Luis Rosero M.

Argentina se coronó campeón mundial de futbol, lo que llevó a una fiesta en dicho país que hizo olvidar momentáneamente, el día de ayer, su crítica realidad de su economía con graves desequilibrios macroeconómicos, un deterioro social y una situación política que, además de los casos de corrupción, destaca el avance de la extrema derecha por el desencanto de la población debido al pobre accionar del peronismo y la derecha.

Los argentinos tienen 3 pasiones: el tango, el asado y el futbol. Con esto, se consuelan. La celebración, en el ícono obelisco de Buenos Aires, se extendió a todo el país. Sin duda una gran celebración para los argentinos y la mayoría de los latinoamericanos pero esa pasión futbolera es un bálsamo, un placebo y una cortina de humo que hizo olvidar, por un momento, la crítica realidad.

Los desequilibrios económicos principales son la hiperinflación, el déficit fiscal, la iliquidez en divisas, la pesada carga de la deuda pública, un sistema múltiple de tipos de cambio y un mercado de trabajo deteriorado. La inflación mensual, en noviembre de este año, llegó a 4.9% pero la inflación nacional alcanzó 92.4% y se espera que, a fin de año, alcance más del 100%. Esto implica además que el salario real ha perdido fuertemente su poder de compra, un alza en el costo de la canasta básica que margina a buena parte de la población del consumo completo de la misma. La inflación esta influida por la creciente depreciación que alienta las expectativas inflacionarias y, por otro lado, el constante retiquetado de los bienes de esta canasta por una estructura oligopólica en dicho mercado dominado por grandes supermercados y distribuidores transnacionales. A eso se suma, el aumento de las tarifas de servicios básicos. La capacidad adquisitiva de los mas desvalidos de la sociedad se reduce, aun mas, por la reducción de los subsidios a la energía eléctrica y otros bienes y servicios de la canasta. Aun más, a pesar de que el gobierno estableció el programa de Precios Cuidados para congelar el precio de bienes de esta canasta sigue aumentando la pobreza.

Esta política de ajuste de las tarifas y menores subsidios es para reducir el gasto público y déficit fiscal exigido por el FMI, debido al préstamo que le otorgó. Pero, además, dicho organismo, impone la meta de aumentar la RMI. Esto es para que pueda pagar la deuda al FMI y a los acreedores internacionales. Los problemas de iliquidez en divisas, lleva a mantener ese sistema irracional de tipos de cambio que permite, por ejemplo, que el dólar para la soya, además de ser ajustado por la inflación, lleve a liquidar mas dólares por la exportación de este grano obteniendo el gobierno liquidez en dicha moneda.

La política antinflacionaria del Banco Central de Argentina ha sido aumentar la tasa de interés que afecta al costo del dinero limitando las posibilidades de inversión. Así, a pesar de que en el III Trimestre de este año, la economía creció 5.9%, sin embargo, a Septiembre el nivel de actividad se contrajo -0.27%. Esto a su vez impacta en el mercado de trabajo. En el II Trimestre, la tasa de desempleo alcanzó 6.9%, la tasa de desocupación el I Trimestre llegó al 10% y millones se encuentran en el sector informal urbano.

La evolución de la actividad económica, la inflación y la política de tarifas y subsidio en 2022 explican el comportamiento de la distribución del ingreso y pobreza. Así, el índice de Gini, en el II Trimestre se redujo, respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 0.414 aunque sigue siendo alto. Mientras que el costo de la canasta básica tipo II, a noviembre de 2022, fue de 139.783 pesos. El ingreso medio total familiar, para el decil 7, fue 127.106. Según, la encuesta de Hogares, a Septiembre de 2022, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó 27%, en ellos reside el 36.5% de personas. De estos, un 6.8% de hogares está por debajo de la línea de indigencia. Los pobladores que están por debajo de la LP incluyen a 10.6 millones de personas que de una población de 46.2 millones representan el 22.9%. En esta  se encuentran las villas miserias (barrios pobres), piqueteros (de zonas marginales) y zonas rurales. Un país rico en recursos naturales está en crisis continúa por mantener problemas estructurales que no son atendidos por una clase política paupérrima y corrupta así como una élite con poca visión del país, que no enfrenta los mismos en lo económico, social y político, que mantiene al país en constantes desequilibrios macroeconómicos, acudiendo al FMI y acreedores internacionales para endeudarse generando un circulo vicioso de concentración del ingreso, riqueza, corrupción en un polo de la sociedad mientras que en el otro polo hay pobreza e indigencia de manera permanente. El futbol, el tango y el asado, son un bálsamo para soportar tal estado de cosas. El descontento popular puede llevar a gran convulsión social para enfrentar la grave crisis o derivar en una opción de extrema derecha por el descontento popular de la acción del peronismo y derecha.

