Luis Rosero M.

Por efectos de la crisis económica que se venía arrastrando desde 2019 y por el coronavirus en el 2020 habrá, según estimaciones de organismos internacionales y el Banco Central una fortísima contracción de la economía que implicará una gravísima crisis social con el aumento exponencial de la indigencia y el hambre.

En efecto, el FMI prevé una caída de -10.9% del PIB, mientras que el Banco Mundial predijo sólo de -7.4%, por otro lado, la CEPAL proyecta un -9%, en tanto que el Banco Central estima una contracción entre -7.3 (escenario optimista) y -9.6% (escenario pesimista). El año pasado, el FMI, proyectó una contracción de -0.5%, lo que implica que la crisis económica viene desde 2019, la cual se agrava en el presente año por la pandemia. En la crisis bancaria de 1999 la caída de la economía fue de 4.7%, en 2020 sería más del doble lo que implica una contracción brutal de la economía.

El informe de Cuentas Nacionales, del Banco Central, establece que en el I Trimestre de 2020 se contrajo -2.4%. El factor que aportó positivamente al crecimiento  fueron las exportaciones que, paradójicamente, crecieron (3.6%), mientras los que los rubros que influyeron en la contracción fueron la inversión (-6%), los gastos de consumo del gobierno (-5%) y el consumo de los hogares (-0.6%). El I trimestre de este año no registra el mayor impacto de la pandemia. La paralización de las actividades económicas comenzó el 17 de Marzo con lo que podríamos deducir que la contracción en dicho trimestre se debe a la crisis económica que se venía arrastrando. El impacto más fuerte en el PIB, por la pandemia, se da en el II Trimestre, principalmente por la paralización de las principales actividades económicas, y, contribuyó a la contracción, el Ministerio de Finanzas, en el primer semestre de 2020, buscando reducir el déficit fiscal, al cortar el gasto corriente en 815 millones de dólares entre los que están el gasto de personal (- 182 millones), de bienes y servicios (- 277 millones) y gastos permanentes (- 280 millones). En el segundo trimestre (Abril – Junio) la contracción de la economía sería al menos de 6%. Otro dato confirma la crisis en este periodo, pues la inflación en Junio de 2020 fue negativa en -0.62%, lo que implicaría el fenómeno de la deflación que, entre otros indicadores, implica una contracción de la demanda agregada como ya la reflejan los datos del consumo de familias, gobierno e inversión en el I trimestre de 2020.

El impacto social de la crisis económica que se venía arrastrando como de la pandemia fue principalmente en empleo. En efecto, el IESS reportó que entre marzo y junio se desafiliaron 270.638 trabajadores y empleados. En marzo salieron 18.586, lo que confirma mi hipótesis de que el mayor impacto de la pandemia será en el segundo y tercer trimestre. En efecto, las cifras lo confirman, pues en abril se desafiliaron 111.700 y en mayo 109.822. Estas cifras reflejan los despidos realizaron las empresas que paralizaron las actividades o quebraron en esos meses, lo cual aumentó el desempleo y subempleo. Pero esto corresponde al empleo formal. Sin embargo, hay que incluir en la problemática del mercado de trabajo, al sector informal, que incluye entre otros a los de venta callejera, microempresarios, artesanos, etc., sumando más de un millón de personas. La pérdida de ingresos tanto de los trabajadores formales e informales, por la pandemia, a partir del II trimestre, generó una terrible crisis familiar pues al no recibir sus sueldos o salarios no tenían para alimentar a sus familias, además del pago de los servicios básico –que paradójicamente aumentaron sus tarifas- y las deudas que ahogaron sus finanzas. Esta crítica situación de desempleo y subempleo llevó al aumento del trabajo infantil. Ya lo habíamos señalado en un artículo anterior al señalar: “Más aún, una funcionaria de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, informó que existen 375.000 niños y adolescentes ejerciendo el trabajo infantil cuando en 2018 este llegaba a 201634, o sea un aumento de 86% en 18 meses, 2019 y la mitad de 2020, reflejando la desesperación por cubrir las necesidades básica que lleva a familias pobres a que sus niños trabajen para llevar algo de ingresos a sus hogares.”

Otro efecto social, de la crisis económica y de la pandemia, es el aumento de la pobreza. En efecto, el último dato oficial de esta variable es de diciembre de 2019. No se han publicado las cifras oficiales de empleo, desempleo y sector informal de 2020 así como las de indigencia y hambre, pero por las cifras que hemos dado antes, es de suponer un fortísimo crecimiento, por lo que a partir del segundo semestre de este año, ya se hace visible el hambre y, en consecuencia, el aumento de la violencia, la delincuencia y el crimen que, en parte, se origina en la necesidad de la subsistencia en esta gravísima crisis económica y social.

