El país sufrirá este año una gravísima crisis económica de su historia, reflejada en la más profunda caída de la producción; en lo social, habrá un aumento considerable del desempleo, pobreza e indigencia y, en lo humanitario, el fantasma del hambre y miseria se hacen visible que provocará el aumento de la violencia. El gobierno para enfrentar la crisis, arrastrada desde el 2019 y agudizada por la pandemia, ha optado por aumentar considerablemente la deuda externa e interna y mantiene profundos desequilibrios macroeconómicos como la iliquidez de la caja fiscal, déficit fiscal y balanza de pagos.

La proyección del FMI del crecimiento económico para este año es de -10.9% que revela cuan profundo será el deterioro de la economía. El Banco Central (BCE) estima que la caída del PIB estará entre  -7.3% y -9.6%, que se explicaría por un  -10% de la demanda agregada y, de sus componentes, la mayor contracción se daría en la inversión (-14%) y del consumo m-7.9% (-8.4% hogares y sector público -5.6%) así como un deterioro de la balanza de pagos. En el I trimestre el BCE proyectó una contracción de -2.4%  y estimó que en el período marzo-mayo la caída fue de -3.8%. En la monetización de las pérdidas, en valores corrientes, proyecta 6262 millones de dólares distribuyéndose en 84% para el sector privado y 16% para el público. Los 6 sectores más afectados, medido en millones, son: comercio ($1978), transporte ($ 666), turismo ($ 585), servicios ($ 579), industria ($ 550) y agropecuario ($ 358). La calificadora de riesgos Moody’s señala que el país no regresara a los niveles previos de la crisis hasta 2024.

Esta caída negativa del PIB, se refleja en el deterioro del mercado de trabajo. La tasa de desempleo formal en 2019 fue de 3.8% y entre marzo – mayo de 2020 el desempleo aumentó 4.4% o sea 335413 desempleados más. Los sectores con mayor desempleo serían: comercio (105500), transporte (43.800), manufactura (36700), actividades profesionales (27900), construcción (25000) y alojamiento y servicios de comida (19200). El INEC reveló que a Junio de 2020 la tasa de desempleo alcanzó 13.3%  (mas de un millón de desempleados) mientras que en ese mes del año pasado solo fue de 4.4% y la de empleo adecuado, en el mismo período, pasó de 37.9% a solo 16.7%, reflejando el fortísimo deterioro del empleo por la pandemia. Estas cifras guardan coherencia con los datos reportados tanto por el Ministerio de Trabajo que señaló que, en la pandemia, se terminaron 289258 contratos y, en tanto, el  IESS que establece 270638 desafiliaciones. Un funcionario del IESS declaró que, desde marzo de este año, obtuvieron el seguro de desempleo 28429 personas. Sin embargo, para medir el deterioro del mercado de trabajo, falta incluir el sector informal urbano con el más de un millón de trabajadores informales que aumentaron, sin duda, durante la pandemia.

El efecto humanitario de la pandemia en América Latina va a ser el aumento de la pobreza, como lo señala la CEPAL, que pasará de 185 a 231 millones, o sea un incrementó de 45 millones de pobres, siendo ahora 37% de la población de la región. Pero también se incrementará la extrema pobreza en 28 millones, que representa el 15.5% de la población. El Ecuador, por efectos de la pandemia, tendrá mayor pobreza y más gente en la extrema pobreza. No hay cifras oficiales al respecto.

Para aliviar la iliquidez de la caja fiscal el gobierno optó por la renegociación parcial de la deuda externa alcanzando una rebaja de 1540 millones en el capital, menor tasa de interés y mayor plazo de pago. Sin embargo, si analizamos los precios de mercado de los bonos ecuatorianos, en tiempos de pandemia, mucho mejor hubiera sido recomprarlos. El resultado de la renegociación implica menos pago del servicio de la deuda quedando libre recursos para otros rubros. El gobierno le debe a los institutos de seguridad social, a los GADs, al Banco Central, proveedores, etc. Sin embargo, ya el presidente del directorio del IESS declaró que podría recibir bonos del gobierno como pago de su aportación del 40% de las contribuciones del estado para el pago de las pensiones. Aquí queda claro que, en el pago de la deuda interna, no son prioridad los jubilados.

El presidente declaró que el déficit fiscal de 2020 sería de 12% del PIB, lo que revela la necesidad de financiamiento del gobierno. Si bien entre enero-mayo, de este año, hay un superávit comercial de 877 millones de dólares, es posible de acuerdo con el Banco Central que se mantenga el mismo.