Luis Rosero M.

Las distintas funciones del estado tienen escasa aprobación por parte de la ciudadanía, además hay una serie de conflictos entre ellas a los que se agrega la ineficacia en la gestión del gobierno, la situación de inseguridad ciudadana, corrupción, la propuesta de una consulta popular y referéndum para cambiar la constitución y signos de una desaceleración de la economía así como un deterioro de la situación social. La esperanza de mejores días para el país es lejana. 

El ultimo informe de Análisis de Opinión, de Noviembre 2022, sobre la calidad de la gestión de las funciones del estado, revela que el índice de desaprobación del Presidente fue de 82.2%. El presentador de noticias, Alfonso Espinoza de los Monteros, declaró que el gobierno es ineficiente en su gestión. En las otras funciones del estado, la situación es similar. Así, la Asamblea Nacional (AN) es calificada con 89.2% de desaprobación y también, para la Corte de Justicia, los índices de mala gestión son muy altos. A eso se agrega, los conflictos entre las funciones del estado.

La más reciente es la disputa entre la AN y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Inicialmente la primera destituyó a 4 vocales del CPCCS. La AN buscó posesionar a sus suplentes pero uno solo asistió a la sesión virtual. Los 4 vocales sustituidos obtuvieron, de un juez, una medida cautelar, para su restitución. Sin embargo, la AN señala que no posesionará a dicho cuarteto y, aún más, el 9 de Diciembre, aprobó una resolución que ratifica la destitución de los 4 vocales y rechaza la intromisión de la justicia en la AN. En la semana anterior, Patricio Vela, del programa A Primera Hora, de radio Sonorama, entrevistó a un constitucionalista que señaló que la AN desconoció una decisión de la justicia, violando la ley y, a su criterio, la AN debió haber reconocido la decisión y posteriormente presentar un recurso de nulidad de lo actuado por el juez. A juicio de este jurista, la AN se arrogó funciones. Este conflicto genera problemas en la posesión de las autoridades de control. En efecto, en la sesión del CPCCS decidió nombrar, el 3 de diciembre, al Superintendente de Bancos, escogiendo al primero de la terna que envío el Presidente de la República. Sin embargo, este no se puede posesionar pues, según la ley, lo debe realizar la AN. O sea que no hay un titular de la máxima autoridad de la supervisión del sistema bancario.

Por otro lado, Byron Guillen, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuestionó a Iván Saquicela, presidente de la CNJ, por no socializar las ternas enviadas para presidir la Judicatura al CPCCS. Antes, en Mayo 20, Saquicela fue suspendido de sus funciones por presunta negligencia. Pero, a fines de Junio de este año, la CNJ resolvió que no hubo tal infracción y fue restituido como Presidente de la CNJ. Aunque éste ha enviado las ternas, el CPCCS las ha rechazado. Esto impide que se nombre al titula de la Judicatura. Hay un conflicto entre el CPCCS y la CNJ que afecta el funcionamiento normal de la justicia. Saquicela ha rechazado la intromisión de otras funciones del estado en la CNJ.

En este marco que genera inestabilidad e ingobernabilidad, el presidente de la República aprovechó la coyuntura para la consulta popular y referéndum para cambiar la constitución. La primera se refiere a temas contra la inseguridad, reorganización de la Asamblea, la fiscalía, partidos políticos, el CPCCS y protección de los recursos hídricos en la que la mayoría de ciudadanos estaría de acuerdo. Sin embargo, ésta se puede convertir en una evaluación de la gestión del gobierno, en la que hay opiniones mayoritarias de su ineficacia y además tiene mala aprobación de la ciudadanía. Por otro lado, el presidente de la República entregó a la AN una propuesta de reforma constitucional, vía referéndum, para que las FF. AA. cooperen con la Policía en la lucha contra el crimen organizado. Al parecer, la consulta del gobierno buscaría lavar la imagen del gobierno si consigue el apoyo de la ciudadanía. La aprobación del referéndum, oculta, sin embargo, la ineficacia en gestión del gobierno contra la inseguridad al carecer de una estrategia y política de inteligencia para la seguridad.

