El conflicto entre el Presidente de la Asamblea y Fiscal destapó la serie de mecanismos políticos que utilizan las altas esferas de poder para obtener sus propios objetivos. Luego la elección del nuevo presidente del legislativo y negociaciones se develaron las distintas maniobras y pactos que se dan en esa función del estado para elegir dignidades y aprobación de leyes que han generado un deterioro de la credibilidad y confianza en las distintas funciones e instituciones del Estado. A eso se suma, con la designación de la nueva ministra de Finanzas, incertidumbre y expectativas sobre el manejo de la economía.

De acuerdo con los datos de una consultora, entre Mayo de 2017 y Marzo de 2018 ha disminuido la confianza en el gobierno, en las instituciones públicas y el optimismo de la población. A eso se suma, la reducción en la confianza de la economía debido al deterioro de la situación y perspectivas económicas. Otra consultora, en su informe, indica que, en alto porcentaje, la población cree muy poco o nada en la Asamblea Nacional, Fiscalía del Estado, Contraloría y CPCCS. Estas tendencias reflejan la poca credibilidad y confianza de dichas instituciones de la población y como éstas van en caída como consecuencia de los hechos ocurridos con la destitución del Presidente de la Asamblea y los nuevos nombramientos en esta función del Estado y el transitorio del CPCCS así como de los hechos de corrupción y el enjuiciamiento de los responsables.

Para complicar el escenario, la destitución de autoridades del gobierno anterior, el reparto del poder en la Asamblea y no poder conseguir los votos necesarios, por parte de AP, para reestructurar el CAL y otras dignidades muestra claramente que el gobierno debe de pactar con  toda la derecha y otros grupos para obtener resultados en la Asamblea. Para aumentar las dificultades, se dio un ataque en la frontera, por grupos irregulares, muriendo 3 soldados, que refleja los problemas de seguridad nacional.

A eso se agrega el complicado panorama económico que, con el anterior ministro de Finanzas, no enfrentó los desequilibrios: fiscal, de comercio exterior, de liquidez, de deuda pública, etc. El nombramiento de la nueva ministra de Finanzas, una economista pragmática, genera expectativas sobre el rumbo económico que tomará el gobierno.

En consecuencia, hay un escenario crítico en el país tanto por el factor político y económico. Es preocupante el deterioro de la credibilidad y confianza de la población en las principales instituciones públicas y el manejo que se hace en la Asamblea. Los problemas de corrupción y los juicios a los responsables dejan entrever el tramado que implican a funcionarios. Se ha anunciado que se lanzará el plan económico y es de esperar que se enfrente los desequilibrios económicos tanto los de corto plazo y estructurales. En los primeros hay la expectativa de si se aplica el ajuste fiscal y, en los segundos, que tipo de reforma estructural se llevará cabo: reforma laboral, del estado, de comercio exterior, etc. Esta semana es crucial en el campo económico.

La coyuntura política estuvo marcada por los cambios en la Asamblea, en el gabinete y cumplimiento de lo decidido en la consulta popular. Estos muestran las alianzas del gobierno y el reparto del poder como consecuencia de éstas.

Se eligió a la nueva Presidente de la Asamblea, de AP, que como habíamos señalado en el artículo anterior, el gobierno pactó con la derecha, lo que implica acuerdos políticos. Este comenzó, con la renuncia de presidentes de 2 comisiones, del grupo correista, lo que anuncia la reestructuración del CAL y comisiones que reflejará dicho reparto. Además está en marcha echar abajo la reforma institucional del gobierno anterior. La nueva presidente anunció en su discurso reformas a la ley de comunicación que, parece ser parte del pacto, pero además el destituyó al Superintendente de Comunicaciones, con el cual inició su tarea el CPCCS. Pero también se derogó la ley de plusvalía, con el apoyo de AP, la derecha, BIN y algunos independientes. Como señalamos, el gobierno al no tener mayoría en la Asamblea, tiene que pactar con la derecha y otros grupos, lo que refleja el reparto del poder. Al parecer, el primer compromiso, con estos grupos, es la reforma de la ley de comunicaciones, pero se avecina otra serie de cambios y más reformas institucionales.

