Luis Rosero M.

La derrota aplastante en el referéndum y consulta popular exige al régimen responder a los desafíos de la desaprobación de su gestión, que exige una rectificación, obligando a un cambio de rumbo, que busque mejorar las condiciones de vida del ciudadano común y corriente, y, por otro lado, diseñe una estrategia efectiva para enfrentar los críticos problemas que enfrenta el país y lo encamine por una senda del desarrollo, distribución más equitativa del ingreso y justicia social.

El triunfo del no puede atribuirse a ningún partido o movimiento político, sino al descontento e inconformidad de la población ante la situación crítica que viven muchos ecuatorianos, a los rasgos del régimen y a una gestión gubernamental ineficiente, que no ha sido capaz, pese a los esfuerzos, de reducir la inseguridad ciudadana, de no atender la crisis social, principalmente de salud y no enfrentar eficazmente la crisis económica actual y la que se viene. En lo político, se requiere llegar a un acuerdo o consenso, con las principales fuerzas políticas, para alcanzar la gobernabilidad y buscar apoyo para enfrentar estos tres problemas que son los más inmediatos y urgentes. Tampoco se puede descuidar atender los problemas estructurales que frenan el crecimiento económico. Sin embargo, el reciclaje y recambio de ministros en la crisis de gabinete, la continuación del conflicto con el Municipio de Quito y el encargo del Ministerio de Salud dejan dudas sobre la necesidad de un gran cambio en el accionar del régimen y parecen no estar a la altura de las circunstancias para entender el mensaje que dejó la aplastante derrota en el evento electoral.

En seguridad, los datos muestran la gravedad de la situación. En los primeros 10 meses, de 2025, las muertes violentas alcanzaron 7553 que superan a las 7062 que se registraron en 2024. Más aún, de acuerdo a la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Internacional Transnacional, el Ecuador tiene en 2025, un Índice Global del Crimen Organizado de 7.48 que lo ubica como el quinto país más violento del mundo y cuarto en América. Esta situación de inseguridad no solo afecta a toda la población, que ve restringida su movilización y sus actividades cotidianas, sino además a los pequeños empresarios, emprendedores y mediana empresa que ve afectada su actividad económica por la exigencia de extorsiones (vacunas) y la reducción de sus clientes. En consecuencia, urge revisar la política, estrategia y tácticas de seguridad para luchar contra el crimen organizado a fin de que sea más efectiva incluyendo, a quienes están dirigiendo las operaciones de seguridad, para reducir los índices de violencia. Al parecer, la estrategia de mano dura no resulta tan eficaz sino va acompañada de otros componentes.

La crisis social se refleja principalmente en la crisis de salud pública expresada por la falta de medicamentos e insumos médicos, atención tardía y restricciones en los servicios de salud básicos (imágenes, operaciones, etc.). Si bien ya se inició el abastecimiento de medicinas, en ciertos hospitales del IESS, en los hospitales regentados por el Ministerio de Salud (MS), sigue la situación crítica. Otro dato que ilustra la crisis social, es la pobreza. Así, según Unicef, el 36.5% de niños y niñas menores de 5 años esta en situación de pobreza por ingresos. Y, de este grupo, el 20% de los menores de 2 años padece de desnutrición crónica. Si bien ésta se ha reducido a 19% en 2024, sigue siendo alta. Sin embargo, según el Inec, a junio de 2025, la pobreza, por ingresos, a nivel nacional alcanzó 24% y la pobreza extrema 10.4%. Esta es la realidad objetiva, que muestra la gravedad de la crisis social. En consecuencia, al gobierno le cabe establecer estrategias para enfrentar la crisis social, empezando con abastecer de medicinas, insumos médicos, a los hospitales del MS y resolver los problemas de atención tardía y restricciones en los servicios de salud básicos. Se trata de mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de la más vulnerable.