En síntesis, la crisis institucional agrava los problemas de estabilidad e ingobernabilidad. La Corte Constitucional es la autoridad que debe resolver los conflictos de incumplimiento de la carta magna. El gobierno con la consulta popular buscar lavar su imagen y con el referéndum buscaría camuflar la ineficacia de su gestión contra la inseguridad ciudadana. El escenario se completa con un deterioro social reflejado en los indicadores de empleo, pobreza y hambre que siguen creciendo. Más aún, la inflación de noviembre fue negativa que, si bien resulta positiva por limitar la inflación pero subió el costo de la vida, podría ser un indicio de la caída de la demanda, que conduciría a una desaceleración de la economía lo cual complicaría el escenario y situación del país. El gobierno cumple un año y medio en el poder sin repuestas efectivas para alcanzar a generar empleo. Para ello, insiste en su propuesta de apertura económica para atraer inversión extranjera. El panorama económico no es tan esperanzador pues el riesgo país a Diciembre 8 de 2022 alcanzó 1338 puntos reflejando los problemas económicos, la situación política y social del país que ahuyenta la inversión extranjera.

Luis Rosero M.

El gobierno de Lasso tomó decisiones sobre el salario mínimo, eliminación del subsidio al diésel a grandes camaroneros, envío de proyecto de ley de economía digital y espera ingresar a la Alianza del Pacifico que le abre al país acceso al mercado, lo que abriría vía para la apertura comercial, con 4 países latinoamericanos, clave en su proyecto económico. Este escenario se completa con la ineficacia en la gestión del gobierno, inseguridad ciudadana, corrupción, problemática en el mercado de trabajo, desnutrición infantil, pobreza y hambre.

El gobierno decidió incremental el salario básico unificado (SBU) a 450 dólares, o sea un incremento de 5.88% que, frente a la inflación a Octubre de 4%, de este año, compensa parcialmente el deterioro del salario real. Este aumento beneficia a los trabajadores y empleados del sector formal, que se refleja en la tasa de empleo adecuado que sólo representó, en dicho mes, el 33.7% en dicho sector. Lasso cumple así con su promesa de campaña de incrementar 25 dólares cada año hasta llegar a un SBU de 500 dólares. La tasa de desempleo, en dicho mes, alcanzó 4.1%, una ligera reducción respecto al mes anterior. Sin embargo, la problemática del mercado de trabajo se centra en el subempleo que llegó 19.9%, la tasa de otro empleo no pleno registra 30.4% y el sector informal urbano. Las Cámaras empresariales se quejan por el aumento de los costos que significa para las empresas y arguyen que no resuelve la problemática del mercado de trabajo.

Otra decisión clave fue la eliminación del subsidio al diésel para las grandes camaroneras (mas de 30 has). Como habíamos comentado, en un artículo anterior, no cabe que este sector, que llevo al país a alcanzar como primer productor mundial y exportador del crustáceo, siga recibiendo subsidio a los combustibles y más aún tiene la alternativa, ofrecida por el gobierno, de tender redes  para poder sustituir el combustible con uso energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas de las camaroneras. Según la Cámara Nacional de Acuacultura esta decisión afecta al 82% del total de hectáreas y representaría un incremento de 0.16 centavos por libra. Según el SRI, la decisión llevaría a un aumento de costos de menos del 2%. Alegan que era justo seguir recibiendo el subsidio ya que los camaroneros les costaba, la inseguridad de toda la línea del sector,  80 millones. Se estima que las exportaciones del producto alcanzarían, en este año, 7000 millones de dólares. Deja entrever que los camaroneros grandes tienen competitividad en el mercado internacional, en base a tecnología y sistemas de producción adecuados que pueden asumir dicho costo, sin considerar el impacto ambiental. Esta medida del gobierno la tomó presionado por la negociación de la focalización del subsidio de combustibles con el movimiento indígena que demandaba la eliminación de éste a las grandes empresas y que este ahorro (de 160 millones de dólares) se destine a gastos sociales.