Al derogarse la ley de plusvalía, quedaría vigente la ley anterior. Recordemos que la norma derogada gravaba la ganancia extraordinaria por el aumento del precio del inmueble, aunque el Cootad ya tiene un impuesto a la plusvalía. Analice dicha ley, en un artículo del diario público de Junio/2016. En este pusimos un ejemplo “como se calcula el impuesto: una vivienda costó $125.000, se hicieron arreglos por $15.000, pagó contribuciones de mejoras por $3.000 y se vende a los 10 años en $300.000. Si la tasa de interés pasiva de un año  es 7,52%, según la calculadora del SRI, la ganancia extraordinaria sería $56.345,43 menos $8.784 nos da una base imponible de $47.561,43, si le aplicamos el 75% el impuesto causado sería $35.671,07. Este tributo irá a las arcas de los GAD cuyo destino será alcantarillado y agua potable. El nuevo impuesto se pagaría en toda segunda venta de inmuebles, no solo en los casos que el gobierno realiza obras por las que aumenta la plusvalía en la zona. Afectaría a las inmobiliarias y corredoras de bienes raíces” Con la derogatoria, ya no habría ese impuesto y solo se pagaría el establecido en el Cootad. Pero se mantiene, la ley de herencia reformada, por el gobierno anterior, que establece que la base para el pago de impuesto a la herencia (individual) sería a partir de 480 SBU ($185.280).

Con el nombramiento de la nueva ministra de Finanzas, se anunciaría el nuevo plan económico. Habría que esperar las nuevas medidas a tomar por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal,  contener el futuro desequilibrio comercial, el iliquidez fiscal, etc. y las reformas estructurales. ¿Se seguirá aplazando el ajuste? ¿Se iniciaran las reformas en el mercado de trabajo, sector externo, competitividad, etc.? ¿Se enfrentará el déficit de las empresas públicas y el desequilibrio actuarial del IESS? ¿Se detendrá el endeudamiento público?

 

La sesión de la Asamblea en que se destituyó a su Presidente y aprobó juicio político al Fiscal, refleja el tipo de políticos que manejaban las principales funciones del Estado y los mecanismos que utilizaban en el uso del poder. Si bien fue una sesión vergonzosa, al menos, en lo económico, se anunció el nombramiento de una nueva ministra de Finanzas, alejada de los extremismos económicos, y dejó la esperanza de que corregiría los desequilibrios económicos.

En dicha sesión, hubo un cruce acusaciones entre el ex Presidente de la Asamblea y el Fiscal, sin muchas pruebas de sustento. Lo increíble es el uso de maniobras, manipulaciones, pactos, etc., que se revelaron en sus exposiciones, y mostraría el uso del poder en función de sus propios intereses. Al parecer, la acusación de corrupción no solo alcanza al gobierno anterior, sino que implicaría a ex funcionarios de funciones del estado y régimen que incluye a los altos cargos que han renunciado en el poco tiempo de ejercicio de sus funciones. La falta de ética, escrúpulo y moral en el ejercicio de sus cargos muestran a lo bajo que puede llegar la política y como hay una mano negra detrás de las actuaciones de ciertos funcionarios. Da vergüenza y causa repudio saber que dichas altas autoridades aparecían como defensores de la democracia, pulcros e incorruptibles. Y más aún conocer que si bien la derecha, BIN, indepedientes y correistas votaron a favor de la destitución, lo soprendente es que 26 asambleístas de AP estuvieron ausentes y sólo 17 votaron contra los 2 funcionarios. Se presume un pacto de los ausentes de AP. Viene ahora el nombramiento del nuevo presidente de la Asamblea, y AP ya anunció sus candidatos, pero no tiene los votos necesarios por lo que tendrá que pactar con la derecha y otros grupos, lo cual implicará negociaciones de reparto del poder.

En su primera rueda de prensa, después de su nombramiento de María Elsa Viteri, como nueva ministra de Finanzas, señaló que buscará la eficiencia del gasto público, se analizará la situación de las empresas públicas y que se aplazará la entrega del nuevo plan económico. Según la nueva funcionaria, hará un diagnóstico de la situación económica para tomar las medidas necesarias y que no le temblará la mano para adoptarlas. Como ya hemos señalado, en varios artículos, los desequilibrios fiscal, comercial, de liquidez y la alta deuda externa deben ser corregidos y eso obliga a tomar urgentes decisiones económicas. Hasta el momento el gobierno ha aplazado el ajuste fiscal y no ha avanzado en cuanto a reformas estructurales. La nueva ministra, pragmática, da esperanza de que se enfrenten dichos problemas económicos y que de una vez por todas tengamos un plan económico que luche contra los desajustes de corto plazo e inicie el tratamiento de los problemas estructurales para lograr estabilidad económica que implique un incentivo a la inversión privada, generación de empleo y aumento del nivel de actividad económica. Hay que ver si no tiene restricciones políticas que le impidan tomar las medidas requeridas.

