Luis Rosero M.

El 5 de Febrero habrá elecciones seccionales, elección de consejeros del CPCCS y un referéndum, impulsado por el gobierno, para modificar la constitución. Estos eventos se desarrollarán en un complicado escenario de aumento de la inseguridad ciudadana, las elecciones violentas que incluye el asesinato de un candidato a alcalde, el caso de corrupción de las empresas públicas y una encuesta, realizada por una institución internacional, que refleja el grado de inseguridad que vive el país y, para complicar el panorama, la FAO informa que el Ecuador es el segundo país sudamericano que más hambre sufre.

En las elecciones seccionales se elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales rurales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En el referéndum se votarán 8 preguntas para modificar la constitución auspiciadas por el gobierno. El marco político y social, en que se de desarrollará las elecciones y referéndum, es muy complicado y podría influir en la decisión de los electores.

En una revisión somera, de las 8 preguntas del referéndum, habría una inclinación en votar sí y, al parecer, está diseñado con ese propósito. Entre otras quien no estaría de acuerdo en la pregunta 3 en reducir el número de asambleístas y, en la 4, que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de afiliados para seguir existiendo, en la 7 sobre la protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y, en la 8 que se pague compensaciones a comunidades indígenas por la generación de servicios ambientales.

Un tanto diferente son las preguntas 5 y 6. En la primera, se solicita votar por eliminar la facultad de nombrar autoridades de control al CPCCS y trasladar la decisión a la Asamblea. En la pregunta  sexta, la Asamblea llamaría a una postulación ciudadana para ser miembro del CPCCS y  una comisión técnica (formada por un delegado de cada función del estado, dos por las universidades y dos ciudadanos)  emitirá un informe vinculante de la selección de los consejeros titulares y suplentes del CPCC, en 2 meses, y, en 10 días procederá a su posesión. Este organismo ha sido controlado por los gobiernos de turnos para elegir a dichas autoridades. Actualmente, los actuales consejeros de mayoría están controlados por el gobierno y han elegido autoridades, como el Superintendente de Bancos, que dejan dudas sobre la legalidad de esos nombramientos. De aprobarse con el sí, esta pregunta, al trasladar la decisión de que dichas autoridades sean nombradas por la Asamblea la designación dependerá de los partidos políticos y las negociaciones entre estos. O sea, se traslada el juego político a los legisladores. Al mismo tiempo, se convoca a la elección popular de los consejeros del CPCCS. Sin embargo, lo cuestionable, es que para proceder a elegir los nuevos integrantes del CPCCS, si triunfa el sí, el ejecutivo tiene  6 meses para enviar los proyectos de ley y la Asamblea un año para aprobarlos, lo que significa  que el CPCCS seguirá siendo controlado por el gobierno.

Dado el escenario político y social complejo, que influirá en la decisión de los electores, el gobierno corre el riesgo de que dicho evento se convierta en una evaluación de su gestión. Una encuesta sobre la aprobación del Presidente, en Noviembre de 2022, señalan que solo el 12.6% está de acuerdo con la gestión del gobierno. En otras palabras, la mayoría desaprueba la labor del gobierno. Algo parecido muestran la evaluación de la función legislativa y judicial. También, hemos señalado en artículos anteriores, que la intención inicial del gobierno con el referéndum era lavar la mala imagen de su gestión. Con el actual escenario político y social, el referéndum al convertirse en una evaluación de su gestión va influir en la decisión de los electores hacia el no, como forma de rechazo a la gestión del gobierno, como ya ha sucedido en consultas populares de gobiernos anteriores.

El aumento de la inseguridad ciudadana, el reciente caso de corrupción en las empresas públicas, la encuesta de Gallup arrojó como resultado que el 64% de los ecuatorianos se siente insegure y, si le agregamos, que la FAO, en un informe, revela que el Ecuador es el segundo país latinoamericano con más hambre muestran el crítico escenario en que se darán las elecciones. La influencia de estos factores, en las decisiones de los electores, en el referéndum, lo analizaremos en un siguiente artículo.  

Luis Rosero M.

Los recientes hechos de violencia muestran el aumento de la inseguridad ciudadana, con una situación social en declive y continuo deterioro del mercado de trabajo reflejado en un subempleo alto y crecimiento del sector informal. Es un escenario permanente de más temor de la población por la inseguridad a lo que se unen los problemas de subsistencia de una parte importante de la población y deterioro del mercado de trabajo por la no generación de empleo suficiente que absorba la creciente oferta de trabajo.

