Luis Rosero M.

El país atraviesa una compleja y crítica coyuntura en seguridad, lo social, economía, política e institucional. El régimen ha realizado avances en su gestión pero también ha habido retroceso en éstas, reflejando que los problemas nacionales que se agravan por su atención a destiempo, por otro, después de la derrota en la consulta popular y referéndum hubo un mensaje contundente  de la población al gobierno a lo que se suma un presidente ausente, por sus continuos y seguidos viajes al exterior, ahora busca recuperar su imagen y la baja percepción sobre la calidad de gestión gubernamental teniendo en mira las elecciones seccionales del próximo año.

La encuestadora Click Report, en su informe de enero de 2026, recogió la opinión de los ciudadanos de 4 provincias sobre los problemas del país, arrojando resultados que, en orden de importancia, son: 1. Inseguridad (30.6%), 2. Falta de empleo (26.5%), 3. Lucha contra la corrupción (13.7%), 4. Crisis Económica (12.5%) y 5. Acceso a la Salud (9.8%).

La inseguridad ciudadana se refleja en el índice de muertes violentas que, el año pasado, alcanzó 51 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, siendo uno de los más altos que el promedio mundial o regional. El 73.7% de los encuestados señalaron que se sienten pocos seguros en su barrio y el 32.1% nada seguro. Los datos muestran el alto grado de inseguridad que sienten los ciudadanos que cada vez más viven más atemorizados y con mucha incertidumbre sobre el riesgo de vida. El presidente, que estaba en un Foro Económico, en Panamá, regreso de urgencia. Se reunió con el bloque de seguridad y anunció un nuevo plan de seguridad que incluye la compra de equipo militar, modernizar el sistema de inteligencia y protección de la infraestructura. Además, se planificará la construcción de más prisiones, seguridad fronteriza y afectación de las finanzas de los grupos criminales. Se destacó que la UNASE operaría con autonomía para enfrentar la extorsión y el secuestro. Esta nueva política de seguridad se agrega a la militarización de ciertas ciudades. He comentado que, solo la mano dura, no estaba funcionando y, al parecer, la estrategia y labores de inteligencia estaban fallando en la anterior política de seguridad. Un cambio en éstas y otros componentes, entre ellos, los sociales eran necesario en esta política. Es un avance en cuanto a la política de seguridad, habría que ver los resultados.

En lo social, persiste la falta de medicamentos e insumos médicos, atención tardía y turnos otorgados a varios meses en los hospitales públicos incluidos el IESS, o sea la prestación de un mal servicio y, más aún, que debería ser excelente. En la encuesta de Click Report aparece como uno de los problemas críticos que afrontan los ciudadanos, sobre todo de empleados, trabajadores y personas de escasos recursos que sufren las consecuencias en su salud por el mal servicio.

En economía hay varios problemas, la guerra comercial con Colombia, el vaivén y el bajo nivel de actividad económica, el elevado nivel de la deuda externa, el déficit fiscal, las leyes urgentes que obligaría a los GAD a invertir el 70% en obra pública, la reforma a la ley de minería, etc. Respecto al primero, no tiene mucho sentido que el gobierno abra otro frente, cuando ya el país tiene que resolver otros problemas económicos. En este artículo, solo me referiré al segundo; los otros se tratarán en los siguientes artículos. El país tiene un problema respecto al sector externo ya que, al ser una economía pequeña, enfrenta shocks externos que inciden sobre el nivel de actividad económica y su crecimiento, más aún, cuando enfrenta presiones geopolíticas, en un contexto de avance de las corrientes autoritarias y que el gobierno busca imitar. Si bien, el mercado de trabajo ha mejorado en cuanto al empleo adecuado (36.8% a 12/2025), pero tuvo un subempleo de 18.2% y una informalidad que bordea el 50% y, en perspectiva de largo plazo, estamos muy lejos del 47.9% de empleo adecuado del 2013, año del segundo boom petrolero. Hay un problema estructural de generar suficiente empleo formal. En esta etapa de turbulencias en la economía mundial, el Banco Mundial recorto la previsión de crecimiento del país a solo 2% para 2026, lo que significa que se va generar menor nivel de empleo que el de 2026. Se estima que, en 2025, la economía creció en 3.5 – 3.7%, en consecuencia, el nivel de empleo adecuado caería muy por debajo de 36.8% en 2026. La economía creció, el año paso, por el mayor dinamismo de las exportaciones, consumo de hogares y remesas de los migrantes. Para dinamizar el mercado de trabajo el gobierno podría apuntalar la inversión pública e incentivar la privada para compensar la caída en el empleo adecuado en este año. Sin embargo, con la recompra de parte de la deuda externa y emisión de nuevos bonos soberanos, el gobierno acumuló recursos y ofreció pagar en efectivo la recompra, de manera que no hay margen de maniobra ni para salud ni para incentivar el empleo.

Como consecuencia del aumento de la inseguridad ciudadana, desatención a la salud y baja creación de empleo dos encuestas marcan la tendencia de la evaluación de la gestión del presidente. La encuesta de Click Report muestra una caída de la aprobación del mandatario. Así, entre octubre de 2025 a enero de 2026, el 54.4% aprobaba su gestión mientras que en enero, esta cae, a 46.9%. En tanto que, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, en su encuesta muestra que, en octubre de 2025, el 52% califico la gestión como muy mala/mala mientras que esta mala calificación, en enero de 2026, aumenta a 60%.

En consecuencia, el gobierno busca recuperar su popularidad mediante la otorgación de una serie de ofertas. Entre ellas están, 18 millones en créditos de Desarrollo Humano para capital semilla, el otorgamiento de 789 nombramientos a profesores de educación media; impulso al programa de vivienda gratuita para personas en situación de vulnerabilidad; continuación de los créditos agropecuarios  7 años x 7% de interés, a través de BanEcuador, para capital de trabajo y compra de maquinaria y equipos agrícolas Finalmente, se estableció el programa de crédito hipotecario para vivienda popular a una tasa de interés subsidiada de 2.99% con fondos del BIESS. Si bien, esto representa un gran avance en cuanto a adquirir una vivienda popular a bajo costo financiero, sin embargo, el subsidio financiero se le carga al BIESS que está en crisis.

