Luis Rosero M.

La Corte de Suprema de EE.UU. invalidó parte de la política arancelaria que había establecido Trump, en abril del año pasado, pero el presidente estadounidense se apresuró a dictar una nueva orden ejecutiva (decreto) que establece un arancel global de 15% (inicialmente de 10%). Con esta medida, las exportaciones de Ecuador podrían verse afectadas dependiendo de las excepciones de esta orden y de otras medidas que tome el presidente estadounidense.

La Corte Suprema dejo sin vigencia los aranceles recíprocos que había impuesto, en abril de 2025, a varios países y bloques comerciales del mundo basados en la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El alegato de la corte dictaminó que el presidente se excedió en sus poderes debido a que esa ley es para situaciones de emergencia. El presidente buscando un respaldo legal utilizó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que establece si hay problemas críticos de balanza de pagos el ejecutivo puede imponer aranceles temporales de 15% pero solo por 150 días, después de los cuales el Congreso tendrá que dar autorización para su continuación. La cuestión de fondo respecto a los aranceles es que solo el órgano legislativo de EE.UU. tiene la autoridad para imponer tributos. Pero la legislación estadounidense tiene legislación que le facultan al presidente a establecer aranceles de manera limitada. Así, Trump tiene algunas posibilidades de aplicar aranceles. Pues, dicha ley de Comercio señala, en la Sección 302, que podrían imponerse aranceles y medidas no arancelarias por prácticas comerciales desleales; la sección 301 faculta a la Comisión de Comercio Internacional a realizar investigaciones si el aumento de las importaciones desde Canadá o México, tras la reducción de aranceles, por discriminaciones o no justificables afecta la industria nacional pudiendo imponer aranceles o restricciones comerciales; la Sección 232 puede establecer aranceles por razones de seguridad nacional y la sección 338 también da la facultad al presidente de aplicar aranceles por discriminación contra las exportaciones estadounidenses. Además, podría utilizarse las agencias de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura (USDA) por temas sanitarios de los productos importados. Esto implica que el presidente estadounidense puede establecer aranceles por varias vías y que podrían ser paralelas a las del 15% de la Sección 122 o posteriormente a los 150 días. Consecuentemente, esto deja en incertidumbre a los países que exportan a EE. UU. sobre su política arancelaria, lo cual a su vez genera problemas de competitividad entre países que venden los mismos productos primarios a esa nación.

En el caso de nuestro país, si se impone el mismo arancel para nuestros vecinos (Colombia y Perú) estaríamos en igualdad de condiciones para exportar a EE.UU. productos agropecuarios. Con la nueva medida se elimina el arancel reciproco que había y comienza a regir el 15%. Colombia le exporta algunos productos agrícolas principalmente café, banano, plátanos, filetes de pescado, cacao y flores. Estas últimas ahora tendrían un arancel de 15% y las de Ecuador también, pero soportaran una sobretasa de 15% (8/2025) mas 6.8%, con lo que el país entraría en desventaja para competir con las flores del país vecino, pero hay la posibilidad que con el Acuerdo de Comercio Reciproco con EE.UU. las flores tengan cero arancel cuando entre en vigencia. Ecuador exporta a EE.UU. principalmente petróleo, camarón, banano, otras frutas, cacao, café, flores, oro y atún. En camarón el país tiene una sobretasa de15% (8/2025) más 3.78% por subsidios. Al eliminarse el 15% de (8/2025), con el nuevo arancel de la sección 122, el crustáceo seguirá pagando 18.78%, lo que lo pone en desventaja con los otros exportadores de camarón, pero estos recibirán el 15%, excepto los países del T-MEC, lo que pone ventaja a México que exporta el crustáceo a EE.UU.  En banano, cacao y plátano estaríamos en igualdad de condiciones para competir con Colombia, pero la ventaja que tiene Ecuadorcon el banano es la mayor calidad y sabor de la fruta. Sin embargo, hay que considerar las excepciones que tiene la Sección 122, con la que se aplicó el arancel del 15%. Las excepciones son para productos agrícolas no producidos por EE.UU.: café, té, cacao, especias y frutas tropicales (entre ellas banano) así como minerales críticos. Consecuentemente, en estos productos estaríamos en igualdad de condiciones para competir con Colombia y otros países. 

La ventaja de Ecuador es que negoció un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) que se cerró justo unos días antes de que se impusiera el arancel del 15%. En el ART se estable que tendrán arancel cero los siguientes productos: flores, arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, mangos, café y cacao en grano y procesado, lomos de atún, pitahaya, yuca, malanga, jengibre, uvillas, palmito, banano y plátano procesados, oro, cobre, plomo y otros. Sin embargo, como todavía no esta firmado este acuerdo y hasta que no se rubrique estos productos seguirán pagando el 15%, pero el hándicap es que ya tenemos un ART negociado y solo falta que entre en vigencia.

Otra ventaja que tiene Ecuador es que el gobierno ecuatoriano considera a EE.UU. como aliado.  Aprovechando esa coyuntura, firmó un acuerdo para el suministro de tierras raras y materiales críticos con dicho país. Recientemente el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) publicó un estudio (septiembre 2025) en el que se detectó indicios de tierras raras (neodimio) en la provincia de Sucumbios y en Azuay y Loja (cerio). Los minerales críticos incluyen el litio, cobalto, cobre, gráfito y tierras raras. Son utilizados en la industria de energía limpia, vehículos eléctricos, defensa e inteligencia artificial.

En síntesis, si bien el arancel del 15% establecido por EE.UU. puede afectar a las exportaciones ecuatorianas hacia ese país, sin embargo, las excepciones de la ley 122 deja fuera de este gravamen a café, cacao, banano y otras frutas con lo cual estos productos tendrían arancel cero así como los minerales críticos que incluye a las tierras raras. Los otros productos tendrán que pagar arancel del 15% por 150 días a partir del 24 de febrero. Sin embargo, como el gobierno logró un Acuerdo de Comercio Reciproco, cuando entre en vigencia, la mayoría de las principales exportaciones agrícolas del Ecuador entrarían con arancel cero. Aún más como a EE.UU. le interesa los minerales críticos y los estudios muestran indicios de tierras raras tiene una ventaja adicional en el comercio con el país del norte. Además, el régimen seguirá fomentando el crecimiento con exportaciones agrícolas, de crustáceos y mineras que podrían en 2026 compensar el escaso aumento de 2% del PIB que apuntala un modelo agro minero exportador.

Luis Rosero M.

La coyuntura actual, en el contexto interno, se ha dinamizado por una serie de eventos relacionados con la seguridad, corrupción, libertad de expresión, política, economía, ambiente, sociales, etc. que muestra cómo van cambiando los soportes de la democracia, la gestión del gobierno y la evolución del país principalmente relacionado con su economía. Después de una prolongada ausencia en diciembre del año pasado y enero actual, el ejecutivo retoma su gestión, en el país, y con un panorama político despejado en el puerto principal, justo a los tres meses de la derrota en la consulta popular. Como había anticipado, en artículos anteriores, el telón de fondo son las elecciones seccionales del próximo año.

