Como habíamos señalado en el artículo anterior, sobre el tema del futuro inmediato del país, el gobierno envío, a la asamblea, el proyecto de ley para implementar la reforma al CPCCS, y el referido a la eliminación de la ley de plusvalía, pero sigue latente el tema político, el problema económico, el ajuste y las reformas estructurales.
Respecto al primer proyecto, se mantiene la propuesta inicial de cesar a los actuales consejeros del CPCCS y nombrar a uno interino, lo que implicaría designar a las nuevas autoridades de control. El proyecto señala las normas para elegir, por votación popular, a los nuevos consejeros, en las elecciones de 2019. Lo novedoso es que el CNE deberá determinar, mediante concurso público de méritos y oposición, los candidatos a consejero postulados por organizaciones sociales y ciudadanía. Esto es, se busca, principalmente, el respaldo de dichas organizaciones, a las que el gobierno ya se acercó.
El segundo aspecto que genera incertidumbre en la coyuntura es la política. En efecto, el gobierno declaró que no se aliaría con la derecha. Esto tendría dos implicaciones. Una que, para aprobar la reforma institucional, el gobierno tendría que negociar con la derecha los proyectos de ley necesarios. Dos que, para las elecciones seccionales de 2019, el ala morenista de AP lanzaría sus candidatos con el apoyo de Democracia Sí, ABA, movimiento Ecuatoriano Unido (presidido por el hermano del Presidente), PS, CONAIE, etc. y algunas organizaciones sociales (CUT, la nueva organización de maestros, etc.), que sería su base de apoyo político. Cada partido de derecha, lanzaría sus candidatos en las seccionales. Para el 2021, ante la no reelección del actual presidente, el candidato oficial saldría de algunos de esos nuevos partidos y movimientos. La derecha busca retomar el poder político en 2021 y, dada la división de AP, podría ser posible.
En cuanto al problema económico, siguen agravándose los desequilibrios macroeconómicos. Los principales son el déficit fiscal, la falta de liquidez fiscal, el déficit comercial, la deuda pública y el bajo ritmo de crecimiento. Si bien, el gobierno aspira a aumentar éste en base a la construcción (programa de vivienda estatal), el gasto público y consumo, sin embargo, los desequilibrios señalados pueden frenar el crecimiento y el empleo. Como hemos señalado, en artículos en el diario público, se requiere, frente a las restricciones del gasto público, incentivar la inversión privada, iniciándose con las alianzas público-privada, pero después el sector privado debería arriesgar su capital.
Sin embargo, para ello, sigue la interrogante sobre las reformas estructurales. A los empresarios les interesa la reforma laboral, la reforma del sector público (fiscal y privatización), competividad y reforma del sector externo (apertura comercial). Todas estas reformas implican incentivos a la inversión y oportunidades de negocios para el sector privado. Por ello, la disposición a invertir depende de la implementación de estas reformas, lo que implicaría que el crecimiento en el mediano plazo no aumentaría ya sea por el agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos, la débil inversión privada o la situación política.
Pensamiento y comportamiento 