Luis Rosero M.

El Presidente del Directorio del IESS ha planteado las medidas para superar la crisis financiera del IESS que son las típicas que toman la mayoría de los gobiernos. Los aspectos fundamentales son que las medidas se basen en estudios técnicos y no carguen la mayoría del financiamiento del déficit del IESS al afiliado. En este artículo trataremos sobre algunas causas de la problemática del IESS y las medidas planteadas para superarla.

La crisis financiera del IESS es estructural y viene de muchos años atrás. La situación actual es que además hay otros problemas agravantes de dicha crisis. En efecto, se suman la corrupción en la compra de medicamentos, la escasez de medicina para atender a los pacientes de sus hospitales, servicios que se prestan sin el debido financiamiento, el haberse constituido en la caja chica de los gobiernos, obligación a realizar inversiones en títulos del gobierno, problemas de gobierno corporativo, etc. Con la pandemia, iniciada en Marzo de 20210, se agudizó dicha crisis. Así, la fuerte contracción de la economía de 7.2% del PIB generó despidos de empleados y trabajadores del sector privado y público, lo que disminuyó el número de afiliados, que todavía no los recupera, llevando a una caída de los ingresos del Instituto, a lo que se agrega los casos de corrupción en la compra de medicamentos y robos de estos, etc. En síntesis, la crisis financiera se revela en los déficits del fondo de pensiones y el de salud. Para enfrentarla, los gobiernos han tomado medidas parches para tratar de enfrentar la situación.

Las propuestas de medidas se pueden agrupar en tres grupos. Una, planteada por el Presidente del Directorio del IEES. Dos, otra que aspira a su privatización. Tres, una intervención estatal. En la primera, dicho directivo, propone cuatro medidas: aumentar la edad de jubilación, cambiar la metodología para el cálculo de la pensión jubilar, elevar el aporte y revisión del aporte del estado al IESS. En la lógica de dicho funcionario, la mayor esperanza de vida justifica en el aumento de la edad de jubilación. Para cambiar la metodología del cálculo de la pensión plantea que no solo sean considerados los 5 mejores años de ingresos de los afiliados sino hasta 10 e inclusive 15. Otra medida, sería aumentar el aporte de los afiliados. Finalmente, propone que el aporte del estado al IESS se realice como un porcentaje del PIB. Al ser este variable, cada año, el aporte no sería fijo. Actualmente, el gobierno está obligado a aportar el 40%, que significa alrededor de 1400 millones de dólares, sin embargo entrega una parte inferior a este valor, que incluye al actual gobierno. Las tres primeras medidas afectan a los afiliados y, con la última, se pretende que el estado aporte menos a lo establecido actualmente.

En cuanto a la gobernanza del IESS, la OIT plantea una estructura directiva que incluya a trabajadores, jubilados y empleadores. Actualmente, dirige el directorio un presidente cuyo nombramiento es influido por el gobierno. La gobernanza es fundamental para la toma de decisiones que garanticen la autonomía e independencia del IESS.

En la medida que el presidente del Directorio del IESS sea un representante del ejecutivo seguiría la práctica de que el IESS continue como una caja chica del gobierno, sea inversor cautivo (inversiones con papeles del gobierno) y que éste no aporte la cuota del 40%. Si bien es necesario tomar medidas para afrontar la crisis, estas deben ser en base a estudios actuariales, y, por otro lado, basado en estudios técnicos, que aseguren que no se le cargue el financiamiento de la crisis a los afiliados, que el estado no rehuya su responsabilidad de financiar al IESS y sean medidas racionales desde el punto de vista financiero y económico.

Luis Rosero M.

El gobierno ensambla su modelo económico basado en la apertura de la economía al mundo, la vigencia del mercado libre, incremento de la competitividad, el sector privado como motor de la economía, la reforma del estado, etc. lo cual se complementa con una institucionalidad económica funcional a dicho modelo. Para ello esta aplicando reformas estructurales y políticas de ajuste (fiscal y de Balanza de Pagos) que están comprometidas en los acuerdos crediticios con el FMI y el Banco Mundial. Analizaremos las que ya se han implementado.

