Con la grave crisis económica de Argentina, expresada en una depreciación acelerada, renegocia con el FMI, el convenio firmado hace poco, para que le adelante recursos,  que le exige a nuevas medidas económicas que implican mayor ajuste e impacto social.

A fines de abril, de este año, el tipo de cambio alcanza 20.8 pesos, en los meses siguiente continuó la depreciación hasta que el 29 de Agosto llego a 34.4 y, al siguiente día, 38.5 pesos por dólar, o sea una depreciación de 11.9% en un día, que alcanza ya a cerca del 100% desde el inicio del mandato de Macri. Esto llevó a que se renegocie con el FMI, el convenio firmado hace 3 meses, que implica la exigencia de nuevas metas macroeconómicas y un paquete de medidas para reducir el déficit fiscal, entre la que están: la reducción de 22 a 10 ministerios, retenciones de 5%  (impuestos) a las exportaciones, a las de soya 25.5%, a minería e industria 5 y 10% , suspender la reforma tributaria que implica la reducción de impuestos a los ingresos brutos, cheques, IVA y ganancias; por el lado del gasto, se frenarían compras públicas, obras públicas y despido de empleados del sector público con contratos temporales.

Estas medidas se adoptan para cumplir con la meta déficit fiscal cero para 2019, que se había fijado en 1.3% en el convenio con el FMI. Como contraparte, Argentina recibiría adelanto de fondos para la subasta de divisas, a fin de frenar la depreciación, pagar la deuda externa y obtener liquidez.

A estos desequilibrios macroeconómicos, hay que agregar la inflación que aumento 3.1% en Julio y la anual llegó a 31.2%. El impacto en el salario real, fue una caída de 5.9%, en el I semestre, en el poder de compra de la población, hay una leve recuperación en Julio. Tanto la depreciación como la inflación influyeron en las expectativas empresariales que se refleja en el empleo y pobreza. En I trimestre de 2018, la tasa de desempleo alcanzo 9.1% y el subempleo 9.8%, pero la pobreza sigue aumentando.

Pero hay otros indicadores que se han deteriorado en la crisis. El déficit comercial, en el I semestre de 2018, alcanzó 5101 millones debido principalmente al mayor incremento de importaciones que de exportaciones.  Si bien en el I trimestre, de este año, hubo un crecimiento de 3.6%, la tendencia es una caída del nivel de actividad económica a tan solo 0.4% como proyectó el FMI para este año. A eso se suma una deuda externa pública de más de 250.000 millones de dólares.

Los compromisos con el FMI abarcan la eliminación de subsidios a servicios públicos que aumentaron sus precios, reducción del empleo público, techo a la deuda flotante externa y doméstica, reforzar autonomía del Banco Central, mantener la flotación sucia, reducir el déficit fiscal y externo, etc. La meta de crecimiento era 1% para 2018, pero el propio FMI anunció que sólo sería de 0.4%.

El modelo de política económica no está funcionando, aún con el auxilio del FMI. Los desequilibrios macroeconómicos se deterioran más y el impacto social es mayor. Ya hubo manifestaciones de las principales centrales obreras y estudiantes universitarios. Además de las medidas hay una reestructuración del gabinete, como lo exige el FMI. El ajuste a lo FMI contraerá más la economía y para paliar el impacto social se aumentará ciertos subsidios a los más pobres. El temor a un corralito o a un default de la deuda lleva al retiro de fondos y salida de capital y obligaron a la toma de nuevas medidas para estabilizar la moneda, reducir la incertidumbre y reestablecer la confianza.

 

 

 

El Presidente de la República anunció un conjunto de medidas económicas, según él para reducir el tamaño del estado y reducción del déficit fiscal. Sin embargo, hay indicios de que éstas en realidad están orientadas a otros problemas macroeconómicos como los relacionados con la iliquidez del sector público y servir como globo de ensayo para ver la reacción de la población ante la eliminación de subsidios a combustibles.

Entre las medidas para reducción del tamaño del estado están la reducción de ministerios –vía fusión de éstos-, eliminación de embajadas y consulados, y de ciertas instituciones públicas y fusión de empresas públicas; para reducir el gasto corriente, se eliminan pagos a celulares de ministros y altos cargos así como su personal de seguridad, venta de vehículos de instituciones públicas; restricción de compras directas y no contratación de personal bajo régimen especial y aumento del precio de la gasolina super que será aumentada de 90 a 92 octanos. Según el Ministro de Finanzas estas medidas permitirán un ahorro de 1000 millones de dólares y, de acuerdo al Secretario de la Presidencia, el incremento de la gasolina y ajuste del diésel empresarial, generará un ingreso de 100 millones dólares. A estas medidas se agregan el ofrecimiento de 1300 millones de crédito a sectores productivos.

