Luis Rosero M.
La coyuntura social y política ha llegado a una ola de violencia que ya causó una víctima mortal. El gobierno, con su mano dura, contra la CONAIE y otras organizaciones se niega a dialogar. La conflictividad ya hace sentir sus efectos negativos en la actividad económica y en la paz social. A eso se suma, el enfrentamiento con la Corte Constitucional y opositores que ha generado reveses al gobierno. Pero lo clave en esta coyuntura es la polarización entre el gobierno y la CONAIE que va a seguir provocando mas violencia y es hora ya de que las partes dialoguen y lleguen a un acuerdo para terminar el conflicto.
La conflictividad social creció por el paro de la CONAIE que se opone al alza del diésel y la batalla con el narcotráfico. La semana pasada hubo enfrentamientos de los indígenas, corte de vías y bloqueo de carreteras en las provincias de Azuay e Imbabura. Como resultado ya hay un indígena muerto y militares heridos. Organizaciones de Tungurahua anunciaron su apoyo al paro. Hay denuncias de violencia policial, los detenidos llegaron a un centenar y las organizaciones acusan de que se registra persecución judicial. Ante el fallecimiento de un indígena en la protesta, el gobierno declaró que hubo una emboscada a militares que salieron heridos y envío de un convoy humanitario a la zona del conflicto. En su enfrentamiento con el narcotráfico, se registraron masacres en las cárceles de Machala y Esmeraldas que causaron 32 muertos, explotó un coche bomba cercano en la Penitenciaria del Litoral y, en Durán, asesinaron un concejal municipal. Al parecer, todavía esta organización criminal controla algunas cárceles del país. El gobierno, cambio al comandante de la Fuerza Terrestre y dos oficiales pasaron a disponibilidad en esta rama, medida que se encuadraría en buscar mejores resultados en el ejército en el conflicto armado interno. El paro de los indígenas ya genera pérdidas tanto en la agricultura, floricultura, lácteos, en el comercio y turismo en las provincias donde se desarrolla el conflicto. Los costes del transporte de carga subieron, se reporta escases de ciertos productos y ha subido el precio de algunos productos de la sierra lo que podría influir en el costo de la canasta básica pese a los operativos de control que ejercen las autoridades en los mercados. El gobierno además anunció que ha entregado compensaciones a transportistas, agricultores y aumento el bono de chatarrización del transporte. En este marco, el alcalde de Cuenca y otros dirigentes, que encabezaron la marcha por el agua, celebraron como un gran logro la petición de la terminación de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga a la que se vio obligado el gobierno por la presión de la población del austro. Como consecuencia de la conflictividad social, se ha deteriorado la paz social, el temor de la ciudadana aumento y su movilidad ha cambiado y restringido por la ola de violencia. Lo mas crítico es que los problemas del país se agravan y no hay resolución a los mismos y, además, la atención y opinión pública esta concentrada en el paro indígena mientras continua la crisis de salud, la falta de empleo, el aumento de la pobreza, etc.
En cuanto a la conflictividad política, la CC flexibilizó su postura y dio el visto bueno para llamar a consulta popular la organización de una asamblea constituyente, significaría un triunfo político del gobierno, que podría llevar a una nueva constitución. Sin embargo, la CC declaró inconstitucional la ley de Solidaridad Nacional que supuestamente era de urgencia económica pero que, según el dictamen de la CC, violó la unicidad de materia al mezclar materias económicas, penales y de seguridad. Además, que la ley de Integridad Pública, su reglamento y normas conexas son inconstitucionales por vulnerar la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática. A su vez, la CC dio pasó a consulta popular sobre la autorización para que hoteles de cinco estrellas pueden tener casinos de juego y dio pasó, como enmienda constitucional vía referendo, la reducción del número de asambleístas e instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Esta decisión pone en jaque al gobierno pues estas leyes eran clave en la lucha contra el crimen organizado y establecían una serie de medidas económicas que ahora no podrían ejecutarse.
El gobierno ha abierto varios frentes de conflicto. La estrategia para gestionar la oposición al alza del diésel, parece ser la mano dura con las organizaciones indígenas y sindicales pero a los transportistas y agricultores les entrega compensaciones. Con las primeras se niega a dialogar, habría denuncias de judicialización de la protesta y acusación a dirigentes de la protesta de enriquecimiento no justificado. En cambio, a los transportistas les entrega bonos compensatorios y por chatarrización y a los agricultores les da ayudas económicas y tractores. Estas acciones son principalmente para evitar el alza de pasajes y conseguir apoyo del campo. Sin embargo, las provincias en donde se desarrolla el conflicto fueron, entre otras, las que votaron a favor en la elección presidencial. Habría un costo político. Por otro lado, las acciones violentas del crimen organizado, en las cárceles, y crimen de autoridades municipales provocan más temor en la población y dañan la paz social. Por otro lado, la aprobación rápida de la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga y no proceder de la misma forma, ante la presión de la marcha por el agua, en la terminación de esta licencia, son un indicio de la calidad de la gestión del régimen en seguridad y ambiente que tienen incidencia en la aprobación de dicha gestión.
El haberse saltado, en la convocatoria a consulta popular para una asamblea constituyente, a la CC es una muestra de lo que puede hacer el régimen para alcanzar un objetivo político. Pero, además, se debe respetar la independencia de los otros poderes del estado y abandonar la deriva autoritaria. La repuesta de la CC ha sido declarar inconstitucional la ley de Integridad Pública y de Solidad Nacional. La mayoría esta de acuerdo que hay que enfrentar al crimen organizado, obtener nuevos ingresos públicos y detener la violencia pero dentro del marco de la constitución y los derechos garantizados por ésta. Además, para preservar la democracia, la nueva carta magna debe garantizar la independencia y el contrapeso de las diferentes funciones del estado. Con esta decisión de la CC, el régimen aceleraría el llamado a la consulta popular para una asamblea constituyente que podría llevar a una nueva constitución elaborada a la medida enmarcada en la orientación política e ideológica del régimen la cual sería su objetivo fundamental dada la actual coyuntura política.
Finalmente, es loable el llamado a la mediación del alcalde de Cuenca, Ibarra y de la Iglesia Católica a fin de que las partes en conflicto se sienten a dialogar y lleguen a un acuerdo para terminarlo, pues los problemas del país siguen agravándose y hay que buscar soluciones.
Pensamiento y comportamiento 