pagaría horas suplementarias, contrato que puede durar hasta 4 años. Tercero, reducción emergente de la jornada que puede ser hasta del 50%, lo que implica reducción del ingreso del trabajador y el contrato puede durar hasta 4 años. Cuatro, el teletrabajo, una nueva modalidad, que implica que el empleado puede realizar el trabajo desde su casa y puede implicar reducción del sueldo. Estos nuevos contratos constituyen una reforma laboral que debe estar incluida en el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el FMI.”

El veto, en cuanto a contrato especial emergente, reduce su duración de dos años a uno. La Asamblea había postulado 2 años renovable por una sola vez, o sea una duración de 4 años. De la misma manera, para la reducción de la jornada laboral, la Asamblea determinó una duración de dos años renovables por una sola vez, o sea 4 años. El veto lo reduce solo a un año. El veto, del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, referente la interpretación de los casos fortuitos o de fuerza mayor, habilita al patrono a terminar la relación laboral, cuando el contrato sea inejecutable, cuando estos dos casos afecten una actividad o servicio o una línea o unidad de negocios.

Si bien, en cuanto al contrato especial emergente y la reducción de la jornada laboral se reduce el plazo en cambio posibilita el despido. Sin embargo, aún sin esta interpretación, contenida en el veto, ya los despidos se han venido dado, cuando se apruebe el veto estos serán mayores. Los datos estadísticos señalan la gravedad de la situación en el mercado de trabajo. En efecto, el Ministro de Trabajo, en su comparecencia en la Asamblea, a propósito de veto a la ley de apoyo humanitario, reveló que el número de desempleados, a Junio de este año, se incrementó en 173.000. Según el INEC, a diciembre de 2019, esta variable alcanzó llegó a 322.134. O sea que tendríamos a Junio los desempleados alcanzaron medio millón de personas. De esos 173.000, según el Ministro, 17000 fueron por caso fortuito o fuerza mayor no pagando, el empleador, las indemnizaciones legales y se cometieron abusos. Si estos despidos, fueron sin la ley de apoyo humanitario, ahora será más fácil despedir alegando estos dos casos.

Pero lo peor, del deterioro del mercado de trabajo, es el trabajo infantil. Este pasó de 2014 a 2018 de 99.500 a 201634 o seas un incremento de más de 100%. La coordinadora de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, señaló que actualmente existen 375.000 niños que hacen trabajo infantil. Pero más aún, la pandemia, obligó a una paralización de la actividad económica, hizo crecer el trabajo infantil. Como lo alertó la ONU y la FAO “Es probable que la COVID agrave aún más esta situación y haga que más niños dejen de ir a la escuela y se dediquen al trabajo infantil.” La situación del mercado laboral empeora si tomamos en cuenta al sector informal urbano, gente que vive de las ventas del día,  que creció de manera significativa con la pandemia.

En síntesis, la pandemia aumentó el desempleo, subempleo, el trabajo infantil y en el sector informal urbano. En pocas palabras: grave deterioro del mercado de trabajo. La flexibilidad laboral, contenida en el proyecto de ley de “apoyo humanitario” facilita el despido y se encuadra en una reforma laboral de carácter neoliberal, apoyado por el BMI y Banco Mundial, que descansa en la premisa que reduciendo costos de contratación y despido y otros preceptos aumenta el empleo, cuando más bien se da una precarización laboral.

Luis Rosero M.

La situación del BIESS ha llegado a un punto crítico por los problemas de liquidez, agravados por el aumento de la morosidad, excesiva burocracia y la entrega incompleta de la contribución del 40% del gobierno. Estos factores elevan el riesgo de la viabilidad financiera de la entidad y, en consecuencia, su existencia.