Las medidas se anunciaron el 20 de Agosto, en cadena nacional, y la ley de fomento productivo se publicó en el Registro Oficial el 21 de Agosto. Por otro lado, en los medios de comunicación se anunció que no se realizó el mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas programado en Agosto, aumentaron los atrasos en los pagos a proveedores del Ministerio de Finanzas y el nivel de caja fiscal apenas registró un saldo de alrededor de 600 millones en Agosto. Todos estos datos muestran que se agravó la iliquidez del sector público, que darían indicios de que el objetivo central de las medidas dictadas es obtener más ingresos para aliviar esta iliquidez. En efecto, el aumento del precio de la gasolina, genera ingresos inmediatos y, más que todo, la remisión tributaria (exoneración de intereses y multas a impuestos atrasados), contemplada en la ley de fomento productivo, va en la misma línea.

Se declaró en la cadena que las medidas buscaban, entre otros objetivos, la reducción del tamaño del estado, vía la eliminación de instituciones y fusión de empresas públicas, representaría un ahorro de 400 millones de dólares. Pero ¿qué significa este valor frente al inmenso tamaño del sector público? Como ha señalado el ex Ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en las medidas no se refleja la reducción del tamaño del estado. En otras palabras, con las medidas tomadas hasta ahora, poco es el esfuerzo en el achicamiento del estado.

Así mismo, al igual que el gobierno anterior, se reduce el gasto público pero más por el lado del gasto de capital que el corriente. El primero es el gran dinamizador de la economía, sin embargo se insiste en lo mismo. Se apunta al impulso de la inversión privada vía la remisión tributaria y eliminación de algunos impuestos, que en términos de desequilibrio fiscal significa menos ingresos públicos que con el escaso recorte del gasto público implica una mínima reducción del déficit.

En síntesis, las medidas están orientadas a aliviar la iliquidez fiscal más que reducción del tamaño del estado, del déficit fiscal y medir la reacción de la población a la eliminación de subsidios. Esto muestra  un escenario de reducción del nivel de actividad que se ve reflejada en la tasa de inflación negativa por varios meses (¿deflación?), en la reducción del crecimiento económico anunciada por la CEPAL a solo 1.5% corroborada por el enfriamiento de la economía que anunciará el FMI en su visita al país, que implicaría reducción del empleo y aumento del desempleo, como ya se reflejó en el informe de  empleo, de Junio, del INEC, que le costó el puesto a su director.

 

El gobierno de Correa realizó una amplia reforma institucional que se incluyó en la nueva constitución. Los principales ámbitos de ésta incluye: lo judicial, en las funciones del estado, organización territorial, en educación, apoyo al sector privado, en lo público, etc. En lo económico y financiero destacan las reformas en lo tributario, la regulación y supervisión monetaria-financiera, mercado de valores, empresas públicas, sector público, banco central, economía popular y solidaria, etc. Esta reforma quedó plasmada en nuevas leyes y códigos jurídicos.
Sin duda, se trata de una profunda reforma institucional que cambio la relación entre sector público, sector privado y sociedad. En varios artículos, en el diario público, señalé que una vez concluido el gobierno correista, la oposición (principalmente de derecha) buscaría echar abajo esta reforma institucional, pero paradójicamente ha sido el propio gobierno de Moreno quien ha llevado adelante la contrareforma institucional.
Ésta comenzó con la consulta popular de 2018 que, entre los principales aspectos se deroga la reelección indefinida, se reestructura el Consejo de Participación Ciudadana –con lo cual se destituyó a las autoridades de lo judicial y varios superintendentes- y se eliminó la ley de plusvalía; el proceso continuó con la reforma a le ley de comunicaciones, siguió con la derogación de las enmiendas constitucionales de Febrero de 2017 que, entre los temas fundamentales, deja sin efecto el aporte del estado del 40% al IESS, la comunicación como servicio público y la facultad de la seguridad social de administrar fondos previsionales. La contrareforma se profundiza, en lo económico-financiero con la llamada ley de fomento productivo que además de la exoneración de intereses y multas por deudas tributarias, elimina o reduce ciertos impuestos a inversiones, exportadores e importadores, prohíbe al Banco Central endeudarse con el gobierno, crea un fondo de ahorro para el gobierno, etc.
El gobierno de Correa limitó, reguló y supervisó al poder mediático, la contrareforma flexibiliza y atenúa el control a los medios de comunicación; el nombramiento de Marcelo Merlo –ex contralor en el gobierno de Febres Cordero- como titular del Consejo de la Judicatura -que restituyó a María L. Jimenez, como jueza, madre de Cynthia Viteri, candidata a la Alcaldía de Guayaquil por el PSC-MdG- y el nombramiento del nuevo representante del Presidente a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que ha declarado que se preocupará por el mercado de valores al que deben regresar el estado, la seguridad social y la banca privada. Al parecer eso implicaría una reforma al Código Monetario Financiero y la ley de mercado de valores. Con la reforma a ley de mercado de valores, en el gobierno de Correa, se les obligó a los bancos a deprenderse de sus casas de valores, para que sean manejadas por particulares. Al parecer ahora, con la contrareforma volverán estas casas nuevamente a manos de los bancos.
Los nombramientos y las acciones señaladas dan indicios hacia donde se dirige de la contrareforma y a quien favorece. La contrareforma continuará, en varios ámbitos, con otros cambios legales y nuevas caras.

