Luis Rosero M.

El rechazo de una mayoría de la Asamblea del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, es una derrota política para el gobierno para su forma de incentivo a inversiones en base a maquila, asociación público-privados y financiamiento a través del mercado de valores. El régimen buscaba con el proyecto atraer inversión extranjera para lo cual se le otorgaba una serie de exenciones de impuestos.

Una forma de incentivar inversiones, del proyecto, es a través de zonas francas en la que se ejecutarían proyectos de inversión (industrial, servicios y de logística), principalmente por empresas extranjeras. Estas son un recinto aduanero donde ingresan insumos, materias primas y maquinaria, exonerados de impuestos al comercio exterior, y que se utilizarán para producir bienes y servicios que luego son reexportados. Para atraer a dichas empresas se las exonera de impuestos a la renta (IR) por 10 años, después se les rebaja 10% en el IR por los siguientes 10 años, se exceptúa del ISD y del IVA a la importación de insumos, materias primas y maquinaria. Además, se garantiza la estabilidad tributaria y en caso de controversias se permite el arbitraje nacional o internacional. Las empresas que se instalen generarían empleo pero, probablemente,  en otras condicione, a las que rigen en el Código de Trabajo, que estarían delineadas en la reforma laboral del gobierno.

Otra forma de atraer inversiones es a través de la gestión delegada o sea la concesión de los activos del sector público sobre todo en los sectores estratégicos así como de servicios públicos. En los primeros, se busca entregar la gestión al sector privado la energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua.  En servicios públicos, sería en vialidad, puertos y aeropuerto, infraestructura hospitalaria y educativa, vivienda, deportes y cultura. Esta forma de generar inversión es entregarle al sector privado, con un contrato a largo plazo, la administración de los sectores estratégicos y servicios públicos de forma obligatoria. El problema de esta forma de incentivo de inversiones es que si bien hay posibilidades de que mejore la calidad y eficiencia, la mayor parte de las ganancias se la lleva el sector privado y, cuando toque revertir al estado los activos estos ya habrían cumplido con su vida útil. Además de eso hay falta de capacidad de regulación del estado para hacer cumplir las cláusulas de un contrato de concesión. En el caso de los servicios públicos, la experiencia chilena y argentina muestran como los precios de éstos crecían continuamente afectando la economía popular.

También el proyecto intentaba una transformación digital mediante un gobierno digital en el sector público ampliando transacciones, servicios, certificados, etc., que se realizaban físicamente se harían vía digital y también en el sistema financiero que digitalizó muchas transacciones que antes se realizaban personalmente. Se trata de modernizar las transacciones comerciales y económicas para que gradualmente se realicen digitalmente, como en el caso de los bancos, que implican riesgos como el phishing y otrosy, en la empresa privada, se le daban herramientas para realizar las transacciones utilizando las vías digitales (firma digital, escrituras electrónicas, etc.).

Finalmente, el proyecto buscaba una reforma a ley de mercado de valores fortalecía la supervisión de este para evitar los delitos que se cometieron en el caso ISSPOL; se orientaba a un mejor control de las bolsas de valores y la integración de éstas a nivel nacional o internacional y se hacía mas exigente el control de los depósitos centralizados de valores y se pretendía crear uno con la asociación público-privada.

Si bien el proyecto permitía crear empleo, lo hacía con una forma de inversión que, en el caso de las maquilas, podría derivar en precariedad laboral como lo muestra la experiencia internacional. En lo referente, a las concesiones el resultado es que la mayor parte de la torta se queda con el inversionista y la cubierta para el estado. En ambos casos, se trata de incentivar la inversión extranjera, qué si bien representa una alternativa, hay que darle paso también al inversionista nacional. En cuanto a la reforma de valores, es acertada la propuesta para tratar de impulsar el desarrollo de este mercado para que brinde un financiamiento alternativo al de la banca con mejores condiciones financieras y a largo plazo. Así mismo, impulsa la innovación tecnológica y de gobernanza de las bolsas regionales existentes así como a la integración de éstas. El mercado de valores ecuatoriano es pequeño para que existan dos bolsas y, por otro lado, la integración internacional de estas permitiría mayor competitividad e innovación y que dicho mercado cumpla con la función principal que es dar financiamiento a menor costo que el de la banca y a mayor plazo.

Luis Rosero M.

