Luis Rosero M.
Perú enfrenta, como otros países de A. Latina, el aumento de la violencia proveniente del crimen organizado. Su vecino del norte además sufre por los carteles de la droga. La presidenta peruana fue destituida por su ineficacia de la gestión gubernamental para enfrentar la violencia y además por la la confluencia de intereses políticos de la derecha que busca llegar al poder en las próximas elecciones presidenciales. Pero su mal gobierno tiene también antecedentes de represión mortal de las protestas sociales y corrupción. A pesar de los sólidos fundamentos económicos, la corrupción y la precariedad social y laboral son factores que aportan a la violencia. El cese de la gobernante abre nuevamente el ciclo de inestabilidad política, continuación de la desconfianza en los políticos e institucionalidad resquebrajada que genera incertidumbre sobre el futuro de la nación.
Boluarte fue posesionada como presidente del Perú el 7 de diciembre de 2022 después de la destitución de Pedro Castillo. El congreso dominado por los partidos de derecha (fujimorismo y otros) apoyo la designación de Boluarte para favorecer sus intereses políticos. Las protestas se iniciaron de inmediato, con bloqueos de carreteras y otras vías. El descontento se habría iniciado mucho antes por el hartazgo de la población de los políticos alejados de las demandas sociales y gobiernos corruptos. La represión, por parte de la fuerza pública, fue brutal y fueron asesinados 60 personas. Para tratar de controlar las protestas el gobierno declaró estados de emergencia y acuso de terroristas a los protestantes. Después el congreso, dominada por quienes la llevaron al poder, rechazó la denuncia contra la presidenta por la represión con víctimas mortales.
Perú tiene antecedentes de violencia política, en las dos últimas décadas del siglo pasado. La aparición de Sendero Luminoso y la guerra contra éste por parte del Estado. Una de las causas del surgimiento de este grupo terrorista fue la deplorable situación social de la población. Uno de los indicadores de esta es el nivel de pobreza, así en 2023 alcanzó 29% y se mantuvo en 2025 en este porcentaje, lo que significó que cerca de 10 millones de peruanos no podía cubrir la canasta básica de consumo. Otro indicador importante, es la informalidad. A marzo de 2025, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional, el 70% del empleo era informal que mantiene a un grupo significativo de la población sin los derechos de la legislación laboral y sin cobertura de protección social. Son alrededor de 12 millones de personas que sufren de precariedad laboral. Son precisamente la pobreza y la informalidad factores que puede conducir a actividades delictivas. El crimen organizado comenzó a crecer a inicios del año 2000. Al inicio, la delincuencia común aumento con robo de vehículos y venta de droga, después pasaron a extorsiones, tráfico de personas, armas y de flora y fauna, minería ilegal y corrupción en las instituciones públicas. En el gobierno de Boluarte, crecieron las extorsiones al transporte público, empresas, comercio y pequeños comerciantes. La estrategia que utilizó el gobierno fue los mega operativos para enfrentar a las organizaciones criminales.
La inestabilidad política se dio entre 2016 – 2025, periodo en el cual tuvo 7 presidentes de los cuales 3 fueron destituidos por el Congreso y 2 de ellos fueron encarcelados por corrupción, uno esta acusado de homicidios de dos manifestantes y Boluarte tiene investigación por la fiscalia y enfrentaría juicio por violaciones de los derechos humanos.
A pesar de la inestabilidad política, corrupción y deterioro social, la economía peruana tiene fundamentos sólidos. En 2024, los indicadores macroeconómicos son saludables: el crecimiento económico alcanzó 3.4%, inflación de 1.9%, reducida deuda pública (32.1% del PIB), déficit fiscal de 3.5% del PIB y exportaciones récord de 74.7 mil millones con un aumento de 15.5% y es líder mundial en ciertas frutas y legumbres. En mayo de 2025, sus reservas monetarias internacionales eran altas (27% del PIB) y bajo riesgo país.
En el primer semestre de 2025, gobierno de Boluarte, aumentaron los homicidios -sicariatos- en relación al mismo periodo del año anterior. Hasta septiembre de 2025, 180 transportistas habían sido asesinados por no pagar la extorsión (vacuna). Hubo protestas de los transportistas para exigir seguridad. El gobierno había decretado estado de emergencia y sacó a las FF.AA. a las calles pero que no lograron reducir el nivel de violencia, por lo que esta estrategia no ha funcionado. Por otro lado, el nivel de corrupción aumentó. La propia mandataria fue acusada del Rolexgate y estaría imputada en 7 casos. Y finalmente, surgió por parte de la presidenta visos de autoritarismo reflejada en acusación de terroristas a los que participaron en las protestas y por la represión violenta por la destitución de Castillo, y, no acató las decisiones de la Corte Interamericana de Justicia.
En síntesis, el gobierno de Boluarte cae no por la brutal represión de las protestas ni por el aumento de la corrupción, sino por la cruda realidad del deterioro de las condiciones sociales: pobreza e informalidad que son parte del origen de la criminalidad que lleva a más violencia: el crecimiento de la criminalidad -vía sicariato- y los asesinatos por no pagar extorsiones, que no ha podido ser frenada por la estrategia del gobierno de mano dura basada en mega operativos aumentando la inseguridad ciudadana. Por otro lado, los intereses políticos de las fuerzas conservadoras que apoyaron a Boluarte y la extrema derecha le quitaron su apoyo para desligarse de su mal gobierno y preparar su estrategia de campaña a seis meses de la elección presidencial. Seguir apoyando a Boluarte, que termina con 3% de popularidad, sería un grave error para su candidato presidencial. Lo sucedido con la ex presidenta es una advertencia para no elegir malos mandatarios incapaces de controlar la violencia, detener la corrupción y deteriorar las condiciones sociales de los más vulnerables.
Pensamiento y comportamiento 