En varios artículos, en el diario público, analice los casos de corrupción de los miembros del Partido Popular (PP, derecha), que está gobernando, a los que se suman otros, descubiertos recientemente,  como la emisión de un título de postgrado fraudulento, la acusación de lavado a un ex Ministro.

Además del caso Gurtel están: la Operación Púnica en la que Francisco Granado, ex alcalde y ex secretario del PP, esta acusado de manejar una red de pago de comisiones ilegales para la asignación de contratos de obras y servicios públicos (esquema parecido al caso Gurtel); el pago de gasto personal con tarjetas de crédito de los directivos de la Caja Madrid y Bankia (rescatado por el gobierno después de la crisis inmobiliaria) del cual están acusados los ex presidentes de esas entidades Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Este último fue director del FMI y uno de los altos miembros del PP.

El caso Gurtel es el más emblemático de la  corrupción el PP. La justicia española ha condenado al empresario  Francisco Correa, cabecilla, ligado al PP, a Luis Bárcena, ex Tesorero del PP, a la ex Ministra Ana Mato y a 26 personas más. El caso fue investigado, desde el 2009, por el juez Baltazar Garzón. Se trata de un esquema de corrupción mediante el cual se asignaban obras públicas a empresarios quienes a su vez debían pagar comisiones por ello. El que se encargaba de recibir ésta era Luis Barcena, que a su vez entregaba este dinero sucio a miembros del PP. El tribunal que dictó la sentencia señaló que no quedan dudas que en el PP se montó una estructura financiera y contable paralela en el PP, una caja b, con lo cual se repartía el dinero de la corrupción entre miembros del PP.

Recientemente se apresó a Eduardo Zaplana, ex Ministro y ex Presidente de la Comunidad Valenciana, por cobro de comisiones en un proyecto eólico en Valencia, que luego fueron lavadas con una serie de empresas creadas con ayuda de bufetes de abogados. El caso fue descubierto al encontrarse documentos que detallaban el esquema de corrupción y por la introducción de dinero corrupto, que ocultó en Panamá, a España.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se vio obligada a renunciar a dicho cargo y como diputada en la Asamblea de Madrid, por haber obtenido de manera irregular su título de postgrado en la Universidad Rey Juan Carlos, en el que no solo hubo cambios de calificaciones sino que no acudió a clases y tener un irregular trabajo de fin de Master. Pero además, está acusada de  corrupción en el ejercicio de su cargo.

También está el caso Lezo, en el que se acusa a Ignacio Gonzalez, ex dirigente del PP, de cohecho y malversación de fondos en la gestión de la empresa pública Canal Isabel II.

Lo cierto es que entre los distintos casos de corrupción relacionados con el PP se montó una estructura para el cobro de comisiones ilegales por asignación de obras públicas por autoridades  del gobierno del PP, que luego recibían dinero negro a través de una caja B del partido. Se trata del caso de corrupción más grande de la historia de España, que podría llevar a la caída del gobierno de Rajoy y tendrá impacto en las elecciones de 2019, que desplazaría al PP como el primer partido.

El proyecto de ley, como le señala el título busca impulsar el sector productivo, incentivar, crear empleo y alcanzar equilibrio fiscal. Es muy extenso, por eso lo trataremos por partes, para conocer en detalle cómo se busca alentar variables claves de la economía.

El cap. uno, I  sección, dispone la exoneración 100% de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias o fiscales internas administradas por el SRI vencidas hasta el 1 de Abril de 2018 incluyendo las del RISE. Para acogerse a este  beneficio será para medianas, grandes empresas y personas naturales deberán pagar hasta los 90 días contados a partir de la emisión de esta ley. A los que no se incluyen en la remisión se les conceder facilidades de pago del capital hasta 2 años. También se incluyen de la exoneración las obligaciones aduaneras.

En la segunda sección, se exonera de intereses, recargos y multas a impuestos y matriculación vehicular así como a infracciones de tránsito. En la sección tercera,  se otorga educción de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el IESS y, en la cuarta, se dispone la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones pendientes de pago hasta el 2 de abril del 2018 por servicios básicos que proporcionan las empresas públicas de la Función Ejecutiva.

