El gobierno buscando más ingresos ahora decidió la liberalización del precio de la gasolina y diésel y, por ende la eliminación del subsidio a los combustibles, la cual se aplicará en tres etapas e implicará efectos sobe los costos de las empresas e inflación que a su vez disminuirá  la capacidad de compra de la ciudadanía.

En la primera etapa, hay  la reducción, de 10 centavos, en los precios de la gasolina extra y ecopaís fijándolas en 1.75 y el diésel en 1 dólar el galón, precios que estarán vigente durante el mes de junio y continuarían los subsidios. La segunda etapa sería la aplicación de una banda de precios, de referencia para nuestro país. Los precios de estos combustibles, con este esquema, pasarían a ser variables y se fijarían en función de los costos promedios ponderados de importación, los de transporte, almacenamiento, comercialización y los tributos aplicables (como el IVA), agregando además los márgenes mínimos y máximos de ganancia en las gasolineras. Esto implica que cada mes variarían los precios en función de las fluctuaciones de estas variables pero principalmente el precio internacional del crudo WTI, de referencia de nuestro país, con una banda de más o menos 5% sobre dichas variables.

En la primera etapa, en la que  hay una leve rebaja de dichos combustibles,  se da un caramelo dulce temporal, que tendría sabor amargo, a partir del 1 de Julio en adelante, cuando se aplicaría la banda y comience a subir los precios de las gasolinas y diésel. Sin duda, hasta que se vayan eliminando las cuarentenas, en los diferentes países, el precio del WTI va estar por debajo de los 40 dólares, pero una vez que comiencen a recuperarse las economías, principalmente las de China, EE.UU. y Europa, tendríamos un precio que va a variar poco, quizás esta tendencia se mantenga este año. Pero a partir, del próximo año, cuando la economía mundial comience a reactivarse vendrán los aumentos de precios de dichos combustibles. Cuando ocurra eso, se activará la banda del techo que limitará el incremento de dichos precios y, si el precio del WTI caiga bruscamente, tendremos la acción de la banda piso que no dejará que el valor baje menos que 1.75 para los dos tipos gasolinas y 1 dólar para el diésel. Cuando comience a operar a banda implicará que se eliminan los subsidios a dichos combustibles, dependiendo de cómo varía el WTI. Al eliminarse el subsidio, al diésel para sectores productivos aumentaría de precio, a partir de Julio de 2020, lo que implica aumento de costos para algunos sectores. Por otro lado, al eliminarse el subsidio a las dos gasolinas señaladas también habrá un aumento sobre el costo de transporte público y de costo para las empresas. El gobierno ha anunciado que aplicará medidas compensatorias para evitar el impacto sobre el transporte público.

Sin duda, habrá un efecto inflacionario, a partir de Julio, tanto por el aumento del costo para las empresas como por el factor especulativo que hará que aumente el precio de los bienes y servicios que se une a la que ya se dio, por efecto de la pandemia, en los bienes de la canasta básica y medicamentos, que aplicaron supermercados, comisariatos y farmacias, lo cual conducirá, sin duda, a una menor capacidad de compra de la población. Los más afectados serán los empleados públicos a los que se les redujo la jornada laboral en 2 horas, o sea una baja de sueldos disfrazada. Estas medidas tienen efecto recesivo y, dada que proyección del FMI de -6.3%, para este año, provocando una contracción mucho mayor aumentando del desempleo, subempleo y aumento del sector informal. Este año será muy difícil para todos, se hizo visible el hambre lo que implicará más violencia y delincuencia cuyos efectos, a más de los económicos y sociales, padece ya la población.

Luis Rosero M.

El gobierno dictó otras medidas económicas, justificándolas por la pandemia, con ajuste del gasto público y una reducción del tamaño del estado. En el primer caso, reduciendo las horas de la jornada de trabajo de los empleados públicos;  en el segundo, la eliminación y fusiones instituciones públicas. Además,  ejecutó la liberalización de las gasolinas extra, eco y el diésel. En este artículo solo analizo las dos primeras medidas.

La reducción de dos horas de trabajo diario a los burócratas implica una reducción de un 25% de la jornada laboral en la función ejecutiva y en igual porcentaje sería la reducción de sus ingresos. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, en un comunicado dice que la reducción de la jornada solo es de 16.6% y, en el caso de los maestros, en los que se les disminuye sólo una hora diaria, dicha cartera de estado señala que solo sería de 8,33%. Esta medida duraría hasta un año. Por otro lado, el decreto 1053, señala que las aportaciones a la seguridad social “que corresponden al empleador y al servidor público serán pagadas sobre ocho horas diarias.” O sea a más de reducirles el sueldo, a los empleados públicos, por reducción de la jornada de trabajo, se les reducirá su ingreso porque tendrían que pagar el aporte a la seguridad sobre 40 horas cuando debe ser con 30. En síntesis, doble reducción de sueldo, una por la rebaja de la jornada laboral, y, otra por el aporte a la seguridad social sobre jornada completa de 40 horas, cuando realmente trabajará 30. Con esta reducción de las horas, el gobierno espera recaudar 900 millones que es un poco inferior a la contribución de 1000 millones que se pretendía cobrar a empleados privados y a las utilidades de las empresas.

