Como habíamos señalado en el artículo anterior, sobre el tema del futuro inmediato del país, el gobierno envío, a la asamblea, el proyecto de ley para implementar la reforma al CPCCS, y el referido a la eliminación de la ley de plusvalía, pero sigue latente el tema político, el problema económico, el ajuste y las reformas estructurales.

Respecto al primer proyecto, se mantiene la propuesta inicial de cesar a los actuales consejeros del CPCCS y nombrar a uno interino, lo que implicaría designar a las nuevas autoridades de control. El proyecto señala las normas para elegir, por votación popular, a los nuevos consejeros, en las elecciones de 2019. Lo novedoso es que el CNE deberá determinar, mediante concurso público de méritos y oposición, los candidatos a consejero postulados por organizaciones sociales y ciudadanía. Esto es, se busca, principalmente, el respaldo de dichas organizaciones, a las que el gobierno ya se acercó.

El segundo aspecto que genera incertidumbre en la coyuntura es la política. En efecto, el gobierno declaró que no se aliaría con la derecha. Esto tendría dos implicaciones. Una que, para aprobar la reforma institucional, el gobierno tendría que negociar con la derecha los proyectos de ley necesarios. Dos que, para las elecciones seccionales de 2019, el ala morenista de AP lanzaría sus candidatos con el apoyo de Democracia Sí, ABA, movimiento Ecuatoriano Unido (presidido por el hermano del Presidente), PS, CONAIE, etc. y algunas organizaciones sociales (CUT, la nueva organización de maestros, etc.), que sería su base de apoyo político. Cada partido de derecha, lanzaría sus candidatos en las seccionales. Para el 2021, ante la no reelección del actual presidente, el candidato oficial saldría de algunos de esos nuevos partidos y movimientos. La derecha busca retomar el poder político en 2021 y, dada la división de AP, podría ser posible.

En cuanto al problema económico, siguen agravándose los desequilibrios macroeconómicos. Los principales son el déficit fiscal, la falta de liquidez fiscal, el déficit comercial, la deuda pública y el bajo ritmo de crecimiento. Si bien, el gobierno aspira a aumentar éste en base a la construcción (programa de vivienda estatal), el gasto público y consumo, sin embargo, los desequilibrios señalados pueden frenar el crecimiento y el empleo. Como hemos señalado, en artículos en el diario público, se requiere, frente a las restricciones del gasto público, incentivar la inversión privada, iniciándose con las alianzas público-privada, pero después el sector privado debería arriesgar su capital.

Sin embargo, para ello, sigue la interrogante sobre las reformas estructurales. A los empresarios les interesa la reforma laboral, la reforma del sector público (fiscal y privatización), competividad y reforma del sector externo (apertura comercial). Todas estas reformas implican incentivos a la inversión y oportunidades de negocios para el sector privado. Por ello, la disposición a invertir depende de la implementación de estas reformas, lo que implicaría que el crecimiento en el mediano plazo no aumentaría ya sea por el agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos, la débil inversión privada o la situación política.

Después de la consulta popular vendrán los cambios relacionadas con las 7 preguntas de ésta. El momento político pasó ahora la pregunta fundamental  que viene en lo económico y social, ¿Cuáles son las decisiones claves en estas áreas?

En cuanto a los cambios relacionados con el resultado de la consulta se verá respecto a la conformación del consejo de participación ciudadana transitorio, que nombrará las nuevas autoridades de control, se revelará con que fuerzas políticas se alinea el gobierno. Está claro que ya repartió cargos a ABA e ID. Sin duda, ahora le tocará a Democracia Sí y la decisión clave es ¿se aliará con la derecha? En lo que se refiere a la consulta, en lo económico, tendrá que implementar la eliminación de la ley de plusvalía, pero en qué términos, lo que supuestamente alentará a la construcción.