En el escenario del país, el problema principal sigue siendo la inseguridad ciudadana. En efecto, tiene 7 de 10 ciudades más violentas del mundo (Guayaquil, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Manta y Santo Domingo) según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Los datos reflejan que hay 6 ciudades que están en 5 provincias de la Costa y una sola de la sierra. Consecuentemente, el problema de mayor violencia se localiza en las 5 de 6 provincias de la costa. Siendo Babahoyo la segunda más violenta del mundo. El problema de la seguridad incluye las muertes violentas, el secuestro y la extorsión, pero además esta la pérdida de control territorial de parte del estado. Para enfrentar el problema, el gobierno anunció un nuevo plan de seguridad que mantiene la militarización del país, los operativos, pero introduce cambios en las acciones de inteligencia, etc. y agrega el control de los 3 ejes viales de Guayas, Pichincha y Manabí para disminuir la inseguridad en las carreteras de esas provincias, reconociendo la falta de control territorial en estas vías. Es una medida requerida por los transportistas, sin embargo, faltaría agregar el desvío de Quevedo, con su anillo vial, que conecta la vía con rumbo a Quito. A pesar de esa omisión resulta ser una acertada medida, esperamos que la medida tenga buenos resultados.

El escenario también contempla el problema de la corrupción. El informe sobre la corrupción 2025, de Transparencia Internacional, mostró que el índice de percepción de la corrupción del país en 2024 fue de 32 y se ubicó en el puesto 121, mientras que en 2025 el índice aumentó a 33 y puesto 116 entre 182 países. Esto muestra un aumento de la corrupción en el país, en el año pasado, según este organismo.

Los datos de la corrupción en el país se relacionan con la institucionalidad del país, entre ellas la de la justicia, salud y otros sectores. En la coyuntura actual destaca el juicio político al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, impulsado por el correísmo. Su principal acusación, en este evento, es la presión ejercida indirectamente sobre el Juez Serrano para cambiar una sentencia y la defensa de su esposa en juicios de drogas que implicaría conflicto de intereses. Al parecer, por los criterios de juristas, colegio de abogados, ex presidente de la Corte Suprema, etc. Godoy debe renunciar y llevaría a votar por la destitución a ADN, RC, PSC, PKT y otros. Pero el tema no queda ahí, ya que debe elegirse  su reemplazo y el Fiscal de Nación. Alexandra Villacis, le tocaba reemplazarlo, sin embargo, apareció una deuda tributaria, que era un impedimento legal para posesionarse pero, el programa Primera Plana, señala que el SRI otorgó un certificado que descarta la deuda. Debido a esto, el presidente (e) de la Corte de Justicia, envía una terna al CPCCS para elegir a la vocal. Un conjunto de abogados y otros actores señalaron que debió esperar que se active la designación del vocal suplente. De los 3, aparece en primer lugar la jueza M. Caicedo que ha condenado a figuras correistas. El presidente del CPCCS, A. Fantoni, fue nombrado a pesar de los cuestionamientos en su contra y también asumió la jefatura de la Función de Transparencia del Estado. Además, Radio Capital reporta que en sus 5 años como servidor público tuvo un acelerado crecimiento de su patrimonio. Antes de su nombramiento, él y 3 consejeros enfrentan un juicio político, que esta en espera de la decisión del CAL. Lo importantes es que el CPCCS elige al Fiscal. Pero lo más crítico es que se publicó en medios una fotografía de un evento deportivo en la que aparece frente a altos miembros del gobierno.

Para complicar el panorama, el Comando Conjunto de las FF.AA. del Ecuador emitieron un comunicado en la que señalan la forma en que deben realizarse la cobertura de prensa de las FF.AA., al igual a lo que se hizo en EE.UU. Lo cual provocó un rechazo de los medios de comunicación nacionales, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que señaló: que “La libertad de prensa se agrava en A. Latina por censura y violencia” y la SIP que declaró: “Ninguna entidad del Estado puede erigirse en árbitro de la prensa”. Después de algunos días, las FF.AA. señalaron que las normas sobre los medios no esta vigente. A eso se agrega, la compra por Luis Alvarado C., asambleísta alterno de ADN, en agosto de 2025, de La Posta, medio digital, y el 80% de participación de Radio Centro a través de Galamedios y, por otro lado, el conflicto gubernamental con diario Expreso.

En síntesis, se agregó el control de 3 ejes viales para el control de carreteras en tres provincias a fin de ejercer vigilancia territorial y luchar contra el crimen organizado en esas vías. Sin embargo, es preocupante lo que sucede con los nombramientos de ciertos funcionarios de las instituciones de justicia tanto en el Consejo de la Judicatura y del futuro fiscal. Los principios de la democracia deben respetarse para su adecuado accionar, entre los que están la necesidad de mantener el equilibrio de poderes, la independencia y el contrapeso de las funciones del estado, el respeto a libertad de pensamiento y de expresión así como la participación accionaria en medios de comunicación por miembros del partido de gobierno pues genera conflicto de interés. Se requiere una reforma judicial profunda para evitar se llegue a una precarización de la democracia. Se torna indispensable garantizar la independencia de instituciones judiciales o del CPCCS (el quinto Poder). Hay que asegurar su autonomía para que tengamos una justicia justa, independiente y se encargue de hacer respetar los derechos de la ciudadanía y del país.

Luis Rosero M.

En el primer artículo sobre este tema señalé la hipótesis de una democracia desbordada en el país. Ahora presentaré una radiografía de este tipo de democracia y como esta estructurada. En esta coexisten una economía criminal y una economía formal, en la que la primera genera efectos económicos y sociales en la segunda y la sociedad.

A nivel teórico, al referirse a la economía criminal Juan P. Luna plantea que esta integrada horizontal (varios negocios) y verticalmente (diferentes etapas de los negocios). Por ser una actividad ilícita requiere de defensa jurídica para defender a los miembros de esta economía. Tiene un “tipo de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y actores políticos en cada país.” Como esta organización requiere de personal para sus distintas activades acude a mercados de trabajo informales y legales. Pero, además, buscan cooptar la justicia, instituciones públicas y partidos políticos.

En Ecuador, la principal actividad que realizan los carteles de la droga es la exportación de la segunda sustancia sujeta a fiscalización por ser la más rentable. Además, sus otras actividades son la extorsión (vacunas), secuestros, minería ilegal, lavado de activos, permeación de instituciones públicas para hacerse cargo de algunos servicios o provisión de insumos (medicamentos, documentos de tránsito), etc. Por su actividad principal se han asentado en el país para la distribución de dicha sustancia, de la cual se abastecen de Perú y Colombia. En el transporte hacia nuestro país los carteles están sujetos a capturas por parte de las autoridades y, en la exportación, hacia Norteamérica y Europa corren riesgo de que la carga sea confiscada en el puerto de embarque o de destino. La evidencia es concluyente. Así, la Policía Nacional decomisó en 2024 y 2025 la cantidad de 294.6 y 222.3 toneladas de drogas respectivamente. Entre enero y 21 de noviembre de 2024, según la misma fuente, hubo 4275 extorsiones a nivel nacional, y, en el mismo periodo de 2025, llegaron a 6787, un aumento de 58.7%, que sufrieron comerciantes, tenderos, laboratorios, transportistas, profesores, etc. En tanto que los secuestros, en el mismo periodo de 2025, alcanzaron 1822 a nivel nacional.