Hubo un segundo ataque armado en hospitales en una institución de salud privada de Guayaquil y el asesinato de un dirigente de una ciudadela con lo cual aumentó a 60 los muertos, en esta ciudad, por violencia criminal en tan solo 14 días de lo que va del año. La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador en un comunicado señaló que “lamenta la situación de inseguridad que vive el país y rechaza en forma contundente las acciones de violencia que se han venido presentando en las instituciones de salud desde tiempo atrás y han alcanzado niveles alarmantes.” En los hospitales públicos ya se han dado varios casos de asesinatos de pacientes, por parte de elementos armados. A eso se agregan los cometidos a familias enteras en Guayaquil y partes de cuerpos humanos que los delincuentes arrojan a las calles. Sigue creciendo el estado de inseguridad y la población continúa con zozobra, temor e incertidumbre que afecta su movilidad, la actividad comercial y turística. Esto es un reflejo de lo que sucede en el país y, sobre todo, en las provincias de la costa. El Gobierno, de acuerdo a los datos estadísticos, no puede controlar la situación o no tiene una estrategia de seguridad o ésta es ineficaz.

El deterioro del mercado de trabajo continúa por la desaceleración de la economía. En el último trimestre del año, por las festividades, aumenta temporalmente el nivel de actividad económica lo que incide en la evolución del mercado de trabajo. Si bien aumentó la tasa de empleo adecuado, disminuyó el desempleo y subempleo, en noviembre de 2022, sin embargo, este último es alto y se ubicó 22.9% y el sector informal sigue creciendo y alcanza a 5 millones de personas. Por otro lado, la tasa de inflación anual, a diciembre, llegó a 3.7%, mientras que, en 2021, sólo representaba 1.9%. O sea, el año pasado, casi se duplica la inflación anual. Esto además de encarecer el costo de la canasta básica implica que muchas familias no pueden acceder al consumo total de la canasta básico. Si analizamos los indicadores de pobreza por ingreso, tenemos que, a Junio de 2022, la pobreza nacional fue 25% y la pobreza extrema 10.7%, o sea más de un tercio de la población tiene dificultades para acceder a la canasta básica. Si le agregamos los indicadores del hambre la situación es aún más crítica.

En consecuencia, el deterioro del mercado de trabajo y de la situación social, reflejada por los índices de pobreza, lleva a los que se encuentran en esta situación crítica a buscar formas de enfrentar la subsistencia por la vida a lo que se suma los factores de inseguridad. Hasta setiembre de 2022, fueron detenidos 22780 migrantes ecuatorianos en la frontera entre México y EE.UU. mientras que en octubre  llegó a 7097 y noviembre 11949, o sea que, hasta en este último sumaban, en total, 41826, lo  que podría llevar, en 2022, a alcanzar más de 50000 compatriotas detenidos, sin contar con la migración legal e ilegal a otras regiones del mundo. La situación es desesperante, a tal punto, que la Oficina de Migraciones de Panamá informó que los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que más atraviesa por el Darién (frontera entre Colombia y Panamá) de forma irregular y calcula que, al menos, 29356 cruzaron esta selva durante 2022. Lo paradójico es que, en el III trimestre de 2022, aumentó el nivel de remesas de los migrantes ecuatorianos, que explicaría cómo, pese a la situación de pobreza y hambre, ese tercio de la población afectado por el deterioro social pueda seguir subsistiendo.

En síntesis, el deterioro del mercado de trabajo, de la situación social y la inseguridad ciudadana, además de provocar temor y pobreza entre los residentes en el país, están empujando a que miles de ecuatorianos migren irregularmente hacia EE.UU. como forma de encontrar una fuente de ingresos que posibiliten la subsistencia de ellos y de sus familias. Esta anunciado por los organismos internacionales que, en 2023, habría una desaceleración de la economía mundial y un tercio de ésta entraría en recesión, lo que llevaría en el país a un menor crecimiento y, en consecuencia, más desempleo y subempleo, empeoramiento de la situación social y mayor migración.

Luis Rosero M.

Con acciones, sin precedentes, parecida a la toma del Capitolio, Lula está enfrentando el intento de golpe de estado que muestra el arraigamiento del autoritarismo institucional y de lo que es capaz la corriente ultraderechista para mantenerse en el poder. Sus seguidores tomaron los edificios de las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial símbolos de la democracia. Es el reflejo de la antidemocracia, actitud dictatorial e imposición de la fuerza para controlar la sociedad. El triunfo de Lula, por escaso margen, revela la polaridad de la sociedad brasileña, como la ideología extrema puede afectar a un país y el resurgimiento de las vertientes autoritarias, en el poder, que marcaron un camino peligroso contra la democracia. Con el nuevo Presidente, renace la esperanza de la reducción de la desigualdad y un camino para mayor bienestar social. A nivel de la región, retomaría el liderazgo en América Latina y es un aliento para la integración latinoamericana.