Por otro lado, el 23 de Noviembre de este año, el gobierno envío a la Asamblea, con el carácter de económico urgente, el proyecto de ley de Transformación digital que busca la exoneración tributaria para importación bienes de capital para producciones audiovisuales, por 10 años del Impuesto a la Renta a la generación de energías renovables e industrialización del gas natural, el uso de documentos electrónicos en el mercado de valores y comercio electrónico, servicios notariales prestados de forma telemática y uso de firma electrónica y en el Código de Procesos y Consejo de la Judicatura uso de formatos electrónicos. En resumen, se trata de modernizar a estos sectores para que puedan prestar servicios y realizar transacciones usando medios electrónicos como existe en otros países. El proyecto enviado formaba parte de la ley de inversiones que fue rechazada por la Asamblea por tener varios temas.

Finalmente, el Presidente de México, AMLO, declaró que, el 14 de Diciembre, se celebrará en Perú, la Cumbre de los miembros de la Alianza del Pacifico y dio a entender que, en esa reunión, podría Ecuador firmar un acuerdo con México lo cual le abre la puerta al mercado de México, Chile, Colombia y Perú e inauguraría la apertura comercial con lo que el gobierno espera atraer inversión extranjera de estos y otros países con una nueva ley de Inversiones, que sería el próximo proyecto de ley a enviar a la Asamblea con el carácter de urgente. La duda es si, en dicho acuerdo, si incluye o no al camarón y banano que México se ha negado a incorporar.

En síntesis, si bien el país continúa con su clima de inseguridad ciudadana, el gobierno toma decisiones económicas para tratar de llevar adelante su proyecto económico. El incremento de salarios y la eliminación del subsidio al diésel a las grandes camaroneras si bien son por presiones de centrales sindicales y de los indígenas respectivamente, constituyen elementos importantes para lavar la imagen del régimen en cuanto a su incapacidad de gestión, como lo declaró, Alfonso Espinoza de los Monteros, que se complementaría con lograr el apoyo ciudadano en la consulta popular para reformar la constitución. Mientras que, el proyecto de transformación digital lo que haría es modernizar los servicios y transacciones, en los sectores señalados, con el uso de instrumentos electrónicos, para ponernos a tono con el avance, en este campo, en otros países. La firma del convenio comercial con México, busca iniciar la apertura económica con los 4 países de la Alianza del Pacifico y atraer inversiones sobre todo extranjeras, con su ley respectiva, que según el gobierno sería la clave para dinamizar el crecimiento económico y generar el empleo prometido en campaña. Ya llevamos año y medio de gobierno y hasta ahora no se concreta esta oferta de campaña. Sobre todo en el tema de empleo que se refleja en el alto subempleo y crecimiento del sector informal urbano, la pobreza y el hambre a lo que se agrega la ineficacia de la gestión gubernamental, corrupción y desnutrición infantil.

Luis Rosero M.

Continúa agravándose la reciente crisis económica y social argentina, que se reflejan en los desequilibrios económicos y sociales. Estas son recurrentes y revelan los problemas estructurales y la lucha por la redistribución del ingreso para aliviar el deterioro social.

Los principales desequilibrios macroeconómicos son la alta inflación, la iliquidez en divisas, por la elevada deuda externa y el sistema múltiple de tipos cambios mientras que el deterioro se expresa a través del aumento del pobreza e indigencia.

El sistema de 6 tipos de cambios es complejo y, el último que se autorizó, es el tipo soya para liquidar las exportaciones de esta gramínea, a fin de obtener las divisas de lo exportado, fue un tipo mas alto que las autoridades ofrecieron para obtener liquidez en divisas. Los exportadores de soya demoraban la liquidación para obtener más moneda nacional por dólar, cuando se creo este tipo se liquidaron 7600 millones de dólares, aumentando la RMI. El tipo inicial fue de $200 en septiembre. Tal es el poder de estos exportadores que se ha creado un tipo soya ajustado por la inflación hasta fin de año.  La tendencia es una continua depreciación del peso. Así, el tipo de cambio mayorista fue 139,01 y el minorista 145,8 el 1/09 mientras que, al siguiente día, el tipo blue (mercado negro) alcanzó 285 pesos por dólar. Al 25/11, el tipo mayorista fue 165,59, el minorista 172,45 y el blue 329, o sea 98.6% más el primero, que es el oficial. La evolución de los tipos de cambios refleja el grado de depreciación del peso y como alimenta las expectativas de inflación.