Estos organismos internacionales parten del principio que primero hay que reducir los desequilibrios macroeconómicos y estabilizar la economía. Para ello se preocupan de reducir el déficit fiscal, mediante una reforma tributaria, y el desequilibrio negativo de Balanza de Pagos. Para lo primero aplican una reforma tributaria y, para lo segundo, una reducción de la demanda agregada. Varias son las reformas (cambios institucionales en la economía) para implementar el modelo.

La reforma tributaria está contenida en la ley de desarrollo económico y estabilidad fiscal, que contiene cambios en el Impuesto a la renta, creación de contribuciones, eliminación del IVA y el ICE para algunos artículos, supresión del Rimse y su reemplazo por un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, y el establecimiento de un régimen impositivo temporal para los activos en el exterior.  En artículos anteriores ya hemos tratado este tema, cuyo objetivo central es ir reduciendo el déficit fiscal hasta eliminarlo en 2025.

La apertura de la economía al mundo, se lograría con la reforma comercial vía la celebración de Tratados o Acuerdos de Libre Comercio (TLC) con varios países. Ya se anunció la firma de uno con México, en Marzo de este año, que se celebraría por el interés del gobierno de entrar a la Alianza del Pacifico. El problema principal con este tratado es que las dos economías no son complementarias, pues México exporta algunos productos primarios similares (camarón, cacao, banano, mango y otras frutas) y, por otro lado, tiene una economía con mayor desarrollo industrial que provocaría impacto en sectores textil, calzado, vehículos, etc. Con Chile, el Senado ratificó un acuerdo comercial. En su reciente viaje a China, se firmó una nota de entendimiento para un TLC. Se aspira concretar otros con Rusia, EE.UU., Canadá, Corea del Sur y países centroamericanos. Los TLC buscan aumentar las exportaciones ecuatorianas, principalmente primarias, lo que puede implicar la reprimarización de la economía. Y el otro riesgo de estos tratados es que la apertura tendrá efectos sobre algunos sectores económicos del país.

Para que el sector privado se convierta en el motor de la economía, se requiere la vigencia plena del libre mercado y una reducción del tamaño del estado. Moreno comenzó a implementarla al decretar el ajuste mensual de los precios de los combustibles, en Marzo de 2020, que siguió vigente con Lasso pero debido al aumento constante de dichos precios decidió congelarlos. Además busca que, en el mercado monetario el costo del dinero se establezca en función de la oferta y demanda de dinero.

De acuerdo con el gobierno, el incremento de la competitividad externa se basa en la reducción de los costos empresariales. Un primer paso fue la reforma arancelaria, de agosto de 2021, que redujo los aranceles para insumos, materias primas y bienes finales, lo cual disminuyó el costo de importación de los primeros para los sectores productivos. Otro paso en esa dirección fue la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas, de diciembre de 2021, mediante decreto que establece la rebaja de 0.25% durante 2022 hasta dejarlo en 4%. A eso se agrega, el tratar de reducir las tasas de interés. Para ello, aprovechó la contrarreforma monetaria que llevó a cabo Moreno, con la ley de Defensa de la Dolarización, de Mayo de 2021, en la que se establece un cambio institucional en el BCE devolviendo su autonomía y estableciendo nueva gobernanza en lo monetario y financiero con dos organismos reguladores. La Junta de Política y Regulación Monetaria, y, la Junta de Política y Regulación Financiera.  Esta última modificó la forma de cálculo de las tasas de interés en base a una metodología elaborada por el BCE. El gobierno tiene la intención de reducir dichas tasas para reducir el costo financiero a las empresas. Este tema ya lo tratamos en un artículo anterior y en los siguientes continuaremos con las otras reformas estructurales que se están preparando para ser enviadas a la Asamblea como proyectos de ley.

Luis Rosero M.

Los hechos muestran que hay una crisis de seguridad interna en el país que se expresa en violencia, delincuencia y criminalidad en las principales ciudades del país, que tiene atemorizada a la población, provocada por algunas causas y, ante eso, es fundamental preguntarse ¿hay una política de seguridad interna y los medios e infraestructura para sostenerla y reducir la criminalidad y la delincuencia organizada para reducir la inseguridad ciudadana?