Bolsonaro, de extrema derecha y seguidor de Trump, siguió una política social y económica que afectó a la sociedad brasileña. Como negacionista del covid llegó al extremo de esconder las vacunas y tardar en su aplicación causando miles de muertes que se pudieron evitar; marcó un record histórico en la deforestación de la amazonia y negaba el cambio climático; aumentó la pobreza y el hambre y, solo, al fin de su mandato, utilizó la política social para tratar de reelegirse pero ya la desigualdad había aumentado a niveles sin precedentes; con su estilo autoritario utilizó el poder para imponer muchas decisiones por la fuerza; además de misógeno es racista, homofóbico, etc.. Mostró ser antidemocrático al tratar de impedir la investidura de Lula y volvió a realizarlo ayer, cuando sus seguidores, insistieron en que Lula deje el poder. Lo anterior, solo en sus 4 años de mandato, causó un grave daño al país.

Esta situación, el aumento de la desigualdad y pobreza, la alianza del Partido de los Trabajadores con partidos de varias tendencias, incluida la derecha, pesaron mucho más, en la elección presidencial, que las acusaciones de corrupción contra él y su gobierno. Sin embargo, Bolsonaro, apoyado en la extrema derecha y los evangélicos, lograron imponer valores y una cultura conservadora que casi le permiten la reelección. Después de los 2 gobiernos de Lula y Dilma, ha habido un gran cambio económico en el país con la desindustrialización, reprimarización de la economía y más concentración del ingreso y de la riqueza.

Lula deberá enfrentar, en lo político, la polarización del país con una extrema derecha que mantiene, además del poder económico, el control del Congreso, la mayoría de gobernadores del país bolsonaristas y  la corriente autoritaria institucional. En lo social, su principal reto es frenar el aumento de la pobreza y el hambre de 30 millones de brasileños; en lo económico, tendrá que gestionar la reactivación económica así como el déficit fiscal y, en lo ambiental, detener la deforestación de la amazonia.

En lo social, en 2021, la pobreza representó el 29.4% de la población (62.5 millones), un aumento de 22.7% en solo un año, mientras que la extrema pobreza alcanzó 8.4%, en tanto que, en las regiones mas pobres, noreste saltó a 48.7% y en la Amazonia 44.9%, que son justamente las que fueron decisivas para el triunfo de Lula. En sus dos primeros gobiernos pudo sacar de la pobreza a 30 millones y ahora debe hacerlo nuevamente pero se topa con las restricciones presupuestarias, sobre todo, para el programa Bolsa Familia y el gasto social. Sin embargo, a fines de diciembre de 2022, el Congreso aprobó la propuesta del incremento del gasto social propuesto por el presidente electo, lo que le posibilita ampliar el subsidio a los más pobres.

En lo económico, el escenario es complejo ya que China, EE.UU. y la UE desaceleraran sus economías en 2023 y el FMI anunció que, además, una tercera parte de la economía mundial entrará en recesión. Si China desacelera su economía importará menos productos agropecuarios de Brasil, lo que tendrá un efecto sobre su crecimiento y, con lo cual, se complica el cumplimiento de sus promesas de campaña.

En lo ambiental, su reto será parar la deforestación de la amazonia. Así, en el gobierno de Bolsonaro, ésta se incrementó en un 60% al permitir la explotación de recursos naturales y pone en peligro al pulmón del mundo. La Ministra de Ambiente, Marina Silva, que ocupó esa cartera, en los gobiernos anteriores de Lula, declaró que la gestión de Bolsonaro “fue escenario de actos contra la propia democracia, la ciencia, la salud, el medio ambiente y a propia vida ” y que establecerá un plan de acción para prevenir y controlar la deforestación de la amazonia, señaló además que los pueblos indígenas y defensores del medio ambiente sufrieron por la violencia y del desmantelamiento de los organismos de protección ambiental.

