La coyuntura actual y la de corto plazo como la decisión sobre el proyecto de ley reactivación económica, la obtención de votos de la oposición para aprobar éste en la Asamblea, la realización de la consulta popular, etc. son temas que serán definidos por la política.

Como dijimos, en el artículo anterior, algunas de las propuestas originales del proyecto de ley de reactivación económica fueron modificadas por el Ejecutivo presionado por las Cámaras de Producción, la oposición y el ala correista de AP. Las primeras, han volcado, con mayor virulencia, su crítica,  conociendo que, según un diario capitalino, el gobierno no devolvería los valores pendientes por el drawback y certificado tributario, lo que les ha llevado a pedir un cambio de rumbo económico e incluso la renuncia del equipo de gobierno. A eso se suma la oposición que está en contra del aumento de la tasa de impuesto o creación de otros, lo que implicaría una posible decisión en contra de dicho proyecto o una negociación con el gobierno para su aprobación.

El llamado a asistir a la Convención Nacional, por parte del ala correista de AP, y el anunció del ex Presidente de asistir a la misma, muestra la lucha encarnizada en dicho movimiento y que definirá que pasará finalmente con AP. Como habíamos dicho, la estrategia del gobierno es quedarse con dicho movimiento, lo que obligaría a dicha ala a formar otro partido para conformar la oposición crítica. Si esto se diera, probablemente habría votos en contra al proyecto de ley por parte de esta ala o una negociación muy intensa.

Dada este escenario, el gobierno estaría en la cuerda floja para aprobar el proyecto de ley, lo que implicaría que tendría que ceder ante las Cámaras y la oposición. Ante las primeras el camino es espinoso ya que, sin conocer a fondo la estrategia del gobierno en los diálogos, creyeron que podían imponer condiciones, por ello la reacción virulenta del empresariado. Por otro lado, también tendría que negociar con la oposición respecto al alza de impuestos que establece el proyecto.

La coyuntura ha permitido conocer, en los hechos, la estrategia económica del gobierno. Se basa en mantener un alto gasto público, aunque con pequeños recortes, y ampliar la política de redistribución del ingreso. Lo primero, lo está financiado con deuda y, la segunda, con más impuestos. O sea, la misma orientación del gobierno anterior que adoptó cuando cayó el precio del petróleo. La mayor redistribución del ingreso se haría con el Plan Toda Una Vida que, paradójicamente, parte de esta no aparece su financiamiento en la Proforma 2018 pues, como lo ha señalado el Presidente de la Comisión Económica, al parecer, como en el caso de la vivienda gratuita, implicaría la carga del subsidio sobre la banca pública.

Si bien se redujo el gasto público en 2018 respecto al año anterior, sin embargo él déficit fiscal es casi el doble del calculado en la programación cuatrianual. En ésta, se estableció que en 2018 dicho déficit  sería 2.7 del PIB y en la Proforma aparece que es de 4.1% del PIB. Si a eso se sumamos, el déficit de las empresas públicas que, en 2016, fue de 1.5%, significa que el déficit del sector público no financiero sería mucho mayor. Como he sostenido, se posterga el ajuste posiblemente hasta ganar capital político

El ejecutivo envío a la Asamblea la Proforma Presupuestaria 2018 y el proyecto de ley de reactivación económica, sin embargo, este lunes planteó algunas modificaciones a éste último por presiones de sectores económicos y otros.

El valor de la proforma de 2018 alcanza 34.853 millones, que representa una disminución de 5.3% en relación a la del año pasado. Del lado de los ingresos, se proyecta un incremento de 1.318 millones, explicado principalmente por el aumento de impuestos de 3.9% o sea  algo más de 500 millones, que es  parte de lo que se esperaría recaudar con el proyecto de reactivación económica. Hay un leve incremento de los gastos totales, pero con un cambio en su estructura. Los gastos permanentes aumentan 9.3% por el incremento del gasto en burocracia y financiero. Hay un significativo aumento de 20.7% en el Consejo Sectorial de lo Social. La variable de ajuste, en la reducción de gastos, es la inversión que cae 715 millones. Lo preocupante es que el déficit fiscal sería, para el próximo año de 4.1% del PIB, que está muy lejos del 2.7% del PIB que se estableció en la programación cuatrianual adjunta a la proforma de 2017, que solo quedó en proyección. Es posible que el déficit sea mayor por la reimplantación del subsidio a gasolina de avión, a los nuevos programas sociales,  a los cambios del proyecto de ley de reactivación, etc. Algo positivo que muestra la proforma, de ese año, es la reducción del servicio de la deuda.