En cuanto a minería ilegal, en 16 meses (hasta mayo de 2025) se inhabilitaron 231 retroexcavadoras y casi 50 dragas en operativos de seguridad, equipos que usa la minería ilegal. Respecto a la cooptación de entidades públicas para actividades ilícitas por parte de mafias, el año pasado se intervino las agencias de Transito de Manta y Duran y, el cierre, en enero de 2026, de la Agencia Nacional de Tránsito, en Pichincha, Santo Domingo y Tungurahua se realizó para investigar delitos en el trámite de documentos o permisos, en el que se detuvo al Director Nacional de la ANT. Esto demuestra el grado de penetración de las mafias de las instituciones del estado.

Por los delitos que cometen los miembros de los grupos criminales, requieren de defensa jurídica. Para ello, estas organizaciones han cooptado la justicia. Así, el expresidente de la Judicatura, W. Terán fue condenado por asociación ilícita por manipular el concurso de jueces y obstrucción de la justicia. En enero de este año, se inició el juicio político contra el actual presidente de la Judicatura, M. Godoy, por incumplimiento de funciones. El juez Carlos Serrano denunció que fue presionado por el Director de la Judicatura, H. Gaibor, para que favorezca en una sentencia de un narcotraficante, cuyo abogado, según medios de comunicación es la esposa de Godoy. Gaibor es cercano al presidente de la Judicatura. Serrano denunció que se le quito la protección policial, el no respaldo a su gestión y la falta de garantías institucionales para la independencia judicial.

En suma, los indicios muestran como los negocios de los carteles y bandas criminales están afectando a la economía formal. En el caso de las exportaciones de productos tradicionales, en los puertos de llegada, deben someterse a inspecciones minuciosas para detectar posible envío de drogas. Por otro lado, a través de las extorsiones y secuestros, los grupos criminales afectan a la pequeña empresa y microempresas que ha obligado al cierre de muchas de estas y, en algunos casos, a una migración obligada para resguardar su vida. Pero no solo afecta a estos negocios sino además a transportistas, profesores y, en algunos casos, negocios familiares. La minería ilegal esta impactando seriamente al medio ambiente y desalojando a la minería artesanal que se ven presionados a dejar su actividad por el peligro que corre su vida. En la disputa del territorio por el narcomenudeo, las bandas criminales tienen batallas en las calles y ajustes de cuentas. Los sicarios que intervienen en éstas son atraídos en los mercados de trabajo informales e ilegales, que afecta a las familias más pobres. Además, la cooptación de las agencias de tránsito y otras instituciones para actividades irregulares perjudican al estado y a la ciudadanía que tiene que pagar valores adicionales para obtener un permiso o un documento de tránsito o, en el caso de los hospitales, de medicamentos con sobreprecio, lo que afecta finalmente a la salud de la población. En consecuencia, la cooptación de la justicia por parte de los grupos criminales es para favorecer a sus miembros, lo que muestra el poder que tienen estos grupos para defender sus actividades ilícitas. El instrumento para la cooptación de entidades del estado es la corrupción que ha avanzado a tal grado que incluso están inmiscuidos los gerentes o ex comandantes de la policía como la acusación del del caso Varela. Además, hay debilidades en la detección del lavado de activos, tráfico de migrantes, trata de mujeres, muñecas de la mafia, etc. que son aprovechadas por las mafias para incrementar sus ganancias.

En síntesis, los indicios apuntan a un aumento de las actividades ilícitas que afectan a la economía formal, al estado que pierde el control de la impartición de una justicia independiente, al ciudadano común que ve que no puede seguir con su pequeño negocio o emprendimiento por las extorsiones o secuestros y emigrar, o al ciudadano de a pie que vive inseguro, atemorizado por la violencia de los grupos criminales y que añora la paz ciudadana de antaño, las familias mas pobres que ve como sus hijos son cooptados por las bandas criminales para realizar ilícitos. En sí, se trata de una democracia que -por hipótesis- estaría siendo desbordada por la acción de los grupos criminales y que el gobierno no puede frenarlos. Se trataría de un estado en crisis que esta siendo arrinconado y se encuentra en un proceso de pérdida de control de ciertas las funciones del estado. ¿El cambio de la política de seguridad y su estrategia de militarización de ciudades con operaciones preventivas de inteligencia podrá revertir la situación? Es lo que espera la ciudadanía.

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Luis Rosero M.

El país atraviesa una compleja y crítica coyuntura en seguridad, lo social, economía, política e institucional. El régimen ha realizado avances en su gestión pero también ha habido retroceso en éstas, reflejando que los problemas nacionales que se agravan por su atención a destiempo, por otro, después de la derrota en la consulta popular y referéndum hubo un mensaje contundente  de la población al gobierno a lo que se suma un presidente ausente, por sus continuos y seguidos viajes al exterior, ahora busca recuperar su imagen y la baja percepción sobre la calidad de gestión gubernamental teniendo en mira las elecciones seccionales del próximo año.

La encuestadora Click Report, en su informe de enero de 2026, recogió la opinión de los ciudadanos de 4 provincias sobre los problemas del país, arrojando resultados que, en orden de importancia, son: 1. Inseguridad (30.6%), 2. Falta de empleo (26.5%), 3. Lucha contra la corrupción (13.7%), 4. Crisis Económica (12.5%) y 5. Acceso a la Salud (9.8%).

La inseguridad ciudadana se refleja en el índice de muertes violentas que, el año pasado, alcanzó 51 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, siendo uno de los más altos que el promedio mundial o regional. El 73.7% de los encuestados señalaron que se sienten pocos seguros en su barrio y el 32.1% nada seguro. Los datos muestran el alto grado de inseguridad que sienten los ciudadanos que cada vez más viven más atemorizados y con mucha incertidumbre sobre el riesgo de vida. El presidente, que estaba en un Foro Económico, en Panamá, regreso de urgencia. Se reunió con el bloque de seguridad y anunció un nuevo plan de seguridad que incluye la compra de equipo militar, modernizar el sistema de inteligencia y protección de la infraestructura. Además, se planificará la construcción de más prisiones, seguridad fronteriza y afectación de las finanzas de los grupos criminales. Se destacó que la UNASE operaría con autonomía para enfrentar la extorsión y el secuestro. Esta nueva política de seguridad se agrega a la militarización de ciertas ciudades. He comentado que, solo la mano dura, no estaba funcionando y, al parecer, la estrategia y labores de inteligencia estaban fallando en la anterior política de seguridad. Un cambio en éstas y otros componentes, entre ellos, los sociales eran necesario en esta política. Es un avance en cuanto a la política de seguridad, habría que ver los resultados.