Macri decidió ir al FMI principalmente por la depreciación acelerada del peso, pero hay otros desequilibrios que llevaron a la decisión, sobre todo el problema de la deuda pública, el déficit fiscal y la incertidumbre por el futuro de la economía. En este artículo revisaremos que pasó antes, los compromisos del crédito stand by con el FMI y si ese camino lo seguirá el país.

En 2016 hay una contracción económica; en 2017, la economía creció 2.9%, la inflación llegó a 24.8%, la tasa de desempleo urbano alcanzó 7.2%, el subempleo 10.2% y la pobreza 25.7%. La deuda pública se dispara a 334.000 millones de dólares, o sea 59% del PIB, con una deuda externa de 232.000 millones. A fines de  diciembre de 2017, el dólar minorista se cotizaba a 19.4 pesos, la corrida cambiaria  comienza en Abril de 2018 y a fines de ese mes llega a 20.8 pesos, en Mayo 7 alcanza 22,3 pesos, al siguiente día Macri, para calmar las expectativas cambiarias, anuncia que irá al FMI, pero la depreciación continua y en Mayo 30 llegó a 25.4 pesos y para Junio 28 se cotizaba ya 28.4 por dólar. La situación se sigue deteriorando pues en el I Trimestre, de este año, la tasa de desempleo llegó a 9.1%, y la pobreza siguió en 25.7%. Para Abril, hay una contracción de 0.9% del PIB interanual, incidido por la sequía,  mientras que la deuda externa se dispara a 253.000 millones de dólares, el déficit de la balanza comercial alcanza 3.420 millones de dólares, la balanza en cuenta corriente continua en rojo y el déficit fiscal supera el 4% del PIB.

En el acuerdo, por 3 años,  se solicita un crédito por 50.000 millones de dólares. Las metas principales son: reducción del déficit primario, en 2018, a 2.7% del PIB y en 2019 alcanzar 1% y en el 2010 llegar al equilibrio fiscal. Para alcanzar estas metas los condicionantes principales son: reducir el subsidio al gas y electricidad. En materia de empleo público, disminuir el gasto de personal de 3.2% del PIB en 2017 a 2.7% en 2020. Reducir los impuestos o eliminarlos, fortalecer la administración tributaria. Se mantendrían las transferencias monetarias (por hijo y por embarazo), programa de asistencia social a los más vulnerables, de equidad de género. En lo macroeconómico, además, se plantea la reducción de la inflación (27% en 2018, 17% en 2019, 13% en 2020), reforzar la autonomía del Banco Central (BC), eliminar la deuda de este con el Ministerio de Hacienda, techos de deuda flotante externa y doméstica, mantener la flotación sucia (con subasta de divisas) y elevar la RMI. Las metas de crecimiento serían 1% para 2018, 2% para 2019, reducción del déficit en cta. Cte. a 3.6% del PIB en 2020. Se busca incentivar la oferta con el desarrollo del mercado de crédito, aplicación de la ley de defensa de la competencia y reducción de trámites burocráticos.