De la crisis económica, resalta los problemas de empleo, subempleo y el tamaño del sector informal. En efecto, a septiembre de 2025, según el Inec, la tasa empleo adecuado fue 36.1%. O sea, apenas algo más de un tercio tiene trabajo que cubre los beneficios sociales. La tasa de subempleo representó 21.2% y el sector informal alcanzó más del 50%. En este, tema es clave el crecimiento económico y de ahí la necesidad de la reactivación económica. El otro rasgo visible de esta crisis, es el déficit fiscal de 4.4% a pesar de la reforma tributaria basada en aumentar los ingresos tributarios con impuestos y contribuciones. Pero, lo más crítico es la orientación y prioridades de la política fiscal. Para tratar de reducir el déficit fiscal, el régimen ha relegado al sector salud, de ahí, su crisis; a otros sectores sociales y la inversión pública. Ha utilizado como mecanismo la falta de ejecución del presupuesto. A octubre de 2025, el MS ha ejecutado el 42% de su presupuesto. Ya quedan solo dos meses para fin del año y, en diciembre, el Ministerio de Finanzas cierra las autorizaciones de partidas presupuestarias en diciembre. Por otro lado, hay deshumanización en dicha política. Jubilados y discapacitados han optado por un juicio al gobierno para que se cumpla con la devolución del IVA, que les sirve de complemento a sus escasos ingresos. Y pacientes con enfermedades raras formaron el Frente Nacional de Enfermedades Raras para presionar la entrega de medicinas en el sistema de salud pública. El otro problema fiscal crítico es la deuda pública. Más de las tres cuartas partes de esta corresponde a deuda externa, lo que lleva al riesgo de la sostenibilidad de la deuda externa, una nueva reforma tributaria para pagarla y la posibilidad de una renegociación de la misma. Se ha generado el círculo vicioso déficit fiscal – reforma tributaria – renegociación de la deuda, como ya lo he expresado en otros artículos. La deuda se ha utilizado para gastos corrientes y se adquiere deuda para pagar deuda. Nebot, el ex alcalde de Guayaquil, ha advertido “La deuda externa, tal como esta planteada, es una irresponsabilidad pagarla….”

Finalmente, el régimen debería cambiar su forma de accionar políticamente como la judicialización de la protesta, la opacidad, el acoso a los opositores, la cooptación de otras funciones del estado, la deriva autoritaria, etc.

En síntesis, el régimen esta en una encrucijada o ejecuta eficientemente su gestión, cambia de rumbo, respeta la democracia, defiende los intereses nacionales soberana ante las presiones de la geopolítica, elimina los conflictos de interés, reactiva la economía y abandona su autoritarismo o terminará su período debilitado y rechazado por la población. Si quiere legitimarse deberá esforzarse para mejorar las condiciones de vida de la población, actuar políticamente con mecanismos transparentes y respetar la constitución. Si no, pasará a la historia como un gobierno, de un presidente empresario, que será juzgado por el conflicto entre el interés particular e interés nacional. El país necesita un estadista que esté a la altura de las circunstancias para enfrentar los problemas nacionales.

Según la Iniciativa contra la Delincuencia Organizada (ICDO) la criminalidad en Ecuador en 2023 fue de 7.07 y en 2025 subió a 7.48 puntos. En el mercado de la cocaina su calificación es 9/10. Además, este pais esta dominado por poderosas estructuras mafiosas (Los choneros, los lobos y tiguerones que controlan buena parte del narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y la mineria ilegal). El crimen organizado ha hechado raices en el sector privado en el que empresas de transporte, agricultura y mineria juegan un papel en el tráfico de drogas, la extracción ilegal de oro y lavado de dinero. Fuente: resumen del infome ICDO, Primicias, 12/11/2025.

«La Constitución como instrumento jurídico se limita a establecer normas de convivencia guiadas por principios y valores producto de acuerdos políticos y sociales.. Por eso una nueva no va a soluciones probemas de delincuencia, ni del sistema hospitario, ni de un presupuesto desfinanciado, ni va a eliminar la corrupción, porque no son fines constitucionales, sino mas bien dependen de estamentos inferiores como leyes bien hechas, fuerza pública suficiente, adecuado sistema judicial, eficiente gestión administrativa, funcionarios públicos idóneos y una sociedad honesta y respetuosa del derecho.»

Parte del artículo «Vivir en constitucion» de Carlos Cortaza Vinueza, El Universo, 11/11/2025

Luis Rosero M.