La inflación anual, a Octubre de este año, alcanzó 88%. Este nivel refleja cómo se deteriora aceleradamente el poder adquisitivo de la población. Para frenar la inflación, el gobierno aumentó la tasa de interés y busca frenar la depreciación. Para paliar el deterioro del salario real, creo el programa de Precios Justos que fue negociado con los empresarios fijando precio para algunos productos de la canasta básica. Sin embargo, los supermercados y las grandes empresas distribuidoras de los bienes de dicha canasta continuamente reetiquetan estos, lo que aumenta la inflación por el lado de los costos. Lo crítico es que la inflación anual llegue a cerca del 100%.

El gobierno esta buscando cumplir con las metas del acuerdo con el FMI. Entre las principales están la reducción del déficit fiscal y el aumento de las RMI. Para la primero, reduciendo los subsidios a la energía y aumento de tarifas de servicios básico, lo que eleva el costo de la canasta básica y, por otro lado, hay un retraso, respecto a la inflación, del aumento salarial lo que deteriora el poder de compra. Además está el impuesto a las ganancias y la reducción de la evasión tributaria en los granos. El aumento de las RMI, es para poder atender el pago del servicio de la deuda externa incluida la del FMI. Este aumento de las RMI, lo ha llevado a crear el tipo soya, con lo que aumentó las liquidaciones en divisas y reduce la iliquidez en divisas que, además. es necesaria para financiar las importaciones. Masa, el superministro de economía, llegó hasta celebrar un swap (acuerdo financiero que permite divisas a cambio de un activo) con China para aumentar la RMI

En el mercado de trabajo, en el II trimestre, la tasa de desocupación abierta alcanzó 9.6%, subempleo 12.4% y millones en el sector informal. La inflación reduce el consumo masivo y van cayendo las ventas en los supermercados. En el I trimestre, la población bajo la línea de pobreza llegó a 36.5% y el Banco Mundial ya la sitúa en 42%. Pero además sigue aumentando la pobreza extrema. La Cepal proyecta para América Latina, en 2022, una tasa de pobreza de 32.1% y pobreza extrema 13.1%.

En síntesis, mientras la crisis económica avanza el deterioro social es cada vez mayor con el riesgo de un descalabro económico y explosión social. Este país lleva más de medio siglo sufriendo estas crisis y la tendencia es que explote en una grave crisis, similar a la que se generó cuando se eliminó la convertibilidad.

Luis Rosero M.

La Proforma 2023 genera más dudas que certezas por sus supuestos macroeconómicos, gastos e ingresos poco informados y el ajuste. Refleja el tipo de política fiscal que el gobierno aplicará y los efectos económicos y sociales de la misma.

El monto total de la proforma es de 31502 millones de dólares, un incremento de 6.5% respecto a la de 2022, pero solo de 3.4% en relación al Presupuesto del Estado Codificado del año anterior. Un aspecto relevante es la reducción del déficit fiscal, pues de 3783, en 2022, se espera que llegue a 2629 millones, en 2023, que representa una reducción significativa de 30%. La pregunta clave es ¿por donde se ajusta dicha variable?

En cuanto a los supuestos macroeconómicos, la proforma 2023 establece un crecimiento de 3.1%, basado en la proyección del Banco Central, lo que resulta muy discutible considerando que todas las proyecciones de los organismos financieros que estiman una posible recesión mundial para el próximo año o al menos una desaceleración económica. El FMI lo proyecta en 2.7% mientras que la CEPAL solo prevé 2%.  La OCDE pronóstica, para 2023, una desaceleración para las principales economías. Esta estimación es clave pues, si no produce ese crecimiento para el país, los ingresos presupuestarios pueden ser menores a los previstos. En el caso de la inflación acumulada, se estima que sería 2.5%, sin embargo la inflación anual a Octubre, de este año, fue de 4%. Dados que continúan los problemas logísticos y de abastecimiento en el mercado mundial, en parte por la invasión de Rusia a Ucrania, la tendencia es que siga en aumento esta variable si consideramos que, además, hay ajuste por parte de las empresas por variación de costos y reetiquetado de precios. Por el lado del precio del petróleo se incrementa, en la proforma 2023, de 59.2 a 64.8 dólares el barril o sea un incremento de sólo 0.16% que no es compatible con la proyección de la economía mundial en 2023. La clave está en qué, si el precio real del crudo supera el precio presupuestado, la diferencia va a un fondo de ahorro que puede ser utilizado para rubros sociales y obligaciones.