En síntesis, Lula enfrentará el reto de cumplir con sus promesas electorales. La ventaja que es un político pragmático que deberá negociar con las fuerzas políticas para lograrlo. Lo cierto es que puede poner freno a la irracionalidad del bolsonarismo que, a más del daño ambiental, aumento de la pobreza, etc., generó un estilo autoritario para imponer, apoyado en la extrema derecha y utilización de la iglesia evangélica, sus decisiones que es realmente un peligro para la sociedad y la democracia de su país. Concluimos este artículo, en la noche de ayer, esperando que las fuerzas democráticas se impongan y se establezca un acuerdo de unidad nacional para impedir el avance del autoritarismo y que la élite entienda que son los problemas estructurales que hay que atacar reduciendo la desigualdad, pobreza y hambre, generando desarrollo económico para generar empleo, crecer y competir en la globalización a fin de mantener la paz social y mejorar el bienestar de la población.

Luis Rosero M.

El balance económico preliminar de la CEPAL de A. Latina estima, para el Ecuador, una tasa de crecimiento de 2022 menor a la proyectada por el Banco Central y una más baja para 2023 confirmando la tendencia a la desaceleración económica; por otro lado, el gobierno no llega a completar su proyecto económico ya que éste se basa en un proceso de apertura económica que no se concreta aún.

La CEPAL plantea una serie de tendencias económicas en 2022 como una desaceleración económica a partir del III Trimestre en todos los países de la región con una reducción de todos los componentes de la demanda agregada, también se registraría una reducción de la inflación. Los necesidades serían expandir el espacio fiscal para dar sostenibilidad a mayores demandas de social e inversión pública y evitar ajustes fiscales prematuras. Además, considera que tendría algunos desafíos como dinamizar el crecimiento, generar empleo de calidad, reducir la pobreza y la desigualdad y elevar la inversión. Estima que, en A. Latina, el crecimiento en 2022 sería de 3.6% y en 2023 sólo de 1.2%. Para el Ecuador proyecta, para este año, solo de 2.7%. En tanto que, el FMI, estima una desaceleración simultánea en EE.UU., la UE y China, con una recesión de una tercera parte de la economía mundial en 2023.

El Banco Central había estimado, para 2022, un crecimiento de 3.1%. Según las Cuentas Nacionales Trimestrales, de este año, en el I Trimestre el país creció 3.8% y, en el segundo, sólo 1.7% que, el gobierno, lo atribuye a los efectos del paro indígena de Junio. Entre los dos períodos, se registra un menor dinamismo en el consumo de los hogares, consumo final del gobierno y de la FBKF. Según el Índice de Actividad Económica Coyuntural, en enero, el índice fue 12.7  y septiembre de sólo 4.8, mostrando una tendencia a la desaceleración económica. Las estimaciones de la CEPAL señalan que, en el III Trimestre de 2022, se habría registrado un menor aumento en todos los componentes de la demanda agregada, lo que implicaría un menor crecimiento económico para este año. Lo más crítico es que en 2023, la Cepal proyecta sólo un crecimiento de 2% lo que confirmaría la tendencia a la desaceleración de la economía ecuatoriana.

El gobierno está tratando de iniciar un proceso de apertura económica más agresivo a fin de atraer inversión extranjera que, a su criterio, permitiría dinamizar la economía. A mediados de Diciembre, de este año, se debía haber realizado, en Lima, una reunión de la Alianza del Pacifico. Sin embargo, por la destitución del presidente peruano no fue posible. AMLO, el presidente mexicano afirmó que, en la negociación del acuerdo comercial Ecuador-México habría una aceptación en cuanto a pesca pero no así en banano y camarón. Este era el boleto de entrada para que Ecuador ingrese a dicha Alianza. Las cámaras empresariales, de estos dos productos, consideran que no se firmaría este acuerdo y sugieren que se debe cerrar acuerdos con China y Corea del Sur. El gobierno anunció el cierre de un acuerdo comercial con Costa Rica. Sin embargo, se esperaba que se firme además con China en 2022. Al parecer, en 2023 se concretaría algunos de estos acuerdos. El interés del gobierno es atraer inversión extranjera, principalmente a través de maquila, incentivándola con exenciones tributarias y arancelarias. Hasta tanto, dicha inversión es exigua y el gobierno no puede cumplir con su oferta de generación de empleo, cuando ya lleva más de año y medio en el poder y con una crítica situación política y de inseguridad ciudadana.