En síntesis, 2020 será el año de la más grave crisis de la historia del país pero no solo económica –revelado en los indicadores señalados- sino que será también social y humanitaria con más desempleo, subempleo, un mayor sector informal y mayor pobreza, extrema pobreza, hambre y violencia.

Después de haber perdonado – por más de 4000 mil millones en intereses y multas- por la remisión fiscal a las empresas, la aguda iliquidez fiscal ha conducido a una situación en que el gobierno le debe a todo el mundo. El poder aliviar el flujo de la caja fiscal depende crucialmente de la renegociación de la deuda externa, de nuevos ingresos y recortes fiscales y la evolución de la economía. Un empeoramiento de estas tres variables conducirá a una elevación de los retrasos del gobierno y una situación financiera insostenible.

En un artículo anterior señalé que, hasta Mayo de 2020,  los atrasos del gobierno con el IESS, GADs, proveedores y Banco Central alcanzaban 7.565 millones de dólares y la deuda interna llegó 13.991 millones de dólares. Desde Marzo, de este año, la iliquidez fiscal se agravó por la pandemia –con la consecuentemente casi paralización de la actividad económica-  que redujo los ingresos del gobierno. A tal punto que, según el Presidente, el déficit fiscal para 2020 se estima un 12% del PIB. El gobierno ha paliado, la iliquidez fiscal, con mayor endeudamiento externo –a tal punto que la deuda externa alcanza 41.564 millones de dólares- y atrasos.

El no haber realizado el ajuste a tiempo complicó aún más el escenario por lo que el gobierno comenzó a recortar la inversión pública y el tamaño del estado para reducir el gasto público. Los afectados fueron los sectores de salud, educación, la seguridad social y los GADs, lo que ha implicado sacrificar el bienestar social. El gobierno ha priorizado el pago de la deuda externa para abrir el camino a la renegociación de ésta. Como señalamos en otro artículo, el gobierno espera una reducción del capital, de los intereses y una ampliación del plazo. Para aliviar la iliquidez fiscal es crucial que la renegociación de la deuda externa sea exitosa para lo cual se requiere el visto bueno de los tenedores de 9 de los 10 bonos en renegociación y 66% en promedio de dichos bonos. El bono 10 tiene la condición que debe ser aprobado por el 75% para su reestructuración. En la primera semana de Agosto, de este año, se conocerá cual es la decisión de los tenedores. La renegociación tiene el apoyo del FMI que a cambio exigirá la aplicación de reformas estructurales: reforma laboral, reforma al Banco Central, mas reforma al sector público, privatización de empresas e instituciones públicas financieras y no financieras, etc.

A tal punto ha sido el nivel de iliquidez de la caja fiscal que los sueldos de los empleados públicos se  retrasó hasta un mes. Y aún más se les rebajó el 20% de sus sueldos, que son los que han pagado parte de la crisis. Al mes de Julio de 2020 tal ha sido el ahogo fiscal que el gobierno decretó el pago anticipado del Impuesto a la Renta del año 2020 a las grandes empresas. Es conocido que los sectores que más han ganado, con la pandemia, han sido los sectores de comercialización de bienes de la canasta básica –supermercados y comisariatos- la banca y de salud. Ya declararon los dirigentes de las Cámaras Empresariales que se oponen a dicho decreto. No es nuevo impuesto, sino un adelanto de del Impuesto a la Renta. Si apoyaron, en cambio, la remisión fiscal que los beneficio.

En cuanto a la evolución económica, ya el FMI proyectó una contracción de la economía de 10.9% para el 2020 con lo cual además del grave problema social del desempleo, pobreza y hambre el gobierno seguirá con ingresos tributarios disminuidos, por lo que el gobierno ha puesto su mira en la renegociación de la deuda externa que permitirá reducir el pago del servicio de la deuda –capital e intereses- que posibilitaría liberar recursos para otros sectores. ¿Cuál será la prioridad de gasto –en este escenario- del gobierno? La crisis económica continuará y podrá atenuarse si se produce una vacuna para el COVID, como ya lo han señalado organismos internacionales. Por otro lado, dado el desempleo formal, por los despidos en la pandemia, ha llevado que se acumulen deudas bancarias, comerciales e hipotecarias que aumentaría la morosidad en el sistema financiero que podría aumentar su riesgo de liquidez y de otros tipos de riesgo.

En síntesis, la ilíquidez de la caja fiscal podría atenuarse si hay una exitosa renegociación de la deuda externa, mientras que el riesgo de liquidez del sistema financiero privado y público –BIESS y CFN- puede disminuirse con adecuadas medidas pero lo difícil será combatir el hambre que- si no se toman medidas a tiempo- puede desencadenar en una explosión social –al modo chileno- con graves consecuencias para la sociedad ecuatoriana.