En lo social, la aplicación del plan Toda una Vida reafirma la profundización de la política social y redistribución del ingreso pero, sin embargo, está afectando a los desequilibrios macroeconómicos. Además, el programa de vivienda, de este plan, va a reactivar la construcción. Si bien esto aumentará el nivel de actividad económica, en el corto plazo, lo preocupante es el agravamiento de dichos desequilibrios. En primer lugar, el tema de la falta de liquidez, que se busca cubrir con financiamiento externo, lleva al aumento de la deuda externa que, a su vez, afecta al déficit fiscal. Éste llega ya a 6% del PIB pero en aumento por el crecimiento del gasto público. A eso se suma, el déficit comercial que se verá incrementado por el crecimiento de las importaciones frente a un ritmo menor de exportaciones.

Si bien, el déficit fiscal y comercial son las preocupaciones fundamentales en el corto plazo, la otra pregunta es qué pasará, en el mediano plazo, ¿habrá reformas o cambio estructural? En las primeras, hay 3 importantes:  la reforma laboral, la reforma del estado y la reforma en el sector externo. En cuanto a la primera, está en elaboración un nuevo Código Laboral. De éste se conoce que habrán nuevos contratos laborales, nuevas figuras legales para la contratación a jóvenes y lo fundamental será ¿habrá flexibilización laboral? Respecto a la reforma del estado, lo clave es saber si ¿habrá reducción del tamaño del estado? ¿Ésta será en la burocracia o eliminación de instituciones? En cuanto a la reforma del sector externo se habla de nuevos acuerdos comerciales y los interrogantes claves ¿serán TLC? ¿implicará liberalización comercial o de otro tipo?

Pero además, habrá que conocer si otra de las reformas estructurales clave se implementará: competitividad. Parte de ésta tiene que ver con la productividad y reducción de costos. De éstas ¿Qué partes asumirá el sector privado y cuáles el estado? En suma, se trata de ver cuáles serán las decisiones, en el corto plazo, sobre el desequilibrio fiscal y comercial, y, en el largo plazo, que reformas estructurales se implementarán. ¿Se seguirá aplazando el ajuste? ¿habrán reforma o cambio estructural?

Los resultados de la consulta popular determinaran cambios en la Constitución y varias leyes relacionados con los 5 temas del referéndum y, en las dos preguntas de la consulta popular, habría cambios legales. Esto abre la puerta además para más cambios el diseño institucional de país, que implantó el régimen anterior, y nueva de dirección en la política económica.

La consulta tiene un sesgo a favor del sí; la campaña ha sido desigual, pues poco acceso han tenido a medios de comunicación las organizaciones que están a favor del no. Además, la campaña del (oposición: derecha, partidos y movimientos nuevos, FUT, CUT, AP, etc.)  ha principalmente en medios de comunicación, mientras que los del No se han concentrado en visita puerta a puerta y en las redes sociales. Según 3 encuestadoras, el sí ganaría en todas las preguntas, sin embargo no está claro cuál puede ser el efecto sobre el resultado de la campaña en las redes. De las 5 preguntas del referéndum, dos son claves para el gobierno. La segunda, respecto a la cesación de los miembros del CPCCS y el nombramiento de uno transitorio, elegido en base a una terna que enviará el ejecutivo a la Asamblea, lo que significa que puede cambiar a las autoridades de control, del CNE, Defensor del Pueblo, Consejo de la Judicatura, etc. abre la posibilidad de la influencia gubernamental sobre éste. Más aún, en el anexo a esta pregunta, se señala que el ejecutivo enviará un proyecto de ley para cambiar la organización y funcionamiento del CPCCS. Pero la pregunta clave, para el régimen y oposición, es la 3 sobre la no reelección, lo que significa cerrarle el paso a Correa para que se postule a la presidencia y al nuevo movimiento que quiere crear, y establecer restricciones para que éste no pueda participar en las elecciones seccionales de 2019. De ganar el sí, vendría el reparto de la torta con la derecha, la oposición y movimientos sociales afines al gobierno.