El referéndum y la consulta popular son claves en la intención del gobierno de implantar una nueva constitución. En la decisión electoral de la población influenciarán la coyuntura y el escenario, la calidad de la gestión gubernamental y la pre campaña así como la campaña electoral. El gobierno busca una constitución a la medida de su ideología y política. Cómo en los gobiernos anteriores, la consulta y el referéndum se convertirían en una evaluación de la gestión pública del régimen.

La coyuntura es parte del escenario electoral. En éste destacan ciertos elementos. La encuesta de Click Report, de octubre de este año, muestra que el 45.2% de los ecuatorianos señalaron a la crisis económica como el principal problema, mientras que el 32.2% dijo que delincuencia y la inseguridad es el segundo problema. Como he señalado, en artículos anteriores, dicha crisis se refleja principalmente en un déficit fiscal de 4.4% (que restringe la asignación presupuestaria a salud, IESS, obra pública, etc.). A pesar de que, en el primer semestre, la economía creció 3.8%, esto es una recuperación en relación al -2% de contracción en 2024, sin embargo, se mantiene en la fase de contracción del ciclo económico de 2025 según el Banco Central. En 2026, el crecimiento disminuiría a 2%, según el FMI. Esta tendencia afecta a la generación de empleo (en agosto, apenas el empleo formal 35.1%, subempleo 19.4%, otro empleo no pleno 31.3% y sector informal 55%). El otro gran problema macroeconómico es la deuda pública y su amortización. De ésta, a julio, la externa era 77% y la interna 23%. Para 2026, el país deberá desembolsar 12282 millones en pagos de capital e intereses de la deuda pública según el Observatorio de Política Fiscal, de lo que deberá pagar 6551 millones de la deuda externa que representa el 53% de la deuda total. Como bien señala La Hora, la deuda pública devora al presupuesto, lo que deja menos recursos para otras asignaciones presupuestarias. Como ocurre con la crisis de la salud pública que se refleja en hospitales sin medicamentos y la atención médica tardías, al igual que en el IESS. Pero, además surge el riesgo de la sostenibilidad de la deuda externa y la posibilidad de una renegociación de la misma. Para disminuir este riesgo cabría la posibilidad de una nueva reforma tributaria para obtener mas recursos para pagar dicha deuda.

En cuanto a la seguridad ciudadana, a pesar de los operativos de la policía y FF.AA. los índices de muertes violentas siguen altos, se repiten masacres (cárcel de Machala 27 muertos, según CNN) continúan aumentando las extorsiones (vacunas) y los secuestros. En suma, hay problemas de la menor calidad de la gestión en salud pública, seguridad ciudadana y manejo económico.

La precampaña y la campaña electoral en el referéndum y consulta popular ha sido fuerte en la que el gobierno ha ejecutado políticas y acciones que influirán en la decisión electoral. La visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. a la base militar de Salinas incidirá, en el referéndum, en la decisión de los electores sobre la instalación de bases militares en el Ecuador. En la segunda y tercera preguntas del referéndum de eliminar la entrega de fondos a los partidos políticos y de reducir el número de asambleísta inclina a votar. De esta última, el problema es la calidad y no la cantidad de los legisladores. Dada la crisis y descrédito de la población hacia dichos partidos, y, la histórica mala gestión de la asamblea, en los últimos años, también incidiría en un voto positivo.