Entre las causas de la violencia y criminalidad están el desempleo, pobreza, hambre, inmigración, narcotráfico, etc. En Guayaquil, en el Enero de 2022, las muertes violentas se han triplicado en relación al mismo período del año anterior. A ello, hay que agregar que la semana pasada se registró una balacera en la Penitenciaría del Litoral que hizo recordar las masacres en las cárceles del país y, en particular, en Guayaquil y, por otro lado, el femicidio. Respecto a lo primero, el gobierno lo atribuye al narcotráfico por el incremento del sicariato. El femicidio, en cambio, está relacionado con el abuso en la relación de pareja, machismo, etc. Sin embargo, la criminalidad y la delincuencia no solo tiene origen en esa causa, tenemos que se registran asaltos, robos, etc.

En el programa Políticamente Correcto (30/01/2022), Saudia Levoyer planteó que el gobierno lleva 8 meses en el poder y, al parecer, por la crisis de la seguridad interna, recién va a diseñar una política en este campo y, por otro lado, que falta una efectiva contrainteligencia policial (quienes en el estado colaboran con los criminales). Al parecer, el gobierno está diseñando una estrategia de seguridad interna basada en la represión y prevención de la criminalidad utilizando la inteligencia policial para detectar a las bandas criminales y delincuenciales. También se prevé la coordinación con los gobiernos autónomos, específicamente los municipios.

Las primeras acciones del gobierno, a esa crisis de seguridad interna, fue enviar 1000 policías a Guayaquil, cambio en la Comandancia de la Policía y envío a la Asamblea un proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Respecto a este Mauro Andino, que participó en el programa señalado, señaló que la presunción de inocencia del policía e instrumentos para verificar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía ya están establecidos en la Constitución y COIP, o sea ya hay normas legales establecidas respecto a esos temas y dicho proyecto al parecer desconoce.

Pero un elemento clave, según los expertos, en la crisis de seguridad, es dotar a la policía del equipamiento técnico y operativo, logística, herramientas tecnológicas, capacitación para cumplir su labor, mantenimiento de sus equipos de seguridad y apoyo, salud y bienestar policial etc.

Respecto a lo primero, es muy importante el equipo de comunicación. En Septiembre de 2016, el Ministerio de Interior renovó un convenio con Motorola para la venta de equipos de comunicación e infraestructura para el funcionamiento de la Red Nacional Troncalizada que permitía, a nivel nacional, la conexión entre los miembros de la policía para cumplir con su tarea. Desconocemos si se renovó tal contrato. Si no fue así, habría problemas de comunicación entre los miembros policiales. También es importante de dotarla de un sistema de cámaras y drones para que realicen la vigilancia. En este punto, es básico contar con el acceso a las cámaras y comunicación con el servicio del 911 así como el sistema de vigilancia con cámaras del Municipio de Guayaquil. El equipo de apoyo como vehículos, repuestos, complementos y el mantenimiento son fundamentales para su tarea. Este Municipio entrega camionetas, pero al parecer después no hay recursos para mantenimiento, combustible, repuestos, etc. por lo que dificulta la tarea policial. Así mismo, se dota a los policías de chalecos, armas y balas pero no en cantidad suficiente, por lo que el personal corre riesgo. Finalmente, hay que proveer de vivienda fiscal (casas) para que el personal pueda vivir en la ciudad asignada y finalmente contar con servicios de salud que permita la atención médica, medicamentos y hospitalización. Con los problemas que tiene el ISSPOL, por sus inversiones fallidas en el mercado de valores, dicha atención tiene restricciones. Por ello, el gobierno tiene que asignar los recursos necesarios en el presupuesto para que se entregue todo lo necesario a la policía para que cumpla su labor.