Después se daría la ejecución de los cambios de la Constitución; la derogación de la ley de plusvalía, con lo que se abandona la política de redistribución de la riqueza que había iniciado el gobierno anterior. Luego vendría la implantación de un nuevo Código de Trabajo que, al parecer, implicaría nuevos contratos laborales especiales para determinadas actividades económicas y la flexibilización laboral. Seguiría una serie de reformas al marco institucional como al Código de la Producción,  ley de alianzas público-privado, etc. La orientación de estas reformas sería flexibilizar el marco legal para otorgar más incentivos y mayor participación del sector privado. Luego vendría la reforma al Código Monetario para trasladar el dinero electrónico a la banca privada y se aprovecharía para otros cambios. Posteriormente cambios en el Código Tributario, Losep, Ley de Empresas Públicas, leyes de seguridad social, etc. en la misma dirección y ajustes en el sector público, sobre todo en los seguros sociales.

Pero no solo se trata de una reforma institucional. Dado  que los desequilibrios macroeconómicos se agudizan: déficit fiscal, déficit comercial, liquidez fiscal, deuda pública y financiamiento, subempleo, débil nivel de actividad económica, etc. vendría un cambio en el equipo económico y una nueva orientación en la política económica hacia la ortodoxia comenzando con un ajuste fiscal y una reforma estructural del estado,  sector externo, competitividad, reajuste en política social, etc. El triunfo del Si,  le daría al régimen respaldo político y credibilidad para acometer el cambio del diseño institucional y el viraje económico.

Ciertas medidas de política económica,  revelaciones de audio y una serie de errores son factores que van incidir en la consulta popular. El gobierno requiere de respaldo de la población y político para conformar su base de apoyo popular clave para su fortalecimiento,  gobernabilidad y credibilidad.

Hay dos medidas de política económica que influirán en la decisión del voto por el no en la consulta. La primera es haber tomado 300 millones del fondo de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas y, más aún, el haber señalado que son recursos ociosos en una coyuntura en que las necesidades de esas dos provincias son apremiantes como consecuencia del terremoto. La otra medida es seguir con la política de agresivo de endeudamiento. La semana pasada el gobierno anunció la colocación de deuda pública, en el mercado internacional de 3.000 millones que, con las dos emisiones anteriores, sumarían 7.500 millones de dólares  por lo cual, de los 300 millones tomados, se conoce que son por problemas de liquidez de la caja fiscal y para mantener un alto gasto y déficit fiscal. En otras palabras, se posterga el ajuste y se anuncian más medidas de política social, en este mes, a fin de ganar apoyo para el sí en la consulta.

Por otro lado, en  las revelaciones de audio de E. Mangas se conoce la estrategia política del gobierno. En cuanto al dialogo, se reveló, que éste fue solo una fachada en que se escuchaba a los actores pero no se tomaba en cuenta ciertas demandas de los sectores económicos como muestra la ley de reactivación económica. Si se ha dado concesiones a los sectores sociales e indígenas, por la necesidad de respaldo  a la consulta.

La renuncia del Ministro de Inclusión Económica y Social, del Secretario Técnico de Reconstrucción de las dos provincias señaladas, el nombramiento en el Banco del Pacifico de un dirigente de ABA, en TC a un familiar de un miembro de la ID, etc. generan complicaciones al régimen. Los dos primeros son cuestionados por malos manejos.

Por otro lado, la poca movilidad en la campaña de la consulta, por parte del gobierno; la participación de Correa, en la misma, recorriendo casa por casa, alentando el voto por el No y la fuerza de campaña, en las redes sociales, por el No, por parte del ala correista de AP, va sumando apoyo a esta posición.

Sin embargo, el contenido y estructura de la consulta está hecha de tal manera para inclinarse por el sí. Comenzando por la primera pregunta del referendum que prohibiría la participación de corruptos en la vida política, la cuarta que señala que no prescriban los delitos sexuales, la quinta que se prohíba la minería en zonas intangibles; de la consulta,  pregunta 6, que se derogue la ley de plusvalía y, pregunta 7, incremente la zona intangible y reduzca la explotación petrolera en el Yasuní,  en todas estas preguntas la mayoría votaría por el sí.

