Al cumplirse el primer año de gobierno se torna necesario una evaluación y estudio de lo que ha hecho el régimen en lo económico, político y social. No se trata solo de un análisis histórico sino además de avizorar el rumbo que está tomando y hacia dónde va el país.
En lo económico, como señalé en un artículo, del diario público, el gobierno va despacito y por un camino sinuoso. El déficit fiscal, el desequilibrio externo, la falta de liquidez, la deuda pública y el nivel de actividad son críticos. Se han tomado medidas económicas tibias que han sido un retoque y se pospone el ajuste. Si bien dictó el plan de reactivación económica, se anunció recorte leve del sector público, una amnistía tributaria e incentivos al sector privado, alianzas público privada, incentivo a exportaciones con devolución de impuestos y freno a importaciones con nueva salvaguardia arancelaria, queda latente su implementación. Lo cierto es que se ha mantenido un alto nivel de gasto público, con escasos recortes, y dificultades en la liquidez financiadas con deuda externa. Según lo anunciado por el régimen el déficit fiscal de 2018, sería de 5.6% del PIB, la deuda pública ha superado el 40% del PIB y la reactivación económica sigue en espera. El tercer ministro de Economía, ex Presidente del Comité Empresarial, anuncia que profundizarían las medidas estructurales. En el primer año, el rumbo económico fue de mucha incertidumbre y posponer medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos.
En lo político, la circulación de un audio del ex Secretario de la Presidencia, reveló su estrategia basada en tres puntos: uno, el diálogo, para sumar apoyo de movimientos y partidos que ayuden a fortalecer la base política del régimen. Dos, una evaluación autocritica de las políticas públicas (hidrocarburos, obra pública, educación, etc.). Tres, lucha pasiva contra la corrupción y dejar que las funciones del estado cumplan con su papel en ésta. En cuanto a la segunda, el gobierno mostró las falencias y errores cometidos en obras públicas del régimen anterior. Respecto a la corrupción, su punto culminante fue con el juicio y condena del Vicepresidente (con lo que el gobierno se alzó con todo el poder ejecutivo), la sentencia a ex funcionarios de Petroecuador y ex ministros del régimen anterior. En relación al primer punto, logró lo que la oposición no pudo: romper AP y apoderarse del movimiento y parte de sus asambleístas, que son necesarios para aprobar las leyes que requiere su proyecto. El triunfo en la consulta popular apuntaba a fortalecer su base de apoyo político y de la población. La actuación del CPCCS-T al cesar a las principales autoridades de control y nombrar nuevas, muestra que busca aparentemente “independizar las funciones del estado” e iniciar el desmonte de la reforma institucional correista. Comenzó con la destitución de autoridades de control y está en proceso las del Consejo de la Judicatura y Corte Constitucional, reforma a la ley de comunicación que contempla, entre otros, la eliminación de la SUPERCOM, la ley de plusvalía, el cambio de rumbo del diario público, etc. Como además requiere de reformas estructurales y aprobar leyes buscó más apoyo de lps partidos y organizaciones aliadas (Democracia Sí, maestros, etc.), acercamiento con el sector privado (que se inició concesiones en la ley de reactivación económica, alianzas público-privadas, nombramiento del ministro de Economía, la entrega del dinero electrónico a la banca, etc.) y negociar con la oposición, sobre todo de derecha, en pos de un acuerdo nacional. Si bien el triunfo en la consulta popular contribuyó a aumentar su apoyo poblacional, sin embargo los errores en política, la falta de decisión para enfrentar los desequilibrios económicos y el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, en la frontera sur, han debilitado la posición del régimen. Con el nombramiento de un ministro de Defensa, ex militar, y, la transformación del ministerio del Interior a uno de Gobierno, con un nuevo titular, buscan redefinir la política de defensa e interna.
En lo social, se publicitó el Plan Toda una Vida que, en sus diversos componentes busca apoyo popular, sin embargo, ha avanzado poco por las restricciones presupuestarias. A pesar de ello, se ha planteado una pensión no contributiva para personas de tercera edad, un aumento de la pensión en el seguro campesino, una reactivación del programa para discapacitados, etc. Sigue en espera la entrega de viviendas populares gratuitas, pagos de incentivos de jubilación para maestros, etc. por las dificultades generadas por el déficit fiscal e iliquidez pública.
Se prevé un cambio de rumbo en lo económico hacia una política económica ortodoxa que implicaría un ajuste mayor y reformas estructurales (del estado: más recorte de su tamaño vía privatización, reforma fiscal, etc.; reforma laboral: nuevo código de trabajo, flexibilización laboral; reforma institucional: eliminar leyes e instituciones creadas en el régimen anterior, etc.; reforma en el sector externo: acuerdos comerciales, menos salvaguardias arancelarias, etc.). Sin embargo, queda latente el tema de reactivación económica y la necesidad de aumentar la competitividad para incentivar exportaciones. Además está la presión que ejerce en el déficit fiscal, el déficit actuarial del sistema de seguridad social (IESS, ISSFA e ISPOL), el déficit de las empresas públicas y la sostenibilidad de la deuda pública, eliminación de su techo y el cambio de reglas macrofiscales.
En lo político, se buscará fortalecer su base de apoyo con alianzas con nuevos partidos y movimientos políticos (Democracia Sí, Centro Democrático, ABA, etc.) que implicaría acuerdos electorales para las elecciones seccionales de 2019 y una alianza con partidos de centro derecha para que apoyen las reformas estructurales, reforma institucional y nuevas leyes, que significaría trasladar parte del poder y un giro hacia esa tendencia justificada por la necesidad de una unidad nacional.
En lo social, se prevé el impulso a la vivienda popular, para tratar de incentivar el nivel de actividad económica y, si se logra la reducción del tamaño del estado y reducir la presión de iliquidez fiscal, liberar recursos presupuestarios para financiar y cumplir la serie de programas planteados en el Plan Toda una Vida.
En síntesis, se relegó lo económico en pos de lo político y se frenó la política social por el déficit fiscal e iliquidez pública. Con el nuevo ministro de Economía se espera que acometa el ajuste y reformas estructurales y, en lo político, aliarse con partidos aliados para disputar las elecciones seccionales de 2019 y acuerdo con la tendencia de derecha para que apoyen las leyes necesarias para la reforma institucional, estructural y el ajuste económico.
Pensamiento y comportamiento 