Luis Rosero M.
El 5 de Febrero habrá elecciones seccionales, elección de consejeros del CPCCS y un referéndum, impulsado por el gobierno, para modificar la constitución. Estos eventos se desarrollarán en un complicado escenario de aumento de la inseguridad ciudadana, las elecciones violentas que incluye el asesinato de un candidato a alcalde, el caso de corrupción de las empresas públicas y una encuesta, realizada por una institución internacional, que refleja el grado de inseguridad que vive el país y, para complicar el panorama, la FAO informa que el Ecuador es el segundo país sudamericano que más hambre sufre.
En las elecciones seccionales se elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales rurales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En el referéndum se votarán 8 preguntas para modificar la constitución auspiciadas por el gobierno. El marco político y social, en que se de desarrollará las elecciones y referéndum, es muy complicado y podría influir en la decisión de los electores.
En una revisión somera, de las 8 preguntas del referéndum, habría una inclinación en votar sí y, al parecer, está diseñado con ese propósito. Entre otras quien no estaría de acuerdo en la pregunta 3 en reducir el número de asambleístas y, en la 4, que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de afiliados para seguir existiendo, en la 7 sobre la protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y, en la 8 que se pague compensaciones a comunidades indígenas por la generación de servicios ambientales.
Un tanto diferente son las preguntas 5 y 6. En la primera, se solicita votar por eliminar la facultad de nombrar autoridades de control al CPCCS y trasladar la decisión a la Asamblea. En la pregunta sexta, la Asamblea llamaría a una postulación ciudadana para ser miembro del CPCCS y una comisión técnica (formada por un delegado de cada función del estado, dos por las universidades y dos ciudadanos) emitirá un informe vinculante de la selección de los consejeros titulares y suplentes del CPCC, en 2 meses, y, en 10 días procederá a su posesión. Este organismo ha sido controlado por los gobiernos de turnos para elegir a dichas autoridades. Actualmente, los actuales consejeros de mayoría están controlados por el gobierno y han elegido autoridades, como el Superintendente de Bancos, que dejan dudas sobre la legalidad de esos nombramientos. De aprobarse con el sí, esta pregunta, al trasladar la decisión de que dichas autoridades sean nombradas por la Asamblea la designación dependerá de los partidos políticos y las negociaciones entre estos. O sea, se traslada el juego político a los legisladores. Al mismo tiempo, se convoca a la elección popular de los consejeros del CPCCS. Sin embargo, lo cuestionable, es que para proceder a elegir los nuevos integrantes del CPCCS, si triunfa el sí, el ejecutivo tiene 6 meses para enviar los proyectos de ley y la Asamblea un año para aprobarlos, lo que significa que el CPCCS seguirá siendo controlado por el gobierno.
Dado el escenario político y social complejo, que influirá en la decisión de los electores, el gobierno corre el riesgo de que dicho evento se convierta en una evaluación de su gestión. Una encuesta sobre la aprobación del Presidente, en Noviembre de 2022, señalan que solo el 12.6% está de acuerdo con la gestión del gobierno. En otras palabras, la mayoría desaprueba la labor del gobierno. Algo parecido muestran la evaluación de la función legislativa y judicial. También, hemos señalado en artículos anteriores, que la intención inicial del gobierno con el referéndum era lavar la mala imagen de su gestión. Con el actual escenario político y social, el referéndum al convertirse en una evaluación de su gestión va influir en la decisión de los electores hacia el no, como forma de rechazo a la gestión del gobierno, como ya ha sucedido en consultas populares de gobiernos anteriores.
El aumento de la inseguridad ciudadana, el reciente caso de corrupción en las empresas públicas, la encuesta de Gallup arrojó como resultado que el 64% de los ecuatorianos se siente insegure y, si le agregamos, que la FAO, en un informe, revela que el Ecuador es el segundo país latinoamericano con más hambre muestran el crítico escenario en que se darán las elecciones. La influencia de estos factores, en las decisiones de los electores, en el referéndum, lo analizaremos en un siguiente artículo.