Respecto a la consulta popular, el gobierno impulsa una nueva constitución, no ha planteado que tipo de carta magna busca que se apruebe. Solo se ha mencionado ciertos temas. Dahik ha declarado que, en la crisis del IESS, debe separarse el fondo de pensiones, que paga a los jubilados, de los otros fondos (salud, cesantía, etc.) argumentando que las necesidades de los otros fondos ponen en riesgo al fondo de pensiones. Por otro lado, el presidente ha declarado que pasen al Ministerio de Salud las prestaciones de salud del IEES y que éste solo se encargue del fondo de pensiones. Relaciona a esto, si la salud pública esta en crisis agregarle la atención médica de los afiliados al IESS agravaría dicha crisis. Esta propuesta no podría realizar en el corto plazo, como ha señalado el presidente, sino en un mediano plazo ya que implicaría una reforma estructural del sistema de salud pública que reduzca las ineficiencias y la mala atención a los usuarios del servicio salud. En el fondo. lo que plantea el gobierno es una reforma previsional adoptando el modelo chileno de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), ambas privadas. Este modelo hizo pasar la seguridad social de un modelo de reparto a un sistema de capitalización individual. Las AFP cobraban una comisión por administrar los fondos y las ISAPRES se financian con una comisión pagada por sus afiliados para recibir atención médica. El problema central de ésta última es que no atendía a los usuarios de salud pobres. En cambio, con las AFP, con la crisis y presión social, se aprobó una ley que permitió el retiro de los fondos de la AFP. En suma, este modelo fracasó en Chile y esta en crisis en Perú. Se pasó a un modelo de salud mixto. Uno público, administrado por el Fondo Nacional de Salud que atiende a los de ingresos bajos y medios, y, otro privado, ISAPRES que proporciona servicios de salud a los de ingresos altos cobrando una comisión. Se complementó con un sistema de gestores públicos y privados que administran los fondos de pensiones, que reemplazan a las AFP privadas.

El gobierno no ha señalado nada sobre el equilibrio de poderes del estado, sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, sobre la organización del estado, etc. O sea, vamos a votar sobre el llamado a una asamblea constituyente que elaborará una nueva constitución que, dada la mayoría del gobierno en la asamblea, que se replicaría en la elección de los constituyentes, redactándose una nueva carta magna siguiendo la ideología, concepciones y políticas del gobierno. La economía en la nueva carta magna, como se trata de un empresario presidente, se orientaría hacia la implementación de una economía de libre mercado sin cortapisas.

En síntesis, pesará en la decisión electoral la calidad de la gestión del gobierno principalmente en seguridad, la crítica situación económica y la crisis social (en la que sobresale la crisis de la salud pública). En el fondo el gobierno pretende una privatización del fondo de pensiones del IESS y pasar al Ministerio de Salud las prestaciones de salud de los afiliados, agravando la crisis de salud que duraría algún tiempo.  Por ello, La campaña electoral del gobierno hay opacidad y camufla la privatización  de otros sectores (IESS, petróleo, gas, electricidad. Telecomunicaciones, etc.), que son temas sensibles, e incidiría en la decisión electoral. Se presume que el gobierno intentaría establecer una constitución parecida a la de 1988 que, en economía, propugnó un régimen (neo) liberal. Como muestran las presiones a la Corte Constitucional, el control del Tribunal Contencioso Electoral y judicialización de la protesta y enfrentamiento a opositores, etc. habría una tendencia a aumentar la concentración y acumulación poder o sea buscaría apuntalar aún más el hiperpresidencialismo. De ahí, la importancia del equilibrio de poderes y la necesidad del contrapeso entre estos a fin de contener el abuso del poder.

Luis Rosero M.

Perú enfrenta, como otros países de A. Latina, el aumento de la violencia proveniente del crimen organizado. Su vecino del norte además sufre por los carteles de la droga. La presidenta peruana fue destituida por su ineficacia de la gestión gubernamental para enfrentar la violencia y además por la   la confluencia de intereses políticos de la derecha que busca llegar al poder en las próximas elecciones presidenciales. Pero su mal gobierno tiene también antecedentes de represión mortal de las protestas sociales y corrupción. A pesar de los sólidos fundamentos económicos, la corrupción y la precariedad social y laboral son factores que aportan a la violencia. El cese de la gobernante abre nuevamente el ciclo de inestabilidad política, continuación de la desconfianza en los políticos e institucionalidad resquebrajada que genera incertidumbre sobre el futuro de la nación.