El FMI ya realizó un primer desembolso de 15.000 millones de dólares. Una parte se emplearon para la subasta de dólares a fin de frenar la depreciación del peso y financiar el déficit fiscal. Se trata de un típico programa del FMI, que busca reducir el gasto público (disminuir subsidios servicios y bienes públicos y recorte de burócratas), para bajar el déficit fiscal lo que implicará una reducción del crecimiento en este año. También busca bajar la inflación, que deteriora el poder de compra. Se pone techo a la deuda del BC y deuda interna. El programa económico de Macri era insostenible, buscaba elevar el nivel de actividad con deuda externa y reducir impuestos a exportaciones para incentivar éstas que incide en el déficit fiscal. Se trata de un ajuste para los desequilibrios fiscal, externo y tratar de frenar la depreciación cambiaria. Sin embargo, siguen latentes los problemas estructurales y con el stand by aumenta aún más la deuda externa que es el principal riesgo de la economía argentina.

Ecuador tiene problemas macroeconómicos similares a Argentina: alta deuda pública, falta de liquidez y elevado déficit fiscal, que ya los advirtió el FMI en su visita. Como el país requiere, 9000 millones de deuda pública y los mercados internacionales son pocos accesibles por el alto riesgo país, el gobierno está preparando el terreno para un acuerdo con el FMI, que le otorgue un crédito para enfrentar los desequilibrios, para ello ya ha dado algunos pasos como la ley de fomento productivo (que va en línea con las políticas del FMI), está despidiendo a empleados que tienen contratos ocasionales, prepara una reforma laboral, etc. lo cual implicaría además un ajuste fiscal, reformas estructurales (sector público, externo, laboral, etc.) y techo a la deuda pública, lo que tendría efectos contractivos, en el corto plazo, en el crecimiento y empleo. Pero adicionalmente, llevaría a más deuda externa, para salir del atolladero, que obligaría su reestructuración y reducción en una década.

 

Como había proyectado, en el artículo anterior, ganó Lopez Obrador (AMLO). Las encuestas de salida de urna pronosticaron el triunfo de su coalición comandada por MORENA, lo que abre la posibilidad de un cambio en México y se prevé una serie de consecuencias políticas, sociales y económicas.

En lo político, según lo que señalan las encuestas de TELEVISA y CNE el triunfo de AMLO sería un margen de 20 puntos sobre ANAYA (derecha), del PAN, lo que significa un parcial rechazo a la derecha y, al PRI (centro-derecha). La mitad de la población voto por el progresismo y la izquierda, lo que implica romper, por primera vez, con el bipartidismo (PAN-PRI), que se había establecido en los 12 últimos años. También debo subrayar que, de 9 gobernaciones en disputa, las encuestas señalan que la coalición de AMLO habría obtenido 6. Pero además, las proyecciones indican que dicha coalición habría obtenido la mayoría en el Congreso, lo que implica que tendría la fuerza necesaria para aprobar las leyes requeridas para implantar su propuesta electoral. Por otro lado, por primera vez, el PAN y PRI pasan a la oposición. O sea, AMLO logra un gran capital político que abre las esperanzas de cambio pero también una responsabilidad  de cumplir con lo prometido en su plan de gobierno. La elección también muestra el descalabro del PRI pues su candidato habría quedado tercero, según las proyecciones electorales, perdió 6 gobernaciones y quedaría en tercer puesto en el Congreso, lo que  significa el rechazo de la población a un mal gobierno y al descalabro que llevó al país en 6 años de gobierno. En lo económico, aplicó la reforma energética y la educativa, que tuvieron serias consecuencias sobre la población y los maestros a más de agravar la violencia, corrupción, la impunidad y deterioro de las condiciones sociales.

Se debe enfatizar que TELEVISA, el líder de la TV, fue la primera que anunció el triunfo de AMLO y además pasó las entrevistas de los candidatos Meade (PRI) y Anaya  que reconocieron su triunfo. TELEVISA lleva la voz cantante del poder mediático y es la que diseña la imagen de la opinión pública. Y es precisamente, uno de los poderes contra las cuales tiene que luchar AMLO.

Hay que destacar que AMLO gana por la crítica situación política y social. La población estaba harta de la violencia, la inseguridad, la impunidad, la corrupción, la inequidad, la redistribución inequitativa del ingreso, la pobreza, etc. Ahora el desafío está en comenzar a cumplir con el plan de gobierno. En lo estructural, está si puede desmantelar la reforma energética y la educativa que AMLO había planteado, lo que implica enfrentarse a los poderes fácticos.  Además deberá luchar contra Trump por el TLC y los  migrantes.

