Luis Rosero M.

Los actos de violencia, a inicios de Noviembre, han hecho crisis la paz social, ante lo cual el gobierno recurrió nuevamente al estado de excepción y acciones tibias para enfrentar la situación. Ante la crisis de la seguridad, no se conoce la estrategia para enfrentar la violencia, que parece no tiene fin así como el temor de la población que ve debilitada, cada vez más, la seguridad ciudadana.

La grave crisis de seguridad social, que tiene en zozobra a la población, se manifestó con atentados, asesinatos de policías, explosiones en UPC, coches bombas y ataques en estaciones de servicio, recibimiento a bala a los miembros de la policía y fuerzas armadas que entraron a la Penitenciaría del litoral,-que esperaron tres días para poder ingresar-, etc. Los hechos de violencia fueron 8 en Guayaquil y varios ataques en Durán. Estos hechos no solo se registraron en la provincia del Guayas sino además en Esmeraldas. La repuesta gubernamental fue declarar estado de excepción en éstas y que se extendió a la provincia de Santo Domingo. Al parecer, la repuesta de la violencia criminal fue por el traslado de reos desde dicha Penitenciaría a otras prisiones. Hoy, en el programa A Primera Hora, de Sonorama, Patricio Vela entrevistó a Ana Minda, periodista especializada en grupos criminales,  señaló  que esta medida fue propuesta en Europa en la lucha contra dichos grupos, lo que da indicios de falta de estrategia.

Los expertos señalan que los estados de excepción no son suficientes sino se toman otras medidas. Nelsa Curbelo, en su artículo “Reconocer la derrota frente a la violencia” señala claramente que la lucha contra la violencia en las cárceles y en las calles se está perdiendo. Patricio Acosta, militar en servicio pasivo, en entrevista, señaló que “Sin un plan nacional de seguridad, el estado de excepción en Guayas y Esmerladas no dará resultado”. El exministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Gándara señala que es necesario un duro plan de seguridad. El gobierno ha informado que tiene una estrategia elaborada, pero por razones legales no puede ser revelada. Pero lo importante, es que se tomen medidas eficaces contra esa violencia.

A nivel internacional, los medios de comunicación informan que Ecuador es un país en guerra. Diario El País reporta que los carteles de droga mexicanos se disputan territorio. Sin embargo, en las redes apareció una advertencia de atentados y sabotajes colgado por bandas criminales locales que han realizado varios actos de violencia.

Los efectos del incremento de la violencia no solo son económicos ej. (contracción de ventas en varios sectores productivos; en el comercio, baja asistencia a locales y centros comerciales; en el turismo caso de reducción de la asistencia en las playas de Santa Elena y Esmeraldas, pérdida de empleo, reducción del nivel de vida, etc.) sino además en la seguridad ciudadana. Buena parte de la población vive en zozobra, con miedo, temor generalizado, etc. que se ve obligada al confinamiento en casa para reducir el riesgo de pérdida de vida. Afecta su calidad de vida por la menor movilidad social y reducción de las actividades de entretenimiento.

El gobierno convocó al Consejo de Seguridad Pública, no se conoce que resolvieron. Hemos llegado a alto nivel de violencia que hace invivible esta situación y que requiere que, de una vez por todas, el gobierno aplique una estrategia efectiva contra la violencia. Para ello, entre otras acciones, es necesario la coordinación del gobierno central con los gobiernos descentralizados, o sea con gobiernos provinciales y locales que tienen policías metropolitanos. Pero no sólo se trata de lo urbano, a nivel rural el nivel de delincuencia criminal ha aumentado y tiene en vilo a agricultores y pobladores, por ello también es importante la coordinación con las Juntas Parroquiales Rurales.

El tema no solo pasa por el uso de las armas e insumos para éstas que, además, según una periodista de El Comercio, en un video informó, que algunos miembros de la policía no tiene municiones ni chalecos, tienen armas -al parecer por la austeridad fiscal- que confirma Ana Minda y se corrobora con la rebaja del presupuesto para 2023 a la Policía Nacional, sino también de tratar de paliar aún mas la situación de pobreza y hambre que va en aumento y son fermento de la violencia. Es hora de la Unidad Nacional para frenar la violencia, que es un flagelo nacional.

El riesgo es que como dijo Ana Minda, en dicho programa, que la violencia avance mucho mas para seguir sitiando territorios, ganar poder y llevar al pánico a la población como ocurrió en la época crítica en Colombia y México. Los hechos muestran una mala calidad en la gestión pública, no solo en seguridad, que se puede resumir en una palabra: ineficacia. Ahora, el Presidente acusa a narcopolíticos de defender a las bandas criminales para tratar de desestabilizar la democracia y volver al poder. Nuevamente, otra cortina de humo para camuflar en la ineficacia en la gestión pública en varias áreas. La Conferencia Episcopal llamó a una jornada de oración para pedir por la paz y, al parecer, no nos queda más que rezar para pedir por el freno y reducción de la espiral de violencia.