Este conjunto de medidas trata de paliar la falta de liquidez del sector público no financiero (SPNF), el déficit actuarial del IESS y el déficit y problemas de liquidez de las empresas públicas de la Función Ejecutiva. Como se observa son fundamentalmente medidas para mejorar los ingresos tributarios del SPNF y del IESS.

En el cap. dos, se otorga incentivos tributarios a la nueva inversión privada. Se exonera del impuesto a la renta (IR), por 10 años, a inversiones fuera de Quito y Guayaquil y, con 8 años, en las áreas urbanas de estos dos cantones. Además se exonera del ISD a la importación de bienes de capital y materias primas de  inversiones productivas y pago de dividendos de empresas nacionales y extranjeras. Así mismo, se exonera con el 50% de ISD a las reinversiones productivas de beneficios. Adicionalmente se exonera del  Impuesto a la Renta, por 10 años, las  nuevas inversiones industriales, y las que sean en industrias básica será hasta 15 años.  Se desprende que el fomento a la inversión se basa en sacrificio de ingresos fiscales.

En el cap. 3, se conceden beneficios e incentivos a los proyectos de vivienda de interés social que, en lo tributario básicamente es el crédito tributario en el IVA,  y se establece un procedimiento administrativo simplificado para su construcción.

Hasta aquí el proyecto de ley, además de generar ingresos tributarios, para aliviar la iliquidez fiscal,  a través de exoneraciones de intereses, multas y recargos de impuestos o aportes al IESS, busca incentivar la nueva inversión privada mediante la exoneración del IR y ISD. Se trata de compensar la baja de la inversión pública, pero mantiene alto nivel de gasto público. Sin embargo, los beneficiarios de los incentivos tributarios son las grandes empresas o empresarios y no hay requisitos para obtener estas ventajas de generación de puestos de trabajo. El proyecto supone que las nuevas inversiones generan más empleo. Para éste, está en marcha la expedición de un nuevo código de trabajo, que incluiría la flexibilización laboral, Hasta esta parte del proyecto, se busca incentivar el nivel de actividad económica con inversión privada, vivienda de interés social y gasto público.

Al cumplirse el primer año de gobierno se torna necesario una evaluación y estudio de lo que ha hecho el régimen en lo económico, político y social. No se trata solo de un análisis histórico sino además de avizorar el rumbo que está tomando y hacia dónde va el país.

En lo económico, como señalé en un artículo, del diario público, el gobierno va despacito y por un camino sinuoso. El déficit fiscal, el desequilibrio externo, la falta de liquidez, la deuda pública y el nivel de actividad son críticos. Se han tomado medidas económicas tibias  que han sido un retoque y se pospone el ajuste. Si bien dictó el plan de reactivación económica, se anunció recorte leve del sector público, una amnistía tributaria e incentivos al sector privado, alianzas público privada, incentivo a exportaciones con devolución de impuestos y freno a importaciones con nueva salvaguardia arancelaria, queda latente su implementación. Lo cierto es que se ha mantenido un alto nivel de gasto público, con escasos recortes, y dificultades en la liquidez financiadas con deuda externa. Según lo anunciado por el régimen el déficit fiscal de 2018, sería de 5.6% del PIB, la deuda pública ha superado el 40% del PIB y la reactivación económica sigue en espera. El tercer ministro de Economía, ex Presidente del Comité Empresarial, anuncia que profundizarían las medidas estructurales. En el primer año, el rumbo económico fue de mucha incertidumbre y posponer medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos.