El gran desafío de AMLO es comenzar a cumplir con su propuesta electoral. Entre las más importantes está combatir la violencia, en especial el narcotráfico; luchar contra la impunidad y la corrupción; por otro lado, tratar de mejorar las condiciones sociales y, en lo económico, impulsar el crecimiento con una redistribución del ingreso.  Sin embargo, tendrá que luchar o negociar contra los poderes facticos para que posibiliten el cambio. Por lo menos, se abre la esperanza de una transformación lenta pero con un norte claro apoyado por el rechazo al PRI y PAN de mas de  la mitad de la población que quiere el cambio.

 

El PRI estuvo en el poder 70 años hasta que, en Diciembre de 2000, asumió la presidencia Fox y le siguió Calderón, ambos miembros del PAN (derecha). En una época el PRI se caracterizó por ser un partido progresista y nacionalista que aplicó una política económica heterodoxa, implementó una  fuerte política social y defendió causas latinoamericanas. Sin embargo, a partir de 1982, con de la Madrid, como Presidente, comenzó a dar un giro hacia una política económica neoliberal, fue relegando el gasto social y abandonando la causa latinoamericana. El PRI retoma el poder con Peña Nieto en Diciembre de 2012.

En su sexenio, las condiciones sociales, de seguridad ciudadana, de derechos humanos y corrupción se han agravado seriamente. A 2016,  los pobres llegaron a 53.4 millones, 43.6% de la población (reducción relativa respecto a 2008). Los no afiliados al seguro social representan 68.4 millones. La concentración del ingreso creció y la pobreza extrema, aunque se redujo,  llega a  cerca de 10 millones de mexicanos. La violencia ha crecido, sobre todo por el narcotráfico: hasta marzo de este año el número de homicidios fue mayor al del periodo de Calderón; hasta Enero de 2018, el número de desaparecidos alcanzó 34.268 personas y la impunidad ha aumentado, como muestra el caso de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para agravar el panorama, la corrupción de funcionarios públicos ha crecido: 16 gobernadores son investigados por corrupción, 10 de ellos están presos y algunos fueron del gobierno de Peña Nieto. En su período ha aplicado reformas estructurales en los sectores de energía, telecomunicaciones y educación, que han liberalizado los mercados y, en el último, buscaba mejorar la calidad de la educación. En los dos primeros, ha provocado desnacionalización de la industria, aumento de precios y concentración del mercado en grandes empresas y la reforma educativa fue impuesta.

En síntesis, hay deterioro social, de seguridad, corrupción y, en lo económico,  se está renegociando el acuerdo de libre comercio con Canadá y EE. UU. México, depende en gran medida, en su comercio exterior, de EE.UU. Un cambio de las condiciones del acuerdo generaría incertidumbre en su economía.

Con este marco, el 1 de Julio, se celebran elecciones presidenciales y del Congreso, en la que hay 3 candidatos con mayor opción. Lopez Obrador (AMLO) postulado por Morena, PT y PES; Ricardo Anaya, Por México al frente, coalición de PAN (derecha)-PRD (ex partido de AMLO) y MC. El candidato del PRI es José Meade (PRI-PVEM-PANAL). Los dos últimos tienen programas parecidos y serían la continuación de la política de Peña Nieto. AMLO en su programa ofrece reactivar la economía con la construcción de infraestructura y aumento de exportaciones, impulsar la agricultura y el turismo, apoyar el emprendimiento; reducir el endeudamiento y la inflación, aplicar un ajuste fiscal y una amplia política social. Se trata de un modelo económico basado en el mercado interno, a diferencia de la propuesta de los otros 2 candidatos que seguirían impulsando el crecimiento co la demanda.

Según la encuesta del diario El Financiero, a mitad de Junio, de este año, las preferencias electorales son de 50% para AMLO, 24% para Anaya y 22% de Meade. La encuesta de la Patronal mexicana, da la misma tendencia. Incluso Moody’s, la calificadora de riesgo, prevé el triunfo de la coalición de AMLO, si la elección fuera limpia y que éste no asusta a los mercados. Pero además, las encuestas pronostican que podría alcanzar mayoría en el Congreso,  abriendo la posibilidad de aprobar las leyes requeridas de su propuesta electoral. El escenario muestra una posible victoria de AMLO. Si las encuestas aciertan, veríamos, posiblemente, un cambio en México, en lo económico, político y social, o sea una política diferente que la aplicada hasta ahora, en estos campos, pero ¿será posible que los poderes fácticos lo permitan?

En la sección Décima del proyecto de ley, se establecen reformas a la Ley de Movilidad Humana dando facilidades migratorias a los inversionistas extranjeros. En la sección Décima Primera, se reforma la Ley de Hidrocarburos, mediante la cual se estipula que en los contratos de exploración y explotación de petróleo el porcentaje de participación del Estado se ajustará en función del precio de referencia y volumen de producción, lo que implica ampliar el aporte que hacen las empresas petroleras al Estado.