En lo social, persiste la falta de medicamentos e insumos médicos, atención tardía y turnos otorgados a varios meses en los hospitales públicos incluidos el IESS, o sea la prestación de un mal servicio y, más aún, que debería ser excelente. En la encuesta de Click Report aparece como uno de los problemas críticos que afrontan los ciudadanos, sobre todo de empleados, trabajadores y personas de escasos recursos que sufren las consecuencias en su salud por el mal servicio.

En economía hay varios problemas, la guerra comercial con Colombia, el vaivén y el bajo nivel de actividad económica, el elevado nivel de la deuda externa, el déficit fiscal, las leyes urgentes que obligaría a los GAD a invertir el 70% en obra pública, la reforma a la ley de minería, etc. Respecto al primero, no tiene mucho sentido que el gobierno abra otro frente, cuando ya el país tiene que resolver otros problemas económicos. En este artículo, solo me referiré al segundo; los otros se tratarán en los siguientes artículos. El país tiene un problema respecto al sector externo ya que, al ser una economía pequeña, enfrenta shocks externos que inciden sobre el nivel de actividad económica y su crecimiento, más aún, cuando enfrenta presiones geopolíticas, en un contexto de avance de las corrientes autoritarias y que el gobierno busca imitar. Si bien, el mercado de trabajo ha mejorado en cuanto al empleo adecuado (36.8% a 12/2025), pero tuvo un subempleo de 18.2% y una informalidad que bordea el 50% y, en perspectiva de largo plazo, estamos muy lejos del 47.9% de empleo adecuado del 2013, año del segundo boom petrolero. Hay un problema estructural de generar suficiente empleo formal. En esta etapa de turbulencias en la economía mundial, el Banco Mundial recorto la previsión de crecimiento del país a solo 2% para 2026, lo que significa que se va generar menor nivel de empleo que el de 2026. Se estima que, en 2025, la economía creció en 3.5 – 3.7%, en consecuencia, el nivel de empleo adecuado caería muy por debajo de 36.8% en 2026. La economía creció, el año paso, por el mayor dinamismo de las exportaciones, consumo de hogares y remesas de los migrantes. Para dinamizar el mercado de trabajo el gobierno podría apuntalar la inversión pública e incentivar la privada para compensar la caída en el empleo adecuado en este año. Sin embargo, con la recompra de parte de la deuda externa y emisión de nuevos bonos soberanos, el gobierno acumuló recursos y ofreció pagar en efectivo la recompra, de manera que no hay margen de maniobra ni para salud ni para incentivar el empleo.

Como consecuencia del aumento de la inseguridad ciudadana, desatención a la salud y baja creación de empleo dos encuestas marcan la tendencia de la evaluación de la gestión del presidente. La encuesta de Click Report muestra una caída de la aprobación del mandatario. Así, entre octubre de 2025 a enero de 2026, el 54.4% aprobaba su gestión mientras que en enero, esta cae, a 46.9%. En tanto que, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, en su encuesta muestra que, en octubre de 2025, el 52% califico la gestión como muy mala/mala mientras que esta mala calificación, en enero de 2026, aumenta a 60%.

En consecuencia, el gobierno busca recuperar su popularidad mediante la otorgación de una serie de ofertas. Entre ellas están, 18 millones en créditos de Desarrollo Humano para capital semilla, el otorgamiento de 789 nombramientos a profesores de educación media; impulso al programa de vivienda gratuita para personas en situación de vulnerabilidad; continuación de los créditos agropecuarios  7 años x 7% de interés, a través de BanEcuador, para capital de trabajo y compra de maquinaria y equipos agrícolas Finalmente, se estableció el programa de crédito hipotecario para vivienda popular a una tasa de interés subsidiada de 2.99% con fondos del BIESS. Si bien, esto representa un gran avance en cuanto a adquirir una vivienda popular a bajo costo financiero, sin embargo, el subsidio financiero se le carga al BIESS que está en crisis.

En síntesis, con un nuevo plan de seguridad el gobierno espera reducir los índices de muertes violentas, extorsiones (vacunas) y secuestros. Esto es un avance en seguridad, esperemos los resultados. No hay muchas posibilidades de generar más empleo adecuado en 2026, en relación al del año anterior, debido a la caída de la tasa de crecimiento del 2%. La mala calidad de la gestión gubernamental, sobre todo en seguridad, salud y empleo, ha hecho caer aún más la popularidad del presidente después de su derrota en la consulta popular y referéndum del 26 de noviembre del año pasado, lo que ya daba indicio del descontento popular por la ineficiente gestión gubernamental del régimen. Para tratar de recuperar la popularidad del presidente el presidente nuevamente, como en las elecciones presidenciales y consulta popular, ofreció una serie de beneficios a la población entre los que destaca el crédito hipotecario a 2.99% para vivienda popular. El atender a destiempo los problemas del país, no resolver la crisis de salud, la falta de generación de empleo, el estar ausente del país, por sus continuos viajes al exterior, etc. ha pasado factura al régimen. Ahora ya se anunció un nuevo viaje del presidente del 1 al 5 de febrero, sin conocerse la agenda oficial. Necesitamos un estadista que enfrente los problemas del país con eficiencia y oportunamente.

Luis Rosero M.

El inicio de una guerra comercial por el mandatario ecuatoriano con Colombia va a traer consecuencias para ambos países, sobre todo al nuestro ¿Pero por qué esta decisión? ¿Cuál es la razón lógica? El problema es que el conflicto se alargue, lo que generaría el aumento del riesgo en algunas áreas económicas de Ecuador.

El mandatario ecuatoriano inició con Colombia una guerra comercial, aumentando los aranceles a productos colombianos en 30%, con una “tasa de seguridad” aduciendo que no realizaba lo suficiente para garantizar la seguridad de la frontera con nuestro país. La repuesta del gobierno colombiano fue inmediata suspendiendo las exportaciones de energía eléctrica y aplicando una tasa arancelaria, de la misma magnitud, a algunos productos ecuatorianos. Ecuador siguió con la ofensiva amenazando con aplicar una tasa más elevada al transporte del crudo colombiano a través del oleoducto ecuatoriano.

El arancel es un impuesto a los productos que se comercian internacionalmente. Su efecto principal es el aumento del precio de productos importados, que tiende a trasladarse al consumidor y, en esa medida, puede generar una disminución de las importaciones. Es un instrumento que se utiliza en el manejo de la política comercial, siendo de carácter económico. La corriente política autoritaria comenzó a utilizar este instrumento con fines no económicos. El mandatario ecuatoriano imitando esta medida la aplicó a Colombia. Pero en una guerra comercial pesa el tamaño de las economías de los países que entran en el conflicto.