Luis Rosero M.

En 2022, la tendencia de la economía es hacia la desaceleración, aumento de la inflación y mantenimiento del ajuste económico, tratando de alcanzar las metas del FMI, que contribuye a la primera tendencia. A su vez, el gobierno insiste en su esquema de reformas estructurales, para tratar de incentivar la actividad económica, pero ha logrado muy poco. Lo cierto es que hay incertidumbre sobre el rumbo económico.

En cuanto al ritmo de la actividad económica, el crecimiento fue apenas de 1.7% en el II Trimestre, en relación al mismo trimestre del año anterior, que comparado con el 3.8% del I Trimestre de 2021 marca una tendencia a la deceleración. El comportamiento económico del II Trimestre, de este año, se explica principalmente por el gasto de consumo de los hogares de 4.9%, del gasto de consumo del gobierno de 2.4% e inversión con 3.1%. Sin embargo, las exportaciones de bienes y servicios se contrajeron -0.1% mientras que las importaciones se incrementaron 7%. El Banco Central, por este comportamiento de la economía, redujo su proyección de tasa de crecimiento para 2022 a 2.7%. La tendencia a la desaceleración de la economía se profundiza por la continuación del ajuste. Pero en cambio, estima que el crecimiento, en 2023, sería de 3.1%, a pesar de que la mayoría de los organismos financieros internacionales prevén una recesión mundial en el siguiente año.

El ajuste continúa, de acuerdo a lo pactado en el convenio de crédito con el FMI. Un dato importante, sobre este tema, es el comportamiento de la inversión pública. En periodo, enero-agosto, la inversión pública solo fue 509 millones de dólares, que es sólo el 18% de lo programado para esta variable que alcanza a 2.800 millones. Ya estamos en el IV trimestre del año, como marca la tendencia histórica, no se alcanzará a ejecutar los programado. El gobierno sigue a la espera que aumente la inversión nacional o atraer la inversión extranjera, pero no hay nueva inversión y la segunda no llega. Además, el ajuste, se reforzó con la reforma tributaria, al reducir la base imponible de asalariados y empleados que incidió para que paguen más impuesto a la renta, lo cual ralentizó el consumo de las familias. Por otro lado, están cayendo, en lo que va del II semestre, algunos productos de las exportaciones tradicionales, que reforzaría dicha tendencia.  Por ello, el gobierno insiste en presentar a la Asamblea la ley de inversiones reformulada, pero ésta, aún se apruebe en este año, solo podría incentivarse en 2023.

En cuanto, a la inflación, la invasión de Rusia a Crimea, afectó la provisión de insumos y materias primas agrícolas aumentando sus precios a lo que se agrega los problemas logísticos y de abastecimiento que dejó la pandemia. Estos factores externos incidieron en el aumento de la inflación nacional a los que se agregan los incrementos de costos y márgenes de ganancias de las empresas locales. Así, la tendencia al alza de la inflación se inicia en octubre de 2021 alcanzando, en diciembre, de ese año, 1.9%. A partir de enero de 2022 la tendencia continua y, en ese mes alcanzó 2.5%, ya en abril llegó a 2.8% y, en junio repunta a 4.2%, en la que influyó el paro indígena. Si bien disminuye, en los dos siguientes meses, en septiembre alcanza nuevamente 4.2%. Esta tendencia afectó el costo de la canasta básica. Así, en diciembre de 2021, alcanzó $ 719,6% y, a septiembre de 2022, llegó a $ 756,9%, o sea un incremento de 5.1% en dicho periodo.

Finalmente, el gobierno insiste en su propuesta de reformas estructurales que busca implementar una economía de mercado más libre. Logró que se aprobará la reforma tributaria y, ahora, está intentando para que la Asamblea apoye la ley de inversiones. Para eso, llegó a un acuerdo con ésta para negociar los términos del proyecto de ley. Ya se conoce un anteproyecto. El gobierno insiste, como parte central de éste, en reformar las zonas francas para que puedan, con una serie de incentivos tributarios, el ingreso de maquila, preferentemente con inversión extranjera, para dinamizar la actividad económica y el empleo. Ligado, a este proyecto, está el de la reforma al mercado de trabajo, para que se reduzca el costo de contratación de la mano de obra.

En síntesis, la tendencia que muestra la economía, hasta el momento, es la desaceleración económica, la continuación del ajuste. La actividad económica del IV trimestre es clave para revertir esta tendencia. Continuará el aumento de la inflación y tratar de lograr de aprobar reformas estructurales para incentivar el crecimiento y aumentar el empleo. Sin embargo, en este año, aún se apruebe el anteproyecto tendrá efectos en el siguiente año. Hay incertidumbre, hasta la fecha, del rumbo económico.

Luis Rosero M.