En síntesis, con un nuevo plan de seguridad el gobierno espera reducir los índices de muertes violentas, extorsiones (vacunas) y secuestros. Esto es un avance en seguridad, esperemos los resultados. No hay muchas posibilidades de generar más empleo adecuado en 2026, en relación al del año anterior, debido a la caída de la tasa de crecimiento del 2%. La mala calidad de la gestión gubernamental, sobre todo en seguridad, salud y empleo, ha hecho caer aún más la popularidad del presidente después de su derrota en la consulta popular y referéndum del 26 de noviembre del año pasado, lo que ya daba indicio del descontento popular por la ineficiente gestión gubernamental del régimen. Para tratar de recuperar la popularidad del presidente el presidente nuevamente, como en las elecciones presidenciales y consulta popular, ofreció una serie de beneficios a la población entre los que destaca el crédito hipotecario a 2.99% para vivienda popular. El atender a destiempo los problemas del país, no resolver la crisis de salud, la falta de generación de empleo, el estar ausente del país, por sus continuos viajes al exterior, etc. ha pasado factura al régimen. Ahora ya se anunció un nuevo viaje del presidente del 1 al 5 de febrero, sin conocerse la agenda oficial. Necesitamos un estadista que enfrente los problemas del país con eficiencia y oportunamente.

Luis Rosero M.

El inicio de una guerra comercial por el mandatario ecuatoriano con Colombia va a traer consecuencias para ambos países, sobre todo al nuestro ¿Pero por qué esta decisión? ¿Cuál es la razón lógica? El problema es que el conflicto se alargue, lo que generaría el aumento del riesgo en algunas áreas económicas de Ecuador.

El mandatario ecuatoriano inició con Colombia una guerra comercial, aumentando los aranceles a productos colombianos en 30%, con una “tasa de seguridad” aduciendo que no realizaba lo suficiente para garantizar la seguridad de la frontera con nuestro país. La repuesta del gobierno colombiano fue inmediata suspendiendo las exportaciones de energía eléctrica y aplicando una tasa arancelaria, de la misma magnitud, a algunos productos ecuatorianos. Ecuador siguió con la ofensiva amenazando con aplicar una tasa más elevada al transporte del crudo colombiano a través del oleoducto ecuatoriano.

El arancel es un impuesto a los productos que se comercian internacionalmente. Su efecto principal es el aumento del precio de productos importados, que tiende a trasladarse al consumidor y, en esa medida, puede generar una disminución de las importaciones. Es un instrumento que se utiliza en el manejo de la política comercial, siendo de carácter económico. La corriente política autoritaria comenzó a utilizar este instrumento con fines no económicos. El mandatario ecuatoriano imitando esta medida la aplicó a Colombia. Pero en una guerra comercial pesa el tamaño de las economías de los países que entran en el conflicto.

¿Qué puede perder Ecuador? El país tiene problemas de abastecimiento de energía eléctrica y, como depende principalmente de la provisión de hidroeléctricas, tiene dificultades en los períodos de estiaje en los que debe recurrir a las fuentes alternativas de generación eléctrica como las termoeléctricas que utilizan gas natural, fuelóleo, etc. El país, en épocas de sequía, usa las plantas termoeléctricas fijas o barcazas que generan electricidad a un costo mayor que las hidroeléctricas. También se importaba energía de Colombia. Los equipos que  tenía previsto proveer Progen y Austral, iban a generar alrededor de 250 MW, pero por los problemas legales de estas empresas no fue posible. Y, la mayor hidroeléctrica del país Coca Codo Sinclair (CCS) tiene una capacidad instalada de 1500 MW. Este proyecto tiene problemas por las fisuras encontradas según el informe de la Contraloría del Estado. El gobierno estaba negociando con la empresa Sinohydro (china) la operación de la CCS. Pero esta empresa pone condiciones para hacerse cargo de la gestión exigiendo que el gobierno resista de los reclamos del proyecto, recibir formalmente la obra y liberar las garantías de Sinohydro. Por otro lado, si bien el embalse Amaluza que alimenta a la central hidroeléctrica Paute Molino (1100 MW potencia), el proyecto Sopladora y el complejo Mazar  (170 MW potencia) tienen una cota de almacenamiento cercana a la máxima, no es menos cierto que, por el cambio climático, las estaciones tienen irregularidades y, el país, depende crucialmente de las hidroeléctricas para producir energía eléctrica. El estiaje se presenta entre septiembre y marzo de cada año, donde hay falta de lluvias. En consecuencia, podría darse en ese período generación de menos energía eléctrica. El estiaje se localiza sobre todo en la zona del Austro. Es en esta zona donde se ubica la central Paute Molino (la segunda  hidroeléctrica del país) y Mazar. Por lo tanto, al suspenderse las exportaciones de energía eléctrica de Colombia no habría como compensar de inmediato una caída de la generación eléctrica en el país. Según el ministro de Minas y Energía de Colombia, le exporta a Ecuador 8 GW día de energía eléctrica  que representa entre 8 y 10 de la energía que consume.

Ecuador transporta a Colombia su petróleo por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), desde hace 12 años, pero esto representa, según Bloomberg, sólo el 1% del petróleo diario que produce el vecino país. La ministra de Ambiente y Energía amenazó con aumentar la tarifa de transporte del petróleo colombiano por el OCP, como represalia de la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica realizada por Colombia, estableciéndose así aranceles recíprocos.

En síntesis, Ecuador, dada la información obtenida hasta el momento, tiene más que perder al iniciar una guerra comercial con Colombia. Sobre todo, por los estiajes que tiene el país todos los años y las exportaciones de energía desde el país vecino ayudan a compensar parcialmente el déficit de oferta eléctrica que se presenta en esos periodos de falta de lluvia. Además, si estos se presentan el gobierno estaría presionado por la contratación de la operación de CCS con Sinohydro aceptado los riesgos que conlleva. Aún más, el transporte del petróleo colombiano a través del OCP ecuatoriano no es significativo. Se puede plantear como hipótesis que ¿la decisión obedece a razones ideológicas o políticas? Si bien, se abrió una puerta al diálogo, el presidente ecuatoriano condicionó a que se de un control real de las rutas del narcotráfico. No se conoce si esta decisión es tomada por el gobierno o hay intereses geopolíticos en juego. Justo esta guerra comercial es iniciada, una semana antes, del anuncio del gobierno de un nuevo plan de seguridad que contempla la compra de 180 millones en equipos a fin de enfrentar el crimen organizado. Precisamente, el principal problema que tiene atormentado a los ecuatorianos es la inseguridad ciudadana, que ya le esta pasando factura al régimen.

Luis Rosero M.

En los dos últimos artículos advertimos sobre los desafíos del gobierno ante la gravedad de la múltiple crisis del país y señalábamos la necesidad de atención prioritaria ante el aumento de la inseguridad ciudadana, la crisis económica, la crisis institucional y la crisis social (principalmente la salud pública), etc. Más aún, ante la ausencia del presidente, por sus continuos viajes al exterior, no habido posibilidad de actuar a tiempo y dar directrices inmediatas para enfrentarlas. En este artículo, trataré sobre la primera y parcialmente la segunda.