¿Qué puede perder Ecuador? El país tiene problemas de abastecimiento de energía eléctrica y, como depende principalmente de la provisión de hidroeléctricas, tiene dificultades en los períodos de estiaje en los que debe recurrir a las fuentes alternativas de generación eléctrica como las termoeléctricas que utilizan gas natural, fuelóleo, etc. El país, en épocas de sequía, usa las plantas termoeléctricas fijas o barcazas que generan electricidad a un costo mayor que las hidroeléctricas. También se importaba energía de Colombia. Los equipos que  tenía previsto proveer Progen y Austral, iban a generar alrededor de 250 MW, pero por los problemas legales de estas empresas no fue posible. Y, la mayor hidroeléctrica del país Coca Codo Sinclair (CCS) tiene una capacidad instalada de 1500 MW. Este proyecto tiene problemas por las fisuras encontradas según el informe de la Contraloría del Estado. El gobierno estaba negociando con la empresa Sinohydro (china) la operación de la CCS. Pero esta empresa pone condiciones para hacerse cargo de la gestión exigiendo que el gobierno resista de los reclamos del proyecto, recibir formalmente la obra y liberar las garantías de Sinohydro. Por otro lado, si bien el embalse Amaluza que alimenta a la central hidroeléctrica Paute Molino (1100 MW potencia), el proyecto Sopladora y el complejo Mazar  (170 MW potencia) tienen una cota de almacenamiento cercana a la máxima, no es menos cierto que, por el cambio climático, las estaciones tienen irregularidades y, el país, depende crucialmente de las hidroeléctricas para producir energía eléctrica. El estiaje se presenta entre septiembre y marzo de cada año, donde hay falta de lluvias. En consecuencia, podría darse en ese período generación de menos energía eléctrica. El estiaje se localiza sobre todo en la zona del Austro. Es en esta zona donde se ubica la central Paute Molino (la segunda  hidroeléctrica del país) y Mazar. Por lo tanto, al suspenderse las exportaciones de energía eléctrica de Colombia no habría como compensar de inmediato una caída de la generación eléctrica en el país. Según el ministro de Minas y Energía de Colombia, le exporta a Ecuador 8 GW día de energía eléctrica  que representa entre 8 y 10 de la energía que consume.

Ecuador transporta a Colombia su petróleo por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), desde hace 12 años, pero esto representa, según Bloomberg, sólo el 1% del petróleo diario que produce el vecino país. La ministra de Ambiente y Energía amenazó con aumentar la tarifa de transporte del petróleo colombiano por el OCP, como represalia de la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica realizada por Colombia, estableciéndose así aranceles recíprocos.

En síntesis, Ecuador, dada la información obtenida hasta el momento, tiene más que perder al iniciar una guerra comercial con Colombia. Sobre todo, por los estiajes que tiene el país todos los años y las exportaciones de energía desde el país vecino ayudan a compensar parcialmente el déficit de oferta eléctrica que se presenta en esos periodos de falta de lluvia. Además, si estos se presentan el gobierno estaría presionado por la contratación de la operación de CCS con Sinohydro aceptado los riesgos que conlleva. Aún más, el transporte del petróleo colombiano a través del OCP ecuatoriano no es significativo. Se puede plantear como hipótesis que ¿la decisión obedece a razones ideológicas o políticas? Si bien, se abrió una puerta al diálogo, el presidente ecuatoriano condicionó a que se de un control real de las rutas del narcotráfico. No se conoce si esta decisión es tomada por el gobierno o hay intereses geopolíticos en juego. Justo esta guerra comercial es iniciada, una semana antes, del anuncio del gobierno de un nuevo plan de seguridad que contempla la compra de 180 millones en equipos a fin de enfrentar el crimen organizado. Precisamente, el principal problema que tiene atormentado a los ecuatorianos es la inseguridad ciudadana, que ya le esta pasando factura al régimen.

Luis Rosero M.

En los dos últimos artículos advertimos sobre los desafíos del gobierno ante la gravedad de la múltiple crisis del país y señalábamos la necesidad de atención prioritaria ante el aumento de la inseguridad ciudadana, la crisis económica, la crisis institucional y la crisis social (principalmente la salud pública), etc. Más aún, ante la ausencia del presidente, por sus continuos viajes al exterior, no habido posibilidad de actuar a tiempo y dar directrices inmediatas para enfrentarlas. En este artículo, trataré sobre la primera y parcialmente la segunda.

En cuanto a la inseguridad ciudadana, bastan pocos datos, para mostrar la gravedad de la situación. El año 2025 fue el año más violento del país. Esta tendencia siguió en 2026. Así, en los primeros 6 días de Enero, de este año, se registraron 45 muertes violentas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y en Los Ríos 26. Así, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, en lo que va del año siguen siendo las provincias con más asesinatos violentos. El presidente tuvo que regresar el 16 de enero, dos días antes de sus vacaciones, para venir a enfrentar la situación. Tuvo que reunirse de urgencia con el Bloque de Seguridad disponiendo que el Alto Mando Militar se traslade indefinidamente a Guayas y el envío de 8000 militares, de los cuales 5000 serían asignados a Guayas, 2000 a Manabí y 1000 en Los Ríos. En otras palabras, se estaría procediendo a la militarización de ciertas ciudades de esas provincias. O sea, continua la política de mano dura que, según los expertos, por sí sola no es suficiente para enfrentar al crimen organizado sino se integran otros elementos. Además, por decreto, se autoriza para que los ministerios de Defensa y del Interior, en emergencia, puedan comprar bienes para la defensa, protección interna y mantenimiento del orden. Como ya he señalado, el aumento de la inseguridad ciudadana, afecta al bienestar de la población, su patrón de movilidad y a las pymes y emprendedores que sufren por las extorsiones y secuestros.

En cuanto a la crisis económica, señalamos que hay dos problemas que urge atender: la deuda pública y el crecimiento. En artículos anteriores, señale que el país ha caído en la trampa de la deuda que implica déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. Sobre todo, es preocupante el aumento de la deuda externa, que representa ya las tres cuartas partes de la deuda pública. Al respecto, el ministerio de Finanzas anunció la emisión de bonos y recompra de la deuda externa, sobre todo los de vencimiento en 2030 y 2025. Los pagos de capital de la deuda externa, llegarán a 4066, 4375 y 4307 millones en 2026, 2027 y 2028 respectivamente. Ahora, se explica porque el Banco Central acumulaba RMI, el gobierno se endeudaba más con organismos multilaterales (en noviembre del año pasado se anunció créditos por 2100 millones y en diciembre recibió 630 y 500 millones del FMI y FLAR respectivamente) y no se atendía otros gastos (ej. para la salud pública, deuda con proveedores) porque estaba acumulando recursos para recompra de parte de la deuda externa y emitir bonos para cambiar el perfil de vencimiento de ésta y aliviar las presiones de liquidez externa de la caja fiscal.

Finalmente, el Banco Mundial anunció una baja en la previsión de crecimiento del país a solo 2% en 2026. Según este organismo, el Ecuador enfrentará la desaceleración del comercio global, persistencia de tensiones geopolíticas y moderación del precio de las materias primas. En consecuencia, el país tendrá una de las más bajas tasas de crecimiento de la región. Por ser una pequeña economía abierta, el país enfrenta continuos shocks externos, como los señalados, que afectan su economía y provoca vaivenes en su ritmo de crecimiento. En efecto, en 2025 el país crecería 3.5% y caería a 2% en este año, lo tendrá un impacto sobre el mercado de trabajo y bienestar de la población.