 

La coyuntura económica y política se ha exacerbado a tal punto que, los desequilibrios macroeconómicos se han vuelto críticos y, en lo político, la revelación de un audio del fiscal general muestra como altas autoridades usarían el poder para buscar objetivos en función de sus intereses

En lo económico, como ya lo hemos mencionado en varios artículos, el gobierno aplaza la toma de decisiones respecto al agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos y pospone el ajuste. El déficit sigue creciendo, al igual que el desequilibrio externo, la deuda pública y la liquidez. Hoy se anuncia un nuevo programa económico y, es de esperar, que de una vez por todas, se tomen las medidas necesarias para reducir dichos desequilibrios y enfrentar los problemas estructurales.

En lo político, antes fue la actuación bajo las sombras (audio de Mangas), ahora la denuncia del fiscal general acusa al Presidente de la Asamblea de querer sacarlo del cargo, que sería por incumplir un acuerdo, que tendría ciertos objetivos políticos. Se trata ahora de que el titular de una función del estado, maniobra para obtener réditos políticos. La oposición aprovechó esta coyuntura para solicitar la restructuración de la Asamblea y remoción de su Presidente. La moción no fue aprobada por la votación, en contra, de los morenistas y la derecha tradicional y emergente. Esto refleja un pacto del gobierno, PSC y SUMA. Más aún, previamente a la votación, la fiscal Moreno había archivado la denuncia sobre el metro de Quito a cargo del Municipio de la Capital en la que participó Odebrecht. El apoyo de los asambleístas gobiernistas al Presidente de la Asamblea, pone en delicada situación política al gobierno.

Está tomando fuerza, en buena parte de la población, el hastío en los políticos. Si bien, antes se acusaba a la partidocracia de hacer uso del poder para sus propósitos, corrupción y utilizar manipulaciones en su beneficio, la revelación del audio refleja que esas prácticas también son utilizadas por ciertas autoridades y nuevos políticos. A más de la corrupción, el uso de ciertas instituciones para acusar a funcionarios de la administración anterior, la sociedad ecuatoriana tiene que soportar la falta de ética, obtener réditos de su cargo y uso del poder para objetivos políticos turbios. Esta coyuntura política obligará al gobierno a tomar posición sobre dichas revelaciones.

El haber ganado la consulta popular fortaleció políticamente al gobierno pero esta coyuntura política pone en entredicho su posición y tendrá que actuar para recuperar credibilidad y respaldo político.

Esta semana será clave, pues se posesionará el nuevo CPCCS, que posiblemente cambie a las autoridades de control, se anunciará el nuevo plan económico y deberá el gobierno tomar una postura sobre la coyuntura política señalada. Estas decisiones definirán el rumbo económico y político del país en lo inmediato. La derecha si bien está dividida está dando los pasos para tomarse la Asamblea, hacer pactos para las votaciones en Asamblea, ganar las elecciones seccionales de 2019 y tomar el poder político en 2021 dada la lucha y fraccionamiento de la revolución ciudadana manchada por la corrupción, los errores en el manejo político y mala elección de los lideres sucesores.

Como habíamos señalado, en artículos anteriores, una vez ganada la consulta, que le dio apoyo político, el gobierno ha anunciado un nuevo plan económico, para Marzo. Sin embargo, hay que ver  de qué tipo de plan se trata. Como hemos mencionado antes, hasta el momento no se ha enfrentado los graves desequilibrios macroeconómicos (de corto plazo) y los problemas estructurales (de largo plazo). A lo que se agregan el déficit actuarial del Seguro Social (IESS), el desequilibrio de las empresas públicas, el manejo de los fondos complementarios y la reforma impositiva.