En cuanto a la inseguridad ciudadana, bastan pocos datos, para mostrar la gravedad de la situación. El año 2025 fue el año más violento del país. Esta tendencia siguió en 2026. Así, en los primeros 6 días de Enero, de este año, se registraron 45 muertes violentas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y en Los Ríos 26. Así, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, en lo que va del año siguen siendo las provincias con más asesinatos violentos. El presidente tuvo que regresar el 16 de enero, dos días antes de sus vacaciones, para venir a enfrentar la situación. Tuvo que reunirse de urgencia con el Bloque de Seguridad disponiendo que el Alto Mando Militar se traslade indefinidamente a Guayas y el envío de 8000 militares, de los cuales 5000 serían asignados a Guayas, 2000 a Manabí y 1000 en Los Ríos. En otras palabras, se estaría procediendo a la militarización de ciertas ciudades de esas provincias. O sea, continua la política de mano dura que, según los expertos, por sí sola no es suficiente para enfrentar al crimen organizado sino se integran otros elementos. Además, por decreto, se autoriza para que los ministerios de Defensa y del Interior, en emergencia, puedan comprar bienes para la defensa, protección interna y mantenimiento del orden. Como ya he señalado, el aumento de la inseguridad ciudadana, afecta al bienestar de la población, su patrón de movilidad y a las pymes y emprendedores que sufren por las extorsiones y secuestros.

En cuanto a la crisis económica, señalamos que hay dos problemas que urge atender: la deuda pública y el crecimiento. En artículos anteriores, señale que el país ha caído en la trampa de la deuda que implica déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. Sobre todo, es preocupante el aumento de la deuda externa, que representa ya las tres cuartas partes de la deuda pública. Al respecto, el ministerio de Finanzas anunció la emisión de bonos y recompra de la deuda externa, sobre todo los de vencimiento en 2030 y 2025. Los pagos de capital de la deuda externa, llegarán a 4066, 4375 y 4307 millones en 2026, 2027 y 2028 respectivamente. Ahora, se explica porque el Banco Central acumulaba RMI, el gobierno se endeudaba más con organismos multilaterales (en noviembre del año pasado se anunció créditos por 2100 millones y en diciembre recibió 630 y 500 millones del FMI y FLAR respectivamente) y no se atendía otros gastos (ej. para la salud pública, deuda con proveedores) porque estaba acumulando recursos para recompra de parte de la deuda externa y emitir bonos para cambiar el perfil de vencimiento de ésta y aliviar las presiones de liquidez externa de la caja fiscal.

Finalmente, el Banco Mundial anunció una baja en la previsión de crecimiento del país a solo 2% en 2026. Según este organismo, el Ecuador enfrentará la desaceleración del comercio global, persistencia de tensiones geopolíticas y moderación del precio de las materias primas. En consecuencia, el país tendrá una de las más bajas tasas de crecimiento de la región. Por ser una pequeña economía abierta, el país enfrenta continuos shocks externos, como los señalados, que afectan su economía y provoca vaivenes en su ritmo de crecimiento. En efecto, en 2025 el país crecería 3.5% y caería a 2% en este año, lo tendrá un impacto sobre el mercado de trabajo y bienestar de la población.

En síntesis, el gobierno dada la gravedad de la crisis de seguridad tuvo que actuar rápido, aunque tardíamente, para frenar la violencia, pero fue el nivel crítico a la que llegó que obligó a tomar decisiones urgentes. Esperemos que tenga la militarización, de algunas provincias de la costa, un efecto para reducir las muertes violentas, así como las extorsiones y los secuestros. Como ya señalé,  el problema de la deuda externa se veía venir y, para evitar una renegociación de la misma, el gobierno se vio en el imperativo de la recompra parcial de la deuda externa y emisión de nuevos bonos pero en mejores condiciones financieras dada la caída del riesgo país. Finalmente, la previsión de un menor crecimiento renueva los vaivenes de la evolución económica del país, que provocaría generación de menos empleo formal, aumento del desempleo y mayor crecimiento del sector informal afectando las condiciones de vida de la población en este año. Por ello, en este año, el gobierno debe tomar acciones para impulsar el nivel de actividad económica a fin de contrarrestar los efectos del menor crecimiento. No conocemos hasta el momento algún plan gubernamental en esa dirección.

Luis Rosero M.

En el primer artículo, de esta temática, tratamos la crisis en seguridad, institucional y social (salud). Ahora analizaré dos problemas de la crisis económica. Hasta el momento no se conoce el plan gubernamental para enfrentar la crisis múltiple y ésta se agrava. Por ejemplo, la masacres ocurridas en la isla Mocoli (Samborondón), en Machala y en Puerto López muestran que la violencia continúa al alza, por ello se requiere un plan integral para atacar, en cada una de sus áreas, la crisis múltiple.

En lo económico, son varios los problemas. Entre ellos el crecimiento económico, la sostenibilidad de la deuda pública, principalmente, la externa, el déficit fiscal, los desequilibrios en el mercado de trabajo, desequilibrio en la balanza de pagos, etc. En términos del comportamiento de la economía, esta limitado por la volatibilidad del crecimiento, o sea no hay una tendencia una tasa de crecimiento sostenida. Esta se ve afectada por los shocks externos que enfrenta continuamente el país y, por tener una economía pequeña y abierta que es influida por las variaciones de la economía global. En 2024 hubo una contracción de 2% y, en el promedio de los primeros tres trimestres, es de 3.3% lo que proyectaría con el cuarto trimestre una tasa de crecimiento de alrededor de 3.5 – 4% para 2025, lo que implicaría una recuperación respecto de 2024 de sólo 2%. Para 2026, el Banco Central estima una tasa de crecimiento de sólo 1.8% y el Banco Mundial de 2025. La estructura del crecimiento del país ha cambiado. Hemos dejado de ser una economía petrolera y continuar siendo una economía primario exportadora. En esta medida, dependemos del mercado mundial, principalmente de las exportaciones de camarón, banano, cacao y otros. Esta variable es un factor clave en el crecimiento pero la poca diversificación de éstas es un limitante. El segundo factor clave son las remesas de migrantes, que ahora van a ser afectadas por el impuesto del 1% establecido por EE. UU. El tercer factor clave es el consumo interno, la inversión extranjera es exigua y la pública, por el déficit fiscal, es casi inexistente. En consecuencia, el crecimiento de 2026 dependerá del comportamiento de las tres variables. La consecuencia, de la inestabilidad del crecimiento, impacta en el mercado de trabajo que, en su segmento formal, solo alcanzó el 37% de la PEA en noviembre de 2025, mientras que el subempleo llegó al 20% y la informalidad es alrededor del 50%. En otras palabras, dada la tendencia inestable del crecimiento la economía no es capaz de generar suficiente empleo formal por lo que el excedente laboral se refugia en el subempleo o sector informal. Hay un problema estructural de calidad de empleo.