En síntesis, el gobierno dada la gravedad de la crisis de seguridad tuvo que actuar rápido, aunque tardíamente, para frenar la violencia, pero fue el nivel crítico a la que llegó que obligó a tomar decisiones urgentes. Esperemos que tenga la militarización, de algunas provincias de la costa, un efecto para reducir las muertes violentas, así como las extorsiones y los secuestros. Como ya señalé,  el problema de la deuda externa se veía venir y, para evitar una renegociación de la misma, el gobierno se vio en el imperativo de la recompra parcial de la deuda externa y emisión de nuevos bonos pero en mejores condiciones financieras dada la caída del riesgo país. Finalmente, la previsión de un menor crecimiento renueva los vaivenes de la evolución económica del país, que provocaría generación de menos empleo formal, aumento del desempleo y mayor crecimiento del sector informal afectando las condiciones de vida de la población en este año. Por ello, en este año, el gobierno debe tomar acciones para impulsar el nivel de actividad económica a fin de contrarrestar los efectos del menor crecimiento. No conocemos hasta el momento algún plan gubernamental en esa dirección.

Luis Rosero M.

En el primer artículo, de esta temática, tratamos la crisis en seguridad, institucional y social (salud). Ahora analizaré dos problemas de la crisis económica. Hasta el momento no se conoce el plan gubernamental para enfrentar la crisis múltiple y ésta se agrava. Por ejemplo, la masacres ocurridas en la isla Mocoli (Samborondón), en Machala y en Puerto López muestran que la violencia continúa al alza, por ello se requiere un plan integral para atacar, en cada una de sus áreas, la crisis múltiple.

En lo económico, son varios los problemas. Entre ellos el crecimiento económico, la sostenibilidad de la deuda pública, principalmente, la externa, el déficit fiscal, los desequilibrios en el mercado de trabajo, desequilibrio en la balanza de pagos, etc. En términos del comportamiento de la economía, esta limitado por la volatibilidad del crecimiento, o sea no hay una tendencia una tasa de crecimiento sostenida. Esta se ve afectada por los shocks externos que enfrenta continuamente el país y, por tener una economía pequeña y abierta que es influida por las variaciones de la economía global. En 2024 hubo una contracción de 2% y, en el promedio de los primeros tres trimestres, es de 3.3% lo que proyectaría con el cuarto trimestre una tasa de crecimiento de alrededor de 3.5 – 4% para 2025, lo que implicaría una recuperación respecto de 2024 de sólo 2%. Para 2026, el Banco Central estima una tasa de crecimiento de sólo 1.8% y el Banco Mundial de 2025. La estructura del crecimiento del país ha cambiado. Hemos dejado de ser una economía petrolera y continuar siendo una economía primario exportadora. En esta medida, dependemos del mercado mundial, principalmente de las exportaciones de camarón, banano, cacao y otros. Esta variable es un factor clave en el crecimiento pero la poca diversificación de éstas es un limitante. El segundo factor clave son las remesas de migrantes, que ahora van a ser afectadas por el impuesto del 1% establecido por EE. UU. El tercer factor clave es el consumo interno, la inversión extranjera es exigua y la pública, por el déficit fiscal, es casi inexistente. En consecuencia, el crecimiento de 2026 dependerá del comportamiento de las tres variables. La consecuencia, de la inestabilidad del crecimiento, impacta en el mercado de trabajo que, en su segmento formal, solo alcanzó el 37% de la PEA en noviembre de 2025, mientras que el subempleo llegó al 20% y la informalidad es alrededor del 50%. En otras palabras, dada la tendencia inestable del crecimiento la economía no es capaz de generar suficiente empleo formal por lo que el excedente laboral se refugia en el subempleo o sector informal. Hay un problema estructural de calidad de empleo.

El segundo problema económico crítico en 2026 será la sostenibilidad de la deuda pública, principalmente la externa. En total, deberá cubrirse más de 10000 millones de dólares en la amortización de la deuda (capital más intereses) y por los atrasos. La tendencia en los tres últimos gobiernos, incluidos, el actual es contratar deuda para pagar deuda, sobre todo externa. A fines de noviembre del año pasado el Banco Mundial y el BID aprobaron créditos por 2100 millones de dólares, en diciembre el gobierno recibió 630 millones del FMI y 500 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas. En 2026, se tiene previsto la emisión de 3000 millones de dólares y colocación en el mercado financiero internacional. Lo que se prevé es que el gobierno esta acumulando recursos para hacer frente al pago de la deuda pública, sobre todo externa. Pero se trata de política de contratar deuda para pagar deuda externa. El país se encuentra en un ciclo perverso de la deuda. Si la deuda externa se utilizara principalmente para inversiones incentivaría el crecimiento económico pero, en la medida que se utilice para pagar deuda o gasto corriente, no habría capacidad de repago de ésta y, en consecuencia, ahondaría la trampa de la deuda y, a la vez, restringe el crecimiento económico, lo que a su vez limita la generación de empleo y de bienestar social. 

En síntesis, las dos principales tendencias económicas que debe resolver el gobierno en 2026 es alentar el crecimiento y pagar el servicio de la deuda, principalmente externa. Sin embargo, el crecimiento no se puede incentivar con inversión pública por el déficit fiscal por lo que recurre a deuda externa que se va acumulando y el servicio de esta deuda crece cayendo en la trampa de la deuda que implica déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. En consecuencia, es prioritario en 2026, alcanzar la sostenibilidad de la deuda pública principalmente externa.

De que vale que el riesgo país haya bajado si no hay seguridad ciudadana, crisis en salud y no hay suficiente empleo formal para absorber a la población desocupada. El temor por la inseguridad, la falta de medicamentos y buena atención en los hospitales públicos y la escasez de empleo impacta en el bienestar social, por lo que debe ser uno de los principales temas de atención para mejor el nivel de vida de la población.

Luis Rosero M.

El país esta inmerso en una crisis múltiple: en seguridad, social, económica, institucional, etc. Las tres primeras afectan directamente a la población lo que requiere enfrentarlas con urgencia para frenar la perdida de bienestar social, sobre todo de los grupos más vulnerables, que a su vez requiere un plan con políticas objetivos y acciones específicas en cada una de esas áreas. Los retos del gobierno son establecer una hoja de ruta, o sea un plan de acción para cambiar el rumbo del país.