En la sección Décima Segunda se elimina el art. 1 de la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales que establecía que, en el caso de las personas jurídicas, usadas para defraudar o abusar se podrá cobrar acreencias laborales contra accionistas u otros niveles de propiedad responderán con patrimonio o de bienes que están a nombre de terceros, cuando el obligado principal, no cumpla con sus obligaciones. Esto afectaba principalmente a inversionistas o accionistas nacionales o extranjeros de empresas.

La sección Décima Cuarta reforma la Ley de para el cierre de la crisis bancaria de 1999, señalando que en el art. 6, de esa ley, se agregue el ajuste anual del valor catastral, por el BCE, para los bienes del sector bancario que se transfieren a las instituciones públicas y además se reforman otros artículos de esa ley.

Se reforma la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, agregando el pago de una compensación,  por retiro obligatorio o voluntario, de 5 salarios básicos unificados (SBU), por cada año de servicio hasta un máximo de 150 SBU, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el art. 24 de dicha ley. Este es un beneficio similar a los que reciben los profesores, el que se paga con el Presupuesto del Estado. Con esta reforma, los policías recibirán del ISSPOL este beneficio, lo que significa un egreso adicional, lo que podría afectar la situación financiera actuarial del ISSPOL, sobre todo por qué en la Policía existen alrededor de 50.000 miembros. O sea hay un riesgo de déficit actuarial. En el caso, de que los policías, con 5 años de servicios, no cumplieran con los requisitos establecidos en el art. 24 de dicha ley, el pago del beneficio será con el Presupuesto del Estado. Si bien es justo el pago de ésta compensación, sin embargo debe contemplarse el riesgo actuarial del ISSPOL.

Entre las disposiciones generales, la mas importantes, del proyecto de ley es la que establece la reducción gradual del ISD, con el informe favorable del Ministerio de Finanzas y, de las disposiciones transitorias, están: que la deuda del Ministerio de Finanzas con el BCE no podrá renovar o canjear, o sea ya no tendrá acceso a los recursos del Banco Central y la contratación de nuevo personal de las instituciones públicas  del poder ejecutivo incluido las empresas públicas no podrán contratar nuevo personal de contratación ocasional hasta que el Ministerio del Trabajo no realice una evaluación técnica.

En síntesis, este proyecto de ley busca obtener nuevos ingresos públicos con una amnistía tributaria alentar la inversión privada en base a reducción,  eliminación de impuestos y facilidades de pago de impuestos al comercio exterior, reforma a la ley de ZEDE para inversión en turismo e incentivos a la construcción de vivienda social. Por otro lado, se dan facilidades de visa a inversionistas extranjeros y se elimina la obligación de responder hasta con su patrimonio de acreencias laborales. Se elimina la posibilidad de endeudamiento del Ministerio de Finanzas con el BCE. Resulta preocupante el pago de indemnización por retiro a los policías pues hay riesgo actuarial en el ISSPOL, no es que no sea justa, pero se afecta su equilibrio financiero intertemporal. Por otro lado, al parecer si bien la amnistía tributaria da liquidez al estado si le restamos la reducción y eliminación de impuestos podría haber un resultado neto cero. Lo de fondo es que no hay en el proyecto de ley el ajuste y las reformas estructurales. Al parecer lo que hace este proyecto es preparar el camino para un acuerdo con el FMI, ya que se conoce que además del financiamiento de 8000 millones se requieren 5000 millones más. O sea seguir manteniendo el alto nivel de gasto sin reducir el tamaño del estado y aplazar las reformas estructurales necesarias para el desarrollo del país.

Al final de la sección Octava, Cap. 3, del proyecto de ley, se reforma el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que, en el art. 124 establecía el límite de endeudamiento del sector público de 40% del PIB, con 3 reglas de sostenibilidad de largo plazo. La primera es que no podrá haber déficit en el resultado primario del presupuesto; la segunda, es que si se superase el 40% del límite de la deuda se requerirá justificación y aprobación de la Asamblea, con mayoría absoluta y, la tercera, se establece un fondo de estabilización fiscal. Lo que hacen estas reglas es dar cierta flexibilidad en el manejo de la deuda posibilitando exceder el 40% y se crea dicho fondo con el exceso al precio del petróleo aprobado en el presupuesto. En la situación actual, aunque la amnistía fiscal, establecida en el proyecto, otorga recursos al estado, sin embargo, la reducción de impuestos le disminuye ingresos, con lo que difícilmente podrá el sector publico tener fondos adicionales para financiar el presupuesto de 2018, por lo que tendrá acudirse a deuda pública y la reforma al art. 124 de dicho Código facilita el endeudamiento. Las autoridades declararon que el fondo de estabilización recién se formaría en 2021, al final del gobierno, no lo hacen antes por razones de la liquidez fiscal, que ahora usa la diferencia entre el precio real y el aprobado en el presupuesto como fuente adicional de financiamiento de éste. El tema es que se aplaza el ajuste, probablemente hasta el 2020, ya que 2019 es un año electoral.