Pero además, los burócratas salen afectadas por la eliminación de 11 instituciones públicas: 8 empresas públicas y 3 entidades estatales. De las primeras: Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR), Correos del Ecuador, Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico, Medios Públicos del Ecuador, Siembra EP, TAME Línea Aérea del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) y de las segundas: Servicio de Contratación de Obras (Secob), el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) y la Subsecretaría Anticorrupción. Con esta eliminación de  instituciones públicas, se liquidan no solo los bienes y activos sino que también a los empleados.

Según la publicación Empresas Públicas y Planificación, editada en 2013 por Senplades, el país contaba con 28 empresas de la función ejecutiva: 25 públicas y 3 empresas mixtas. De las primeras en los sectores:3 en hidrocarburos, una en minería, 5 eléctrico, 4 telecomunicaciones, 6 en productivos (Tame, Ferrocarriles, Cementera, Almacenamiento, Pesquera e Importadora), 3 en seguridad, 2 en social y una en conocimiento y talento humano (Yachay).

El caso más paradójico es el TAME. Según la publicación señalada el resultado neto, en 2013, fue 1384 millones de ganancias, pero en las que el gasto y costo no operacionales eran 5385 millones. Esto significa personal y gastos en tierra, lo cual implicaría exceso de personal y gasto. Además esta empresa tuvo varios gerentes con malas administraciones y había rutas nacionales e internacionales en las que había pérdidas. Según Televistazo, la empresa entre 2012 – 2015 tuvo  pérdidas  que alcanzaron 145 millones de acuerdo a un informe de la Contraloría. O sea que entre 2016 – mitad de Mayo de 2020, las pérdidas adicionales fueron 255 millones. O sea se esperó que estas alcanzaran a 400 millones para liquidarla, lo que resulta inaudito y quien paga toda esta pérdida es el pueblo ecuatoriano, pero no solo son los déficits de Tame sino también de algunas de las empresas liquidadas. Esta demora en liquidar esta empresa, es incomprensible ya que el propio Presidente ha anunciado que el déficit fiscal de 2020 será de alrededor del 12% del PIB (8% por la pandemia y 4% de déficit acumulado).Esta empresa prestaba un servicio comercial, que bien puede ser prestado por el sector privado. En varios artículos, de años atrás, mencionaba la necesidad de liquidar a Tame. En cambio, al liquidar la UNA se está afectando un servicio de almacenamiento y regulación de precios agrícolas que prestaba a los pequeños campesinos. Las empresas públicas deben cumplir servicios en sectores estratégicos y servir al bien común. No es dable una eliminación de estas sin diferenciar los servicios y aportes que prestan. Pero el recorte ha sido en función del déficit, número de empleados Y déficit. Según El Comercio, las  empresas públicas eliminadas  tienen 3700 empleados, de las que TAME tiene 930 y  Correos del Ecuador 910. Las 22 empresas públicas tienen salarios anuales por 443 millones. Con la eliminación de las 8 EP, quedarían 14.

Cualquier medida económica tiene su time, intensidad y efectos. Como paso con el coronavirus, el no tomar medidas sanitarias a tiempo generó el alto número de fallecidos, con las eliminación de las empresas pasa lo mismo, se dejó que aumentará el déficit y ahora que se liquida el costo es mayor en términos económicos, financieros, de personal, etc. justo en esta coyuntura en que, por efecto de la pandemia, ha aumentado dramáticamente el desempleo, subempleo y el tamaño del sector informal.

Pero además, para agravar el deterioro en el mercado de trabajo, con la circular MEF-VGF-2020-0003-C, de Abril 16 de 2020, del Ministerio de Trabajo,  instruye que se debe concluir los contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales de hasta marzo de 2020; en las entidades que se cierren, fusionen o se de una absorción se optimicen los contratos de servicios ocasionales y terminación de la relación contractual de puestos del nivel jerárquico superior, y no se llenen vacantes. En el mismo Ministro de Salud declaró que ya se despidieron 2279 empleados administrativos con contratos ocasionales de un año. En suma, se reduce el sueldo a los burócratas, cuando antes se había perdonado 4000 millones por multas y sanciones tributarias a empresarios, se despide a miles de las empresas e instituciones públicas y con la ley de ‘’apoyo humanitario” se estableció la flexibilidad laboral que además de despidos permite la reducción de las horas de trabajo de los empleados privados y, para agravar la situación, se decretó la liberalización de precios de gasolinas y diésel, lo que implicará que ésta variará según los cambios del precio del petróleo, lo que tendrá efectos en la inflación. Todo esto está incluido en el nuevo convenio con el FMI, que representan el condicionamiento a la política económica para que este organismo siga concediéndole crédito al país. En síntesis, el peso de la crisis la pagaran trabajadores y empleados privados, los burócratas y la población en general (por alza de precio de combustibles e inflación). Esto último será analizado en el próximo artículo.