El año 2025 se convirtió en el año mas violento de la historia al superar los 10.000 crímenes producto de la violencia generada por el crimen organizado que incluye la acción de los cárteles, bandas y delincuencia. La política de seguridad del gobierno se basa en estados de excepción, operativos de las fuerzas del orden, capturas de cabecillas de bandas y ataques a la minería ilegal. Sin embargo, las estadísticas de homicidios, extorsiones (vacunas) y secuestros siguen aumentando por lo que los expertos cuestionan la efectividad de solo aplicar la mano dura contra el crimen organizado siendo necesario revisar a profundidad la estrategia, táctica y labores de inteligencia que aplican dichas fuerzas. La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal fuente de amenaza, temor y zozobra que viven los habitantes del país que ha provocado migración al exterior y desplazamientos en el área urbana y rural, cambios de los patrones de movilización, etc. Pero, además, la actividad económica de medianas, pequeñas y emprendedores se ha restringido por el temor de la acción de la delincuencia organizada. Por lo que el reto mas importante del régimen en 2026 es devolverle la paz social a la población que vive atemorizada pues no se esta seguro en ningún del país.

Ligado a lo anterior esta la crisis institucional. Entre ellas, la de la crisis de la justicia. Los problemas del Consejo de la Judicatura (CNJ) ha llegado a tal punto que, su actual presidente, ha sido cuestionado y acusado por las presiones que habría ejecutado indirectamente en las decisiones judiciales de los jueces. Es necesario, una depuración total en sistema de justicia del país y, como ha sostenido, Roberto Gómez Mera, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia: hay una crisis en el sistema de justicia que se expresa en la perdida de la confianza, confiabilidad y  seguridad jurídica. Según el, hay que devolverle a la Corte Nacional la facultad de nombrar y sancionar los jueces. El CNJ, de 5 personas, tiene el control del poder judicial, insiste que hay que devolverle la independencia a la función judicial, eliminar la influencia de la política en ésta y darle todo el poder judicial a la Corte Nacional de Justicia (entre ellas el nombramiento, control y sanción a los jueces) a través de una enmienda constitucional. O sea, una reforma judicial profunda para sanearla de las presiones de otros poderes y de las amenazas del crimen organizado. Este es otro desafío del gobierno, de contribuir a darle independencia para que tengamos una justicia honesta y justa.

Finalmente, otro aspecto fundamental que debe ser atendido con prioridad es la crisis social. Y de ésta es la crisis en la salud pública. Ya se lleva mas de un año los problemas de desabastecimiento de medicinas e insumos, atención tardía a los pacientes y falta de equipos en funcionamiento para imágenes y otros requerimientos vitales para la salud. La vicepresidenta ha prometido que podría comenzar el abastecimiento en tres meses pero eso es solo una parte del problema como ha señalado un doctor que escribió en las cartas del director de El Universo: “Los principales objetivos deben ser los siguientes: atención primaria como eje principal, distribución de consultas, aseguramiento universal, concesión hospitalaria, autosuficiencia hospitalaria, etc.“

En resumen, los tres principales desafíos que debe enfrentar el gobierno es devolver la seguridad ciudadana y ligada a ésta la reforma judicial independiente así como resolver la crisis de salud para al menos atender una necesidad urgente de la población. Y para eso no hay que exponer la excusa del déficit fiscal, hay gastos que son fundamentales para garantizar un buen funcionamiento del tejido social.

Luis Rosero M.

a tomar decisiones para enfrentar varias disyuntivas. Como he señalado, en artículos anteriores, la nación tiene varios desequilibrios macroeconómicos y tendencias que limitan su crecimiento, el área social esta en crisis así como la seguridad ciudadana, existe una crisis institucional, las organizaciones políticas están en descredito, tal es es así que hay perdida de representatividad, la gestión pública no es eficaz y no se atiende suficientemente las demandas ciudadanas.

En lo económico, subrayo un factor que afecta al crecimiento. Una es la tendencia del déficit fiscal que para poder cubrirlo se acude a la deuda pública. Los últimos tres gobiernos, incluido el actual, persisten en incrementar este tipo de deuda. La proyección de la deuda total, a fin de 2025, es alrededor de 90.000 millones (67% del PIB). El país ha caído en la trampa de la deuda que implica que para cubrir su amortización se recurre a reformas tributarias (más impuestos), si estas no son suficientes se busca el endeudamiento público y, si, se persiste en este, se cae en el riesgo de la sostenibilidad de la deuda y, si no hay suficientes recursos para cubrirla se capta más deuda para pagar deuda, hasta que llega un momento en que no hay opción y se llega a una renegociación de la deuda principalmente externa. Esta última ya representa las dos terceras partes de la deuda total. En 2026 el país tiene amortizaciones de deuda alrededor de 10000 millones de dólares, para lo cual requiere obtener recursos frescos para hacer frente a estas. La Hora reportó, a fines de noviembre de 2025, que el Banco Mundial y el BID aprobaron créditos para el país de 2100 millones de dólares, lo que vuelve a aumentar la deuda externa con los organismos multilaterales y, además, el gobierno tiene previsto la emisión de bonos soberanos por 3000 millones para colocarlos en los mercados financieros internacionales. Si la deuda externa se utilizara principalmente para inversiones incentivaría el crecimiento económico pero, en la medida que se utilice para pagar deuda o gasto corriente, no habría capacidad de repago de ésta y, en consecuencia, ahondaría la trampa de la deuda y, a la vez, restringe el crecimiento económico, lo que a su vez limita la generación de empleo y de bienestar social. En consecuencia, la encrucijada es qué si el país tiene que pagar la amortización de la deuda externa quedan menos recursos para otros rubros en el presupuesto del estado, lo que define ya una disyuntiva y define cual es la prioridad en la política económica.

La repuesta de cual es prioridad ya la expresó la vicepresidenta. Declaró respecto a la crisis en la salud pública “Ya sabemos que hacer pero el presupuesto es limitado” (Expreso). Además, menciono que el problema no es solo desabastecimiento de medicinas, hay otros problemas como la sobrepoblación de médicos y la precaria infraestructura de los establecimientos de salud. En las cartas al director de El Universo, un doctor señala “no basta con repartir medicinas, o crear un nuevo call center: eso es no dar salud….Los principales objetivos deben ser los siguientes: atención primaria como eje principal, distribución de consultas, aseguramiento universal, concesión hospitalaria, autosuficiencia hospitalaria, etc.“ Por otro lado, el gobierno con un decreto estableció que los gastos de salud se financiarían con ingresos no permanentes. Lo habitual ha sido financiarlos con ingresos permanentes (impuestos). Al hacerlo con ingresos no permanentes se corre el riesgo de no obtener los recursos para cubrir los gastos de salud. Más aun, el otro mecanismo perjudicial para este sector es la subejecución del presupuesto de salud lo que limita la atención a los usuarios de la salud pública incluyendo al IESS. En consecuencia, es claro cual es la prioridad del régimen en el presupuesto del estado de 2026 y la disyuntiva es el pago deuda pública vs. financiamiento de los gastos de salud.

En consecuencia, hay en la medida que se priorice el pago de la deuda pública hay menos recursos para la salud, inversión pública y otros sectores. En el Presupuesto del Estado 2026, el régimen estableció que la prioridad es la deuda pública y la seguridad. Siguiendo la tradición de fin del año, al quemar el monigote la cábala se basa en que se terminarían los problemas y dificultades, en este caso del país. Sin embargo, la proyección de crecimiento para 2026 por el FMI señala apena una tasa de 2%. Espero que haya rectificaciones y se tome un nuevo rumbo en la política económica para atender las demandas de la población, pues de lo contrario la crisis social puede explotar.