En síntesis, al parecer habría un menor crecimiento en 2022 respecto a lo proyectado por el Banco Central y con la proyección de crecimiento de la CEPAL de 2% para 2023 se confirmaría la tendencia a la desaceleración económica (el Banco Central prevé 3.1%). En 2022, no se firmaría ningún acuerdo comercial. Esto limita al gobierno de cumplir con su oferta de generación de empleo. En cuanto, a las cuentas públicas, habría una reducción del déficit fiscal al 1.7% del PIB, según el gobierno, que es una tendencia positiva, pero con un ajuste que disminuyó fuertemente la inversión pública. A lo que se suma que el gobierno ha acudido a un fuerte endeudamiento externo, sobre todo con organismos multilaterales, lo que incide negativamente sobre el presupuesto del estado y  la balanza de pagos. Ésta, en el II trimestre de 2022, tuvo un saldo superavitario en cuenta corriente de 1366 y la cuenta de capital de 19 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, en el período Enero-Octubre de 2022, hay un aumento de 25% de las exportaciones totales, en cambio, las importaciones totales crecieron 31.5%, lo cual generó un déficit comercial de 541.8 millones de dólares, con lo que la balanza comercial petrolera como no la petrolera son deficitarias. La tendencia de la inflación anual casi se ha duplicado, llegando a Noviembre a 3.64, aunque es menor a la inflación de la mayoría de los países latinoamericanos. En cuanto al mercado laboral, a Noviembre, la tasa de empleo adecuado aumentó a 35.6% (lo que significa que sólo un poco más de un tercio de la PEA se encuentra en el sector formal) mientras que la tasa de desempleo disminuyó a 3.8% y la tasa de subempleo cayó a 22.9% (o sea un quinto de la PEA, en la que se encuentra el sector informal). Por otro lado, los bancos privados aumentaron en un 48% sus utilidades mientras que la población bajo la línea de pobreza, según el Banco Mundial, llegó a 33% en 2020. A junio de 2022, según INEC, la pobreza por ingresos, a nivel nacional, fue 25%, o sea un cuarto de la población del país. Estos últimos datos muestran el grado de desigualdad social. En cambio, el índice riesgo país, a diciembre 28, alcanzó 1246 puntos, reflejando la crítica situación económica.

Lo complejo de la coyuntura política del país, en el próximo año, es que el gobierno apuesta por una consulta popular que se puede convertir en una evaluación de la gestión del gobierno. Si no gana la consulta, la situación política se complejiza y el gobierno apuntaría, en el área económica, a la aprobación del proyecto de ley de inversiones para atraer sobre todo a la extranjera a fin de buscar cumplir con su oferta de creación de empleo y dinamizar la economía.

Luis Rosero M.

La destitución de Pedro Castillo, ex presidente de Perú, desencadenó una fuerte reacción social con violencia que tiene semiparalizado al país y puede desencadenar en una fuerte explosión social para lo cual se ha aplicado una fuerte represión. La inestabilidad política de dicho país no es nueva y está relacionada con su clase política corrupta y mediocre que busca sus propios intereses, no del país, así como por la compleja situación social.

En los últimos cuatro años, el país andino ha tenido cinco presidentes. En 2018, Kuczynshi renunció por corrupción, lo reemplazó Martín Vizcarra, en Marzo de 2018, que fue destituido por el Congreso por incapacidad moral, en noviembre 9 de 2020. Fue sustituido por Manuel Merino que estuvo en el poder hasta Noviembre 15 de dicho año, que renunció por las protestas sociales, siendo reemplazado por Francisco Sagasti, Presidente del Congreso, que estuvo hasta Julio 28 de 2021 y, en este último año, la elección presidencial la ganó Pedro Castillo.

Después de poco tiempo en el poder, Castillo renuncia a su partido que lo llevó al poder: Perú Libre, de extrema izquierda. En su mandato fue cuestionado por nombrar gabinetes con políticos que tenian intereses políticos propios, o corruptos, o con antecedentes judiciales. Fue sometido a 5 investigaciones por el Congreso, lideradas por la derecha, con el fin de destituirlo. Finalmente, logran sacarlo del poder por el intento de disolución del Congreso y tratar de establecer un gobierno de excepción. Fue reemplazado, por su vicepresidenta, Dina Boluarte, que anunció que estaría en el poder el fin del período presidencial en 2026.