Del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, en éste artículo trataremos el segundo componente. La última reforma a la ley de mercado de valores fue realizada con Ley para el Fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil, publicada en el Registro Oficial No. 249 Mayo 20 de 2014 

En el proyecto se introducen varias reformas a la ley de mercado de valores, incluyendo cambios para prevenir los delitos que se cometieron en el caso ISSPOL, de las que trataremos las más importantes. En primer lugar, el organismo supervisor del mercado de valores que es la Superintendencia de Compañias y Valores dejar de supervisar el mercado de seguros. Se definen y amplían las funciones de ésta. En cuanto a la oferta pública primaria se establece que deberán constar en anotaciones en cuenta en un depósito centralizado de valores. Se cambia en nombre del Registro de Mercado de Valores por el de Catastro público del mercado de valores, en el que además agrega que deben registrarse los valores emitidos en el exterior que sean objeto de oferta pública en el país, los emitidos por emisores institucionales que se negocien en el mercado extrabursátil, etc.

Se hace más estricta las normas relacionadas con la emisión, inversión y desinversión del sector público en el mercado de valores que deberán realizarse, a través de subasta pública, en las bolsas de valores pero además se incluye cualquier plataforma transaccional autorizada por la Junta de Política y Regulación Financiera. Además, se propone que las entidades públicas podrán realizar intermediación de valores del Estado a través del mercado de valores.

En cuanto a la estructura de capital de las bolsas de valores, si bien se mantiene la figura de sociedad anónima, se aumenta la participación en su capital de 5 a 8% de cualquier accionista que puede ser individual o societario, nacional o extranjero. Estos es que ahora pueden tener mayor participación en su capital y se abre la puerta para que inversionistas extranjeros puedan ser accionistas de las bolsas. También se plantea la posibilidad de unificación de las bolsas de valores locales y admite la posibilidad de integración con una bolsa de valores internacional.

En cuanto a la duración de los miembros del directorio de las bolsas, se extiende su período de 2 a 5 años. Sin embargo, se elimina entre los requisitos para ser nombrado miembro se elimina el requisito de honorabilidad empresarial o profesión y cuenten los conocimientos y experiencia adecuada en materias relacionadas con el mercado de valores, lo que realmente es sorprendente dado lo que sucedió en la Bolsa de Valores de Guayaquil con el caso ISSPOL. Así mismo, se elimina la restricción de que los intermediarios de valores tengan una representación, en el directorio, mayor al 30%. O sea, hay posibilidades de control del Directorio sin límite.

Hay un cambio importante, pues hasta el momento en las bolsas de valores solo se pueden transar títulos, con el proyecto se la convierte además de una bolsa de productos (materias primas) y contratos derivados.

Otro aspecto importante, es que las casas de valores al ofrecer propuestas de inversión deben advertir al inversionista que en la orden de negociación deberá constar el perfil de riesgo del cliente y ha sido informado de los riesgos de su inversión. Esto es para evitar que a los clientes no se les sorprenda que se le recomienda una inversión sin tener la suficiente información de los riesgos que corre.

Luis Rosero M.

Del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, en éste artículo trataremos ésta última que, según el proyecto, busca establecer normas legales para el cambio digital en el sector público, privado y de la sociedad.

El proyecto aspira a incrementar el uso de plataformas, tecnologías digitales, las redes y servicios digitales para atraer inversiones e impulsar la economía digital para ello señala que el Ministerio de Telecomunicaciones será el rector de la transformación digital y gobierno digital.

La transformación digital utilizará tecnologías digitales que busca que los proyectos y ejecución  de servicios gubernamentales y del sector privado. En el del primero se espera mejoren en eficiencia, seguridad y transparencia en los servicios que preste a la ciudadanía. Para ello implementará el Gobierno Digital para la prestación de servicios digitales al público.

Para ello el gobierno, establecerá políticas y regulaciones públicas para la transformación digital, elaborará una Agenda Digital, capacitación en este ámbito y promoción para el uso de tecnología digital, de la información y comunicación en las actividades empresariales, de la sociedad civil y academia.

Este cambio implicaría que aumentaría los trámites digitales, que deben realizar los ciudadanos en las diferentes entidades del sector público, tanto del gobierno central como de en los GAD, de diversa índole. También implicaría que el sector público debe exigir la adopción de buenas prácticas en seguridad y protección de la información, sobre todo cuando contrate con proveedores de servicios tecnológicos. Ya ha habido casos en que la CNT y otras dependencias públicas y privadas han sufrido ataques informáticos lo cual ha implicado el robo de datos e información.