La clave de la consulta,  en el referéndum, son las pregunta 2 que prohíbe la reelección y la 3 que nombraría a un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Si gana el sí, se le cerraría el paso a Correa y con el nuevo Consejo se nombrarían otras autoridades de Control. El gobierno busca ganar, a toda costa, la consulta popular con el apoyo de la oposición, Democracia Sí, ABA, Pachakutik, ala morenista de AP y ciertos movimientos sociales para apuntalar su credibilidad, apoyo político y popular. Después vendrá la repartición del poder entre los aliados y el ajuste fiscal.

 

México  es un país pujante, con un pueblo valeroso, culto, posee buenas universidades, con varios premios nobel, tiene una economía semindustrializada y con una juventud que se revela ante la crítica situación social, política y económica. El gobierno agravó la crisis con sus políticas que han aumentado la corrupción, impunidad, pobreza, desigualdad, inflación, etc. A seis meses de las elecciones presidenciales se enfrenta a una encrucijada y debe decidir entre el cambio y la continuidad.

El actual presidente, Peña Nieta, efectúo reformas estructurales, de carácter económico, en el área energética, telecomunicaciones, fiscal  y bancaria, que se orientaron a una mayor liberalización de estos mercados; en lo social, la principal fue la reforma educativa. Como resultado de la primera, hay una liberalización de los precios de los combustibles, que ha dado lugar al aumento continuo del precio de la gasolina super, diésel y del gas. En Enero de este año, los mexicanos fueron afectados por el aumento del precio de la tortilla, un alimento clave de su dieta. La reforma energética ha incidido en la inflación a tal punto que alcanzó, el año pasado, 6.7%, la mayor en 17 años, superando en más del doble el objetivo inflacionario del Banco de México.

En 2017, el nivel de violencia alcanzó los máximos históricos. En efecto,  hubo alrededor de 25.000 asesinatos producto de la violencia del narcotráfico y del crimen organizado. Pero además, lo grave es el nivel de impunidad que reina en ese país, en el cual la mayoría de los casos quedan en el olvido. Adicionalmente hay que contar los 31.000 desaparecidos que refleja un cuadro aterrador producto de la violencia.

Aunque el nivel de pobreza en 2016 disminuyó a 43.6%, sin embargo son 53.4 millones de pobres, la extrema pobreza, que observó la misma tendencia, alcanzó 7.6% que representaron 9.4 millones. El mayor nivel de pobreza se registra en los estados de Chiapas (77.1%), Oaxaca (70.4%), Guerrero (64.4%) y Veracruz (62.2%). En los dos primeros hay mucha población indígena y el tercero esta asolado por la narcoviolencia. Pero además, según el secretario de  la OCDE, la desigualdad del ingreso en  México es el doble de los países de la OCDE, y en los últimos 20 años, hasta el 2015, el nivel de pobreza no había cambiado. Esto es una muestra de cómo los intereses y malos políticos pueden destrozar un país.

A esta situación social y económica la posible salida del TLCAN, que afectaría su economía, la continuación de la construcción del muro en su frontera y las deportaciones de mexicanos desde EE. UU.

Los 3 principales candidatos son del PRI, de México al Frente, MF, (PRD, MC y PAN) y Morena. Los dos primeros significarían la continuidad y el tercero el cambio. El PRI ha llevado al país a la crítica situación y las cifras muestran como aumentó la violencia, corrupción e impunidad. El candidato del MF es del PAN, de derecha, en el poder antes de Peña Nieto, que contribuyó al deterioro económico y social. Morena ofrece un cambio. El deterioro de la situación contribuye a que este en primer lugar de las preferencias electorales.  La encrucijada es la derecha o el progresismo, continuidad o cambio.