Las protestas, se iniciaron casi de inmediato, sobre todo en el sur del país. Son lideradas por grupos de pobres, indígenas, agricultores, confederación de trabajadores y población en general. La violencia ha escalado con el cierre carreteras, toma de aeropuertos y no operación de terminales terrestres. La demanda principal de los manifestantes es la libertad de Castillo, adelanto de las elecciones y Asamblea Constituyente. La represión no se hizo esperar, a tal punto que se  registraron 26 muertos, 200 detenidos y cientos de heridos, hasta el 20 de diciembre, por la intervención del ejército y la policía sobre todo en el sur. Ante esta carnicería, renunciaron el ministro de educación y el de cultura. Después, la Presidente destituye al primer ministro a quien atribuye tanta represión.  Se buscaba acallar las protestas a sangre y fuego. Así, en Ayacucho hay 3 muertos, en Arequipa, se cerró el terminal terrestre y se bloquearon carreteras al igual que en Puno y en Cusco se cerró el aeropuerto, que son los sectores que votaron mayoritamente por Castillo. Además, se inició la persecución a los partidarios de Castillo. Las protestas han escalado tanto que la Presidenta anunció el traslado de las elecciones para 2024 y declaró el estado de emergencia en todo el país. Presionada por la expresión social, aseguró que adelantaría las elecciones para 2023 y declaró toque de queda, por 5 días, en 15 provincias de 8 departamentos, entre ellos los que mencionamos. El Congreso finalmente, presionada por las protestas, aprobó elecciones presidenciales para Abril de 2024. Las protestas populares demuestran el hartazgo de la población por la aplicación de un modelo neoliberal y la presencia de una clase política corrupta y con intereses propios. Mientras que la Justicia dictaminó prisión preventiva por 18 meses a Castillo acusándolo de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.

La clase política peruana, dominada por la derecha, busca mantener el poder o a través de un representante, para asegurar la continuidad del statu quo y alcanzar su propio interés particular  buscando réditos económicos en el ejercicio de funciones públicas. Además, es una clase corrupta como lo muestra que varios presidentes han sido destituidos por esta causa o se han visto obligados a renunciar por este motivo. Por otro lado, las negociaciones políticas en el Congreso son de toma y daca. Castillo había ofrecido aplicar un plan anticorrupción, una política social para reducir la inequidad y la pobreza, etc.

Además de la clase política que busca su propio interés y no del país, la crítica situación laboral y social explica las virulentas protestas. Según la información oficial, en el II trimestre de 2022, la tasa de empleo adecuado fue 33.8% de la PEA, mientras que la tasa de desempleo alcanzó 4%, pero el subempleo subió a 23%, sin embargo, el sector informal urbano alcanzó 70.6% y en lo rural llegó 95.3%. Estas cifras muestran claramente el deterioro del mercado de trabajo y uno de sus problemas estructurales. Así, solo 3 personas de 10 están empleadas en el sector formal y 7 en el informal en el que se refugian los subempleados y los que dependen del ingreso diario por un trabajo precario. En el Panorama Social de A. Latina 2022, la Cepal recoge una serie estadística que refleja la situación social del país.  el índice de Gini, indicador de la redistribución del ingreso, llegó en 2018 a 0,439 y en 2021 alcanzó 0,426, una leve reducción pero que indica el alto grado de desigualdad en la distribución del ingreso (menor desigualdad cuando el índice se acerca a cero).  En tanto, en 2021, la pobreza total alcanzó 25.9% y la pobreza extrema 4.1%. Mientras que gasto social del gobierno central, sólo representó el 12% del PIB. De este, solo 3.8% fue para educación, lo que explica que, en 2020, el quintil I, la más pobre, el 23% alcanzó a terminar la educación superior en tanto que en el quintil V, más rico, lo logró el 49%. El gasto en salud alcanzó 6.6% del PIB.

En síntesis, la clase política mediocre, corrupta y que persigue su interés político y personal, ha sido el factor clave para mantener el statu quo y es un factor de la inestabilidad política y social del país. Como consecuencia, ha sido mercantilizado el poder y provocado la falta de gobernabilidad y de continuidad en la política social y económica que ha afectado a los sectores sociales más desvalidos de la sociedad. Por otro lado, el poder económico y financiero ha conducido a una concentración del ingreso y la riqueza llevando a más a la desigualdad que se expresa en el aumento de la pobreza, miseria y hambre que va creciendo cada vez más. Las manifestaciones muestran que en la calle se expresa el clamor y el descontento popular por la situación política, económica y social, a tal punto que ya se oyen voces de que se vayan todos, tal como ocurrió en Argentina, cuando fue obligado a renunciar, a fines de 2001, dos años antes de terminar su mandato, por llevar al desastre económico y social al país. También hay que recordar la explosión social en Chile que se tradujo en la implementación de una serie de demandas de carácter político y social. El riesgo es que ocurra una explosión social de magnitud para tratar de acabar con tanto descalabro social y económico.