Respecto a la morosidad el BIESS tuvo una tasa baja hasta 2015 año en que alcanzo 2.9% pero en 2016 se dispara casi al doble (5.3%) y de ahí en adelante ha venido aumentado constantemente hasta que en 2019 alcanza el 7% pero, según el gerente, en 2020, ésta bordearía el 10%. Esto muestra un problema de gestión crediticia. Por otro lado, la situación de iliquidez se complica ya que antes de la pandemia, según reporta El Comercio, había 25000 créditos hipotecarios en mora, pero con el coronavirus podrían llegar al 50.000. Para enfrentar esta situación, el BIESS se ha visto obligado a tomar medidas como la de refinanciar o restructura la deuda a un plazo de 30 años (antes eran 25), otra es la novación mediante la cual se extingue la obligación y se la reemplaza por otra y además aumentó la capacidad de endeudamiento del afiliado por 3 meses, lo que será posible con la novación.

El número de empleados del BIESS ha venido aumentando constantemente lo que infla los costos. Dada la complicada situación, la  entidad anunció que, en el periodo setiembre-diciembre de 2019, redujeron el personal en 13%. Este proceso continuará y el propio gerente habla de que la institución se convirtió en un botín político. Estos dos factores han llevado a que el BIESS reduzca su nivel de utilidades e incluso, en 2019, muestre resultados negativos.

Por otro lado, el gobierno no ha cumplido con entregar el total del 40% de contribución al IESS que se comprometió a entregar desde de 2019. De este año todavía adeuda 542 millones de un total de 1425 millones. En 2020, el gobierno continúa adeudando los recursos de su contribución del 40%.

Por otro lado, la estructura actual de los activos del BIESS se reparte principalmente en: 41% en papeles del estado, 42% en créditos hipotecarios y 10% en créditos quirografarios. Estos son los que generan rendimientos y, por otro lado, los aportes de patronos, trabajadores y empleados generan los ingresos y liquidez. Con los recursos se tienen los ingresos corrientes, que según el gerente suman 345 millones mensuales, y con estos se pagan los gastos de salud y las pensiones que representan 430 millones, por lo que tienen un déficit mensual de 85 millones mensuales. El gerente del BIESS anunció que tendrían liquidez por 4 meses, por lo cual se corre el riesgo de iliquidez y habría dificultades para pagar las pensiones jubilares lo que implicaría una crisis social para los jubilados

La Superintendencia de Bancos realizo un examen de auditoría al BIESS en la  que se realizaron  algunas observaciones en la se notificaron problemas en gobierno corporativo y riesgos. El Gerente del BIESS, Troncoso, el 19/Mayo/2020,  ha recomendado al gobierno algunas medidas para enfrentar la situación de iliquidez: reperfilar la deuda con el gobierno de 2400 millones con bonos de deuda interna, reconocimiento de la deuda del estado con la Seguridad Social, acuerdo de pago del 40% con entregas programadas  del Ministerio de Finanzas en 2020,  en 2021 pagos mensuales y canje de los pagos atrasados con bonos de deuda interna.

En síntesis, el BIESS está en riesgo de desaparecer. Recordemos que el Banco Mundial en su acuerdo crédito con el país recordó eliminar al BIESS y transferir sus operaciones a la banca privada. Si no se toman medidas urgentes, entre ellas que el gobierno pague su contribución del 40%, las operaciones del BIESS se podrían paralizar o al menos eliminar algunos tipos de créditos pero lo más catastrófico es que no se podrían pagar o se retrasarían las pensiones jubilares lo que implicaría una fuerte conmoción y reacción social. El Gerente Troncoso presentó su renuncia denunciando: “Lamentablemente, no existe voluntad para apoyar este proyecto de transformación y existe intromisión del directorio actual (del banco) que ante una administración técnica y profesional es inadmisible”. Esto sin duda obedece, al cambio del Presidente del directorio del BIESS: Jorge Wated, que busca colocar a profesionales de su grupo. Pero la crisis de fondo está en el déficit actuarial de la seguridad social. Veamos si se echa abajo el plan del ex gerente o se establece otro, hasta tanto el BIESS seguirá en terapia intensiva con situación incierta.