El segundo problema económico crítico en 2026 será la sostenibilidad de la deuda pública, principalmente la externa. En total, deberá cubrirse más de 10000 millones de dólares en la amortización de la deuda (capital más intereses) y por los atrasos. La tendencia en los tres últimos gobiernos, incluidos, el actual es contratar deuda para pagar deuda, sobre todo externa. A fines de noviembre del año pasado el Banco Mundial y el BID aprobaron créditos por 2100 millones de dólares, en diciembre el gobierno recibió 630 millones del FMI y 500 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas. En 2026, se tiene previsto la emisión de 3000 millones de dólares y colocación en el mercado financiero internacional. Lo que se prevé es que el gobierno esta acumulando recursos para hacer frente al pago de la deuda pública, sobre todo externa. Pero se trata de política de contratar deuda para pagar deuda externa. El país se encuentra en un ciclo perverso de la deuda. Si la deuda externa se utilizara principalmente para inversiones incentivaría el crecimiento económico pero, en la medida que se utilice para pagar deuda o gasto corriente, no habría capacidad de repago de ésta y, en consecuencia, ahondaría la trampa de la deuda y, a la vez, restringe el crecimiento económico, lo que a su vez limita la generación de empleo y de bienestar social. 

En síntesis, las dos principales tendencias económicas que debe resolver el gobierno en 2026 es alentar el crecimiento y pagar el servicio de la deuda, principalmente externa. Sin embargo, el crecimiento no se puede incentivar con inversión pública por el déficit fiscal por lo que recurre a deuda externa que se va acumulando y el servicio de esta deuda crece cayendo en la trampa de la deuda que implica déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. En consecuencia, es prioritario en 2026, alcanzar la sostenibilidad de la deuda pública principalmente externa.

De que vale que el riesgo país haya bajado si no hay seguridad ciudadana, crisis en salud y no hay suficiente empleo formal para absorber a la población desocupada. El temor por la inseguridad, la falta de medicamentos y buena atención en los hospitales públicos y la escasez de empleo impacta en el bienestar social, por lo que debe ser uno de los principales temas de atención para mejor el nivel de vida de la población.

Luis Rosero M.

El país esta inmerso en una crisis múltiple: en seguridad, social, económica, institucional, etc. Las tres primeras afectan directamente a la población lo que requiere enfrentarlas con urgencia para frenar la perdida de bienestar social, sobre todo de los grupos más vulnerables, que a su vez requiere un plan con políticas objetivos y acciones específicas en cada una de esas áreas. Los retos del gobierno son establecer una hoja de ruta, o sea un plan de acción para cambiar el rumbo del país.

El año 2025 se convirtió en el año mas violento de la historia al superar los 10.000 crímenes producto de la violencia generada por el crimen organizado que incluye la acción de los cárteles, bandas y delincuencia. La política de seguridad del gobierno se basa en estados de excepción, operativos de las fuerzas del orden, capturas de cabecillas de bandas y ataques a la minería ilegal. Sin embargo, las estadísticas de homicidios, extorsiones (vacunas) y secuestros siguen aumentando por lo que los expertos cuestionan la efectividad de solo aplicar la mano dura contra el crimen organizado siendo necesario revisar a profundidad la estrategia, táctica y labores de inteligencia que aplican dichas fuerzas. La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal fuente de amenaza, temor y zozobra que viven los habitantes del país que ha provocado migración al exterior y desplazamientos en el área urbana y rural, cambios de los patrones de movilización, etc. Pero, además, la actividad económica de medianas, pequeñas y emprendedores se ha restringido por el temor de la acción de la delincuencia organizada. Por lo que el reto mas importante del régimen en 2026 es devolverle la paz social a la población que vive atemorizada pues no se esta seguro en ningún del país.

Ligado a lo anterior esta la crisis institucional. Entre ellas, la de la crisis de la justicia. Los problemas del Consejo de la Judicatura (CNJ) ha llegado a tal punto que, su actual presidente, ha sido cuestionado y acusado por las presiones que habría ejecutado indirectamente en las decisiones judiciales de los jueces. Es necesario, una depuración total en sistema de justicia del país y, como ha sostenido, Roberto Gómez Mera, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia: hay una crisis en el sistema de justicia que se expresa en la perdida de la confianza, confiabilidad y  seguridad jurídica. Según el, hay que devolverle a la Corte Nacional la facultad de nombrar y sancionar los jueces. El CNJ, de 5 personas, tiene el control del poder judicial, insiste que hay que devolverle la independencia a la función judicial, eliminar la influencia de la política en ésta y darle todo el poder judicial a la Corte Nacional de Justicia (entre ellas el nombramiento, control y sanción a los jueces) a través de una enmienda constitucional. O sea, una reforma judicial profunda para sanearla de las presiones de otros poderes y de las amenazas del crimen organizado. Este es otro desafío del gobierno, de contribuir a darle independencia para que tengamos una justicia honesta y justa.

Finalmente, otro aspecto fundamental que debe ser atendido con prioridad es la crisis social. Y de ésta es la crisis en la salud pública. Ya se lleva mas de un año los problemas de desabastecimiento de medicinas e insumos, atención tardía a los pacientes y falta de equipos en funcionamiento para imágenes y otros requerimientos vitales para la salud. La vicepresidenta ha prometido que podría comenzar el abastecimiento en tres meses pero eso es solo una parte del problema como ha señalado un doctor que escribió en las cartas del director de El Universo: “Los principales objetivos deben ser los siguientes: atención primaria como eje principal, distribución de consultas, aseguramiento universal, concesión hospitalaria, autosuficiencia hospitalaria, etc.“

En resumen, los tres principales desafíos que debe enfrentar el gobierno es devolver la seguridad ciudadana y ligada a ésta la reforma judicial independiente así como resolver la crisis de salud para al menos atender una necesidad urgente de la población. Y para eso no hay que exponer la excusa del déficit fiscal, hay gastos que son fundamentales para garantizar un buen funcionamiento del tejido social.

Luis Rosero M.

a tomar decisiones para enfrentar varias disyuntivas. Como he señalado, en artículos anteriores, la nación tiene varios desequilibrios macroeconómicos y tendencias que limitan su crecimiento, el área social esta en crisis así como la seguridad ciudadana, existe una crisis institucional, las organizaciones políticas están en descredito, tal es es así que hay perdida de representatividad, la gestión pública no es eficaz y no se atiende suficientemente las demandas ciudadanas.