Como parte conexa al proyecto de ley, respecto al cambio digital, están las reformas a la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensaje de datos. En efecto, en el caso de estos últimos, en la que la ley permita modificaciones en el mensaje de datos, como endosos o sesiones deberá emplearse un método fiable que posibilite distinguir la modificación y la información antes de este cambio. Así mismo, para los poseedores de títulos valor electrónico debe utilizarse un método fiable. También, el cambio digital se relaciona con la reforma en la ley notarial que, además de aceptar las escrituras digitales, señala que los servicios notariales prestaran de manera física o telemática (videoconferencias) pero garantizando la seguridad de la actuación notarial. Además, se reforma el código General de Procesos que, entre otros cambios, señala a las personas naturales o jurídicas que hayan pactado en un contrato un domicilio electrónico para el caso de una citación se lo hará a través de su correo electrónico.

En síntesis, el gobierno busca ampliar la práctica de transacciones digitales -que se impuso con la pandemia- tanto en el sector público como en el privado. Así, en el primero algunas transacciones, servicios, certificados, etc., que se realizaban físicamente se cambiaron a digitales -impuestos por las circunstancias- y también en el sistema financiero que digitalizó muchas transacciones que antes se realizaban personalmente. Se trata de modernizar las transacciones comerciales y económicas para que gradualmente se realicen digitalmente, como en el caso de los bancos, que implican riesgos como el phishing y otros. Se busca llegar a conseguir lo que existe en el mercado de valores donde los títulos valores son desmaterializados -sin papeles- y las transacciones se realizan electrónicamente y para el registro del dinero transado, se realizan anotaciones en cuenta. Pero también aquello implica riesgos para los participantes en este mercado como sucedió en el caso ISSPOL.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

En el primer artículo de esta serie tratamos la visión general del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital. En este segundo artículo analizaremos el incentivo a las inversiones para lo cual se reforma la ley de Zonas Especiales de Desarrollo (2012) y se crea las Zonas Francas, y la ley de Asociaciones Publico-Privadas (2015).

El proyecto busca atraer inversiones a través de la gestión delegada. Una vía es a través de concesión de los activos del sector público sobre todo la de los sectores estratégicos así como de servicios públicos y, otra, mediante las asociaciones público-privada que se considera una modalidad de la gestión delegada. Para administrar estas actividades se crea toda una institucionalidad: un Comité y una Secretaría Técnica de Gestión Delegada y Asociaciones Público -Privada. La asignación del contrato de concesión o asociación público-privada se hará a través de un concurso público.  Pueden realizar la delegación tanto el gobierno como los GAD.

En los sectores estratégicos se incluye a energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua.

Para incentivar las inversiones, principalmente extranjera, se otorgan una serie de beneficios. Al inversionista extranjero se le dará las mismas condiciones que al inversionista nacional.

Para atraer inversiones, se utilizan además las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) y Zonas Francas que se consideran recintos aduaneros. Ambas figuras estarán a cargo del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI). En el caso de las zonas francas los bienes industriales o servicios producidos están orientadas a la exportación o reexportación. Se trata principalmente de ensamble y maquila industrial. En el caso de servicios se refieren a salud, turismo, de innovación tecnológica. También contempla el proyecto actividades logísticas. En estas zonas, todas estas actividades, serán autorizados, por el CEPAI, a operar por un plazo mínimo de 20 años. Las empresas públicas, GAD o privadas, que operen en estas zonas, tendrán estabilidad de incentivos tributarios: estarán exentos del pago de tributos de comercio exterior en sus importaciones de insumos, materias y bienes de capital. Además, estarán exonerados del pago del Impuesto a la Renta (IR) en los primeros 10 de años de operación y después, de ese período, tendrán una reducción de 10% en el IR corporativo por el resto del período en que fue otorgado la autorización para su operación.

En las disposiciones generales, se establece que la concesión de obras y la prestación de servicios públicos reservadas al estado solo podrán delegarse al sector privado.