Boluarte fue posesionada como presidente del Perú el 7 de diciembre de 2022 después de la destitución de Pedro Castillo. El congreso dominado por los partidos de derecha (fujimorismo y otros) apoyo la designación de Boluarte para favorecer sus intereses políticos. Las protestas se iniciaron de inmediato, con bloqueos de carreteras y otras vías. El descontento se habría iniciado mucho antes por el hartazgo de la población de los políticos alejados de las demandas sociales y gobiernos corruptos. La represión, por parte de la fuerza pública, fue brutal y fueron asesinados 60 personas. Para tratar de controlar las protestas el gobierno declaró estados de emergencia y acuso de terroristas a los protestantes. Después el congreso, dominada por quienes la llevaron al poder, rechazó la denuncia contra la presidenta por la represión con víctimas mortales.

Perú tiene antecedentes de violencia política, en las dos últimas décadas del siglo pasado. La aparición de Sendero Luminoso y la guerra contra éste por parte del Estado. Una de las causas del surgimiento de este grupo terrorista fue la deplorable situación social de la población. Uno de los indicadores de esta es el nivel de pobreza, así en 2023 alcanzó 29% y se mantuvo en 2025 en este porcentaje, lo que significó que cerca de 10 millones de peruanos no podía cubrir la canasta básica de consumo. Otro indicador importante, es la informalidad. A marzo de 2025, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional, el 70% del empleo era informal que mantiene a un grupo significativo de la población sin los derechos de la legislación laboral y sin cobertura de protección social. Son alrededor de 12 millones de personas que sufren de precariedad laboral. Son precisamente la pobreza y la informalidad factores que puede conducir a  actividades delictivas. El crimen organizado comenzó a crecer a inicios del año 2000. Al inicio, la delincuencia común aumento con robo de vehículos y venta de droga, después pasaron a extorsiones, tráfico de personas, armas y de flora y fauna, minería ilegal y corrupción en las instituciones públicas. En el gobierno de Boluarte, crecieron las extorsiones al transporte público, empresas, comercio y pequeños comerciantes. La estrategia que utilizó el gobierno fue los mega operativos para enfrentar a las organizaciones criminales.

La inestabilidad política se dio entre 2016 – 2025, periodo en el cual tuvo 7 presidentes de los cuales 3 fueron destituidos por el Congreso y 2 de ellos fueron encarcelados por corrupción, uno esta acusado de homicidios de dos manifestantes y Boluarte tiene investigación por la fiscalia y enfrentaría juicio por violaciones de los derechos humanos.

A pesar de la inestabilidad política, corrupción y deterioro social, la economía peruana tiene fundamentos sólidos. En 2024, los indicadores macroeconómicos son saludables: el crecimiento económico alcanzó 3.4%, inflación de 1.9%, reducida deuda pública (32.1% del PIB), déficit fiscal de 3.5% del PIB y exportaciones récord de 74.7 mil millones con un aumento de 15.5% y es líder mundial en ciertas frutas y legumbres.  En mayo de 2025, sus reservas monetarias internacionales eran altas (27% del PIB) y bajo riesgo país.

En el primer semestre de 2025, gobierno de Boluarte, aumentaron los homicidios -sicariatos- en relación al mismo periodo del año anterior.  Hasta septiembre de 2025, 180 transportistas habían sido asesinados por no pagar la extorsión (vacuna). Hubo protestas de los transportistas para exigir seguridad. El gobierno había decretado estado de emergencia y sacó a las FF.AA. a las calles pero que no lograron reducir el nivel de violencia, por lo que esta estrategia no ha funcionado. Por otro lado, el nivel de corrupción aumentó. La propia mandataria fue acusada del Rolexgate y estaría imputada en 7 casos. Y finalmente, surgió por parte de la presidenta visos de autoritarismo reflejada en acusación de terroristas a los que participaron en las protestas y por la represión violenta por la destitución de Castillo, y, no acató las decisiones de la Corte Interamericana de Justicia. 

En síntesis, el gobierno de Boluarte cae no por la brutal represión de las protestas ni por el aumento de la corrupción, sino por la cruda realidad del deterioro de las condiciones sociales: pobreza e informalidad que son parte del origen de la criminalidad que lleva a más violencia: el crecimiento de la criminalidad -vía sicariato- y los asesinatos por no pagar extorsiones, que no ha podido ser frenada por la estrategia del gobierno de mano dura basada en mega operativos aumentando la inseguridad ciudadana. Por otro lado, los intereses políticos de las fuerzas conservadoras que apoyaron a Boluarte y la extrema derecha le quitaron su apoyo para desligarse de su mal gobierno y preparar su estrategia de campaña a seis meses de la elección presidencial. Seguir apoyando a Boluarte, que termina con 3% de popularidad, sería un grave error para su candidato presidencial. Lo sucedido con la ex presidenta es una advertencia para no elegir malos mandatarios incapaces de controlar la violencia, detener la corrupción y deteriorar las condiciones sociales de los más vulnerables.