Respecto a los desequilibrios macroeconómicos, en varios artículos, hemos señalado que debe atenderse de manera urgente el déficit fiscal, la falta de liquidez, el déficit comercial y la deuda pública, los que requieren medidas de ajuste, que se han venido aplazando. Respecto a los temas estructurales destacan la reforma del sector público, reforma del mercado de trabajo, reforma al sector externo y la competitividad. Hasta el momento de la segunda, se está planteando un nuevo código de trabajo. En los otros temas, no se conoce que haría el gobierno.

Pero además de los temas señalados se requiere atender los déficits del IESS y empresas públicas. Respecto al primero, se especula que hay un déficit actuarial del IESS. Por otro lado, según la información de prensa, el fondo de pensiones registra problemas y se ha recurrido a utilizar los ahorros para seguir pagando las pensiones. Sin embargo, según esta fuente, para el 2021 no habría suficientes recursos para pagar las pensiones a los jubilados. Este desequilibrio, que aumenta el déficit fiscal global, debe ser atendido de manera urgente y tomar las medidas necesarias y evitar que éstas afecten a los jubilados que, en su mayoría, dependen de su pensión para subsistir. Hay que comenzar eliminando la prohibición de conocer la situación financiera y déficit actuarial del IESS.

Según información de prensa, el déficit de las empresas públicas en 2015 fue 1365 millones de dólares. Se presume que este desequilibrio continuó en 2017, pero éstas se han convertido en un peso negativo para el déficit fiscal no financiero. Un ejemplo es TAME, que tiene un fuerte déficit y según el nuevo gerente se aplicaría un plan para reducir dicho desequilibrio. Sin embargo, dicho déficit viene de años atrás y no se han tomado las medidas a tiempo para enfrentarlo. El Ministerio de Finanzas señaló que haría un préstamo de 50 millones como salvavidas de la empresa. En este sector se requiere de reformas estructurales a fin sanear el mismo.

Los fondos complementarios tienen activos por 1.200 millones de dólares y son administrados ahora por el IESS. Se anuncia que se devolvería la administración a sus propietarios, pero se requiere una regulación y supervisión a fin de dichos fondos puedan realizar inversiones con los principios financieros.

El Ministro de Comercio exterior, habló de un proyecto de reducción del ISD para nuevas inversiones. Sin embargo, el Ministro de Finanzas niega esta posibilidad. Se revela que hay posiciones diferentes sobre este tema en el gobierno. El nuevo plan debe encarar el ajuste para generar estabilidad y  atender los problemas estructurales, por ej. la competitividad, a fin de incentivar el crecimiento económico. ¿Tendrá el gobierno la decisión de aplicar las medidas necesarias?

Como habíamos señalado en el artículo anterior, sobre el tema del futuro inmediato del país, el gobierno envío, a la asamblea, el proyecto de ley para implementar la reforma al CPCCS, y el referido a la eliminación de la ley de plusvalía, pero sigue latente el tema político, el problema económico, el ajuste y las reformas estructurales.

Respecto al primer proyecto, se mantiene la propuesta inicial de cesar a los actuales consejeros del CPCCS y nombrar a uno interino, lo que implicaría designar a las nuevas autoridades de control. El proyecto señala las normas para elegir, por votación popular, a los nuevos consejeros, en las elecciones de 2019. Lo novedoso es que el CNE deberá determinar, mediante concurso público de méritos y oposición, los candidatos a consejero postulados por organizaciones sociales y ciudadanía. Esto es, se busca, principalmente, el respaldo de dichas organizaciones, a las que el gobierno ya se acercó.

El segundo aspecto que genera incertidumbre en la coyuntura es la política. En efecto, el gobierno declaró que no se aliaría con la derecha. Esto tendría dos implicaciones. Una que, para aprobar la reforma institucional, el gobierno tendría que negociar con la derecha los proyectos de ley necesarios. Dos que, para las elecciones seccionales de 2019, el ala morenista de AP lanzaría sus candidatos con el apoyo de Democracia Sí, ABA, movimiento Ecuatoriano Unido (presidido por el hermano del Presidente), PS, CONAIE, etc. y algunas organizaciones sociales (CUT, la nueva organización de maestros, etc.), que sería su base de apoyo político. Cada partido de derecha, lanzaría sus candidatos en las seccionales. Para el 2021, ante la no reelección del actual presidente, el candidato oficial saldría de algunos de esos nuevos partidos y movimientos. La derecha busca retomar el poder político en 2021 y, dada la división de AP, podría ser posible.