El proyecto de ley de reactivación económica es de carácter tributario, aduanero y monetario. Sin embargo, debido a presiones de las Cámaras Empresariales, de partidos de oposición y del ala correista de AP, el gobierno flexibilizó las medidas. La principal, en el campo tributario, es el incremento del Impuesto a la Renta (IR) a las Empresas con un incremento de 3%, que deberán pagar ahora 25%, y la creación de la tasa aduanera de 0.10 centavos. También constaba que la deducción de gastos para el Impuesto a la Renta a personas naturales se haría en función de las cargas familiares, y deducían menor porcentaje las familias que no tenían hijos. Sin embargo, con la flexibilización, se elimina este cambio propuesto inicialmente. En el proyecto original, se contemplaba cobrar una tasa por retiros cambiarios de más de 4.000 dólares, con la flexibilización se reduce la tasa. Este impuesto introduce una interferencia en sistema financiero que es parecido al que se creó hace algunos años por transacciones bancarias. Además, con el cambio de última hora, se plantea ampliar los incentivos de IR para nuevas inversiones y, vía decreto, se exonerara del saldo de anticipo de IR a las empresas según el nivel de venta de las empresas. También se mantiene el incremento del arancel a más de 300 productos.

En concreto, el proyecto no tiene mucho de reactivador pero si de tributario. Se busca obtener más ingresos fiscales para mantener todavía un gasto alto, para dinamizar la economía. En el área monetaria, además de la entrega del dinero electrónico a la banca, hay varios cambios que analizaremos en el próximo artículo.

 

Diversos factores han llevado a la ruptura de AP, entre los que destacan los políticos, la corrupción y la falta de compromiso y coherencia de algunos de sus miembros y dirigentes.

Entre los factores políticos, el nombramiento de Ricardo Patiño como Presidente de AP, en vez de Lenin Moreno, marca el inicio de la ruptura de AP y, al parecer, el nuevo rumbo del gobierno en relación al programa definido por este movimiento.

A nivel del bloque parlamentario de AP, según van los acontecimientos, unos 40 asambleístas apoyarían al gobierno y los 35 restantes serían leales a Correa y a la nueva directiva de AP. La declaración de L. Moreno de que se vayan los que quieren irse, muestra claramente la intención de quedarse con el movimiento con el apoyo de ex ministros, ex asambleístas, ex funcionarios, etc., ahora funcionarios del gobierno actual o asambleístas, nombrados en los gobiernos de Correa, mostrando su interés de seguir en el poder.

La ruptura de AP tiene sus antecedentes en su creación, estructura, manejo y dirección del movimiento. Cuando fue creado dicho movimiento, se confío en el líder, que no se preocupó o relegó  la formación de los que tomaran la batuta, cuando éste dejará el poder y  la tienda política. En toda organización de política, con estructura vertical, cuya cúpula toma las decisiones sin la participación de las bases, es un movimiento que no puede esperar apoyo de éstas en momento de crisis o conflictos internos entre sus dirigentes. El manejo de AP, por la cúpula, se evidenciaba cuando se nombraban a los candidatos para elecciones seccionales, parlamentarias y presidenciales, que las nominaba el líder y los dirigentes regionales. La dirección, en el territorio, de AP, nombrados por la cúpula, siguió las instrucciones de líder, formaron los llamados Comités de la Revolución Ciudadana, que sólo servían para movilizar adeptos para concentraciones y eventos de apoyo al líder y al gobierno, son realmente un cascarón que se resquebrajó al dejar el poder su líder y éste no tener un reemplazo capaz de dirigir el movimiento.

La corrupción de alto nivel, en los gobiernos de Correa, fue otro factor fundamental para el desmoronamiento de AP, que fue aprovechado por el actual gobierno para develar el entramado corrupto en varias instituciones del estado, para obtener apoyo político. Pero no solo eso, sino que denunció los errores en el manejo del poder (estructura vertical de AP, acoso a dirigentes de oposición, intervención en otras funciones del estado, obras inconclusas y con fallas, etc.) cuya lógica está orientada a tratar de obtener capital político.

La falta de coherencia de algunos miembros de AP, que se quedan con el gobierno, está en su oportunismo, búsqueda de poder y ambiciones políticas, que se evidenciará más adelante cuando tengan que votar en la asamblea y posteriormente participen como candidatos en elecciones seccionales y presidenciales. Con la ruptura de AP, se rompe su sueño inicial de luchar contra el uso del poder y la derecha en función de sus intereses, abriendo la posibilidad para que ésta última vuelva a Carondolet.