Luis Rosero M.

A los diferentes casos de corrupción, ya señalados en artículo anterior, se suma ahora el robo de las ayudas públicas (bonos sociales) en tanto que a los empleados públicos no se les pagan sus remuneraciones a tiempo, al igual que a los médicos postgraduados, a los GADs y a los proveedores. Esto muestra las prioridades que tiene el gobierno en cuanto al manejo del presupuesto y crisis.

En un artículo anterior, sobre el tema de la corrupción, dije: “A los anteriores casos de corrupción con sobreprecios en mascarillas, en fundas para cadáveres de los fallecidos por coronavirus, en los kits alimenticios para pobres, en insumos médicos, etc. en hospitales públicos, en Municipios y en Prefecturas, etc. ahora se suma la obtención irregular de carnet para discapacitados que permitió importar vehículos de alta gama con exoneraciones tributarias reflejan que los niveles de corrupción han aumentado y, al parecer, ésta campea en varios campos de la administración pública. Lo grave es que, según parece, hay bandas organizadas que están relacionadas, de acuerdo a las denuncias y detenciones, con altos funcionarios públicos, asambleístas, asesores de éstos, jueces, deportistas, etc. Es un panorama desolador, pues aprovechándose de las funciones públicas, han destrozado la ética y moral pública y, lo más grave, aprovechándose de la emergencia sanitaria, mientras la gente moría en las calles y hospitales por el coronavirus. Más aún hay acusaciones de habría un reparto de hospitales públicos a los asambleístas y, aún más, se ha denunciado que la obtención de ciertos cargos públicos están ligados a la aprobación de proyectos de ley.”  Además ahora se han cobrado por falsos beneficiarios las ayudas públicas, principalmente los bonos de desarrollo humano, bono de desarrollo humano para la extrema pobreza y bonos para discapacitados. El Universo reporta “El monto a recuperar ascendió a $ 872.200 y, en el 2019 se calculó en 900.279 y la de este año suman casi $ 2 millones, dinero que no llego a los beneficiarios”. En este nuevo caso de corrupción están acusados funcionarios públicos y de instituciones financieros. Es increíble el nivel de corrupción que se ha llegado, el robo de la ayuda social a pobres y discapacitados rebasa el límite de la moral y ética de, al parecer, una banda bien organizada que muestra el grado de miseria humana. Son unos miserables.

Por otro lado, a los empleados públicos no se les paga todavía el sueldo de Junio, o sea casi un mes de atraso, y, más aún, médicos postgraduados que trabajan en hospitales públicos no se les paga desde Octubre del año pasado, según Televistazo. A los GADs se les adeuda sus asignaciones y devolución del IVA mientras que los proveedores siguen esperando se les pague y ahora el gobierno ofrece cubrir sus obligaciones con bonos. Según El Comercio, hasta mayo de este año, los atrasos suman 2.153 millones a los que se agrega la deuda al IESS, que a Julio de 2020, ascendía a 1.336 millones (solo de este año) y al Banco Central por $ 4.076 millones todo lo cual suma $ 7.565 millones. Esto ha provocado que aumente la deuda interna a 13.991 millones de dólares.

Si bien es cierto que, con la pandemia, bajaron los ingresos tributarios, el gobierno ha compensado esta caída con más deuda externa e interna, pero es claro que en el manejo de la política de gasto ha priorizado el pago de la deuda externa. Sin embargo, con la renegociación del 40% de esta se suspendió el pago de la misma hasta que ésta termine,  resulta explicable que no pueda pagar a los empleados públicos, porque se sigue pagando la deuda externa correspondiente a organismos internacionales y de gobierno a gobierno.

Es claro que hay una iliquidez de la caja fiscal pero también que la prioridad es el pago de la deuda externa siendo afectados los empleados públicos que además que no les paga a tiempo sufrieron un recorte del 25% de sus sueldos y ahora también están impagos los médicos postgraduados que trabajan en hospitales públicos que son parte de la primera línea en la lucha contra la pandemia. Ellos son los que están pagando parte del costo de la crisis así como los empleados y trabajadores privados que han sido despedidos. El IESS reporta que entre marzo y junio, de este año, se desafiliaron 270.638. Y, al parecer, se vienen más impactos financieros y económicos pues ya se anuncia un cambio en el sistema de fijación de las tasas de interés, que podría implicar la liberalización de éstas.