La coyuntura política estuvo marcada por los cambios en la Asamblea, en el gabinete y cumplimiento de lo decidido en la consulta popular. Estos muestran las alianzas del gobierno y el reparto del poder como consecuencia de éstas.
Se eligió a la nueva Presidente de la Asamblea, de AP, que como habíamos señalado en el artículo anterior, el gobierno pactó con la derecha, lo que implica acuerdos políticos. Este comenzó, con la renuncia de presidentes de 2 comisiones, del grupo correista, lo que anuncia la reestructuración del CAL y comisiones que reflejará dicho reparto. Además está en marcha echar abajo la reforma institucional del gobierno anterior. La nueva presidente anunció en su discurso reformas a la ley de comunicación que, parece ser parte del pacto, pero además el destituyó al Superintendente de Comunicaciones, con el cual inició su tarea el CPCCS. Pero también se derogó la ley de plusvalía, con el apoyo de AP, la derecha, BIN y algunos independientes. Como señalamos, el gobierno al no tener mayoría en la Asamblea, tiene que pactar con la derecha y otros grupos, lo que refleja el reparto del poder. Al parecer, el primer compromiso, con estos grupos, es la reforma de la ley de comunicaciones, pero se avecina otra serie de cambios y más reformas institucionales.
Al derogarse la ley de plusvalía, quedaría vigente la ley anterior. Recordemos que la norma derogada gravaba la ganancia extraordinaria por el aumento del precio del inmueble, aunque el Cootad ya tiene un impuesto a la plusvalía. Analice dicha ley, en un artículo del diario público de Junio/2016. En este pusimos un ejemplo “como se calcula el impuesto: una vivienda costó $125.000, se hicieron arreglos por $15.000, pagó contribuciones de mejoras por $3.000 y se vende a los 10 años en $300.000. Si la tasa de interés pasiva de un año es 7,52%, según la calculadora del SRI, la ganancia extraordinaria sería $56.345,43 menos $8.784 nos da una base imponible de $47.561,43, si le aplicamos el 75% el impuesto causado sería $35.671,07. Este tributo irá a las arcas de los GAD cuyo destino será alcantarillado y agua potable. El nuevo impuesto se pagaría en toda segunda venta de inmuebles, no solo en los casos que el gobierno realiza obras por las que aumenta la plusvalía en la zona. Afectaría a las inmobiliarias y corredoras de bienes raíces” Con la derogatoria, ya no habría ese impuesto y solo se pagaría el establecido en el Cootad. Pero se mantiene, la ley de herencia reformada, por el gobierno anterior, que establece que la base para el pago de impuesto a la herencia (individual) sería a partir de 480 SBU ($185.280).
Con el nombramiento de la nueva ministra de Finanzas, se anunciaría el nuevo plan económico. Habría que esperar las nuevas medidas a tomar por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal, contener el futuro desequilibrio comercial, el iliquidez fiscal, etc. y las reformas estructurales. ¿Se seguirá aplazando el ajuste? ¿Se iniciaran las reformas en el mercado de trabajo, sector externo, competitividad, etc.? ¿Se enfrentará el déficit de las empresas públicas y el desequilibrio actuarial del IESS? ¿Se detendrá el endeudamiento público?
Pensamiento y comportamiento 