El gobierno anunció que enviará varios proyectos de ley para aplicar medidas impositivas, laborales, evasión tributaria, contrabando, austeridad fiscal y programas sociales que, según el ejecutivo, reactivarían la economía, aumentarían el empleo y redistribución del ingreso.

Para las microempresas, con ventas de hasta 25.000 mensuales eliminaría el anticipo del Impuesto a la Renta (IR). También los exonera de este impuesto a los $11.000 de utilidad y a los nuevos microempresarios se los exonera de éste impuesto en los dos primeros años.  Si bien estas unidades económicas  son muchas su aporte a la producción es bajo, en cambio sí contribuyen al empleo. Pero también se anunció una reforma laboral que pretende la flexibilización de este mercado.

Para las empresas con ventas mayores a $ 25.000 mensuales se les devolverá gradualmente, a partir de 2018, el anticipo mínimo del IR condicionados a que mantengan o incrementen el empleo.

Para incentivar el ingreso de divisas, se le exonerará de IR, por 5 años, a la repatriación de capitales. A los exportadores se les devolverá impuestos por ingreso de divisas y por mantener el empleo. Esto sería incentivo un leve incentivo la dolarización, el problema central es que hay miles de millones que empresas ecuatorianas tienen en paraísos fiscales y se requiere incentivar más a las exportaciones para generar divisas

Para combatir la evasión aduanera, se establecerá un sistema para evitar la subvaloración de mercancías y se aplicará una tasa de control para detectar el contrabando. Estas medidas podrían tener efectos en el mediano plazo, pero queda pendiente la lucha contra el contrabando estructural y organizado.   Además se aumenta el arancel a un conjunto de bienes, que es una medida preventiva para el posible déficit comercial o reducción de su superávit como ya habíamos anunciado.

Se incrementa el IR a las sociedades que vuelve al 25% y, por primera vez, el décimo tercer sueldo de más $ 3.000 pagará IR. Estas medidas buscan financiar el Plan Toda Una vida, son una política de redistribución para la equidad, para sostener el conjunto de programas sociales que comprende este plan.

Este conjunto de medidas son tibias para enfrentar el déficit fiscal, reactivar la economía, se relega el ajuste y medidas estructurales. Respecto al primero, el principal problema es de carácter estructural comenzando por el tamaño del estado. No hay un ajuste que reduzca de manera significativa el desequilibrio fiscal. El aumento del IR y el aumento del arancel si bien no fueron analizadas con los empresarios a cambio se les ofrece una reforma laboral que persigue flexibilidad laboral y devolución de anticipo de IR. Las medidas para favorecer la repatriación de capitales e ingreso de divisas son un paliativo, cuando en realidad el mayor problema de salida de divisas y de evasión fiscal se debe a las empresas offshore y a los paraísos fiscales y es ahí donde debe ponerse el acento para repatriar capitales. Aunque se anuncia un mecanismo de control para el contrabando, no hay un plan para el contrabando estructural. Se posterga nuevamente el ajuste y reforma estructural. Así la economía seguirá con languidez y desempleo.

El Presidente anunció las preguntas para la consulta popular en la que se decidirá sobre temas de corrupción, CPCCS, reelección indefinida, ley de plusvalía, Yasuní, minería y protección a la niñez. Estas preguntas se escogieron por estrategia,  las demás que se presentaron y no se incluyeron se aplicarían por decreto o leyes.

Dentro de la lucha contra la corrupción, en la primera pregunta se propone impedir la participación en elecciones de burocratas implicados y a las empresas se prohibiría realizar contratos con el estado. En ambos casos se incautarían los bienes. La mayoría podría votar así, sobre todo por la prisión del Vicepresidente y Capaya acusados de corrupción.

Del CPCCS se preguntará si se acepta el cese de sus actuales autoridades y la elección de sus miembros por votación popular. También la mayoría votará sí, ya que está latente la huida del Contralor, elegido por este Consejo, acusado de corrupción en el caso Odebrecht.

La tercera pregunta es eliminar la reelección indefinida (aprobada como enmienda en Diciembre 2015), sustituyéndola por la reelección por una sola vez, consecutiva o no.  Se argumenta que la alternabilidad contribuye a fortalecer la democracia, con lo que podría cerrársele el paso al ex Presidente para participar en futuras elecciones.