Luis Rosero M.

El gobierno anunció un preacuerdo para la renegociación de una parte de la deuda externa, que cuenta con el respaldo del FMI y da visos del camino que tomará el gobierno en la política económica y social que implicará la adopción de nuevas reformas estructurales según las exigencias del organismo internacional en el nuevo convenio.

La deuda externa del país es con los organismos multilaterales, con el club de París (deuda de gobierno a gobierno) y con el sector privado. Con estos últimos, el país debía pagar 2000 millones en 2020 y otros pagos del servicio de la deuda fuertes hasta el 2024.  El preacuerdo de la renegociación es por un monto de 17.375 millones, que implica una quita de 1.500, una reducción de las tasas de interés que estaban entre 7.7 a 10.7% a un promedio de 5.3% y ampliación del plazo, en promedio, de 6 a 12 años, con 5 años de período de gracia para el capital y dos para los intereses. El bufete jurídico White & Case, que maneja la renegociación del grupo Ad hoc que posee alrededor del 45% de los bonos ecuatorianos manifestó su apoyo al preacuerdo y espera que la mayoría de los tenedores los respalden. Sin embargo, ya dos grupos de tenedores de bonos ecuatorianos plantearon que se deberían mejorar las condiciones de la renegociación, lo que implicará que no es seguro todavía los términos en que anunció el gobierno la reestructuración. Por otro lado, el FMI manifestó su respaldo al preacuerdo y espera que se concrete con todos los tenedores.

Si bien el gobierno contrato a dos firmas que están trabajando en la renegociación de la deuda externa argentina, sin embargo la posición del gobierno gaucho es más ventajosa. Ha cambiado 3 veces el plazo de la renegociación, ha caído en default en parte de su deuda pero ha variado su oferta de negociación pero en la última y definitiva oferta ha propuesto un valor neto promedio de los bonos de 53.3% (lo que implica una quita de 46.7% en el capital, con un interés de 3 a 5% y un período de gracia de un año. La diferencia es que la deuda argentina, en negociación, es de 65000 millones de dólares y el principal inversor que lidera la renegociación por los tenedores es Black Rock, el mismo que tiene el Ecuador, entre otros. Es claro que el gobierno gaucho está negociando su deuda en función de los intereses nacionales y ha preferido caer el default de parte de su deuda externa, o sea no pagar, hasta que se llegue a un acuerdo con la mayoría de los tenedores de deuda externa.

La deuda externa del Ecuador es de 41564 millones de dólares, de la cual este gobierno la ha aumentado en más de 10.000 millones de dólares. El gobierno realizó algunas operaciones de crédito con figuras financieras, entre ellas repos, que implicó garantía de oro de la RMI y de bonos soberanos. Por otro lado, dio prioridad al pago de la deuda externa, tal es así que pago atrasado los sueldos de los servidores públicos a los que debe 300 millones, tiene deuda con los GADs de más de 900 millones, la deuda con el Banco Central creció de 2915 a 4076 millones, le debe más de 2201 millones a los institutos de seguridad social y a los proveedores 200 millones. En suma los atrasos, a Julio de este año, suman 3131 millones.

El preacuerdo da un alivio temporal a la caja fiscal ya que, con el período de gracia para el capital e intereses, no tendrá que pagar estos de manera inmediata, con lo que podría cambiar, en algo, los atrasos. Sin embargo, hay que considerar que el preacuerdo anunciado representa solo el 41% de la deuda externa y solo es la contraída con el sector privado. El país tendrá que seguir pagando la deuda multilateral, la del Club de París y con China. El Ministro de Finanzas dice que debemos seguir endeudándonos para salir del bache. Consecuentemente, seguirán los atrasos y se seguiría priorizando el pago de la deuda aunque en otras condiciones. Con el decreto que autorizó la concesión de la refinería de Esmeraldas, ya se puede advertir el camino a seguir por el gobierno. Ya es claro que se éste ya cumple la condicionalidad del FMI con el nuevo acuerdo crediticio que implicará reformas estructurales entre las que podrían estar la profundización de la reforma laboral, un mayor recorte del estado, la privatización del IESS y BIESS, devolver la autonomía al Banco Central con la reinstalación de un directorio que manejará la política monetaria. Además recordemos que hasta mitad de este mes se aprobará el veto al proyecto de ley de Finanzas Públicas, que obliga a todos los integrantes del sector público a someterse a estrictas medidas del manejo del gasto y pone límites a fin de llegar a una superávit primario que pueda permitir salir de la tendencia al déficit fiscal y pagar la deuda externa.

Luis Rosero M.