Luis Rosero M.

Con la continuación del paro indígena y sus efectos se reduce el nivel de actividad económica y los desequilibrios macroeconómicos se agravan. La mediación se torna necesaria para que las partes lleguen a un acuerdo a fin de resolver el conflicto. Mientras tanto sigue aumentando la inseguridad y la situación social sigue agravándose principalmente por la crisis de salud.

La crisis política se agrava por la continuación del paro, el conflicto del gobierno con la Corte Constitucional (CC) y la promoción del ejecutivo del referéndum y consulta popular. En efecto, ya se cumplen 16 días del paro nacional de la CONAIE con acciones de protestas, cierre y bloqueo de carreteras. La policía y FF.AA.  actúan con más fuerza y, por el lado de los indígenas, se retuvieron a militares. Como resultado hay un muerto, heridos y un centenar de detenidos. La CONAIE demanda para terminar el paro que se revoque el alza del diésel mientras que el gobierno trata de mantener la medida. Los efectos negativos del conflicto le pasan la factura al sector agropecuario, floricultor, textil, turístico y otros. Las pérdidas para las empresas siguen aumentando mientras que los medios informan que habría desabastecimiento de ciertos productos agrícolas de la sierra, en la costa, y aumento de éstos. Cada día de paro afecta a la economía, sobre todo a las provincias del norte. Sin embargo, las partes no ceden y se requiere una mediación para llegar a un dialogo.

Para tratar de frenar el paro el gobierno declaró estado de excepción en diez provincias, en las zonas en que se desarrolla el conflicto, después que la CC anulará dicho estado en 5 de las 7 provincias decretado por el gobierno en días pasados y declaró día no laborable el 9 de octubre, con lo que el feriado se amplío a 4 días. Esta última medida busca diluir el paro indígena y que este termine por el debilitamiento de la protesta social.  El gobierno mantiene un conflicto con la CC por varios temas. Entre los últimos esta la declaración de inconstitucionales de la CC de la ley de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, que la Asamblea, con el carácter de económicas urgente, que son claves en el esquema de gestión del gobierno. El estado de excepción, vigente, se decretó por grave conmoción interna y por la declaración del presidente de la CONAIE de tomarse Quito.

El ejecutivo ha otorgado una serie de bonos temporales para compensar a transportistas y bono Raíces. Además, se decretó la entrega del bono Incentivo Emprende y CATTA para agricultores todo lo cual es para calmar a los afectados por el alza del diésel. También, dado los efectos negativos del paro sobre la economía, ha decretado que el décimo tercer sueldo, que las empresas y gobierno pagaban en diciembre, se entregue en noviembre, ha rebajado el IVA en los feriados de octubre y noviembre y ha transformado bonos temporales, como el de los programas Bonos Jóvenes y Ecuatorianos en Acción, en permanentes. Hasta la fecha el gobierno desembolsó 353 millones en los nuevos bonos. Estas tres últimas medidas es para reactivar el sector turismo, darle liquidez a los trabajadores y empleados así a como los jóvenes que reciben dicho bono con el propósito de reactivar la economía. Además, aumentó 50000 nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que fue acordado en el convenio con el FMI como forma de protección social de los grupos más vulnerables de la sociedad.

La crisis económica tiene varios aspectos. Llegar a un acuerdo para revocar el alza del diésel y terminar el paro resulta complicado para el gobierno ya que, con el acuerdo con el FMI, se comprometió a reducir y eliminar los subsidios. Además, lo firmado con dicho organismo, busca después de las revisiones recibir 1200 millones, acceder a más recursos de otros organismos multilaterales y contar con el doble aval del FMI para la emisión de bonos soberanos internacionales para obtener más recursos a fin de cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto y del déficit fiscal de 2025 así como por una probable renegociación de la deuda externa. Pero los problemas macroeconómicos incluyen otros como mantener la sostenibilidad de la deuda externa y reducir el riesgo de una renegociación de esta así como reactivar la economía, creación de empleo formal y la reducción del tamaño del sector informal urbano.