La Asamblea aprobó dos proyectos de ley económicos urgentes. Uno, de “apoyo humanitario” que establece una reforma laboral, concordato, acuerdos privados de pagos y diferimiento de créditos. Dos, la del reordenamiento de las finanzas públicas que reafirma la autonomía controlada de los institutos de seguridad social, reduce el nivel de superministerio del MEF, da mas importancia al plan de desarrollo y a su secretaría técnica, una serie de reglas fiscales y límite a la deuda pública. En este artículo analizo los temas claves de ambos proyectos. Del segundo, se excluyen los 3 últimos temas que se analizarán en el siguiente artículo.

El proyecto de  “apoyo humanitario” fue aprobado con cambios y porque el gobierno solicitó eliminar las contribuciones que se pretendía cobrar a empleados públicos, privados y a empresas. Se introduce la flexibilidad laboral mediante 4 nuevas formas de contratación, reformando el Código de Trabajo. Primero, mediante acuerdos entre trabajadores y patrones que puede implicar cambio salarial. Segundo, el contrato especial emergente, con reducción de hasta 20 horas de trabajo semanales,  distribuidas en 6 días (que incluiría fines de semana), con lo que el patrono no pagaría horas suplementarias, contrato que puede durar hasta 4 años. Tercero, reducción emergente de la jornada que puede ser hasta del 50%, lo que implica reducción del ingreso del trabajador y el contrato puede durar hasta 4 años. Cuatro, el teletrabajo, una nueva modalidad, que implica que el empleado puede realizar el trabajo desde su casa y puede implicar reducción del sueldo. Estos nuevos contratos constituyen una reforma laboral que debe estar incluida en el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el FMI.

Dicho proyecto también incluye el concordato, una especie abreviada de quiebra, del que ya analizamos en el artículo anterior así como los acuerdos privados de pagos. Entre ellos de créditos educativos hipotecarios y de tarjetas de crédito de entidades no financieras. Y establece que a los que trabajen en la educación y salud pública, con contratos eventuales, se llame a concurso de méritos para que se les otorgue, con incentivos, nombramientos.

En el proyecto de reordenamiento de las finanzas públicas, para apaciguar las críticas que desató la eliminación de la autonomía del IESS, ISSFA e ISSPOL, se introdujo en la clasificación del sector público una nueva categoría: Entidades de Seguridad Social. Se reafirma las competencias de éstas establecidas en la Constitución y la ley, así como la autonomía de los GADs, BIESS y Banco Central (que se eliminaba en el proyecto anterior para acceder a los fondos de seguridad social). Se reconfirma que los fondos de los GADs y de las Entidades de Seguridad Social son propios de cada institución y distintos a los del fisco y que aplicación de esta ley no implicará ningún tipo de intervención o disposición por parte del gobierno central sobre estos fondos.

Los institutos de Seguridad Social también deberán cumplir con las reglas fiscales como que los ingresos permanentes financien gastos permanentes, metas, la de deuda (que implica límite de endeudamiento), de crecimiento de egresos, gastos, resultado primario total y resultado primario no petrolero y requisitos para financiar los de dichos institutos con el Presupuesto del Estado. También deben cumplir con las medidas preventivas y correctivas que ajustarán el gasto para el cumplimiento de los objetivos y reglas fiscales.  Esto le pone disciplina a dichos institutos y se crea el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, con varios integrantes, incluyendo a un representante cada instituto cuya función sería establecer condiciones, límites y correctivos y dilucidar sobre cumplimiento de reglas y metas fiscales. Aún más, se estipula que el gobierno actualizará la normativa secundaria, en un año, del fondo de pensiones y de salud relacionados con el aporte a estos del Presupuesto del Estado, lo cual puede implicar una variación en la asignación por tipo de fondo, y como se conoce que los fondos de pensiones y salud tendrían o tienen déficits actuales, en la disposición transitoria decima octava, se establece que los organismos directivos de los dichos institutos revisarán las resoluciones dictadas a fin de asegurar la sostenibilidad financiera de cada fondo. En otras palabras, podrán determinar cambios en ingresos (aportes) y gastos de los fondos señalados lo que puede implicar variación en prestaciones.

En síntesis la reforma laboral puede implicar afectación en derechos e ingresos de los trabajadores, pero como el gobierno eliminó la contribución a empleados, con los cuales esperaba recaudar más de 1000 millones, ahora cubrirá estos con el alza de las gasolinas, lo cual aumentará la inflación;  en los institutos de seguridad social medidas que corrijan el déficit, con lo que establece una autonomía vigilada, en el aspecto financiero, y reglas que le pongan disciplina fiscal a todos sectores e instituciones componentes del sector público financiero y no financiero y a los institutos de seguridad social.