Pero es fundamental que, haya control ciudadano, para que el equipamiento policial no se utilice, en las protestas sociales, como instrumento de represión letal y de ahí, que es muy importante, normar claramente el uso progresivo de la fuerza. Así mismo, debe haber control y vigilancia de la población para que tampoco se convierta en un instrumento de uso político. Es importante también la colaboración comunitaria para que el órgano policial cuente con la información de los delitos que se cometen en el barrio, se siga manteniendo e instalando el botón de pánico y exista coordinación de los barrios para enfrentar los delitos comunes. Así mismo, mientras no se pueda generar suficiente empleo, persista el hambre y la indigencia, habrá más delincuencia común, por ello es necesario una política de reactivación, sin afectar los derechos laborales, y, por otro lado, una política social para reducir la pobreza, el hambre y la indigencia. La crisis de seguridad debe ser una voz de alarma para las élites, pues si continua con su visión miope de explotar más y acumular sin medida va a seguir aumentando la concentración del ingreso y riqueza así como la desigualdad lo que es calda de cultivo para un estallido social. Una muestra de ello es lo que pasó en Chile con el modelo neoliberal y que terminó con la rebelión social y el triunfo de un gobierno de izquierda.

Luis Rosero M.

La inseguridad aumenta por la ola de violencia, a lo que se agrega el alto nivel de positividad de las pruebas covid que aumenta el número de muertes en exceso y a la vez la estación invernal en la costa  completan el cuadro de aumento de la mortalidad en el país.

El aumento de los crímenes violentos, robos y asaltos, sobre todo en Guayaquil, esta generando un temor generalizado en la ciudadanía. El gobierno atribuye el fenómeno a la disputa territorial de los grupos que realizan el microtráfico de drogas. Para enfrentar la situación, el régimen se vio obligado a enviar a las fuerzas armadas (ejercito) a patrullar las calles y, por otro lado, entregó a la Asamblea un proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública que incluye el uso progresivo de la fuerza, la coordinación entre la policía y las fuerzas armadas, mecanismos para deben a los miembros de la fuerza pública que tenga que utilizar las armas para enfrentar a la delincuencia, reformas legales para llenar vacíos que limitan el accionar de dicha fuerza y mecanismos para mejorar la administración y control de las cárceles. El riesgo del proyecto es que el uso progresivo de la fuerza se utilice para enfrentar las protestas sociales. Lo cierto es que la violencia en las cárceles ha aumentado así como en las calles, por lo que la población esta realmente asustada y con miedo pues, al menos en Guayaquil, Durán y Samborondón, no se está seguro en ningún sitio.

Además, en 3 provincias de la Costa y en Quito, el nivel de positividad de las pruebas covid es alto aumentando el número de muertes por la pandemia. Así, en Guayas, Manabí y Los Ríos aumentaron las muertes en exceso, en 533, entre el 9 y 15 de Enero. En la primera provincia, la prensa reporta que los fallecidos por arriba del promedio, llegaron 20 diarias. Dada esta información, no se comprende porque el gobierno presionó al COE para que acepte un 50% de aforo para el partido, en Quito, de las eliminatorias Ecuador-Brasil, que antes había resuelto que se juegue sin público. Así, mismo se autorizó que el espectáculo de Barcelona Sporting Club denominado la noche amarilla contara con 50% de aforo. Estos dos eventos, sin duda, generarán mas nivel de contagio y más muertes por covid. También no es compresible que, en la misma ciudad el Ministerio de Educación insista que se convoque a clases presenciales voluntarias en escuelas y colegios, pues es fuente de contagio e incidiría en un mayor numero de muertes por la pandemia. De ahí que resulta lógico que la alcaldesa de Guayaquil haya decidido clausurar los locales docentes que recibieran a estudiantes para las clases.  

A pesar del pronostico del NOAA, organismo atmosférico de EE.UU. ha anunciado que, con un 87% de probabilidades, se presente la Niña, entre diciembre y febrero de 2022, causando sequia en la costa, sin embargo, en Guayaquil, en la última semana, ha habido precipitaciones equivalentes a un mes, lo mismo ocurre en Durán; en Quevedo (Los Ríos), se declaró emergencia por aumento de caudal de ríos en varias localidades del cantón Urdaneta y en la provincia de Cotopaxi hay inundaciones en cuatro de sus cantones. Esta situación se repite todos los años en el país, causando daños a la infraestructura y enfermedades relacionadas con la estación invernal como el dengue, chikunguña y otras que además de causar estragos en la salud puede llevar a la muerte de los picados por los mosquitos transmisores de enfermedades.