En cuanto al financiamiento, el FMI ha señalado que entre los desafíos más importantes están las condiciones de acceso para el financiamiento externo son estrechas y, por otro lado, el aumento de la inseguridad que no tiene visos de solución. En efecto, en Guayaquil, en Bastión Popular hubo un triple crimen, una familia fue asesinada en su vivienda en Nueva Prosperina, un ataque armado dejó dos muertos y un herido en Duran, etc.

En síntesis, el gobierno busca con su política de mano dura, las compensaciones y las medidas dictadas conseguir el apoyo de la población para presionar a que termine el paro indígena y promocionar el referendo y la consulta popular. El primero incluye preguntas para permitir la instalación de bases militares extranjeras, terminar con el financiamiento estatal a los partidos políticos y reducir el número de asambleístas. La consulta busca el establecimiento de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución a la medida del gobierno. Las acciones de éste y la atención pública se ha centrado en el paro indígena, relegando a un menor plano los principales desequilibrios macroeconómicos (financiamiento del presupuesto y déficit fiscal 2025, empleo formal estancado, aumento del subempleo y del sector informal urbano) y la creciente  inseguridad ciudadana que sigue atemorizada por el crecimiento de la violencia debido a las acciones de los carteles de la droga, el crimen organizado y la delincuencia común. El tema clave de la violencia es si la política, estrategia y táctica del gobierno esta funcionando. O en otras palabras, su gestión en esta área parece no tan efectiva.

Luis Rosero M.

La coyuntura social y política ha llegado a una ola de violencia que ya causó una víctima mortal. El gobierno, con su mano dura, contra la CONAIE y otras organizaciones se niega a dialogar. La conflictividad ya hace sentir sus efectos negativos en la actividad económica y en la paz social. A eso se suma, el enfrentamiento con la Corte Constitucional y opositores que ha generado reveses al gobierno. Pero lo clave en esta coyuntura es la polarización entre el gobierno y la CONAIE que va a seguir provocando mas violencia y es hora ya de que las partes dialoguen y lleguen a un acuerdo para terminar el conflicto.

La conflictividad social creció por el paro de la CONAIE que se opone al alza del diésel y la batalla con el narcotráfico. La semana pasada hubo enfrentamientos de los indígenas, corte de vías y bloqueo de carreteras en las provincias de Azuay e Imbabura. Como resultado ya hay un indígena muerto y militares heridos. Organizaciones de Tungurahua anunciaron su apoyo al paro. Hay denuncias de violencia policial, los detenidos llegaron a un centenar y las organizaciones acusan de que se registra persecución judicial. Ante el fallecimiento de un indígena en la protesta, el gobierno declaró que hubo una emboscada a militares que salieron heridos y envío de un convoy humanitario a la zona del conflicto. En su enfrentamiento con el narcotráfico, se registraron masacres en las cárceles de Machala y Esmeraldas que causaron 32 muertos, explotó un coche bomba cercano en la Penitenciaria del Litoral y, en Durán, asesinaron un concejal municipal. Al parecer, todavía esta organización criminal controla algunas cárceles del país. El gobierno, cambio al comandante de la Fuerza Terrestre y dos oficiales pasaron a disponibilidad en esta rama, medida que se encuadraría en buscar mejores resultados en el ejército en el conflicto armado interno. El paro de los indígenas ya genera pérdidas tanto en la agricultura, floricultura, lácteos, en el comercio y turismo en las provincias donde se desarrolla el conflicto. Los costes del transporte de carga subieron, se reporta escases de ciertos productos y ha subido el precio de algunos productos de la sierra lo que podría influir en el costo de la canasta básica pese a los operativos de control que ejercen las autoridades en los mercados. El gobierno además anunció que ha entregado compensaciones a transportistas, agricultores y aumento el bono de chatarrización del transporte.  En este marco, el alcalde de Cuenca y otros dirigentes, que encabezaron la marcha por el agua, celebraron como un gran logro la petición de la terminación de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga a la que se vio obligado el gobierno por la presión de la población del austro. Como consecuencia de la conflictividad social, se ha deteriorado la paz social, el temor de la ciudadana aumento y su movilidad ha cambiado y restringido por la ola de violencia. Lo mas crítico es que los problemas del país se agravan y no hay resolución a los mismos y, además, la atención y opinión pública esta concentrada en el paro indígena mientras continua la crisis de salud, la falta de empleo, el aumento de la pobreza, etc.