Sin embargo, a pesar de la flexibilidad en el manejo de la deuda, el incumplimiento de estas reglas dará lugar a la aplicación de un plan de estabilización fiscal, que establece: reducir el gasto primario hasta alcanzar equilibrio fiscal en 3 años y luego, de este período, aplicará un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal para reducir el peso de la deuda al 40% del PIB. En otras palabras, si bien la primera parte del art. 124 reformado, da flexibilidad para sobrepasar el techo de la deuda –por ejemplo, si sobreviniera un shock externo- pone austeridad a fin de que se alcance equilibrio fiscal. La reforma, a este artículo, está hecha para que sea el próximo gobierno el que aplique el plan de estabilización fiscal. El problema de fondo es que se deja de lado el ajuste y las reformas estructurales. Las autoridades dieron a conocer que, en Junio de 2018, darían a conocer medidas de largo plazo.

También se reforma la Ley de Minería, eliminando ciertas exoneraciones que tenían las empresas respecto al pago de tributos, se aumenta el rango del pago de regalías y se incrementa en un 1% el pago de regalías de la mediana y gran minería. En otras palabras, como en el proyecto, el efecto neto tributario, al parecer va a ser cero, se busca otras fuentes de ingresos para el presupuesto del estado. En síntesis, a pesar de que el proyecto da flexibilidad para sobrepasar el límite de 40% de la deuda, le pone límites obligando a tener equilibrio fiscal en 3 años y reducir la deuda a ese porcentaje. Sin embargo, el problema de fondo es que se sigue postergando el ajuste y las reformas estructurales.

En el cap. III de proyecto, se establecen una serie de reformas. Entre otras, las  que se hacen en la Ley de Régimen Tributario Interno que incluyen el pago de Impuesto a la Renta (IR) por la décima tercera y cuarta remuneración de quienes tengan ingresos netos mayores a 100.000 dólares; se exoneran de IR a los proyectos de las Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE); se aumenta deducción de IR a 5% por gastos de I & D; se incrementa el pago de IR de sociedades a 28% cuando no entreguen información o accionista sea de un paraíso fiscal; se agregan con tarifa cero de IVA la importación de todos los insumos del sector agropecuario, acuícola y pesca; se incluyen también los vehículos eléctricos, sus baterías, para uso público y se mantiene los livianos de uso particular hasta de $ 35.000, se agrega el seguro de desgravamen, los servicios de construcción de viviendas de interés social; se grava con IVA la medicina prepagada; se incluye la devolución del IVA a la exportación de servicios, las sociedades que construyan vivienda de interés social; se descuenta 20% del pago del ICE a vehículos híbridos.

Se establecen algunas reformas a la Ley de Reforma Tributaria y la ley Reformatoria para la Equidad Tributaria que, entre los más importantes, incluye la devolución del ISD a los exportadores en un plazo de 3 meses, siempre que haya un ingreso neto de divisas. Hay también reformas al Código de la Producción, entre la que están: inclusión en las ZEDE la prestación de servicios turísticos y se conceden facilidades para el pago de tributos de comercio exterior a la importación de bienes de capital.

En las reformas al Código Monetario, se establecen cambios en la Corporación de Seguros de Depósito, Fondo de Liquidez y de Seguros que incluyen dictar las políticas de gestión y aprobar su reglamento. Hay también una reforma a Ley de Empresas Públicas y al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para facilitar el traslado de excedente de estas empresas al Ministerio de Finanzas y se exige más información financiera a éstas.