Por el lado de los gastos, hay una serie de rubros que no son muy conocidos y poco difundidos en la Proforma recursos. Así tenemos que para pagos de laudos arbitrales se proyecta, entre ellos la de la petrolera Perenco, 2478 millones de dólares. Además, se incluye 1008 millones por venta de activos (o dicho claramente privatización), como parte de los ingresos no permanentes. Entre ellos se menciona el Terminal Marítimo Monteverde y la eléctrica Sopladora. A lo que posiblemente habría que agregar la venta de las distribuidoras de combustibles de Petroecuador y otros bienes públicos. Ya se descartó la venta del Banco del Pacifico por haberse declarado desierto el concurso.

Por la parte de los ingresos, se confirma la tendencia de ir dependiendo cada vez menos del petróleo, que han seguido los últimos gobiernos incluidos el actual. Para ello, han utilizado las reformas tributarias. Así, el aporte del petróleo a la proforma de 2023 alcanza solo 3372 millones mientras que los impuestos 15145 millones. Sin embargo, resulta muy preocupante qué, para financiar el déficit fiscal, se acuda cada vez más a deuda pública. Pues, el financiamiento público, en la proforma 2023, alcanza 7577 millones, 6.1% del PIB, del cual el 49.2% corresponde a deuda externa y 50.7% a la interna. Si bien para 2023, baja el financiamiento externo se compensa con mayor deuda interna. Ya a Agosto de 2022, la deuda pública representaba 55% del PIB, siendo 40.7% el peso de la externa respecto al PIB. Con la proforma 2023 se agrega más deuda externa en relación al PIB con lo cual el peso de ésta sigue creciendo. El total de la deuda pública se convierte un peso cada vez mayor al presupuesto, lo que exige cada año, ir asignando, cada vez más recursos para el pago de la amortización de la deuda, dejando menos recursos para otros rubros. Esta tendencia se acentuó en los gobiernos de Moreno y Lasso y, en buena parte, con recursos de organismos financieros que han condicionado la política económica aplicada.

En síntesis, la proforma 2023, reduce el déficit fiscal, lo cual para el equilibrio macroeconómico es saludable. Sin embargo, esconde que el ajuste viene de lado de la inversión pública, de solo 1871 millones, y no por el lado del gasto corriente. Aún más, resulta paradójica esta política, ya que no se registra nueva inversión privada y, por otro lado, Lasso continúa apostando a las maquilas para atraer inversión sobre todo extranjera, pero ya va año y medio de su gobierno y la inversión no crece ni llega. Por el lado del gasto, aumenta entre otros factores por el pago de laudos arbitrales. Por parte de los ingresos, habría una sobreestimación debido a un crecimiento estimado de 3.1% que, si no se cumple, reduciría los ingresos y aumentaría el déficit. Por el lado de los gastos, es preocupante el aumento de la deuda pública, sobre todo externa, siendo el financiamiento público 7576 millones representa el 24% y  el 14% la  deuda y la amortización de la proforma respectivamente, que cada año va dejando menos recursos para otros gastos y presiona para conseguir más financiamiento.

Luis Rosero M.

La Proforma del Estado 2023 refleja la política fiscal, tanto del lado de ingresos como de los gastos, y cuáles son las prioridades que el gobierno establece en su aplicación, la cual tiene efectos sobre la economía y la población en general.

En primer lugar, el documento establece para 2023 un déficit fiscal de 2629 millones de dólares, o sea 2.6% del PIB, que implica que tendrá que buscarse financiamiento tanto interno como externo para cubrir dicho déficit. La deuda pública si bien, temporalmente, contribuye a las necesidades de financiamiento, después, cuando se pagan las amortizaciones (capital e intereses), se vuelve una carga para el presupuesto. Así, a Agosto de 2022, el saldo de la deuda externa fue 46273.8 y la interna 14.295.1 millones de dólares respectivamente. Su total Representó el 55% del PIB, siendo 40.7% y 14.3% la externa e interna respectivamente. La amortización de la deuda pública total en la Proforma alcanza a 4424.8 millones de dólares.