En lo político, la circulación de un audio del ex Secretario de la Presidencia, reveló su estrategia basada en tres puntos: uno, el diálogo, para sumar apoyo de movimientos y partidos que ayuden a fortalecer la base política del régimen. Dos, una evaluación autocritica de las políticas públicas (hidrocarburos, obra pública, educación, etc.). Tres, lucha pasiva contra la corrupción y dejar que las funciones del estado cumplan con su papel en ésta. En cuanto a la segunda, el gobierno mostró las falencias y errores cometidos en obras públicas del régimen anterior. Respecto a la corrupción, su punto culminante fue con el juicio y condena del Vicepresidente (con lo que el gobierno se alzó con todo el poder ejecutivo), la sentencia a  ex funcionarios de Petroecuador y ex ministros del régimen anterior. En relación al primer punto, logró lo que la oposición no pudo: romper AP y apoderarse del movimiento y parte de sus asambleístas, que son necesarios para aprobar las leyes que requiere su proyecto. El triunfo en la consulta popular apuntaba a fortalecer su base de apoyo político y de la población. La actuación del CPCCS-T al cesar a las principales autoridades de control y nombrar nuevas, muestra que busca aparentemente “independizar las funciones del estado” e iniciar el desmonte de la reforma institucional correista. Comenzó con la destitución de autoridades de control y está en proceso las del Consejo de la Judicatura y Corte Constitucional, reforma a la ley de comunicación que contempla, entre otros, la eliminación de la SUPERCOM, la ley de plusvalía, el cambio de rumbo del diario público, etc. Como además requiere de reformas estructurales y aprobar leyes buscó más apoyo de lps partidos y organizaciones aliadas (Democracia Sí, maestros, etc.), acercamiento con el sector privado (que se inició concesiones en la ley  de reactivación económica, alianzas público-privadas, nombramiento del ministro de Economía, la entrega del dinero electrónico a la banca, etc.) y negociar con la oposición, sobre todo  de derecha, en pos de un acuerdo nacional. Si bien el triunfo en la consulta popular contribuyó a aumentar su apoyo poblacional, sin embargo los errores en política, la falta de decisión para enfrentar los desequilibrios económicos y el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, en la frontera sur, han debilitado la posición del régimen. Con el nombramiento de un ministro de Defensa, ex militar, y, la transformación del ministerio del Interior a uno de Gobierno, con un nuevo titular, buscan redefinir la política de defensa e interna.

En lo social, se publicitó el Plan Toda una Vida que, en sus diversos componentes busca apoyo popular, sin embargo, ha avanzado poco por las restricciones presupuestarias. A pesar de ello, se ha planteado una pensión no contributiva para personas de tercera edad, un aumento de la pensión en el seguro campesino, una reactivación del programa para discapacitados, etc. Sigue en espera la entrega de viviendas populares gratuitas, pagos de incentivos de jubilación para maestros, etc. por las dificultades generadas por el déficit fiscal e iliquidez pública.

Se prevé un cambio de rumbo en lo económico  hacia una política económica ortodoxa que implicaría un ajuste mayor y reformas estructurales (del estado: más recorte de su tamaño vía privatización, reforma fiscal, etc.; reforma laboral: nuevo código de trabajo, flexibilización laboral; reforma institucional: eliminar leyes e instituciones creadas en el régimen anterior, etc.; reforma en el sector externo: acuerdos comerciales, menos salvaguardias arancelarias, etc.). Sin embargo, queda latente el tema de reactivación económica y la necesidad de aumentar la competitividad para incentivar exportaciones. Además está la presión que ejerce en el déficit fiscal, el déficit actuarial del sistema de seguridad social (IESS, ISSFA e ISPOL), el déficit de las empresas públicas y la sostenibilidad de la deuda pública, eliminación de su techo y el cambio de reglas macrofiscales.

En lo político, se buscará fortalecer su base de apoyo con alianzas con nuevos partidos y movimientos políticos (Democracia Sí, Centro Democrático, ABA, etc.) que implicaría acuerdos electorales para las elecciones seccionales de 2019 y una alianza con partidos de centro derecha para que apoyen las reformas estructurales, reforma institucional y nuevas leyes, que significaría trasladar parte del poder y un giro hacia esa tendencia justificada por la necesidad de una unidad nacional.