 

La designación de la vicepresidenta, el regreso de Correa y el inicio de la campaña electoral por la consulta popular hasta su resultado marcan la coyuntura, desplazando a la preocupante situación económica  y después habría que preguntarse qué le depara al país.

Con la designación de la vicepresidenta el gobierno toma control de todo el poder ejecutivo, como habíamos anticipado. Esta, ex asambleísta de PAIS, del grupo morenista, define claramente cómo se actúa en política. Con el nombramiento, el CAL decidió no iniciar el juicio político al segundo mandatario. La designación fue con un voto más de lo mínimo requerido, lo que refleja las dificultades del gobierno de lograr los votos para su elección. La derecha emergente, ID, PK y FE se sumaron a los PAIS del ala morenista. Esto define que, en el futuro, los proyectos de ley se van a decidir por mayorías móviles.

Si bien no hay cifras certeras sobre el crecimiento de 2017, en economía los desequilibrios se siguen agravando. Según el gobierno el déficit fiscal fue de 3.9% del PIB, pero, según EL Comercio, éste habría sido de 6%. Además, la balanza comercial no petrolera entre enero-octubre registró un déficit de 2.788 millones explicado por el notable aumento de las importaciones sobre las exportaciones. La balanza comercial petrolera tuvo un saldo positivo que permitió que el saldo de la balanza comercial total alcanzara un pequeño superávit. Por otro lado, a más de los 5000 millones de deuda externa que emitió el gobierno el año anterior, el Ministro de Finanzas señaló que ya se podría pensar en la emisión de eurobonos. En otras palabras, se buscaría en este año seguir con la misma política de buscar dinamizar la economía con más gasto que significa más déficit y financiar éste con más deuda.

Es que la campaña por consulta popular lleva al gobierno a aumentar a más ofrecimientos de política social. No es gratuito que se anuncie un programa de empleo juvenil y primer empleo que sea impulsado por el gobierno, de aumentar el bono de desarrollo humano en función de los hijos del núcleo familiar, pago de incentivos a los jubilados, programa de vivienda gratuito para los pobres, pensión no contributiva para los de la tercera edad, etc. Se trata de una política clientelar con tal de sumar apoyo popular.

El regreso de Correa, para impulsar el No en la consulta, presiona al gobierno a ver cómo gana la consulta. Su aliados: Democracia Si, Alba, PK, los partidos de derecha, FE y movimientos sociales (a más del FUT, CUT, etc.) apoyarán el Si. El afán del gobierno es ganar credibilidad y con un eventual triunfo en la consulta apuntaría a generar credibilidad. Por ello, se apuesta por aumentar recursos para financiar una  política social clientelar que junto el apoyo político de los movimientos políticos señalados busca el triunfo del Sí. Pero eso a costa de que esa política aumente el déficit y dicho apoyo le genere compromisos en la estructura burocrática. La pregunta clave es ¿qué hará el gobierno después del 4 de febrero en lo económico y en lo político? El resultado de la consulta popular determinará la agenda país del gobierno.

En 2018 el panorama económico y político depende de éste último. Las decisiones de política económica estarán muy influenciadas por la evolución del escenario político y, en algunos casos, presionaran en  la evolución de la economía.

El gobierno, como ya hemos sostenido en varios artículos, requiere de capital político para ganar respaldo popular y apoyo político. Para el primero, el régimen utiliza la política social y, para lo segundo, buscará ganar la consulta popular y sumar apoyo político con el respaldo de nuevas organizaciones políticas y movimientos sociales.

La consulta popular es clave en las aspiraciones del régimen. Lo central es cerrarle el paso al ex Presidente Correa y poder nombrar a las autoridades de control sustituyendo a los actuales dignatarios del CCCPS. El eventual triunfo en dicha consulta apuntalará políticamente al gobierno, con el que tendrá respaldo político que, dada la baja de la credibilidad, le permitirá afianzarse en el poder y tomar su propio rumbo.