En lo económico, subrayo un factor que afecta al crecimiento. Una es la tendencia del déficit fiscal que para poder cubrirlo se acude a la deuda pública. Los últimos tres gobiernos, incluido el actual, persisten en incrementar este tipo de deuda. La proyección de la deuda total, a fin de 2025, es alrededor de 90.000 millones (67% del PIB). El país ha caído en la trampa de la deuda que implica que para cubrir su amortización se recurre a reformas tributarias (más impuestos), si estas no son suficientes se busca el endeudamiento público y, si, se persiste en este, se cae en el riesgo de la sostenibilidad de la deuda y, si no hay suficientes recursos para cubrirla se capta más deuda para pagar deuda, hasta que llega un momento en que no hay opción y se llega a una renegociación de la deuda principalmente externa. Esta última ya representa las dos terceras partes de la deuda total. En 2026 el país tiene amortizaciones de deuda alrededor de 10000 millones de dólares, para lo cual requiere obtener recursos frescos para hacer frente a estas. La Hora reportó, a fines de noviembre de 2025, que el Banco Mundial y el BID aprobaron créditos para el país de 2100 millones de dólares, lo que vuelve a aumentar la deuda externa con los organismos multilaterales y, además, el gobierno tiene previsto la emisión de bonos soberanos por 3000 millones para colocarlos en los mercados financieros internacionales. Si la deuda externa se utilizara principalmente para inversiones incentivaría el crecimiento económico pero, en la medida que se utilice para pagar deuda o gasto corriente, no habría capacidad de repago de ésta y, en consecuencia, ahondaría la trampa de la deuda y, a la vez, restringe el crecimiento económico, lo que a su vez limita la generación de empleo y de bienestar social. En consecuencia, la encrucijada es qué si el país tiene que pagar la amortización de la deuda externa quedan menos recursos para otros rubros en el presupuesto del estado, lo que define ya una disyuntiva y define cual es la prioridad en la política económica.

La repuesta de cual es prioridad ya la expresó la vicepresidenta. Declaró respecto a la crisis en la salud pública “Ya sabemos que hacer pero el presupuesto es limitado” (Expreso). Además, menciono que el problema no es solo desabastecimiento de medicinas, hay otros problemas como la sobrepoblación de médicos y la precaria infraestructura de los establecimientos de salud. En las cartas al director de El Universo, un doctor señala “no basta con repartir medicinas, o crear un nuevo call center: eso es no dar salud….Los principales objetivos deben ser los siguientes: atención primaria como eje principal, distribución de consultas, aseguramiento universal, concesión hospitalaria, autosuficiencia hospitalaria, etc.“ Por otro lado, el gobierno con un decreto estableció que los gastos de salud se financiarían con ingresos no permanentes. Lo habitual ha sido financiarlos con ingresos permanentes (impuestos). Al hacerlo con ingresos no permanentes se corre el riesgo de no obtener los recursos para cubrir los gastos de salud. Más aun, el otro mecanismo perjudicial para este sector es la subejecución del presupuesto de salud lo que limita la atención a los usuarios de la salud pública incluyendo al IESS. En consecuencia, es claro cual es la prioridad del régimen en el presupuesto del estado de 2026 y la disyuntiva es el pago deuda pública vs. financiamiento de los gastos de salud.

En consecuencia, hay en la medida que se priorice el pago de la deuda pública hay menos recursos para la salud, inversión pública y otros sectores. En el Presupuesto del Estado 2026, el régimen estableció que la prioridad es la deuda pública y la seguridad. Siguiendo la tradición de fin del año, al quemar el monigote la cábala se basa en que se terminarían los problemas y dificultades, en este caso del país. Sin embargo, la proyección de crecimiento para 2026 por el FMI señala apena una tasa de 2%. Espero que haya rectificaciones y se tome un nuevo rumbo en la política económica para atender las demandas de la población, pues de lo contrario la crisis social puede explotar.

Luis Rosero M.

Los estudios e investigaciones sobre el crimen organizado avanzan en América Latina relacionadas al aumento de la violencia. Este genera una compleja estructura de economía criminal, que refleja las distintas actividades ilícitas que realizan. Tal es el poder de estas organizaciones que ya los analistas señalan como hipótesis que los países puede verse afectados por estas actividades a tal punto que su democracia puede ser desbordada o estallada. Algunos países de Sudamérica, nuestro país y sus vecinos fronterizos con Ecuador se enfrentan con este desafío que afecta a la sociedad, al estado, su economía, la población y lo social.

Aplicando la microeconomía, Juan P. Luna, en su artículo “Democracias estalladas o el desborde del crimen organizado” (N. Sociedad) señala que la economía criminal podría establecer una integración horizontal (varios negocios) y la integración vertical (control de las distintas etapas de un negocio). En otras palabras, diseñan un plan de negocios con una estrategia de corto, mediano y largo plazo para sus distintos negocios ilícitos y, a la vez, un “tipo de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y actores políticos en cada país.”

Según la tesis de este autor, en el caso del país, se desprende que los cárteles diversifican sus operaciones participando en la minería ilegal, extorsiones (vacuna), secuestros, lavado de activos, permeación de instituciones públicas para hacerse cargo de algunos servicios o provisión de insumos (medicamentos, documentos de tránsito), etc. Para sus actividades, los carteles se vinculan con bandas. La disputa del control territorial entre estos se genera violencia que no solo se refleja en las calles sino también en las cárceles. Para desarrollar y proteger sus actividades también se coopta a las instituciones públicas, que incluye la justicia, y organizaciones políticas. Estas actividades ilícitas requieren de gente para que trabaje en etas y, en esa medida, suple lo que el mercado de trabajo formal no puede ofrecer, con lo que crecen los mercados informales e ilegales. O sea, que la economía no es capaz de ofrecer empleo suficiente y, por ello, frente a la falta de trabajo algunos se emplean en estos dos mercados.

Por ello, las cifras de violencia muestran que Ecuador se ha convertido, en 2025, en el quinto país más violento del mundo según el Índice Global del Crimen Organizado.  El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado de la PADF registra que, en el primer semestre de 2025, los homicidios se incrementaron en 47% respecto al mismo periodo de 2024, La provincia del Guayas concentró el 49.5% de los homicidios, seguida por Los Ríos (13%), Manabí (12.3%), El Oro (6.9%) y Esmeraldas (4.1%). La swissinfo.ch reporta que si sigue esta tendencia el país terminaría el 2025 con un índice de homicidios de 52 por cada 100.000 habitantes el más alto de su historia y de Latinoamérica. Por otro lado, Primicias informa que el Juez Anticorrupción Carlos Serrano renunció a su cargo por amenazas y presiones para que declare inocente a un procesado por lavado de activos. Se le retiró al juez la seguridad policial. Carlos Rabascall, ex candidato presidencial, declaró que Serrano recibió presiones del Consejo de la Judicatura (CJ) y amenazas del crimen organizado. El presidente del CJ declaró que la seguridad no es competencia de su institución. Como antecedente esta el caso de Wilman Terán, ex presidente de la CJ, que fue condenado por corrupción por delincuencia organizada. Además, en base al autor del artículo se puede entender que las continuas masacres en las cárceles y las inspecciones en que se encuentran armas, celulares y otros artículos explicarían las dificultades que enfrentan las autoridades para administrar los presidios.