De los ingresos hay una reducción notable de 17.3%. La mayor parte, de los ingresos permanentes, se genera por impuestos (84.2%). La proforma por grupos de ingresos, detallan un incremento de 6.8% en el monto. Los mayores generadores de estos son el IVA y I. Renta (en alrededor 30% c/u). Los dos se incrementan. El primero por la reforma tributaria que redujo las deducciones de gastos que aumentó la base imponible con lo que trabajadores y empleados terminan pagando más I. Renta. Y el segundo, porque es un impuesto indirecto que se cobra sin considerar el nivel de ingreso. Muestra una estructura impositiva regresiva y más I. Renta por estos dos últimos grupos de contribuyentes. Los créditos externos alcanzarían a 3732 millones de dólares, que también disminuyen (32.8%). Sin embargo, los créditos internos 3844 millones, tienen un incremento de 23.6%. El total del financiamiento requerido es de 7576 millones de dólares, o sea el 24% de los ingresos de la proforma que revelan el peso de la deuda por el lado de los ingresos pero que también muestran el efecto por el lado de gastos cuando se pague la amortización de la deuda.

Por el lado de los gastos, en millones: 9886 son en burocracia, los gastos financieros alcanzan 2405,(intereses), la amortización de la deuda 4424, que representa el 14% de los gastos totales, mostrando la fuerte presión que ejerce la deuda pública sobre el presupuesto del estado; las transferencias corrientes corresponden a bonos que se entregarían por 1306 y los institutos de seguridad social  5130 y solo el IESS recibiría 2354 (45.8%), pero a cambio, como hacen los gobiernos, tendrá que comprar bonos del estado, lo que aumenta la deuda del Estado con el IESS sigue siendo la caja chica del Estado.

Por el lado de la inversión pública, en infraestructura física, solo llega a 398 millones de dólares, que muestra que la austeridad fiscal, el ajuste viene dado en esta variable. En la Función Ejecutiva (ministerios y otras instituciones públicas), hay una reducción del gasto de 3896 millones de dólares. En Educación se asigna 5.583, que aumenta crece 12.1%, Salud 3601 (aumenta 13.3%), Bienestar Social 1686 (crece 1.9%) y a Defensa se le otorga 2666 millones de dólares. A pesar de estos incrementos, el monto asignado en los dos primeros sectores esta muy por debajo de lo estipulado en la Constitución de aumento del 0.5% anual del PIB. Es necesario subrayar que, dada la situación de inseguridad que vive el país, al gabinete de seguridad se le otorgado 3364 millones de dólares, un aumento de 3.3%. Mientras que en el plan de Inversiones Totales se asigna 1871 millones, una reducción de 7.3%.

En síntesis, la proforma 2023 refleja un déficit reducido en un 1% del PIB, baja inversión pública y presión de deuda pública. Hay una reducción del crédito externo pero es una estrategia para que el siguiente año se pueda incrementarlo para cubrir un aumento de amortizaciones por compromisos contraídos en gobiernos anteriores. Otra novedad es que al declararse desierta la venta del Banco del Pacifico, según el Ministro de Finanzas, restaría 200 millones de ingresos que puede ser compensada con venta de otros activos, como es el caso de la venta de las gasolineras de Petroecuador. La proforma ha sido calculada con un crecimiento de 3.1%, variable clave para proyectar los ingresos públicos, aunque la mayoría de las organismos internacionales señalan que habría una recesión mundial. El incremento del gasto en educación incluye aumento de sueldo de maestros, que el gobierno objeto por ser inconstitucional pero la Corte Constitucional no le dio la razón y el Ejecutivo se vio obligado a incluir el aumento en la proforma establecida por la ley de educación intercultural. Por otro lado, el gobierno después de los 90 días, de las mesas de dialogo con indígenas, aún no define la focalización del subsidio a combustibles. La CONAIE exige que se focalice, lo que afectaría a ciertos sectores productivos que usan combustible subsidiado, y al reducirse o eliminarse éste se lograría un ahorro que, según la organización indígena, se lo debe trasladar a salud y educación. Se ve claramente que el ajuste del gobierno es por el lado de la inversión pública, que es insignificante y sigue aumentando la presión de la deuda pública ya que, al crecer ésta, se incrementa el pago de la amortización: intereses y comisiones. Ambos factores, con la posible recesión generaran más efecto recesivo en la economía.