En lo social, se prevé el impulso a la vivienda popular, para tratar de incentivar el nivel de actividad económica y, si se logra la reducción del tamaño del estado y reducir la presión de iliquidez fiscal, liberar recursos presupuestarios para financiar y cumplir la serie de programas planteados en el Plan Toda una Vida.

En síntesis, se relegó lo económico en pos de lo político y se frenó la política social por el déficit fiscal e iliquidez pública. Con el nuevo ministro de Economía se espera que acometa el ajuste y reformas estructurales y, en lo político, aliarse con partidos aliados para disputar las elecciones seccionales de 2019 y acuerdo con la tendencia de derecha para que apoyen las leyes necesarias para la reforma institucional, estructural y el ajuste económico.

Las crisis económicas son recurrentes en Argentina. En los años noventa, del siglo pasado, aplicó la convertibilidad (avalada por el FMI) para frenar la hiperinflación, la cual fracasó dejando una secuela de déficit fiscal, deuda externa, recesión y desempleo. El kichnerismo (2003 – 2015) al principio conjuró la crisis, luego generó bonanza pero al final del periodo terminó con fuertes desequilibrios macroeconómicos que heredó Macri, aplicando la liberalización y reformas económicas. Si bien la economía se recupera en 2017, en Mayo de 2018, surge una crisis cambiaria que impactará en su economía.

Desde diciembre de 2015, viene aplicando un programa económico ortodoxo. Eliminó parcialmente el control de cambios y declaró flotación limpia, que llevó, desde el 10 de Diciembre de 2015 a Marzo 23 de 2016, a una cotización de 14.4 pesos por dólar, una depreciación del peso cercana al 50%. Liberalizó la entrada y salida de capitales. Con la deuda externa fortaleció la RMI y con flujo de capitales pudo frenar, al inicio, la depreciación cambiaria. Redujo impuestos a las principales exportaciones agrícolas. Aumentó la tasa de interés, eliminó subsidios y subió el precio de  servicios públicos  y recortó la burocracia. Además diseño una serie de reformas estructurales.

Como consecuencia de las medidas, en 2016, la depreciación alentó levemente las exportaciones y restringió importaciones, que generó un leve superávit comercial  pero disminuyó la inversión y el consumo privado. La caída de la demanda agregada llevó a una contracción de la economía de 1.8%. Sin embargo, dada la flotación cambiaria y liberalización de precios, la inflación aumentó. Pero aumentó la deuda externa a 192.462 y la total a 288.448 millones de dólares, o sea 56.8% del PIB. Hay una recuperación en 2017, con un crecimiento de 2.9%,  por el aumento del consumo privado y de la inversión. Sin embargo, la inflación llega a 24.8%, la tasa de desempleo urbano alcanzó 7.2%, el subempleo 10.2% y la pobreza 25.7%. La deuda pública se dispara a 334.000 millones de dólares, o sea 59% del PIB, con una deuda externa de 232.000 millones. El déficit fiscal sigue siendo alto: 4.2% del PIB. El programa económico se sustenta en deuda externa, déficit en cuenta corriente (4.6% del PIB en 2017) y alta tasas de interés para atraer capitales.

La crisis cambiaria comienza a fines de Abril 2018, reflejado en la pérdida de 5000 millones de dólares de RMI, en ese mes. El 31 de diciembre de 2017, el dólar minorista se cotizaba en 19.4 pesos, entre Enero y  Marzo de 2018 bordea los 20 pesos. En Abril 26 se ubica en 20.84, en Mayo 3 alcanza 22.99 y el 9, de ese mes, llega 23.13, o sea una depreciación de 19.2% con respecto a Diciembre de 2017. El tipo de cambio de referencia, de fines de diciembre de 2017 a Mayo 4, se deprecia en 16%.  Para frenar el alza del dólar, el Banco Central utiliza sus reservas y aumenta el costo del dinero. La tasa de interés del BCRA a un día se eleva de 32.2% (27/04) a 57%  (4/05). Sin embargo, el drenaje de reservas continúa y no logra detener la corrida cambiaria que aumentaban las expectativas de inflación. Dado el descontrol cambiario, Macri decide acudir al FMI, ante el temor de una nueva crisis económica, para tratar de calmar las expectativas económicas.  Detrás de la crisis cambiaria  esta la especulación y la salida de capitales por aumento de tasa de interés en EE.UU.  El programa económico no es sostenible sino se reorienta la fuente del crecimiento y se apliquen medidas para aumentar la competitividad. Con el FMI, se impondrá un mayor ajuste fiscal y reformas estructurales.