En síntesis, el proyecto busca atraer inversiones, sobre todo extranjeras, dando en concesión los sectores estratégicos,                 que supuestamente traería innovación tecnológica, calidad y mejora de servicio al cliente, pero no hay cláusula que limite el aumento de precios de los servicios delegados. Se le brinda una serie de incentivos tributarios y garantizándole seguridad jurídica. Por otra vía, mediante la asociación pública-privada, con las ZEDES y zonas francas, buscan impulsar la industria de maquila y ensamble industrial o servicios pero solo para exportación o reexportación para la creación de empleo. Así como se conceden incentivos tributarios, para la ZEDES o zonas francas, con la reforma laboral, se otorgarían una serie de incentivos al capital con la flexibilización laboral para reducir el costo de contratación y despido. La experiencia mexicana muestra que, en el caso de maquila, son empresas transnacionales las que contratan a una empresa nacional para reducir costos, entre ellos menor costo impositivo del comercio exterior -ahí encaja la reforma arancelaria del gobierno-, laboral, etc. que condujo a la precariedad laboral como vía para abaratar costos empresariales.

Luis Rosero M.

El proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación busca con la inversión privada, sobre todo extranjera, en proyectos del sector público, en proyectos en desarrollo digital y una reforma al mercado de valores que incentive el financiamiento privado para crear empleo en diferentes sectores.

Se trata, en el primer caso, de facilitar la inversión privada en activos y servicios públicos, a través de proyectos en servicios públicos y sectores estratégicos de la economía, utilizando la asociación publica privada y por medio de la gestión delegada de un activo o servicio público y en los sectores estratégicos vía principalmente la concesión. Se la puede realizar con empresas privadas formales, entidades de la economía popular y solidaria y empresas estatales extranjeras. Para manejar todo este proceso se crea una nueva institucionalidad. Por otro lado, se sustituyen las Zonas Especiales de Desarrollo y las Zonas Especiales, creadas en el correísmo, cambiando las características de la primera y estableciendo, en la segunda, Zonas Francas dentro de un reciento aduanero. Se trata fundamentalmente de áreas donde ingresaran insumos, materias primas y bienes de capital. Estos últimos se utilizarán para la transformación de los primeros en bienes finales o también se usarán para el ensamblaje de mercancías. En suma, se trata de maquilas o ensamblaje para obtener bienes, que va a requerir importaciones, o sea un proceso de industrialización de armar y actividades de servicios para la exportación o reexportación. Las empresas privadas que se instalen en dichas zonas gozaran de incentivos tributarios que implica exoneraciones de impuestos y, como se espera que ingrese empresas extranjeras, se le dará el mismo trato que a los inversionistas nacionales. También se autoriza a vender las tierras de camaroneras concesionadas para adquirir el título de propiedad.

Para el cambio digital se busca la transformación digital en el sector público, privado y sociedad en general. Esto implica uso de tecnología informativa para operar servicios gubernamentales y del sector privado. En el caso del primero, se trata de un gobierno digital que permita mejorar la eficacia, calidad y transparencia de los servicios que se presta los ciudadanos entre ellos trámites, información, etc. En el gobierno del correísmo era el SNAP la entidad encargada del cambio digital gubernamental. Se busca, además, facilitar el traspaso de propiedades, modernizando con servicios digitales a las notarías, a través de escrituras digitales y firma digital.

En cuanto al sistema financiero, hay una reformas a la ley de mercado de valores y normas conexas reformulando conceptos, composición y estructuras de las bolsas de valores,  modifica las funciones de la Superintendencia de Compañias y Valores, se hace más estricto el control de ésta para frenar las violaciones a la ley que se dieron con el caso ISSPOL, se crea un fondo de inversión en bienes raíces, se modifican las normas referentes a los Depósitos Centralizados de Valores, a los que se agrega el creado por una asociación público privado y se reforma el Código Monetario Financiero:  se le devuelve la facultad de supervisión de seguros a la Superintendencia de Bancos, hay cambios respecto a las funciones de la Junta de Política y Regulación Financiera, Junta de Política y Regulación Monetaria, Banco Central, etc.

En síntesis, se trata de una profunda reforma que busca atraer inversión extranjera en sectores estratégicos y en zonas francas, el desarrollo de los servicios digitales, que incluye el uso de la firma electrónica, y una reforma al mercado de valores que hace más estricta la supervisión, crea nuevas figuras de inversión bursátil y viabiliza la posibilidad de la unificación de las bolsas y la inversión extranjera en el mercado bursátil. Los tres grandes componentes de este proyecto de ley se analizarán por separado en los siguientes artículos.