En síntesis, hay un agravamiento de la mortalidad en el país por el mayor número de víctimas por la violencia, por el contagio del covid y también por las generadas por el mosquito aedes aegypti. Es un agravamiento de los problemas sociales que tiene atemorizadas a la población y que el gobierno debe actuar rápido y con eficacia para frenar la mortalidad, por estas causas. Hay que proteger la vida la población a toda costa. 

Luis Rosero M.

Los shock externos e internos influirán en el nivel de crecimiento económico del país de 2022. Los riesgos, en lo económico, están relacionados con el mayor endeudamiento externo y el mayor deterioro de las condiciones de vida, que puede dar lugar a tensiones sociales.

En cuanto a los shocks externos: la caída del crecimiento de la economía mundial y el aumento de la tasa de interés por la FED. Respecto al primero, el BM proyecta, de una tasa de 5.5% en 2021 se alcanzaría solo 4.1% en 2022 y para A. Latina proyecta una fuerte caída al pasar de 6.7% en 2021 a un escuálido 2.6% en 2022, lo que refleja la grave contracción. Como efecto de esto, el impacto en nuestro país sería, principalmente, una reducción de las exportaciones y caída de las remesas.

Entre Enero – Noviembre de 2021, las exportaciones totales alcanzaron 24166 millones mientras que las importaciones llegaron a 21517, dejando un elevado saldo positivo de la balanza comercial. Las ventas externas aumentaron sobre todo por las exportaciones petroleras, por el alza del precio del petróleo, mientras que las exportaciones primarias subieron, sobre todo de camarón. En consecuencia, podrían reducirse principalmente, en 2022, las exportaciones no tradicionales; las petroleras se verían afectadas en su precio.

Hay la posibilidad de la FED aumente su tasa de interés, lo incidirá en mayores tasas de intereses internacionales, lo que llevaría a un elevamiento del costo del endeudamiento externo. El gobierno, requiere 4800 millones de financiamiento externo para el presupuesto de 2022, lo que significará mayor pago de interés y, en consecuencia, incidirá en el déficit fiscal.

La otra variable, afectada por el shock externo, serían las remesas. En 2021, éstas alcanzaron un nivel récord llegando a 4000 millones, la disminución de la económica mundial llevaría a que, en 2022, se reduzcan por debajo de ese nivel, disminuyendo la posibilidad de que contrarresten el aumento de la pobreza.

Respecto a los shocks internos tendríamos la posibilidad de ocurrencia del fenómeno de la Niña, la continuación del covid, con su variante ómicron y el ajuste. Respecto a la primera, NOAA, organismo atmosférico de EE.UU. ha anunciado que, con un 87% de probabilidades, se presente la Niña, entre diciembre y febrero de 2022, en consecuencia, generando sequía en A. Latina. Esto afectaría, la agricultura en la costa ecuatoriana.

La variante ómicron, en lo que va del año, ya esta causando estragos de la población aumentando los contagios y el número de muertos. Las autoridades han tomado medidas restrictivas prohibiendo eventos públicos, exigencia de carnet de vacunación a centros comerciales y disminuyendo el aforo en locales comerciales, en el transporte, etc. lo que incidirá en un menor nivel de actividad económica. Y, si se aplica el ajuste en 2022, acordado en el programa de Servicio Ampliado con el FMI, la disminución del crecimiento sería aún mayor.

El Banco Central estima que el crecimiento económico caería a 2.5% en 2022 que, con el 3.5% estimado en 2021, implica una disminución del 1% de la actividad económica. Si bien, hubo una recuperación en 2021, está proyección para 2022 tendrá sus efectos en el mercado de trabajo, con menor nivel de empleo, aumento del subempleo y la informalidad. En lo social, se registraría un deterioro del nivel de vida de la población más necesitada, aumentando los niveles de pobreza, hambre e indigencia.

Ante esta posibilidad de menor crecimiento de la economía en 2022, le toca al gobierno actuar. Ha puesto su énfasis en mayor privada extranjera y nacional, pero ésta aún no responde al nivel requerido. Es necesario, en consecuencia, medidas para incentivar la demanda agregada interna, para compensar la caída del crecimiento económico en 2022. Y, por otro lado, actuar compensando el deterioro del nivel de vida, pues de lo contrario se agravará la situación social que podría generar una repuesta de los afectados y protestas de organizaciones sociales.