Luis Rosero M.
En septiembre la violencia y la inseguridad aumentaron y, en ese marco, la eliminación del subsidio al diésel elevó su precio y provocó aumento de costos de transporte de carga y precios de algunos bienes de la canasta básica. Los primeros tres días, de la semana pasada, hubo protestas y cierre de vías en la sierra y, con el paro decretado por la CONAIE, la tensión social aumentó y se agravó la crisis social por la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos. Para profundizar la crisis política, en la confrontación que mantiene con la Corte Constitucional (CC), el gobierno aprovecho la coyuntura para enviar directamente al CNE la convocatoria a consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin cumplir con el requisito establecido en la Constitución de 2008 que establece que esta requiere el dictamen de la CC. En toda esta compleja coyuntura, la eficacia de la gestión gubernamental en atender los problemas de la sociedad y las crisis afecta la aprobación e imagen del régimen. Para manejar esta última se utiliza la estrategia de comunicación pública.
La serie de masacres en Flor de Bastión y los sicariatos aumentaron las muertes violentas, en lo que va de septiembre, y además se produjo una explosión de bomba en el centro de Guayaquil, continuaron los secuestros, una guía penitenciaria fue asesinada y avanzan las extorsiones a negocios y ciudadanos. A pesar de que el gobierno realiza operativos y detenciones, en la segunda etapa del conflicto armado utilizando la estrategia de las FF.AA., la violencia y la inseguridad aumentaron, manteniendo en zozobra a la población. En este marco, el gobierno decretó, el 12 de septiembre, la eliminación del subsidio al diésel lo que provocó el aumento de su precio, para reducir el déficit fiscal y la iliquidez de la caja fiscal. Su primer efecto fue el aumento del precio de productos de la canasta básica. Las protestas fueron inmediatas y la CONAIE decidió realizar un paro nacional aumentando la tensión social ya agravada por la crisis de la salud por falta de medicamentos en los hospitales públicos. En suma, a la crisis económica (déficit fiscal, crecimiento de deuda externa, bajo crecimiento y empleo, etc), se suma la crisis de la salud, la crisis de seguridad, la marcha por el Agua, realizada el 16 de septiembre, en Cuenca, en la que miles de ciudadanos protestaron por la contaminación del agua del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, agudizando la tensión social. La población sufre las consecuencias de estas a la que se adiciona la crisis política dado el conflicto que el gobierno tiene contra la CC manteniendo en zozobra e incertidumbre a la población por esta cuádruple crisis en la que cada una de ellas esta relacionada con las otras.
El gobierno, con el decreto 148, de septiembre 19, convocó a Consulta Popular para la realización de una Asamblea Constituyente que buscaría reemplazar a la Constitución de 2008 vigente para lo cual envío al CNE a fin de que ésta organice el evento electoral. Sin embargo, ese decreto tiene múltiples solicitudes de inconstitucionalidad y, por el ello, la CC lo suspendió. El CNE que convocó a una reunión extraordinaria pero no trato dicho decreto dado la suspensión del mismo. Sin embargo, el gobierno insistió en la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con el decreto 153, de septiembre 20, enviando nuevamente al CNE para que proceda con tal mandato. Sin embargo, el CNE remitió dicho decreto a la CC para su dictamen alegando el principio de celeridad. En suma, quedo claro el objetivo del gobierno al tratar de llamar directamente a una Consulta Popular para una Asamblea Constituyente que redactaría una nueva constitución, reemplazando a la actual. Expertos y constitucionalistas señalan que el gobierno violó la constitución al no solicitar el dictamen a la CC para la convocatoria a una consulta popular para el fin señalado. La Relatora de la ONU señaló que cualquier interferencia con la CC socava el estado de derecho. Más aún, ante una amenaza de bomba a la CC, la CIDH ante los ataques a la CC declaró “Ecuador debe asegurar una justicia libre de interferencia”. No es casual que el gobierno se saltara a la CC para tratar la convocatoria a una consulta popular pues esta acción forma parte de una estrategia política que el gobierno usa en su afrontamiento con sus opositores utilizando una serie de mecanismos. Por eso, en una democracia es importante la independencia de las funciones del estado y garantizar los contrapesos necesarios entre ellas. Sin embargo, el CNE, en su sesión del 21 de septiembre, informó que la CC calificó como procedente la vía de la Asamblea Constituyente, con lo que el gobierno puede constitucionalmente tener la viabilidad de convocarla para que redacte una nueva constitución, que sería a su medida.
Por otro lado, la falta de eficacia en la gestión gubernamental afecta la buena imagen del régimen y para alcanzarla utiliza la estrategia de comunicación y otros mecanismos. De ahí que es clave en este escenario de la cuádruple crisis, una interrogante: ¿Por qué aumenta la violencia si el gobierno realiza operativos y tácticas de inteligencia? El experto de seguridad, Daniel Adler, propone revertir la crisis de seguridad en 90 días. En otras palabras, lo que sugiere Adler es que se necesita un nuevo plan de seguridad con metas de corto, mediano y largo plazo. Hasta la fecha los resultados del plan de seguridad del gobierno no reducen significativamente los índices de violencia en el corto plazo. La inseguridad es el principal problema que enfrenta el país como lo muestran las cifras de la violencia la cual mantiene en zozobra, tensión social y restricción en la movilidad de la población. El poder político para tratar las dificultades en la gestión gubernamental o los problemas álgidos utiliza filtros, opacidad, restricción de información o creando otros y planteando soluciones como forma de redireccionar la atención.
Lo que refleja el actual conflicto es que hay fuerzas que pueden frenar las intenciones y acciones del poder político. Una, es la calle. La marcha por el agua en Cuenca logró que el gobierno revocará la licencia del proyecto Loma Larga que iba a provocar más contaminación en los ríos del austro. Dos, los contrapesos entre las funciones del estado. En este caso, la CC que vigila que todas las demás funciones en su desempeño se enmarquen dentro de la constitución. En la polarización extrema son muy importantes estos contrapesos.