El descubrimiento de nuevos casos de corrupción, en otras áreas gubernamentales, el creciente aumento de la deuda externa y la mayor iliquidez fiscal, que no permite paga a proveedores, gobiernos autónomos descentralizados y sueldos, agrava el escenario de la crisis social, económica, humanitaria y social.

A los anteriores casos de corrupción con sobreprecios en mascarillas, en fundas para cadáveres de los fallecidos por coronavirus, en los kits alimenticios para pobres, en insumos médicos, etc. en hospitales públicos, en Municipios y en Prefecturas, etc. ahora se suma la obtención irregular de carnet para discapacitados que permitió importar vehículos de alta gama con exoneraciones tributarias reflejan que los niveles de corrupción han aumentado y, al parecer, ésta campea en varios campos de la administración pública. Lo grave es que, según parece, hay bandas organizadas que están relacionadas, de acuerdo a las denuncias y detenciones, con altos funcionarios públicos, asambleístas,  ,asesores de éstos, jueces, deportistas, etc.. Es un panorama desolador, pues aprovechándose de las funciones públicas, han destrozado la ética y moral pública y, lo más grave, aprovechándose de la emergencia sanitaria, mientras la gente moría en las calles y hospitales por el coronavirus. Más aún hay acusaciones de habría un reparto de hospitales públicos a los asambleístas y, aún más, se ha denunciado que la obtención de ciertos cargos públicos están ligados a la aprobación de proyectos de ley. Aunque la versión oficial lo ha negado, hay que esperar el resultado de las investigaciones. Para agravar, aún más, la situación del deterioro ético, moral, social, etc. se ha denuncia también reparto de becas internacionales entre familiares, amigos y ex funcionarios del régimen.

El manejo de la política económica refleja las prioridades y los sectores a los que afecta. También es fundamental, en la toma de medidas el prever los efectos, el liderazgo y el actuar a tiempo como lo exige la coyuntura. Para la mayoría es claro que el gobierno fue aplazando el ajuste, así como no se actuó a tiempo contra la pandemia, lo cual tiene sus costos. Con la pandemia, que agravó la crisis económica-social-humanitaria, lo primero ahora, al aplicarse el ajuste justo con la pandemia, tiene elevados costos sociales –en términos de desempleo, subempleo, pobreza y caída del nivel de vida-. La paralización de la actividad económica –por el coronavirus- condujo a una caída de los ingresos tributarios, que ahonda el déficit fiscal, que buscan ser cubiertos con más deuda externa e interna y más impuestos. Lo preocupante es el aumento de la deuda externa. Según reporta El País la deuda deuda externa ha crecido en 6000 millones de dólares solo en 5 meses. Pero además ha aumentado la deuda interna. Así, por ejemplo, la deuda del Ministerio de Finanzas pasó de 2915 a 4076 millones de dólares. No se puede obtener las cifras oficiales de la deuda, pero este endeudamiento agresivo pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda externa. El mayor pago del servicio de la deuda deja menos espacios para otros rubros del presupuesto e implicará, en el futuro, aumentar impuestos para poder cubrirla. Está claro que la primera prioridad del gobierno es pagar la deuda externa, lo que ha llevado a aumentar la iliquidez de la caja fiscal.

Esto ha llevado que los atrasos del sector público aumenten hasta tal punto que, a principios del segundo semestre de este año, llegan a 3131 millones de dólares. Entre los principales afectados están los Institutos de Seguridad Social, Gobiernos Autónomos Descentralizados, proveedores y empleados del sector públicos. A los primeros de adeuda 1300 millones, lo que ha implicado problemas en el pago de pensiones del ISSFA y ponga en riesgo el cubrir las del IESS. A los GADs se les adeuda 984 millones por el IVA, que ha llevado a una marcha de protesta de alcaldes de algunas ciudades del país que denuncian problemas para seguir prestando sus servicios. Hay atrasos en salarios a los servicios públicos por 300 millones, a los proveedores se les adeuda 200 millones y para agravar el panorama se deben aún 588 millones de intereses de la deuda.

En síntesis, hay un escenario muy complicado tanto en lo económico, social y humanitario. A más de la crisis moral y ética, por los actos de corrupción en las distintas esferas del sector público, hemos reiterado, en varios artículos que, por esta triple crisis, ha aparecido el hambre y, en consecuencia, la violencia que se refleja en el aumento de la delincuencia. Por otro lado, al paralizarse la actividad económica, con quiebre de empresas, hubo cerca de 200.000 desempleados que ahora tienen que pagar sus deudas y que no pueden cubrirlas. Pero aún más, el millón o más de informales, que no tuvieron ingresos en la pandemia, agravan la crisis humanitaria. El Banco Central, en su proyección, estima que el PIB se contraerá en 2020 entre el 6% y 10%, lo que refleja la magnitud de esta triple crisis.