La cuarta pregunta es eliminar la ley de plusvalía, a la que los gremios de la construcción e inmobiliario acusan de afectar su actividad. El gobierno a su vez, argumenta, que hay un decrecimiento de la construcción  que ha afectado la oferta de trabajo y desempleo. Estos gremios convencieron a la opinión pública de que con la primera venta del inmueble hay que pagar el impuesto señalado en dicha ley, cuando en realidad éste se aplica a la segunda venta.

La pregunta 5 y 6 que tratan sobre el parque Yasuní y minería. Se busca reducir la explotación petrolera, en el parque, a una tercera parte, y ampliar en 50.000 Has. su zona intangible. Se reduce la explotación, no se la elimina; en minería metálica, se restringe su explotación en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. En esto último, se alega el hundimiento de Zaruma debido a la explotación indiscriminada de oro.

Finalmente, se declara imprescriptible los delitos de abuso sexual contra niños  y adolescentes.

En la primera y la última pregunta todos votaríamos si porque la mayoría está contra la corrupción y el abuso sexual, hay un sesgo por el sí. Sumaría apoyo de ambientalistas, empresarios, trabajadores y público, que en su mayoría votaría sí en todas las preguntas. La consulta forma parte de una estrategia política orientada a fortalecer políticamente al gobierno y frenar la participación del ex Presidente. Esta búsqueda de apoyo popular se inició con el dialogo con diversos sectores, se apoyó en la lucha contra la corrupción y ahora con el eventual triunfó en la consulta popular aumentaría su base de apoyo y capital político. Las preguntas no incluidas en la consulta se aprobarían vía Asamblea, para lo cual requiere mayoría, con lo que favorecería a varios sectores. Después vendría el ajuste y reforma estructural, pero ¿que pasará con el resto de la reforma institucional y  las conquistas de la RC?

 

El BCE informó de un buen desempeño de la economía en el II T del año, escenario  que se da en un contexto  de la posible renuncia del Vicepresidente lo que tendría algunas consecuencias políticas tanto para AP, el gobierno y a la nación.

El año pasado terminó con una contracción de la economía, que comenzó a recuperarse en 2017 en el IT con un crecimiento de 2.2%, mejorando en el IIT con una tasa de 3.3% que se explica por el mayor dinamismo del sector no petrolero (3.4%) que compensó la caída del sector petrolero (-0.6%). El más alto ritmo del crecimiento se debe principalmente al aumento de la demanda de las familias (5.4%) y consumo del gobierno (2.1%) que compensaron la contracción de la inversión (-1.5%) y el leve crecimiento de las exportaciones (1.1%). Entre los sectores no petroleros productivos que más crecieron destacan correo y comunicaciones (7.6%), comercio (6.1%), pesca (6.1%, excluye camarón), alojamiento y servicios de comida (6%), acuicultura y pesca de camarón (5.6%), transporte (4.3%),  agricultura (4%) y manufactura (3.6%). Sin embargo, preocupa la contracción del sector de la construcción (7.9%), uno de los mayores generadores de mano de obra.  Este buen desempeño de la economía vino acompañado de un saldo positivo de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, aunque mucho menor al II T del año pasado al igual que el saldo de la balanza comercial. Este panorama es alentador, que podría llevar a una tasa de crecimiento positiva en este año.

Si bien este mejor desempeño genera expectativas para un mayor de nivel de actividad económica, en este año, sin embargo,  habría cambios en lo político. Estos comenzarían, dado el planteamiento del Presidente de la Asamblea que el Vicepresidente debe dar un paso al costado, con la posibilidad de la renuncia de éste. Precisamente, la semana pasada, un grupo de asambleístas apoyó al segundo mandatario pero hay otro grupo que tiene la misma posición del líder de la Asamblea. Esto se da en el contexto de la anunciada llamada a consulta popular por el Presidente que incluiría temas relacionados con las últimas enmiendas a la Constitución.

Un segundo cambio político que se avizora, es la posible división en AP que se iniciaría con la decisión de un grupo de sus asambleístas de apoyar la renuncia o destitución del segundo mandatario. En tercer lugar, el gobierno, por lo anterior, formar una nueva mayoría que posibilitaría la aprobación de reforma o eliminación de leyes para una amplia reforma económica y política.

Como hemos señalado, en los artículos publicados en el diario público, el gobierno busca fortalecimiento político que se inició con el dialogo entre diversos sectores y lucha contra la corrupción,  que aumentó la aprobación de la gestión del régimen. Este continuaría con la salida del Vicepresidente y  consolidaría con un eventual triunfo en la consulta popular. Con este respaldo, después ejecutaría  un programa que incluiría un ajuste y recorte del estado, lo que podría llevar a un cambio de rumbo en lo político y económico.