Las reformas a las leyes tributarias, del proyecto de ley, buscan incrementar los ingresos fiscales y dar una amnistía tributaria de multas e intereses de mora del sector privado, devolver el ISD y facilidades de pagos de impuestos de comercio exterior, tanto para obtener liquidez fiscal e incentivar la inversión privada y construcción de vivienda de interés social. La reforma a ley ZEDE buscan incentivar proyectos en turismo y otros. Hasta la sección Octava del Cap. 3, del proyecto urgente, se aprecia que se busca enfrentar un problema de liquidez. Sin embargo, resulta contradictorio establecer una amnistía y incentivos tributarios en condiciones de déficit fiscal, lo que implica seguir dependiendo de deuda, sobre todo externa. La paradoja es que, al caer la inversión, requiere de la inversión privada para aumental el nivel de actividad económica. No se incluye, hasta esta sección, ninguna disposición respecto al tamaño del estado. Al parecer, según declaraciones oficiales, las reformas estructurales se presentarían en otro proyecto de ley, en este mes. La interrogante es si el ajuste va acompañado de éstas y si  incluye las que son necesarias.

Como señalamos, en el artículo de ayer “Corrupción haría caer gobierno de derecha española”, por moción de censura se destituyó al Presidente del Gobierno del Partido Popular (PP, derecha) y en su reemplazo se nombró a Pedro Sanchez, líder del Partido Socialista (PSOE). La caída del PP se debió a la condena y encarcelamiento de los implicados en corrupción por  el caso Gurtel.

Como explicamos, en el artículo señalado, el caso Gurtel es el más emblemático de la corrupción en los gobiernos del PP, pero se suman muchos más, entre los que destacan la Operación Púnica, caso Lezo, las tarjetas de crédito de Caja Madrid y Bankia, etc. Y recientemente se descubrió el cobro de comisiones por un proyecto eólico en Valencia, de un ex presidente de esta comunidad, del PP,  que incluye lavado de dinero y la obtención de un título de Master con irregularidades por la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid. En todos estos casos, están implicados, presos o acusados dirigentes del PP. En el caso Gurtel, funcionarios públicos del PP recibían comisiones por adjudicación de obras públicas. Pero no solo eso, el ex tesorero del PP, abrió una caja paralela, a los fondos del partido, en la cual recibía el dinero sucio de la corrupción y lo repartía entre miembros del PP. Se trata de la trama de un sistema o la trama de corrupción más grande de España. Este caso  se descubre en 2009 y otros casos de corrupción son anteriores al inicio del gobierno de Rajoy.

La corrupción ya venía haciendo mella en el gobierno del PP. En mi artículo “La última carta de la derecha”, de Junio de 2016,  decía que en diciembre de 2015 “el Partido Popular (PP)” Rajoy perdió la mayoría legislativa, hubo reducción de votos del Partido Socialista (PSOE), Podemos (P, izquierda) logra ser la tercera fuerza política y surge la nueva derecha con Ciudadanos.

Rajoy del PP,  que asumió la Presidencia del gobierno a fines de 2011, le tocó enfrentar la crisis económica financiera que explotó por la burbuja financiera inmobiliaria generando caída de ahorro, bancos, rescate de instituciones financieras, recesión, desempleo, déficit fiscal, caída del nivel de vida, pobreza e indigencia. Rajoy aplicó una política neoliberal que redujo los desequilibrios macroeconómicos y recuperó la economía pero con alza de impuestos, límites a pensiones de jubilados, desempleo, pobreza, etc. Sin embargo, aún se mantiene un alto déficit fiscal y elevado nivel desempleo, sobre todo en jóvenes. Además le tocó enfrentar el intento de independencia de Cataluña, que fue frenado con la aplicación del art. 155 y llevó a que los principales dirigentes catalanes  (Puigdemont) huyeran a otros países de Europa o fueran encarcelados.

La moción de censura a Rajoy fue apoyada por Podemos y PNV, ERC, PDeCAT y Compromis (nacionalistas), los que dieron el triunfo al PSOE. El compromiso del PSOE, para tener el apoyo de los nacionalistas, fue respetar el Presupuesto de Rajoy e iniciar un diálogo con los independentistas catalanes. Si bien la terminación del gobierno del PP es un triunfo para la izquierda e independentista se abren muchas interrogantes sobre el futuro político de España. El próximo año habrán elecciones y dado el efecto corrosivo de la corrupción en el PP, probablemente dejará de ser el primer partido y asumiría ese lugar Ciudadanos (derecha) que sería disputado también por la izquierda. El mayor interrogante, en el gobierno del PSOE, sería la independencia de Cataluña y que pasaría, con los ex presidentes de la Comunidad de Andalucía, del PSOE, que están acusados de corrupción que, de ser condenados, podrían restarle votos, en la siguiente elección, a los socialistas.