Como consecuencia del combate al crimen organizado los gastos en seguridad crecen. La proforma presupuestaria de 2026 muestra que el presupuesto del Gabinete Sectorial de Seguridad aumentó a 4000 millones de dólares de los cuales 1846 corresponden al Ministerio de Defensa y 1593 a la Policía Nacional que son las instituciones a cargo de aplicar la política de seguridad del país. En tanto que la deuda pública externa, que financia el presupuesto de 2026, aumentaría en 125.3% de los cuales 3000 millones están programados para la emisión de bonos soberanos. La amortización de la Deuda Pública total sería de 8351 millones. Como ya he señalado en otros artículos, se ha generado el círculo vicioso déficit fiscal – reforma tributaria – renegociación de la deuda. El déficit fiscal para 2026 sería 5413 millones y en el año anterior 5625 millones. En los últimos años se registran déficits fiscales que se van acumulando pero que requieren ser cubiertos, por lo que el régimen opta por atrasos a proveedores y subejecución presupuestaria. Como consecuencia de los altos gastos en seguridad y pago de la amortización de la deuda pública quedan menos recursos para otros sectores, siendo afectados los de salud y educación. En el caso del primero, es desesperante para la población la crisis de salud, que se expresa en falta de medicamentos, insumos médicos y mala atención en los hospitales públicos y en el IESS.

En conclusión, como muestran los indicadores de violencia, el estado no puede brindar seguridad ciudadana a pesar de los operativos, estados de excepción y captura de cabecillas de algunas bandas. La población tiene temor de salir a las calles por la constante inseguridad, a más de que hay ciudades en las que el crimen organizado tiene bastante control territorial (ej. Durán). Pero, además, las autoridades no pueden controlar las cárceles. Así mismo, tampoco se puede brindar atención adecuada en salud pública afectando el bienestar de la población. Por otro lado, el gobierno, con la política económica que sigue, no puede generar suficiente empleo o sea no hay oportunidades por lo que los desempleados y subempleados quedan atrapados y sin salida, refugiándose en los mercados informales y delictivos donde acuden las organizaciones criminales para disponer del personal que realice las acciones ilegales. Adicionalmente, el crimen organizado ha cooptado el sistema de justicia y no puede garantizar un sistema judicial, independiente de las presiones y sin corrupción. Además, con la existencia del círculo vicioso señalado estaremos avocados a una probable renegociación de la deuda externa, lo que implicaría una nueva reforma tributaria que podría incluir un aumento de tasas impositivas restándole capacidad de compra a la clase media y pobre. En la medida en que el estado no puede brindar seguridad, ni suficiente empleo, ni buena atención de salud pública, ni justicia independiente, ni reformas tributarias que no afecten a los más desfavorecidos de la sociedad estaríamos ante un desbordamiento de la democracia, según la tesis e hipótesis de Luna, en la medida en que el crimen organizado se apodera de funciones e instituciones del estado para sus negocios o usarlas para protegerse,  que lleva al estado a no poder garantizar ciertos derechos y servicios a la población. A pesar de la crítica situación del país, el ejecutivo esta ausente por sus viajes al exterior lo que limita la atención de los problemas señalados. Urge enfrentarlos eficazmente con una estrategia y dar respuesta inmediata, ya que el crimen organizado avanza en sus actividades ilegales. La demora en atención a estos provoca descontento de la población y desgaste político que pasará factura al régimen.

Luis Rosero M.

Los gobiernos en el poder sufren desgaste político por su gestión, pero además también son afectados por la desconexión entre el poder político (gobierno, asamblea -congreso-, instituciones y otras instancias de poder) y las necesidades de la población. No solo se deteriora el partido político sino además el sistema democrático generando el hartazgo y desconfianza de la población en los partidos políticos que tienden a debilitarse, entrar en crisis y recorrer el camino a la desaparición. La falta de eficacia en la gestión,  puede conducir a la toma del poder por la ultraderecha. Al parecer, se estaría dando este fenómeno en el país.

La derrota del gobierno en el referéndum y consulta popular se dio en parte por su ineficaz gestión en ciertas áreas como seguridad y sector social; además por la concentración del poder, la judicialización de la política, el autoritarismo y opacidad. El mensaje que envío la población, en el evento electoral, fue que esta harto de la violencia, exige seguridad ciudadana y que se atienda sus derechos sociales En pocas palabras, una gestión pública eficaz, buenos servicios públicos y cambio de rumbo en la conducción del país.

Sin embargo, la repuesta del régimen fue un cambio de gabinete con enroque y reciclaje y la ausencia del presidente por 24 días por sus viajes al exterior y vacaciones que nos traslada al 2026 para reiniciar su gestión. El descontento popular se genera por el incremento de la violencia (2025 ya es el año más violento de la historia del país y según ACLED se ubica como el sexto país más peligroso del mundo después de escalar 36 posiciones en este año) que ha llevado a una migración interna, cambios en los patrones de movilización y migración externa. Además, la falta de atención en el sector social. Basta citar la crisis de salud que se expresa en la falta de medicamentos, insumos médicos y atención tardía en los hospitales públicos y del IESS. Si bien se surtió algunos de este último, no fue suficiente. Y la oferta de un programa de citas médicas, que iba a ser contratado con la empresa estadounidense HealthBird, fue cuestionado por la falta de experiencia y opacidad. A eso, se suma los problemas con la empresa Progen y ATM que no entregaron equipos en los proyectos eléctricos de las centrales térmicas de Salitral y Quevedo así como a la central Esmeraldas III a pesar de que hubo entrega de recursos por parte del gobierno a la empresa Austral por 71 millones. Los aspectos contractuales con estas empresas fueron cubiertas por un manto de opacidad.