En cuanto a la conflictividad política, la CC flexibilizó su postura y dio el visto bueno para llamar a consulta popular la organización de una asamblea constituyente, significaría un triunfo político del gobierno, que podría llevar a una nueva constitución. Sin embargo, la CC declaró inconstitucional la ley de Solidaridad Nacional que supuestamente era de urgencia económica pero que, según el dictamen de la CC, violó la unicidad de materia al mezclar materias económicas, penales y de seguridad. Además, que la ley de Integridad Pública, su reglamento y normas conexas son inconstitucionales por vulnerar la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática. A su vez, la CC dio pasó a consulta popular sobre la autorización para que hoteles de cinco estrellas pueden tener casinos de juego y dio pasó, como enmienda constitucional vía referendo, la reducción del número de asambleístas e instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Esta decisión pone en jaque al gobierno pues estas leyes eran clave en la lucha contra el crimen organizado y establecían una serie de medidas económicas que ahora no podrían ejecutarse.

El gobierno ha abierto varios frentes de conflicto. La estrategia para gestionar la oposición al alza del diésel, parece ser la mano dura con las organizaciones indígenas y sindicales pero a los transportistas y agricultores les entrega compensaciones. Con las primeras se niega a dialogar, habría denuncias de judicialización de la protesta y acusación a dirigentes de la protesta de enriquecimiento no justificado. En cambio, a los transportistas les entrega bonos compensatorios y por chatarrización y a los agricultores les da ayudas económicas y tractores. Estas acciones son principalmente para evitar el alza de pasajes y conseguir apoyo del campo. Sin embargo, las provincias en donde se desarrolla el conflicto fueron, entre otras, las que votaron a favor en la elección presidencial. Habría un costo político. Por otro lado, las acciones violentas del crimen organizado, en las cárceles, y crimen de autoridades municipales provocan más temor en la población y dañan la paz social. Por otro lado, la aprobación rápida de la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga y no proceder de la misma forma, ante la presión de la marcha por el agua, en la terminación de esta licencia, son un indicio de la calidad de la gestión del régimen en seguridad y ambiente que tienen incidencia en la aprobación de dicha gestión.

El haberse saltado, en la convocatoria a consulta popular para una asamblea constituyente, a la CC es una muestra de lo que puede hacer el régimen para alcanzar un objetivo político. Pero, además, se debe respetar la independencia de los otros poderes del estado y abandonar la deriva autoritaria. La repuesta de la CC ha sido declarar inconstitucional la ley de Integridad Pública y de Solidad Nacional. La mayoría esta de acuerdo que hay que enfrentar al crimen organizado, obtener nuevos ingresos públicos y detener la violencia pero dentro del marco de la constitución y los derechos garantizados por ésta. Además, para preservar la democracia, la nueva carta magna debe garantizar la independencia y el contrapeso de las diferentes funciones del estado. Con esta decisión de la CC, el régimen aceleraría el llamado a la consulta popular para una asamblea constituyente que podría llevar a una nueva constitución elaborada a la medida enmarcada en la orientación política e ideológica del régimen la cual sería su objetivo fundamental dada la actual coyuntura política.

Finalmente, es loable el llamado a la mediación del alcalde de Cuenca, Ibarra y de la Iglesia Católica a fin de que las partes en conflicto se sienten a dialogar y lleguen a un acuerdo para terminarlo, pues los problemas del país siguen agravándose y hay que buscar soluciones.