Luis Rosero M.
Los eventos ocurridos en el país muestran el dinamismo de la coyuntura en la que los hechos se interrelacionan e influyen sobre otros. El panorama se torna complicado y requiere de un profundo análisis para evaluar y establecer las tendencias de la coyuntura en corto plazo. En este artículo me referiré brevemente a los aspectos políticos.
Si bien el gobierno logro apresar y extraditar a alias Fito, cabecillos de la banda Los Choneros, que constituye una acción importante en la lucha contra el crimen organizado, la continuación de las masacres, con mucha violencia, dejan decenas de asesinados, el incremento de las extorsiones (vacuna) a varias actividades y de los secuestros aumentan la zozobra y el miedo de la población que se siente insegura. Ya el régimen cuenta con las herramientas y el respaldo jurídico en el conflicto armado interno. Si bien este es un proceso largo, se requiere revisar la estrategia de seguridad, sobre todo las acciones de inteligencia para prevenir el cometimiento de delitos para evitar más violencia y muertes. Que no solo afectan a vida sino que además frenan y limitan la actividad económica.
En relación a estos hechos, a Corte Constitucional (CC) suspendió algunos artículos de la Ley de Inteligencia y Ley de Solidaridad Nacional. Este organismo recibió una serie de demandas de inconstitucionalidad de dichas leyes presentadas por diversas personas e instituciones. La repuesta del régimen fue una marcha, encabezada por el ejecutivo, para protestar contra los dictámenes de la CC, en la se llegó hasta exhibir hasta una pancarta con los rostros de los jueces de este organismo para presionar a que no frenen su lucha contra la inseguridad. El tema fundamental, en esta disputa, es que se podrían violar los derechos constitucionales a tal punto que se detendría y realizar escuchas a cualquier ciudadano sin orden judicial. En consecuencia, es necesario que se especifiquen claramente las condiciones para proceder a una captura y escucha pero con el conocimiento de un juez que autorice tal procedimiento. El gobierno ejerce presión contra la CC, pero el riesgo es el exceso y abuso de estas normas, por distintas razones, que pueden llevar a violaciones de derechos constitucionales fundamentales.
En el marco, de esta disputa, el gobierno envío a la CC las 5 preguntas del Referendo y Consulta Popular. Las 4 del primero versan sobre contratación por hora en el sector turismo, reducción de asambleístas, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional. La pregunta de la Consulta se refiere al funcionamiento de casinos y salas de juego. Como puede apreciarse la pregunta 1 del Referendo y Consulta favorecerían al turismo por lo cual ha recibido el apoyo de hoteles y gremios del sector. Las preguntas del referendo 2 y 3, tendrían voto por el sí por el desprestigio que tiene la Asamblea y también el CPCCS por se fuente de conflictos y disputas en su control por parte del gobierno de turno. La cuarta pregunta apunta contra los jueces de la CC al buscar someterlos a juicio político. Es clara la intención de destituirlos si no se alinean al poder de turno. Es necesario que estos jueces de la CC tengan la suficiente independencia parta tomar decisiones para que las normas siempre se encuentren dentro del marco constitucional y sean garantes de la carta magna. Previamente, el 5 de agosto, el gobierno lanzó las inscripciones, de la nueva etapa, del programa Jóvenes en Acción, en la que se habilitarían 80000 pasantías pagadas, en el sector público, que se desarrollarían desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 1 de febrero de 2026. O sea, 3 meses.
En síntesis, en el marco de aumento de la violencia el gobierno presiona a la CC para que se revalide los artículos objetados de la Ley de Inteligencia y Ley de Solidaridad Nacional. Pero este organismo, debe ser el arbitro que vigile la vigencia de la Constitución. El gobierno sigue tratando de presionar, con el referendo, y busca someter a juicio político a los jueces de la CC. Pero una vez más, estos jueces deben tener la independencia jurídica y ética para dictar sus sentencias que garanticen que las leyes, aprobadas por la Asamblea, se enmarquen siempre dentro de la Constitución que, entre otros aspectos, garantizan los derechos ciudadanos fundamentales. Se trata de garantizar la independencia de los poderes del estado y que haya contrapeso entre estos.
Pensamiento y comportamiento 