Concluyeron las negociaciones entre el gobierno y el movimiento indígena (CONAIE, FENOCIN y FEINE) , después de paro indígena en Octubre, firmándose un acta de cierre que resume los acuerdos y desacuerdos alcanzados en las distintas mesas temáticas. El desafío del gobierno es cumplir lo acordado o se arriesga a una nueva protesta indígena que mostró la fuerza y movilidad que tiene.
Las mesas fueron de: focalización de subsidios, banca pública y privada, fomento productivo, energía y recursos naturales, control de precios, seguridad, justicia y derechos, acceso a la salud y mesas técnicas y empleo y derechos laborales. En cada una de estas se presentaron demandas y petitorios que concluyeron en acuerdos y desacuerdos. Se estableció una mesa de seguimiento para comprobar el cumplimiento de los acuerdos.
En la mesa de focalización de subsidios, después de conseguir, al fin del paro, una reducción adicional del 5% del precio de la gasolina extra y ecopaís, se acordó mantener el subsidio general, prohibir la liberación de los combustibles, implementar sistemas y plataformas para el cobro diferenciado de los precios de los combustibles, etc. También se establecieron los criterios de exclusión del subsidio para el segmento automotriz de los siguientes vehículos con cilindrajes mayores a: autos 2201, camionetas 3001, jeep 2401, motos 301. Además, quedarían fuera del subsidio los dueños de 3 vehículos o más, vehículos cuyos propietarios tengan ingresos igual o superior a 41.603,01. En otras palabras, quedarían fuera los vehículos de alta gama o los que usan los propietarios de altos ingresos. En cuanto, a la pesca artesanal se mantiene el subsidio y el gobierno se compromete a establecer estaciones de venta de combustibles propias. Entre los principales desacuerdos están la determinación del cupo mensual, sistemas de bandas para los que no reciban el subsidio, precios diferenciados para las grandes empresas y subsidio social y comunitario.
El aspecto clave, en esta temática, es el subsidio generalizado o focalizado. En el caso de la gasolina extra o ecopaís, el subsidio de esta última llega, según el gobierno, a $ 0.49. Este se justifica porque la en el caso de la extra, la usa y el transporte público que posibilita que no aumente el precio del pasaje de buses, evitando una mayor inflación, sobre todo en esta época de crisis internacional en que, entre otros aspectos, ha elevado la inflación en EE.UU y Europa a alrededor del 10%, en los últimos meses. Si el subsidio es generalizado, como sucede actualmente, salen beneficiados del mismo, los que tienen altos ingresos. La decisión para focalizar el subsidio es básicamente una decisión política, pues con el sistema que tiene Petroecuador, con los parámetros definidos para exclusión del subsidio, existe el mecanismo y aplicar el subsidio focalizado en las gasolinas.
Según declaraciones del Ministro de Energía, el subsidio este año sería de 4000 millones y el parque automotor recibe el 49% de los subsidios. De éste, el 30% se destina a vehículos livianos y 70% a pesados. Este 30% representa el 14.7% del total de los subsidios (automotrices, domésticos, atunero, camaronero, pesquero, aviación, etc.). El gobierno calcula que la reducción del subsidio a los combustibles sería entre 150 a 250 millones. El aspecto crucial, en este tema, es que los subsidios a sectores productivos deben ser temporales y no permanentes, pues ello implicaría mantener la ineficiencia y no alentar la competitividad. Los casos mas relevantes, en estos sectores, son los subsidios a los combustibles a camaroneros y pesqueros. Por los primeros, en 2021, el país llegó a ser el primer exportador mundial de camarón, lo que significa un boom para este sector. Estos alegan que el subsidio que reciben lo compensan con los gastos que realizan en seguridad. Lo cierto es que este sector tiene suficientes recursos y capacidad para absorber la quita de subsidios, por ello llegó a ese primer puesto. Además, el gobierno tiene en sus manos la solución, pues esta el proyecto de sustituir el diésel que consumen las piscinas camaroneras con un tendido eléctrico que lleve energía para el funcionamiento de las bombas de agua que utilizan. Así mismo, el sector atunero que pesca en el mar es elmmás grande en Latinoamérica en capturas, lo que demuestra su capacidad y fortaleza que le permitirá asumir la eliminación del subsidio.
La decisión de quitar el subsidio es fundamentalmente política. En el sector camaronero hay que implementar el tendido eléctrico como solución a mediano plazo, en el corto plazo se puede eliminar dicho subsidio pues lo pueden asumir. Así mismo es el caso de la pesca marítima. El polo opuesto a esta situación de bonanza es, según el Banco Mundial, el 30% de la población del país está bajo la línea de pobreza. En todo caso, los recursos que se liberarían por la focalización del subsidio de los combustibles, que deben favorecer a los más pobres, se debería utilizar en aumentar el bienestar social, en gastos sociales como salud y educación tal como exige el movimiento indígena que mostró la capacidad de sentar al gobierno a negociar y obligarlo a otorgar beneficios no solo al movimiento indígena sino también a la población más desfavorecida.

Luis Rosero M.