En cuanto al problema económico, siguen agravándose los desequilibrios macroeconómicos. Los principales son el déficit fiscal, la falta de liquidez fiscal, el déficit comercial, la deuda pública y el bajo ritmo de crecimiento. Si bien, el gobierno aspira a aumentar éste en base a la construcción (programa de vivienda estatal), el gasto público y consumo, sin embargo, los desequilibrios señalados pueden frenar el crecimiento y el empleo. Como hemos señalado, en artículos en el diario público, se requiere, frente a las restricciones del gasto público, incentivar la inversión privada, iniciándose con las alianzas público-privada, pero después el sector privado debería arriesgar su capital.

Sin embargo, para ello, sigue la interrogante sobre las reformas estructurales. A los empresarios les interesa la reforma laboral, la reforma del sector público (fiscal y privatización), competividad y reforma del sector externo (apertura comercial). Todas estas reformas implican incentivos a la inversión y oportunidades de negocios para el sector privado. Por ello, la disposición a invertir depende de la implementación de estas reformas, lo que implicaría que el crecimiento en el mediano plazo no aumentaría ya sea por el agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos, la débil inversión privada o la situación política.

Después de la consulta popular vendrán los cambios relacionadas con las 7 preguntas de ésta. El momento político pasó ahora la pregunta fundamental  que viene en lo económico y social, ¿Cuáles son las decisiones claves en estas áreas?

En cuanto a los cambios relacionados con el resultado de la consulta se verá respecto a la conformación del consejo de participación ciudadana transitorio, que nombrará las nuevas autoridades de control, se revelará con que fuerzas políticas se alinea el gobierno. Está claro que ya repartió cargos a ABA e ID. Sin duda, ahora le tocará a Democracia Sí y la decisión clave es ¿se aliará con la derecha? En lo que se refiere a la consulta, en lo económico, tendrá que implementar la eliminación de la ley de plusvalía, pero en qué términos, lo que supuestamente alentará a la construcción.

En lo social, la aplicación del plan Toda una Vida reafirma la profundización de la política social y redistribución del ingreso pero, sin embargo, está afectando a los desequilibrios macroeconómicos. Además, el programa de vivienda, de este plan, va a reactivar la construcción. Si bien esto aumentará el nivel de actividad económica, en el corto plazo, lo preocupante es el agravamiento de dichos desequilibrios. En primer lugar, el tema de la falta de liquidez, que se busca cubrir con financiamiento externo, lleva al aumento de la deuda externa que, a su vez, afecta al déficit fiscal. Éste llega ya a 6% del PIB pero en aumento por el crecimiento del gasto público. A eso se suma, el déficit comercial que se verá incrementado por el crecimiento de las importaciones frente a un ritmo menor de exportaciones.

Si bien, el déficit fiscal y comercial son las preocupaciones fundamentales en el corto plazo, la otra pregunta es qué pasará, en el mediano plazo, ¿habrá reformas o cambio estructural? En las primeras, hay 3 importantes:  la reforma laboral, la reforma del estado y la reforma en el sector externo. En cuanto a la primera, está en elaboración un nuevo Código Laboral. De éste se conoce que habrán nuevos contratos laborales, nuevas figuras legales para la contratación a jóvenes y lo fundamental será ¿habrá flexibilización laboral? Respecto a la reforma del estado, lo clave es saber si ¿habrá reducción del tamaño del estado? ¿Ésta será en la burocracia o eliminación de instituciones? En cuanto a la reforma del sector externo se habla de nuevos acuerdos comerciales y los interrogantes claves ¿serán TLC? ¿implicará liberalización comercial o de otro tipo?

Pero además, habrá que conocer si otra de las reformas estructurales clave se implementará: competitividad. Parte de ésta tiene que ver con la productividad y reducción de costos. De éstas ¿Qué partes asumirá el sector privado y cuáles el estado? En suma, se trata de ver cuáles serán las decisiones, en el corto plazo, sobre el desequilibrio fiscal y comercial, y, en el largo plazo, que reformas estructurales se implementarán. ¿Se seguirá aplazando el ajuste? ¿habrán reforma o cambio estructural?