El Presidente anunció las medidas de su plan económico que están dirigidas a reducir el déficit del sector público, enfrentar el desequilibrio externo e incentivos al sector empresarial para la reactivación productiva con un ajuste fiscal y reformas estructurales. Accedió a ciertos pedidos del sector privado y apoyo a la economía popular y solidaria. En su declaración, de carácter general, no dio detalles de las acciones específicas.

Según lo anunciado el déficit fiscal llega a 5.6% del PIB, en este año, y se espera reducirlo a 2.4% hasta el 2021. Se informó que se haría con medidas de ajustes: reducción de presupuestos anuales en 1.000 millones de instituciones de la función ejecutiva, disminución de gastos en viáticos, arriendos y asesores. No solo hay exceso en el gobierno de éstos sino en todas las funciones del estado. Por otro lado, se busca una reforma del estado a través de la reducción de su tamaño eliminando ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales. Esta medida debe ser efectiva. No como la que se tomó con el anterior ministro que anunció la eliminación de los ministerios coordinadores, pero en realidad fueron cambiados de nombre o su personal anexado a ministerios. Hay exceso de subsecretarias. En el gobierno anterior, se reguló y estableció 2 por cada ministerio. Hay en muchos ministerios, 3 o más. Así mismo sucede con las coordinaciones generales y administradores de contratos, que existen en demasía. Por otro lado, por fin recortará el sector de empresas públicas, que aumenta el déficit del sector público, vía privatización. Hay muchas empresas deficitarias y que no tienen razón de estar en el sector público como TAME, etc. Sin embargo, hay que esperar si se hace efectiva la medida y que efectos tendrán sobre el déficit fiscal la concesión de incentivos tributarios.

Para enfrentar el déficit de Balanza de Pagos, sobre todo de la balanza comercial no petrolera se acudirá al aumento de aranceles que, como anunció anteriormente el Ministro de Agricultura, serían a 375 partidas o subpartidas de bienes de consumo. No se alteraran los aplicados a materias primas y bienes de capital. Con esto se frenaría la importación de estos bienes que aumentaron fuertemente en el último año. También se busca dar incentivo a las exportaciones, para mayor ingreso de divisas, con la devolución del drawback y certificados de abonos tributarios que se adeudan. También, con reducción y eliminación gradual del ISD, se espera lograr este efecto.

Se otorgaría una serie de incentivos al sector privado partiendo de una revisión tributaria (amnistía) de intereses, multas y recargos. Para nuevas inversiones se plantea incentivos tributarios, reducción del ISD para inversión extranjera y  para todas las empresas la eliminación del cálculo del impuesto mínimo del anticipo del Impuesto a la Renta. Además nuevas inversiones en infraestructura y sectores estratégicos con alianzas público-privado. Acceso a créditos de inversión por entidades internacionales y reformas a la ley de mercado de valores.

Se complementa con otra reforma estructural en el mercado laboral iniciando con nuevos contratos laborales. Para no solo favorecer al sector privado, se plantea el apoyo a la economía popular y solidaria. Es un plan que trata de atacar los desequilibrios fiscal y del sector externo y da incentivos al sector privado para reactivar la economía. Sin embargo, se mantiene latente el problema de la liquidez de la economía, el déficit actual del seguro social y la deuda externa. A pesar de la declaración de que no se puede sostener el crecimiento con deuda, va a requerirse más por la falta de liquidez. Después de anunciarse las medidas, se dio un sismo. ¿será por las medidas