La economía sigue con desequilibrios críticos. Según el Ministro de Finanzas el déficit fiscal pasaría de 4.5 a 3.9% en 2018. Sin embargo, las últimas medidas de política social, si bien tienen claros tintes de redistribución del ingreso, son políticas, para aumentar respaldo popular, dada la consulta, incrementan el déficit. El gobierno espera aumentar los ingresos tributarios con el mayor precio del petróleo, el proyecto de reactivación económica, etc. pero no son suficientes para cubrir los nuevos gastos, por lo que se proyecta un déficit fiscal alto para este año. La balanza comercial no petrolera entre enero-octubre de 2017 registró un déficit de 2.788 millones, explicada principalmente por el aumento de las importaciones no petroleras que fueron muy superiores al crecimiento de las exportaciones. El superávit de la balanza comercial petrolera, influenciada por el aumento del precio del petróleo, permitió que la balanza comercial sea superavitaria en 186 millones. Por otro lado, la deuda pública creció fuertemente en 2017 y seguirá en 2018 presionando más al déficit fiscal.

El Ministro de Finanzas señaló que el crecimiento económico de 2017 sería de 1.5% y en 2018 de 2%. La variable clave que explica dicha proyección es el consumo y el gasto público. El primero presiona al aumento de las importaciones, por lo que si hay crecimiento tendríamos, si no sigue aumentando el precio del petróleo, un déficit comercial, déficit fiscal y escaso crecimiento del empleo.

El crecimiento proyectado de 2018 dependerá del sector de la construcción (programa de vivienda popular y eliminación de la ley de plusvalía), nivel de inversión interna y externa, consumo, etc. La meta del déficit se ve difícil de alcanzar por el aumento de gastos de redistribución e incentivos al empleo, aplazamiento del ajuste y otros y, no aumento suficiente de ingresos tributarios; se prevé aumento de deuda pública para liquidez y financiamiento del déficit. En suma, persistirán los desequilibrios fiscal, comercial que restringirán el crecimiento y aumentarán la deuda pública. Un eventual triunfo en la consulta popular podría marcar un giro en la política económica.

La Comisión Económica de la Asamblea se allanó a 8 de las 16 objeciones y en las otras 8 se ratificó en texto que reelaboró ésta, que deberá decidirr el Pleno si se allana al veto, para lo cual necesita mayoría más uno, o ratifica el texto, que requiere dos terceras partes de la votación. Parece ser que lo más probable es que se apruebe dicho proyecto de ley con los cambios propuestos por el ejecutivo.

El punto central de la objeción del ejecutivo es el traspaso del manejo del dinero electrónico del Banco Central a la banca privada y cooperativas que fue una de las promesas que hizo el Presidente al sistema financiero privado. Además se delega la regulación a la Junta Monetaria y Financiera mientras que el Banco Central se encargará del control. Adicionalmente se establecen una serie de incentivos para el uso de dicho medio de pago, como devolver 2% del IVA a los usuarios que lo utilicen. A pesar de dicho traspaso fue aprobado en la Comisión señalada, los asambleístas correistas se opusieron, pero ganó la mayoría de derecha y asambleístas morenistas.

La Comisión también se allanó al artículo que dispone que las exportadoras, turismo receptivo y productoras de bienes con 50% de componente nacional se les reduzca 10% en el Impuesto a la Renta (IR). Por otro lado, también que se reduzca al ICE en las cocinas de gas, para incentivar la compra de éstas.  En cambio, la Comisión se ratificó en exoneración de IR, durante 3 años, para microempresas nuevas, no aceptando la propuesta del ejecutivo condicionada a que generen empleo y agreguen componentes nacionales en la producción. También se ratificó en que se amplíe el límite de endeudamiento de los GAD para diversos proyectos.

Un aspecto importante del veto es que traspasa el Registro de Datos a la Superintendencia de Bancos que antes lo manejaba una entidad privada. Estos datos son importantes para establecer el riesgo crediticio de un cliente del sistema financiero privado. Éste se opone a tal medida.