La prensa ha divulgado el malestar de la ciudadanía por esta problemática. Así, José Alvear, columnista de La Hora, en su artículo “Mientras ellos pelean, el país se detiene” expresa: “Ecuador vive una paradoja peligrosa: mientras la ciudadanía clama por seguridad, empleo y servicios que funciones -el Presidente de la República y el Alcalde de Quito- han convertido sus diferencias y en un espectáculo político que consume tiempo, energía y gobernabilidad.” El conflicto también es con otros alcaldes, que más bien es un mecanismo de distracción que aplica el régimen. Y, a nivel internacional, El País, titulaba “La crisis de salud en Ecuador toca fondo con cadáveres entregados en cajas de cartón y un sistema al borde del colapso.”

En suma, el país enfrenta tres problemas críticos: un clima de inseguridad constante, una crisis de salud que explota y opacidad en la contratación de equipos para empresas eléctricas. No hay eficacia en la gestión con la estrategia de seguridad de mano dura, los afiliados al IESS y los pacientes de hospitales públicas no reciben medicamentos ni buena atención y, para agravar la situación, no hay empleo suficiente y se han entregado dinero a empresas que proveen equipos eléctricos con pérdidas para el estado. Hasta cuando no se atiende esta problemática. Al parecer, el gobierno tiene otras prioridades. Esta falta de atención a las necesidades de la población lleva a la inconformidad y hartazgo de la población que se expresó en el resultado electoral reciente y si no se atiende sus requerimientos básicos dejará un alto costo político al régimen que se reflejaran en los siguientes eventos electorales.

La crisis de representación no solo es del gobierno y su partido sino también de la oposición. La tendencia al bipartidismo determina que la segunda fuerza política es RC5 (progresismo) que enfrenta una crisis de liderazgo y en la cúpula, que se expresa en la verticalidad de las decisiones y en el resquebrajamiento de su estructura con la renuncia o malestar de sus principales figuras. Esta organización corre el riesgo de que tenga un camino similar al MAS de Bolivia. Es hora ya de una reestructuración y un liderazgo renovado para una dirección más democrática y decisiones colectivas. Esto urge para que pueda convertirse en una oposición seria y que defienda los verdaderos intereses del país.

El gobierno debe atender los tres problemas críticos, sino que además se requiere conocer la hoja de ruta que debe seguir el país para enfrentar no solo los problemas coyunturales sino los estructurales El país necesita un acuerdo nacional, cuya iniciativa debe provenir del régimen y la oposición colaborar para una agenda país. Necesitamos un estadista que enfrente los problemas a tiempo y ejecute un proyecto país para que lo enrumbe por el camino del desarrollo, redistribución del ingreso y justicia social. O sea, un presidente que este a la altura de las circunstancias.

La múltiple crisis del país exige una agenda nacional para enfrentar la difícil situación del país y una decisión política de todas las organizaciones políticas que anteponga los intereses del país a la de sus intereses políticos y de sus líderes. El riesgo que corren es que por la ineficacia gubernamental y una oposición furiosa sigan enfrascados en un conflicto estéril que de paso a que la ultraderecha convenza a la población de la mano fuerte para lograr seguridad ciudadana y arreglar los otros problemas del país. Así sucedió con Brasil, cuya deriva golpista fracasó, y, ahora, el salto al vacío en Chile.

La Asamblea aprobó el presupuesto general del estado de 2026 sin que, al parecer, se haya publicado. En este artículo, analizo solo los aspectos generales, dos principales desequilibrios y tendencias macroeconómicas que se desprenden de éste.

Lo que primero destaca es el aumento del déficit fiscal. En 2025 fue de 4.4% del PIB (5625 millones),  mientras que el de 2026 alcanza un monto cercano en términos absolutos (5413 millones), aunque menor en términos relativos. Lo preocupante es la estructura de dicho déficit. Así, el déficit entre ingresos y gastos permanentes es 1802 millones mientras que el déficit entre ingresos y gastos no permanentes es de 3611 millones, pero lo crítico es que el gobierno incluyó para pagar a salud, educación y justicia con ingresos no permanentes (deuda pública, venta de activos u otros) según los establecido en decreto # 191, lo cual cambia una regla fiscal fundamental: los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. En consecuencia, si no hay financiamiento a través de los instrumentos señalados corren el riesgo de no ejecutarse. Ya, en la página web del ministerio de Finanzas, se invita a los GAD a participar en la cancelación de obligaciones no pagadas y registradas de presupuestos clausurados con bonos. Es más, estos títulos deben venderlos los GAD en el mercado de valores en el que tienen un descuento. Otro mecanismo que utiliza el régimen, dada la iliquidez de la caja fiscal, es el atraso a proveedores u otros en los que se incluyen los que prestan servicios de salud  y otros (dializadoras, centros médicos, proveedores de insumos médicos, devolución del IVA a jubilados, constructores, etc.).  Aumenta el riesgo de que la crisis de salud pública continué con la falta de medicamentos y atenciones tardías a los pacientes. Por otro lado, nuevamente el país enfrentará, otro año más, un déficit fiscal, lo cual requiere financiamiento que, a su vez, lleva a un aumento de la deuda interna y externa.

En el presupuesto de 2026, se asigna 10512 millones para cubrir la deuda pública, de la que 8351 millones corresponden a amortizaciones y, con la escasa información que se dispone, la diferencia podría ser de intereses. En la proforma de ese año, se establecían como amortización 8350 millones y de interese 4037 millones. Esta pesada carga en el presupuesto, va creciendo cada año por la tendencia a financiar cada vez más el presupuesto con deuda. Según el Boletín de Deuda Pública de septiembre de 2025, del Ministerio de Finanzas, la deuda pública era de 62545 millones de los cuales el 65.8% corresponde a deuda externa. El gobierno sigue aumentando el endeudamiento con el exterior y ya ha señalado que 2026 lanzaría al mercado internacional bonos de deuda por 3000 millones. Como he señalado el país ha caído en un circulo vicioso:  déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. Más aún, ahora se contrae deuda para pagar deuda. Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial, ha señalado respecto a la deuda de los países en desarrollo -de ingresos bajo y medios- “Su acumulación de deuda continúa, a veces de formas nuevas y perjudiciales. Los responsables de formular políticas de todo el mundo deberían aprovechar al máximo el margen de maniobra que existe hoy para poner sus finanzas públicas en orden, en lugar de volver de prisa a los mercados de deuda externa”. En el informe “Ecuador, panorama reciente de la deuda”, elaborado por Latindadd y el Centro de Derechos Económicos y Sociales, se señala que el saldo de la deuda, a julio de 2025, es de 84000 millones equivalentes al 65% del PIB. Plantea que el país ha terminado en una espiral de conseguir financiamiento para pagar sus obligaciones. Recomienda que el país realice una nueva auditoria de la deuda y se una con varios países para renegociar en conjunto con sus acreedores. 