Luis Rosero M.

Los estudios e investigaciones sobre el crimen organizado avanzan en América Latina relacionadas al aumento de la violencia. Este genera una compleja estructura de economía criminal, que refleja las distintas actividades ilícitas que realizan. Tal es el poder de estas organizaciones que ya los analistas señalan como hipótesis que los países puede verse afectados por estas actividades a tal punto que su democracia puede ser desbordada o estallada. Algunos países de Sudamérica, nuestro país y sus vecinos fronterizos con Ecuador se enfrentan con este desafío que afecta a la sociedad, al estado, su economía, la población y lo social.

Aplicando la microeconomía, Juan P. Luna, en su artículo “Democracias estalladas o el desborde del crimen organizado” (N. Sociedad) señala que la economía criminal podría establecer una integración horizontal (varios negocios) y la integración vertical (control de las distintas etapas de un negocio). En otras palabras, diseñan un plan de negocios con una estrategia de corto, mediano y largo plazo para sus distintos negocios ilícitos y, a la vez, un “tipo de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y actores políticos en cada país.”

Según la tesis de este autor, en el caso del país, se desprende que los cárteles diversifican sus operaciones participando en la minería ilegal, extorsiones (vacuna), secuestros, lavado de activos, permeación de instituciones públicas para hacerse cargo de algunos servicios o provisión de insumos (medicamentos, documentos de tránsito), etc. Para sus actividades, los carteles se vinculan con bandas. La disputa del control territorial entre estos se genera violencia que no solo se refleja en las calles sino también en las cárceles. Para desarrollar y proteger sus actividades también se coopta a las instituciones públicas, que incluye la justicia, y organizaciones políticas. Estas actividades ilícitas requieren de gente para que trabaje en etas y, en esa medida, suple lo que el mercado de trabajo formal no puede ofrecer, con lo que crecen los mercados informales e ilegales. O sea, que la economía no es capaz de ofrecer empleo suficiente y, por ello, frente a la falta de trabajo algunos se emplean en estos dos mercados.

Por ello, las cifras de violencia muestran que Ecuador se ha convertido, en 2025, en el quinto país más violento del mundo según el Índice Global del Crimen Organizado.  El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado de la PADF registra que, en el primer semestre de 2025, los homicidios se incrementaron en 47% respecto al mismo periodo de 2024, La provincia del Guayas concentró el 49.5% de los homicidios, seguida por Los Ríos (13%), Manabí (12.3%), El Oro (6.9%) y Esmeraldas (4.1%). La swissinfo.ch reporta que si sigue esta tendencia el país terminaría el 2025 con un índice de homicidios de 52 por cada 100.000 habitantes el más alto de su historia y de Latinoamérica. Por otro lado, Primicias informa que el Juez Anticorrupción Carlos Serrano renunció a su cargo por amenazas y presiones para que declare inocente a un procesado por lavado de activos. Se le retiró al juez la seguridad policial. Carlos Rabascall, ex candidato presidencial, declaró que Serrano recibió presiones del Consejo de la Judicatura (CJ) y amenazas del crimen organizado. El presidente del CJ declaró que la seguridad no es competencia de su institución. Como antecedente esta el caso de Wilman Terán, ex presidente de la CJ, que fue condenado por corrupción por delincuencia organizada. Además, en base al autor del artículo se puede entender que las continuas masacres en las cárceles y las inspecciones en que se encuentran armas, celulares y otros artículos explicarían las dificultades que enfrentan las autoridades para administrar los presidios.

Como consecuencia del combate al crimen organizado los gastos en seguridad crecen. La proforma presupuestaria de 2026 muestra que el presupuesto del Gabinete Sectorial de Seguridad aumentó a 4000 millones de dólares de los cuales 1846 corresponden al Ministerio de Defensa y 1593 a la Policía Nacional que son las instituciones a cargo de aplicar la política de seguridad del país. En tanto que la deuda pública externa, que financia el presupuesto de 2026, aumentaría en 125.3% de los cuales 3000 millones están programados para la emisión de bonos soberanos. La amortización de la Deuda Pública total sería de 8351 millones. Como ya he señalado en otros artículos, se ha generado el círculo vicioso déficit fiscal – reforma tributaria – renegociación de la deuda. El déficit fiscal para 2026 sería 5413 millones y en el año anterior 5625 millones. En los últimos años se registran déficits fiscales que se van acumulando pero que requieren ser cubiertos, por lo que el régimen opta por atrasos a proveedores y subejecución presupuestaria. Como consecuencia de los altos gastos en seguridad y pago de la amortización de la deuda pública quedan menos recursos para otros sectores, siendo afectados los de salud y educación. En el caso del primero, es desesperante para la población la crisis de salud, que se expresa en falta de medicamentos, insumos médicos y mala atención en los hospitales públicos y en el IESS.

En conclusión, como muestran los indicadores de violencia, el estado no puede brindar seguridad ciudadana a pesar de los operativos, estados de excepción y captura de cabecillas de algunas bandas. La población tiene temor de salir a las calles por la constante inseguridad, a más de que hay ciudades en las que el crimen organizado tiene bastante control territorial (ej. Durán). Pero, además, las autoridades no pueden controlar las cárceles. Así mismo, tampoco se puede brindar atención adecuada en salud pública afectando el bienestar de la población. Por otro lado, el gobierno, con la política económica que sigue, no puede generar suficiente empleo o sea no hay oportunidades por lo que los desempleados y subempleados quedan atrapados y sin salida, refugiándose en los mercados informales y delictivos donde acuden las organizaciones criminales para disponer del personal que realice las acciones ilegales. Adicionalmente, el crimen organizado ha cooptado el sistema de justicia y no puede garantizar un sistema judicial, independiente de las presiones y sin corrupción. Además, con la existencia del círculo vicioso señalado estaremos avocados a una probable renegociación de la deuda externa, lo que implicaría una nueva reforma tributaria que podría incluir un aumento de tasas impositivas restándole capacidad de compra a la clase media y pobre. En la medida en que el estado no puede brindar seguridad, ni suficiente empleo, ni buena atención de salud pública, ni justicia independiente, ni reformas tributarias que no afecten a los más desfavorecidos de la sociedad estaríamos ante un desbordamiento de la democracia, según la tesis e hipótesis de Luna, en la medida en que el crimen organizado se apodera de funciones e instituciones del estado para sus negocios o usarlas para protegerse,  que lleva al estado a no poder garantizar ciertos derechos y servicios a la población. A pesar de la crítica situación del país, el ejecutivo esta ausente por sus viajes al exterior lo que limita la atención de los problemas señalados. Urge enfrentarlos eficazmente con una estrategia y dar respuesta inmediata, ya que el crimen organizado avanza en sus actividades ilegales. La demora en atención a estos provoca descontento de la población y desgaste político que pasará factura al régimen.