En la objeción 16, entre otras, en las disposiciones transitorias, se propone que se puedan recontratar empresas para concluir obras inconclusas del gobierno anterior; se dispone que ARCOTEL pueda cobrar acreencias de planillas de energía eléctrica; se da facilidades a los deudores del SRI para que puedan pagar hasta con un plazo de 4 años y, finalmente, se establece una reducción de 3%  en el IR para inversiones que se realicen  en la explotación minera de gran y mediana escala.

Lo más importante de este proyecto de ley es el traspaso del dinero electrónico a la banca privada y el aumento del IR en 3% a las empresas así como disposiciones para cobrar deudas a entidades públicas. Si bien el proyecto, según proyecciones, tendría ingresos fiscales de 50 millones, no es menos cierto que contribuye, en parte, a financiar el déficit fiscal que, según un diario, ascendería, a fines de diciembre a 4.6% del PIB, y también el aumento de la producción y precio del petróleo. Sin embargo, el panorama fiscal resulta preocupante sin un ajuste, lo cual implica seguir postergando dicho desequilibrio.

 

La coyuntura actual sigue dominada por lo político, revelándose la estrategia política del régimen que busca construir su capital político y  ganar el apoyo popular para consolidar su frente interno a fin de ganar credibilidad y recuperar la confianza.

En lo político, el audio de Mangas revela claramente la estrategia política basada en 3 pilares diálogo, evaluación autocrítica de las políticas públicas y lucha pasiva contra la corrupción, lo que se complementa con 5 medidas, de las que destaca equipo y buró político propio. Sin embargo, la renuncia de Mangas, por develar la estrategia, afectó la imagen del régimen, golpeándola más la renuncia de Carlos Rabascal, de su programa de opinión en una televisora pública y aún más con la aceptación del CAL del juicio político al Vicepresidente, sentenciado por corrupción, y como habíamos señalado, en un artículo anterior, de buscar controlar todo el poder ejecutivo nombrando a un segundo mandatario a fin al régimen. Se muestra claramente, como dijimos en el artículo de la semana pasada, que actúan las sombras detrás del poder.

Los otros componentes de la estrategia política son la búsqueda de apoyo popular con el reforzamiento de la política social y, por otro lado, ganar la consulta popular para consolidar su capital político. Por ello, el dialogo estuvo dirigido principalmente a conseguir aliados como ahora se revela: Pachakutik, Conaie, algunos movimientos sociales, Democracia Sí, Alba, Creo, PSC-MdG, y otros partidos de derecha. Para el régimen es crucial ganar la consulta para consolidar su apoyo político y popular a fin de establecer su propia hoja de ruta.

Pero un componente crucial para esto es haberse apoderado de AP. La directiva morenista de AP fue reconocida por el CNE y tiene la mayoría de la bancada de AP. Esto último es fundamental para poder llevar a juicio político al Vicepresidente, echar a andar las reformas que se aprobarían con la consulta popular (ej. nuevos dignatarios del CPCCS que permita nombrar nuevas autoridades de control, etc.), aprobar los proyectos de ley necesarios para implementar su hoja de ruta, etc.

El ala morenista logró romper AP, un movimiento que dominó la escena política durante una década, abriendo la posibilidad de que entre,  en el escenario político, la derecha. Primero, buscando escalar posiciones en las elecciones seccionales de 2019 y, después de que termine el periodo del actual régimen, alcanzar el poder político, como parecer ser la tendencia, por el viraje del péndulo, en América Latina, como lo demuestran los casos de Argentina y Chile.

En este período de gobierno se van a definir algunos escenarios políticos. Podría ser que se sepulte a un movimiento progresista, llegar al poder un partido a fin del régimen o la derecha, en un futuro escenario político, que en éste último caso, se vean afectadas seriamente las políticas públicas, especialmente las políticas sociales, sino que además vuelvan las políticas ortodoxas. Es cierto que AP cometió errores y excesos en el manejo económico, pero otra cosa es una política económica en pos de un capitalismo salvaje.