Otro aspecto relevante, en el presupuesto de 2026, es la asignación de 1764 millones para inversión pública y un plan de inversiones que solo llegaría a 2181 millones. O sea, el incentivo al crecimiento no provendría de estos rubros. Se apunta más a las exportaciones y consumo de hogares, pero además a las remesas de los migrantes que, en 2025, se proyectan en 7000 millones.

En síntesis, en el presupuesto de 2026 se refleja el déficit fiscal permanente y tendencia a pagar deuda contratando más deuda. Más aún, no se asignan recursos suficientes para salud, como para proveer medicamentos e insumos médicos a los hospitales públicos y, por otro lado, se reducen en 181 millones para seguridad. Se supone que la salud pública y la seguridad son prioritarios en la crisis de salud y en el combate al crimen organizado para reducir la inseguridad ciudadana. Aún más, lo crítico es la proyección de crecimiento de solo 1.8%, lo que refleja otra tendencia macroeconómica de la inestabilidad y variabilidad del crecimiento económico que se reflejará en un deterioro del mercado de trabajo y en las condiciones de vida de la población.

Luis Rosero M.

La contundente derrota en el referéndum y consulta popular envío un claro mensaje al gobierno para un cambio de rumbo sobre el manejo del país. Como ha sucedido, en eventos similares, en los últimos años, con el resultado electoral, la población desaprobó la gestión del régimen y exige buenos servicios públicos para atender sus necesidades básicas. Al parecer, el gobierno o no entendió o demorará en responder a este pedido urgente, pues el presidente decidió ausentarse del país. La falta de atención a los problemas del país o la tardanza en enfrentarlos aumenta los riesgos de la crisis social, política y económica como ya señalamos en el artículo “Los desafíos del gobierno ante el rechazo de la consulta popular.”

Si bien el mandatario, en una entrevista con Jorge Yunda, reconoció que la derrota fue “un remezón para asambleístas, inclusive para nuestro movimiento político …” Declaró que seguirá con su proyecto político y que insistirá en las reformas y las enviará a la Asamblea. Se trata de un remezón al gobierno para que tenga eficacia en su gestión y preste buenos servicios para atender dignamente a la gente. Si insiste en éstas tendrá un costo político, pues ya la población le dijo no respecto a las bases militares extranjeras en el país que, según el gobierno, iban a contribuir a la seguridad ciudadana y también rechazo la realización de una asamblea constituyente. Al parecer la repuesta al mensaje urgente del pueblo, va a tardar pues, según Primicias, del 3 al 11 de diciembre viajará a 3 países; 5 al 15 de enero de 2026 tendrá vacaciones y del 19 al 22 de enero visitará Davos y del 22 al 25 de ese mes viajará a Bélgica. La columna de Bonil (El Universo, 29-11-2025) ilustra claramente el mensaje que dio la población. En la caricatura, un funcionario dice “Presidente, lo que se necesita es un viraje” y el mandatario responde “Ah, yo entendí un viaje”.

Ante este remezón, el gobierno respondió con un reciclaje en el cambio de gabinete y ofreció, para el primer semestre de 2026, en cuanto a obra pública, el avance de la carretera E-25 (Troncal de la Costa) y paso lateral en la E-35 (Panamericana) hasta el Quinto Puente, en Guayas, un museo nacional y una torre oncológica, en Quito. Mejorar el sistema vial en la Sierra Centro, inversión en la zona vial del Azuay y, en salud, un sistema de inventario de medicinas para el abastecimiento de éstas. La Comisión Anticorrupción ya planteó sus criticas al programa que iba a contratar Edgar Lama.

La encuesta de Click Report, de octubre de este año, muestra que el 45.2% de los ecuatorianos señalaron a la crisis económica como el principal problema, mientras que el 32.2% dijo que delincuencia y la inseguridad es el segundo problema. Debo agregar que, en cuanto a lo social, destaca la crisis en salud, con hospitales públicos sin medicinas y atención tardía. Y, la lacerante pobreza.

En el artículo anterior, señalé que el principal problema económico es el déficit fiscal que, en 2026, será de 5413 millones, lo que implica que deberá obtener financiamiento para éste para lo cual ya se prevé una emisión de bonos internacionales por 3000 millones, que incrementaría la deuda externa y con el riesgo de sostenibilidad de esta que sería el tercer problema económico. El segundo sería el empleo que se refleja en una tasa de subempleo de 21.2% y un empleo formal de solo 36.1%. También el manejo de la política económica se ha tornado poco humanista. Los de la tercera edad y los discapacitados han tenido que llevar a juicio al gobierno para que les pague la devolución del IVA atrasado. Así mismo, los que sufren de enfermedades catastróficas han formado asociaciones para reclamar medicinas y atención. En cuanto a seguridad, ya 2025 se ha convertido en el año más violento de la historia del país pues de enero a noviembre 28 los homicidios intencionales fueron 8272 que ya supera a los que hubo en 2023. Esto a pesar de la política de seguridad de mano dura y los operativos de las fuerzas del orden. Se requiere una revisión de la estrategia de seguridad para aumentar la efectividad de la lucha contra el crimen organizado. La inseguridad no solo afecta a la población que vive atemorizada sino además a la mediana empresas, los pequeños empresarios y emprendedores que ven limitadas sus inversiones

En social, debería atenderse con prioridad la falta de medicina y la atención tardía en los hospitales públicos. Primicias reporta que en la Maternidad del Guasmo hay que comprar todo para el partol  Fue un avance el comenzar a abastecer de medicamentos a los hospitales del IESS. Queda pendiente afrontar la crisis de este organismo que cada vez se agrava. Se requiere que la vicepresidenta, a quien se le encargo resuelva la problemática de Salud, comience atender con urgencia lo que demanda la población pobre de manera que pueda ser atendida dignamente en las casas de salud a fin de aliviar su situación social. Al parecer la falta de atención de salud obedecería a la intención de privatizar la salud pública.

Finalmente, en lo político, es necesario un acuerdo nacional para que todas las fuerzas políticas apoyen enfrentar la grave crisis económica, de seguridad y de salud. Para que esto prospere, la iniciativa debe venir del ejecutivo, dejar de lado la confrontación con los municipios y otros opositores y proponer una agenda gubernamental y legislativa que tenga como objetivo resolver las tres crisis urgentes. De no hacerlo, el gobierno enfrentaría un agravamiento de los riesgos económicos, de seguridad y social que puede conducir a una perdida de gobernabilidad y estabilidad del país.  Es hora de dejar el partidismo y aportar para que el país pueda avanzar y por lo menos se puedan atender urgentemente a la población más vulnerable y a las mayorías con buenos servicios públicos y el gobierno reoriente su rumbo para comenzar a enfrentar la triple crisis, los problemas estructurales y encaminar al país por la senda del desarrollo y equidad social.